ENTREVISTAS
Escalafón, una lucha permanente por los derechos de los trabajadores del Congreso de Jalisco
Por Francisco Junco //
Uno de los grandes retos que tiene el sindicato en el Congreso del Estado es lograr que sus empleados y trabajadores puedan alcanzar mejores condiciones laborales y que estos derechos les sean reconocidos.
La profesionalización y poder crecer dentro del mismo organismo, ha sido una lucha permanente indica César Iñiguez González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo.
“Lo que nosotros queremos hacer, es generar ese beneficio para todos de una manera abierta, pública y transparente, donde el trabajador pueda, por su experiencia, por su antigüedad y por su mérito, ocupar un espacio que le corresponde por derecho”, señaló.
Con cinco años de trabajo sindical, y en su segundo periodo al frente como secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, el cual, afirma, aglutina a 400 trabajadores de los 500 que hay en el Congreso, César Iñiguez ha logrado que el tema del escalafón sea una realidad en el Congreso de Jalisco.
En entrevista con Conciencia Pública, comentó que no ha sido una conquista fácil de obtener, pero, poco a poco, ha ido construyendo. Bajo la premisa de que para exigir hay que dar, los trabajadores han dado muestra de voluntad para ser más profesionales y ofrecer, como servidores públicos, un trabajo de mayor calidad y especializado.
EL IMPACTO DE LAS ELECCIONES
¿Cómo viven ustedes como trabajadores de base del Congreso del Estado los movimientos políticos que vive Jalisco en el contexto de las elecciones?
Cada tres años, ocurre un fenómeno cíclico que se genera con el proceso electoral y este caso no es la excepción, empieza a mover un poco las fichas. Entran algunos diputados suplentes, cambio de los titulares en las principales comisiones y éstas se integran de manera distinta.
Nosotros, como sindicato, tenemos muy buena comunicación con la diputada Mara Robles, quien se queda como presidenta hasta el final de la legislatura y esto es muy importante para el avance de la construcción de acuerdos y negociaciones, de los beneficios de los trabajadores de base en el Congreso.
Por otro lado, ser muy cuidadosos de que este ánimo electoral, no nos haga incurrir en algunas irregularidades administrativas y jurídicas. No podemos estar de manera muy activa en los temas electorales, como servidores públicos. Se debe tener mucho cuidado para que sea en momentos fuera del horario laboral. Definitivamente, el derecho de participar de manera política, partidista y electoral, es un derecho humano, un derecho civil y político de cualquier trabajador, pero no se debe descuidar el punto de que somos servidores públicos de base, con una responsabilidad y que debemos primero atender ésta y después dedicarnos a los temas políticos partidistas electorales.
Creo que esa es una fortaleza que tenemos como organización, que al interior de nuestra organización existen compañeros de distintas filiaciones político-partidistas, de diferentes ideologías y afortunadamente, esta gran pluralidad, es lo que nos da esta gran fuerza como organización. Una vez que concluya el proceso, se conozca a los ganadores, la integración de la siguiente legislatura, tendremos la oportunidad de estar platicando con los nuevos diputados y eventualmente hacerles nuestros planteamientos como trabajadores de base.
Para cualquier diputado, de cualquier partido, esta estructura de gobierno, que es la Cámara de Diputados, la plantilla laboral, incluyendo los sindicalizados, se vuelve un botín importante ¿Qué pasa con esta parte, con los que ya están, con la gente que pudiera llegar nueva?
Es un tema que yo advertí desde que asumí la dirigencia de nuestra organización (2019), donde los diputados con sus partidos políticos, tienen intereses y van buscando la manera de robustecer sus filas de alguna manera. Entonces, el sindicato del Poder Legislativo, siempre ha sido un atractivo importante para todos los partidos políticos, indistintamente de su origen y, efectivamente, existe ese gran riesgo de que nos convirtamos, como organización, en un botín de un partido político. Lo mejor para los trabajadores es que estemos alejados de esa dinámica porque, al final, la composición pluripolítica al interior del Congreso, te lleva a que, en principio de cuentas, los trabajadores de base tengamos una visión distinta.
Nosotros debemos construir, como servidores públicos, de una manera institucional. Poner nuestros talentos, nuestros esfuerzos, nuestros trabajos en beneficio y necesidad imperante de la sociedad jalisciense de tener un Congreso del Estado a la altura. Esto tiene que ver con que, los trabajadores de base, que somos los que hacemos funcionar al Poder Legislativo, desde lo más mínimo hasta lo más alto y técnico, pudiendo dar una buena opinión, una buena asesoría a un legislador para que tome las mejores decisiones al momento de construir las leyes que les afectan a todos los jaliscienses.
Esto que comentas, de la responsabilidad de los trabajadores de este poder, ¿cómo han logrado avanzar para que ellos estén más preparados y lograr, precisamente, que sean más profesionales?
Nosotros logramos materializar la actualización de las condiciones generales del trabajo que no se actualizaban desde hace 23 años. Fue en el 2019 cuando en un ejercicio de mucha madurez, de mucha negociación con la entidad patronal, representada por la Comisión de Administración y las fracciones políticas en el Congreso del Estado, logramos materializar una ruta en donde, estas condiciones generales, se armonizaron en materia laboral, burocrática, de lo más vanguardista que tenemos a nivel nacional, incluso armonizada con los tratados internacionales y con lo dispuesto a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en materia laboral burocrática. Esto, nos permitió tener un cuerpo normativo a la vanguardia en el país y que incluso logramos, de entrada, en conceptos doctrinales, entendiendo al trabajador como una persona con dignidad, con aspiraciones, con derechos fundamentales, pero con compromisos reales también hacia la institución.
Se estableció una serie de prestaciones, de condiciones de trabajo y éstas nos permitieron que se estableciera una partida especial para la capacitación, para la profesionalización del personal de base.
En el 2019 arrancamos con un programa muy ambicioso y logramos egresar más de 120 compañeros de maestrías y de doctorados, en un programa en el que se hicieron convenios con instituciones de alto prestigio, con institutos de investigaciones.
Nos convertimos en la plantilla permanente, a nivel nacional, de los congresos locales, con una profesionalización más alta en materia académica. Un total del 20% de la plantilla, tenemos maestría o doctorado y, en este caso, nos permitió incluso lograr un reconocimiento por parte de varias instituciones.
No hemos dejado de avanzar en esta percepción y en esta claridad de la ruta que debemos de construir mediante nuestro compromiso con nuestra institución, materializada con la mejora en nuestro desempeño laboral, profesional, en nuestra preparación, adquisición de conocimientos, experiencia, en el desarrollo cotidiano de nuestro trabajo.
Por ejemplo, tenemos un convenio con la Universidad de Guadalajara, donde hay 80 compañeros inscritos en la licenciatura en Derecho, hay otros 40 en la licenciatura en Administración. Tenemos un convenio con una institución que me ha parecido, es de las más altruistas, se trata de del IDEFT (Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco), a cargo de la maestra Lorena Torres (Ramos), con quien tenemos un convenio para obtener certificaciones.
Somos el primer sindicato, a nivel nacional, que pusimos en marcha una certificación para intérpretes de lengua de señas mexicana, donde vamos a tener como intérpretes a más de 30 compañeros, que llevan un poco más de un año estudiando y que esto, evidentemente, ayuda para la inclusión, para el proceso cotidiano del ejercicio al servicio y atención a la ciudadanía de nuestro poder legislativo y obtuvimos un reconocimiento por esta razón.
¿Esto se ve reflejado en el tema de salarios para los trabajadores del Congreso Local?
Tenemos un avance significativo en los procesos de los incrementos salariales. Antes era un proceso, un método que se aplicaba por porcentaje. Había una disparidad muy importante entre el que ganaba más, porque, con ese aumento, ganaba mucho más y el que ganaba menos, se quedaba estancado, porque se definían métodos por porcentaje. Nosotros cambiamos ese método, logrando construir un monto fijo en el que se determina una bolsa que se reparte de manera equitativa para todos. Junto con ello, dentro de las propias condiciones generales, actualizamos el estímulo de puntualidad. Materializamos el estímulo de legislativo anual y algunos otros beneficios para todos los trabajadores de base. También es necesario establecer, que, si bien es cierto, nosotros hemos tenido un gran compromiso con nuestra institución, hemos demostrado que tenemos un gran compromiso para ir mejorando nuestra expertiz cotidiana.
Y esto, nos lleva al tema del escalafón, es decir en la promoción y ascenso de los trabajadores, de acuerdo a su experiencia y tiempo de trabajo
En el Congreso del estado eso no existía, eso, desde hace muchos años, había quedado en la discrecionalidad, en la voluntad política de los partidos, de los coordinadores. Esta es una lucha que hemos llevado y que hace más de cuatro años que se materializó, mediante el escalafón, que no es otra cosa que la oportunidad que tiene un trabajador de base, para mejorar sus condiciones laborales y salariales. Mediante un concurso público, abierto y transparente, donde sea evaluado, sometido a un escrutinio público, para que pueda mejorar sus condiciones y ocupar un espacio y una plaza de mejor nivel, demostrando sus méritos y sus habilidades.
Creo que este es un tema totalmente justo, legítimo y bueno. No ha sido fácil, hemos tenido que llevar algunas acciones contundentes, como cerrar de manera transitoria el Congreso, hacer manifestaciones pacíficas pero enérgicas, para hacer este señalamiento del derecho que nos corresponde como trabajadores y creo que, afortunadamente, aquí en el Congreso, donde está la voz popular, la soberanía del pueblo de Jalisco, hay muchas personas, que son los representantes populares indistintamente de sus partidos, que han sido muy perceptivos de esta necesidad, que han sido coincidentes de la solicitud y la exigencia de este derecho y creo que, en una gran mayoría, se han manifestado a favor.
¿En qué va este proceso, ya es un hecho?
En este momento te puedo decir que estamos en la construcción, ya de manera definitiva, del cuerpo normativo de este reglamento de escalafón y capacitación. Y que esperamos, en breve, pueda ponerse a consideración del pleno y aprobarse, para que, de una vez por todas, desde hace más de 25 años, tener la posibilidad de aspirar a mejorar nuestras condiciones laborales y salariales por mérito, por capacidad en un concurso abierto y público, en el que todos tengan posibilidades de encontrarse con esta obtención de este derecho.
Oye, el mismo Congreso tiene otro sindicato ¿Los logros que han obtenido son solamente para tus afiliados o es para todos los trabajadores del Congreso?
Eso es algo que es muy importante poder establecer. Los beneficios que nuestra organización logra y conquista son para todos los trabajadores de base, sin distingo de filiación partidista, de filiación sindical, de ideología, de preferencias electorales, son para todos los trabajadores de base. Los incrementos salariales que logramos, son para todos. Las prestaciones que logramos, son para todos. Lo que hemos logrado materializar en temas de beneficios generales, son para todos. Lo que nosotros queremos hacer, es generar ese beneficio para todos de una manera abierta, pública y transparente, donde el trabajador pueda, por su experiencia, por su antigüedad y por su mérito, ocupar un espacio que le corresponde por derecho. Entonces, los derechos que nosotros conseguimos, es que se generan para todos los trabajadores.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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