Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

Por Francisco Junco //

En el Congreso de Jalisco, un conflicto entre las diputadas de Morena, Brenda Carrera y Marta Arizmendi, ha escalado a una denuncia penal, evidenciando tensiones internas y acusaciones de abuso de poder, ilegalidad y violencia política.

El caso, centrado en la remoción de la diputada Carrera de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, pone en cuestión el cumplimiento de la legalidad, los procedimientos legislativos y las dinámicas de control dentro del partido.

La postura de Brenda Carrera
Brenda Carrera, legisladora de Morena, ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra Marta Arizmendi, presidenta del Congreso de Jalisco, por presunto abuso de autoridad. La acusación surge de la remoción de Carrera de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, decisión que, según ella, violó la Ley Orgánica del Congreso.

Carrera argumenta que la votación del 10 de junio, que resultó en su destitución, no alcanzó la mayoría absoluta requerida (20 votos), ya que solo obtuvo 18. En entrevista con Conciencia Pública, afirmó que, durante la sesión, intervino en tres ocasiones para señalar la ilegalidad del proceso, pero Arizmendi validó la decisión, ignorando los artículos correspondientes.

Carrera sostiene que este incidente es parte de una dinámica más amplia de violencia política sistemática en su contra, que comenzó desde que asumió su cargo en diciembre. Acusa al senador Carlos Lomelí, a quien señala como líder de una estructura de control político dentro de Morena en Jalisco, de orquestar presiones e intimidaciones a través de su colaborador, Hirám Torres, para influir en su voto en el Congreso.

Según la diputada Carrera, estas acciones han incluido la marginación de su agenda legislativa y un ambiente de hostilidad dentro de la bancada. La legisladora también intentó notificar a la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, sobre la denuncia mediante una carta, pero el partido se negó a recibirla.

Raúl Morales, auxiliar jurídico del Comité Ejecutivo Estatal, le informó que había instrucciones de no aceptar documentos suyos. Carrera envió el oficio por WhatsApp a Pérez García, detallando los hechos y subrayando que la remoción constituye un acto de abuso de autoridad avalado por la Mesa Directiva.

En el documento, advirtió que normalizar decisiones ilegales pone en riesgo la institucionalidad del Poder Legislativo y la confianza ciudadana en Morena. La dipuada Carrera busca que la votación se repita y se le restituya en el cargo, argumentando que su remoción fue ilegítima.

Confía en que la Fiscalía actúe conforme a derecho y advierte que los responsables podrían enfrentar inhabilitaciones de cinco a diez años. “No voy a parar de visibilizarlo, porque no podemos normalizar estos hechos.

Esta denuncia busca garantizar que ningún servidor público esté por encima de la ley”, enfatizó.

LA RESPUESTA DE MARTA ARIZMENDI

Marta Arizmendi, presidenta del Congreso de Jalisco y también militante de Morena, ha respondido a las acusaciones de Carrera, asegurando que no ha sido notificada oficialmente de la denuncia penal, aunque tuvo conocimiento del asunto a través de redes sociales y medios de comunicación.

En entrevista con Conciencia Pública, Arizmendi se mostró en desacuerdo con las acusaciones, afirmando que siempre ha actuado apegada a la ley y respetando los derechos humanos.

Respecto a la votación controvertida, Arizmendi se deslindó de responsabilidad directa, explicando que no fue ella quien propuso la modificación de las comisiones legislativas. Según su versión, simplemente condujo el acuerdo previamente aprobado por la Junta de Coordinación Política y validado por el pleno del Congreso.

“Es una modificación. No se le quitó estar en ninguna comisión, ni se le quitó su derecho de participar, de presentar iniciativas. Yo actué conforme a derecho, actué de forma adecuada”, afirmó.

Subrayó que, como presidenta de la Mesa Directiva, su rol fue dar cumplimiento a lo votado por la Asamblea, no tomar una decisión personal.

Arizmendi expresó disposición para colaborar con las autoridades en caso de que se le requiera información, destacando su compromiso con la legalidad. “Si ella considera que no es así, está en su derecho de proceder jurídicamente, y lo respetaré”, afirmó, mostrando apertura a que el caso se resuelva por las vías legales correspondientes.

EL CONTEXTO POLÍTICO Y LA POSTURA DE MORENA
El conflicto refleja tensiones internas en Morena Jalisco. Carrera acusa a Lomelí de tener “secuestrado” al partido y a la bancada, lo que sugiere una lucha de poder dentro de la organización. Por su parte, Érika Pérez García, presidenta estatal de Morena, evitó profundizar en el tema durante una rueda de prensa, argumentando que cualquier comentario podría interpretarse como violencia política.

“No quiero decir nada, porque luego al rato ya te están denunciando por violencia política cuando no has hecho nada”, señaló.

Pérez García enfatizó los principios de Morena —no mentir, no robar, no traicionar al pueblo— y aseguró que el partido tomará medidas internas, las cuales serán notificadas posteriormente.

IMPLICACIONES DEL CASO
El enfrentamiento entre Carrera y Arizmendi pone de manifiesto desafíos en el funcionamiento del Congreso de Jalisco y en la dinámica interna de Morena. Por un lado, Carrera denuncia un patrón de abuso de autoridad y violencia política, buscando sentar un precedente contra decisiones arbitrarias.

Por otro, Arizmendi defiende la legalidad de sus acciones, argumentando que actuó conforme a los procedimientos establecidos. El caso, ahora en manos de la Fiscalía, podría tener consecuencias significativas para la institucionalidad legislativa y la cohesión interna de Morena en Jalisco, en un contexto de creciente polarización política.