ENTREVISTAS
Esperanza Loera: La CEDHJ requiere una reingeniería; el problema de la desaparición forzada o por particulares es muy grave
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Abatir los problemas en materia de desaparición forzada, la escasez de agua, los estereotipos de grupos vulnerables como, los discapacitados y la comunidad de diversidad sexual y entender que se deben respetar las políticas existentes de las mujeres para una vida libre de violencia, eso la mueve y por la legitimidad que ha conseguido en su trayectoria profesional y académica, Esperanza Loera levanta la mano para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.
La decisión la tomó alentada por su carrera profesional y como activista, por el apoyo de familiares, amigos y conocidos que alimentan la ilusión que los derechos humanos sean una realidad en Jalisco. No le obsesiona el cargo, sin embargo, su llamado al Congreso es uno: elegir al perfil más adecuado para que las víctimas no vuelvan a pasar los calvarios que han vivido durante los últimos años.
Para la doctora en derecho abogada la CEDHJ requiere una reingeniería normativa que debe realizar el Congreso del Estado, recordando que las reformas constitucionales obligan que la ley se actualice a los estándares de los principios de París, a la reforma de 2011, en materia de ley de víctimas de Jalisco, es lo primero, debe haber armonización que no está hecha, se debe hacer para después cambiar el reglamento interno y los manuales de procedimiento, ahí es
Con su experiencia, Esperanza Loera asevera que tiene el requisito más importante para ser el ombudsperson en Jalisco, que es la legitimidad de abanderar causas que cada vez son más visibles para una sociedad como la jalisciense que parece abandonada por sus instituciones.
LA ENTREVISTA
Jalisco vive una crisis humanitaria severa, ¿cuál es tu opinión? Pareciera que la CEDHJ es sorda, ciega y muda…
“Dentro del plan de trabajo que presenté ante el Congreso para ser candidata, en el primer punto del plan de trabajo hablo acerca de esto, en razón de que la comisión debe enriquecerse con valores institucionales bajo una nueva visión que refleje de origen la voluntad y razón de ser de la comisión. Por parte de su misión, facilite la visibilización y propuesta a los problemas recurrentes en el ejercicio y protección de derechos humanos. Esto tiene que ver con el diálogo permanente que debemos tener en esa institución, hablar con todos los actores de participación social, para poder realizar una colaboración de entender qué tenemos que hacer.
Derechos humanos tiene que ver con una palabra que significa dignidad humana, por efecto tiene que ver con valores, eso es parte de esto, nosotros hemos perdido los valores de las instituciones porque hemos perdido el origen para el cual fueron construidos, nos hemos vuelto técnicos, nos hemos deshumanizado. ¿Cuántas víctimas no han ido y se han criminalizado o revictimizado? Cuántos problemas no tenemos en la misma institución cuando debe ser el templo del ejemplo que puede ser una institución pública”.
En ese andamiaje de instituciones que tenemos, ¿puede funcionar la CEDHJ cuando no hay voluntad política para que pueda defender a las víctimas?
“Hablar de una institución que nació hace más de 30 años es hablar de un paradigma que se modificó radicalmente en 2011, porque nuestros problemas lamentablemente son mayores. Hoy en día se visibilizan derechos de los cuales nunca pensamos ver de una forma tan latente, como el problema de la desaparición forzada o por particulares, el problema del agua, el problema del Río Santiago con dos macro recomendaciones.
Al final de cuentas, es tan grave el problema, que no ha existido voluntad de nadie ni de nada, lo más triste es que me ha tocado como consejera ir a presentar alguna situación en materia de derechos humanos, dar el discurso, se me ha quedado grabado que llegan los colectivos y la población general, te dicen que vas y hablas de derechos humanos cuando ellos iniciaron un curso con sus alumnos, a mitad del semestre la mitad ya se murió, otros están en sus casas, otros perdieron a sus padres, ahí es donde dices existen dos grandes recomendaciones pero qué se ha hecho, ahí hablamos de esa voluntad.
Yo no puedo entender y tenemos una mala apreciación de entender que una comisión va a estar peleada con el Estado, no debe ser así. Las competencias de la comisión son claras, la más importante es la difusión y la capacitación”.
¿Qué hacer cuando el Estado no responde a esas quejas ciudadanas?
“El Estado no responde porque muchas veces esas recomendaciones pueden ser admitidas pero no pueden ser cumplidas, porque en esa recomendación establecen a los municipios que deben pagar y no hay fondos institucionales. En esas recomendaciones, ellos dicen que no sabían cómo comportarse y es parte de la capacitación. Por otra parte, para resolver los problemas debe haber voluntad política de los poderes para hacer bien las cosas, a partir de eso, tenemos que iniciar un nuevo camino y una nueva ruta de carácter gubernamental”.
¿Cómo lograr ese cambio de mentalidad?
“Es la participación de todos los sectores sociales, la unificación de criterios y voluntades para resolver las cosas. Porque nadie puede caminar por su rumbo diferente para resolver una situación así, gobierno, sociedad e instituciones, deben tener ejes, políticas en equipo para tratar de resolver esto. La comisión ha perdido espacios institucionales, es parte de la reconstrucción que se debe modificar”.
Se ve una comisión desdibujada, con más de 600 recomendaciones, pocas que han sido atendidas en forma adecuad, cuatro…
“Es el punto para decir que la fórmula está rebasada. Hubo una reforma importante en el 102 constitucional que hay que tomar en cuenta, señalar que cuando una autoridad no acepta una recomendación o no la cumple, entonces puede el presidente de la comisión solicitarle al Congreso del Estado, le llame a la autoridad para que le diga por qué no la cumplió, eso es un aspecto importante, es un logro democrático. Desde el punto de vista del propio congreso, también vamos a encontrar que esa facultad puede ayudar a hacer un diagnóstico real, porque las autoridades te dicen que no pueden aceptar las recomendaciones como municipio por falta de presupuesto, pero se puede visibilizar en el congreso, de decir que estos municipios tienen ciertos problemas, hay que ver las cosas de manera positiva”.
El Congreso del Estado no atiende el clamor de la sociedad, ellos se orientan por el grupo político al que pertenecen…
“Espero que este nuevo congreso sepa lo que está haciendo, estamos viviendo tiempos de mucho conflicto, situaciones difíciles, espero que el congreso haga lo que tiene que hacer, es una responsabilidad moral, ética, quiero creer que en este momento que inicia esta legislatura se den cuenta que para ganar necesitan hacer bien las cosas”.
Pareciera que si no hay una orden superior no actúan…
“Hay una parte que hablo de ponderación de problemas, dentro de eso, es señalar que como institución tienes la forma de hacer diagnósticos, informes y solicitarle al Estado que inicie a tratar de trabajar con esos asuntos”.
¿Cómo debe actuar quien esté al frente de esta defensoría del pueblo?
“El tono tiene que ser con el respeto de dos instituciones que deben colaborar y coordinarse mutuamente para hacer bien las cosas. Me considero una persona que a través de la historia ha buscado y ha estudiado la cultura de la paz, si bien es cierto que puede haber un conflicto entre autoridad e institución, esto se debe resolver a través de la restauración de ese diálogo que es lo que nos hace ser personas razonables y humanas. Nadie como ser humano permite que le grites, que lo ofendas, cuando eso pasa, afectas el derecho de ese tercero y las cosas terminan mal, el respeto al derecho ajeno es la paz, debe existir un diálogo, pero cada quien como autoridad debe realizar las acciones pertinentes para garantizar que su cometido se cumpla”.
¿Cómo le dices a las madres y padres que buscan a sus seres desaparecidos cuando te ignoran?
“Ese diálogo debe modificarse”.
Como está actualmente la CEDHJ, ¿qué cambios deberían realizarse para tener sus resoluciones?
“Las reformas constitucionales obligan que la ley se actualice a los estándares de los principios de París, a la reforma de 2011, en materia de ley de víctimas de Jalisco, es lo primero, debe haber armonización que no está hecha, se debe hacer para después cambiar el reglamento interno y los manuales de procedimiento, ahí es donde se establece que ocupamos una reingeniería institucional normativa, externa que debe hacer el congreso e interna, pero necesitas la ley de la propia comisión. Ocupamos una organización institucional normativa, de operación, también, material y tomar en consideración mucho el aspecto de todos los trabajadores, el capital humano que debemos considerar que necesitamos en esta institución, cumplir con lo que marcan las leyes que es establecer un servicio civil de carrera y escalafón, con gente preparada, para garantizar el derecho de los mismos trabajadores”.
Eres miembro del consejo, ¿qué opinas de cómo se ha manejado el actual presidente?
“Dentro del plan que establezco hay un punto importante que es la participación ciudadana como un ente de diálogo horizontal con el consejo ciudadano, porque a final de cuentas somos horizontales. Como consejo, es el órgano de opinión y consulta, el que aprueba el presupuesto, que establece los criterios de actuación y exteriores en materia de derechos humanos, es una propuesta que presento, jamás voy a descalificar el trabajo de nadie, soy una mujer que construye, no veo para atrás, veo para adelante, no me toca criticar, si me toca ser presidenta me toca crear, respetar, garantizar, difundir, capacitar y brindar a la ciudadanía jalisciense lo necesario en materia de derechos humanos”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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