ENTREVISTAS
Sacuden a la transparencia en Jalisco: Asume Pablo Lemus el costo político de extinguir el ITEI

Por Mario Ávila //
La desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) por órdenes del Congreso local representa un severo retroceso en los avances que la entidad había conseguido en materia de acceso a la información y rendición de cuentas.
El argumento oficial de una reestructuración para «optimizar recursos» no resiste el análisis frente a la clara intención política de los gobiernos federal y estatal, de debilitar a un órgano que podría resultar incómodo para el poder.
Durante más de dos décadas, el ITEI jugó un papel crucial como contrapeso institucional al exigir a gobiernos municipales, organismos autónomos y al propio Ejecutivo estatal cumplir con sus obligaciones de transparencia.
Su eliminación deja a Jalisco expuesto a prácticas opacas y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, justo cuando el escrutinio y la vigilancia social deberían fortalecerse, no desmantelarse.
Este movimiento no solo genera alarma entre organizaciones civiles y defensores del derecho a saber, sino que pone al gobernador Pablo Lemus en el centro de una tormenta política. Aunque el Congreso —dominado por su grupo— fue el ejecutor formal, es inevitable que el costo político recaiga sobre el mandatario. Su discurso de modernidad y apertura contrasta duramente con esta decisión regresiva, que ya ha sido calificada por diversos sectores como autoritaria y antidemocrática.
Pablo Lemus Navarro, quien apenas inicia su gestión como gobernador, arriesga su legitimidad al tolerar, e incluso alentar, acciones que minan la transparencia y la participación ciudadana. En lugar de fortalecer los mecanismos de vigilancia del poder, su administración opta por desmontarlos. El mensaje es claro: en Jalisco, la rendición de cuentas ya no es prioridad. El tiempo dirá si este golpe a la institucionalidad se convierte en una de las facturas más altas que tendrá que pagar el gobernador.
El análisis sobre el proceso de desaparición
Los integrantes de la LXIV Legislatura de Jalisco no tenían muchas opciones para homologar la ley estatal con la federal, en materia de transparencia y acceso a la información, sin embargo, en opinión del maestro en transparencia y protección de datos por la UdeG, Julio A. Ríos Gutiérrez, optaron por la más fácil, “que fue copiar y pegar para llevar la fiesta en paz con el gobierno federal”.
Esto explica por qué no se vieron más atrevidos los legisladores y optaron por ceder la posición de vanguardia que la entidad tenía a nivel nacional, en materia de transparencia, ya que antes que a nivel federal, fue en Jalisco donde se creó la primera ley en la materia en los primeros años del presente siglo.
Fueron los votos de los diputados de MC, Morena y sus partidos aliados, los que lograron la reforma constitucional, en contra de las posturas de los diputados de PAN y PRI, quienes se opusieron al dictamen, pese a los cambios de última hora que se registraron, como fue el hecho de extender por 90 días la vida del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Para el también profesor investigador de la UdeG, Julio Ríos, era lógica la postura de los diputados del PAN y del PRI, ya que fue la misma que asumieron a nivel federal cuando se declaró la extinción del INAI.
Y dijo entenderla aún más, ya que se sabe que fue en gobiernos del PAN a nivel federal y estatal, cuando nació la Ley de Transparencia gracias a que ellos mismos la impulsaron, “aunque habrá que reconocer que estos órganos autónomos en el camino se fueron desdibujando”.
Sin embargo, de lo sí dijo extrañarse, fue de la declaración del senador del PAN por Jalisco, el ex gobernador, Francisco Ramírez Acuña, “quien manifestó su indignación por haber exterminado a estos organismos en el país, cuando todos recordamos que una de las primeras polémicas fue cuando él mismo se negó, siendo gobernador, a revelar su sueldo, tema por el que incluso fue multado y obligado a cumplir con la ley vigente”, recordó.
Sobre las opciones que la legislatura de Jalisco tenía para cumplir con la obligación de homologar la ley estatal con la federal en materia de transparencia, el investigador y académico Julio Ríos, planteó: “Los diputados nada más tenían de tres sopas: 1.- La comodidad de copiar y pegar, 2.- La prudencia, que nos hace pensar que no buscaban rebasar el límite jurídico, pensando en hilar fino en las leyes secundarias y 3.- Llevar la fiesta en paz y en armonía con el gobierno federal”.
Urge crear también una Agencia Protección de Datos Personales
El maestro Julio A. Ríos Gutiérrez, admitió que esta enmienda legal realizada en su opinión, ‘contra reloj y sobre las rodillas’, deja a Jalisco rezagado en materia de transparencia y “se perdió esa oportunidad en el estado, de realizar una reforma constitucional de vanguardia”.
No obstante al mismo tiempo planteó que aún hay opción de pensar en positivo y contemplar la posibilidad de que “sí se puede enmendar el camino, ojalá se puedan dar las condiciones para la creación de un consejo consultivo fuerte; y la otra también, es que la Contraloría está sobrecargada de chamba, por lo que si queremos realmente ser vanguardistas, hay que crear no solo un órgano desconcentrado de transparencia, como se hizo a nivel nacional con la creación del órgano desconcentrado que se llama Transparencia para el Pueblo.
“Aquí también, la contraloría debería hacer lo mismo, y no solo eso, sino que también se debería contemplar la posibilidad de crear una Agencia de Protección de Datos Personales, porque ese tema es bien delicado y requiere inversión, requiere dedicación, requiere esfuerzo al 100 por ciento, porque una vulneración de datos personales puede afectar la vida cotidiana de una persona, su patrimonio o su seguridad”.
Insistió Ríos Gutiérrez, en que la Contraloría ya tiene muchas otras tareas, como revisar declaraciones patrimoniales, cuentas públicas, gastos, para también resolver solicitudes de transparencia, y todavía encargarse de los datos personales, “me parece excesivo, demasiado, un trabajo sobrecargado y yo creo que sí tendría que si se podría aprovechar el profesionalismo de los empleados del ITEI, ya que muchos de ellos tienen posgrados y una preparación que se hizo durante más de 20 años.
“Por ello, bien se los pudieran llevar a la Contraloría y a estas instituciones que también van a ejercer las funciones que antes hacía el ITEI, como es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco, si se trata de información relacionada con organismos sindicales o autoridades laborales; el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, si se trata de solicitudes de información que tengan que ver con los gastos de los partidos políticos o de los órganos electorales o las propias Contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial, lo mismo que las Unidades de Transparencia de los gobiernos municipales”, expuso el también analista político, Julio Ríos.
Desatendieron diputados la voz del grupo “Compromiso Jalisco”
Sin embargo, una de los grandes errores al momento de legislar esta nueva ley, en opinión del maestro en Transparencia, Julio Ríos, fue el hecho de desatender las sugerencias y las opiniones de los integrantes del grupo “Compromiso Jalisco”, en donde pedían legislar para hoy, pero con visión de futuro, a partir de los sujetos obligados de estos derechos.
También plantearon los expertos en la materia, entre los que destacan periodistas y académicos, que el modelo de nueva ley que se planteó como reforma constitucional para Jalisco, vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Particularmente demandaban: 1.- Participación ciudadana en un sistema estatal de transparencia y acceso a la información, como parte del subsistema nacional; 2.- Fortalecimiento de los órganos de control y 3.- Nuevo modelo de transparencia y acceso a la información a partir del 1 de enero del 2026 alno contar con las respectivas leyes secundarias.
Sobre los oídos sordos del Congreso a la voz de los integrantes del grupo “Compromiso Jalisco”, Julio Ríos recordó que ya se veía venir desde el pasado 11 de abril, cuando fueron invitados para escuchar el resultado de las 15 mesas de gobernanza que se compilaron en un documento de 186 páginas, pero al iniciar el acto, los diputados solo inauguraron el encuentro y abandonaron la sesión dejando en su representación a sus asesores.
Se les hizo ver que sí habían algunas alternativas se realizaron 15 mesas de gobernanza se aglutinó todo en una memoria histórica documental de 186 páginas donde la ciudadanía puede consultar todas las propuestas que hicimos y todo eso fue ninguneado.
No hay que olvidar el dominioso título del 11 de abril cuando se le invitó a los especialistas a que en el congreso del estado supuestamente nos iban a escuchar los diputados para que vieran las ideas y lo que ellos tenían como inquietud y resulta que se les invita comienza la reunión lo inauguran y de inmediato los diputados lo que hacen es irse y dejan votados a los invitados hablando solos.
Eso ya era la antesala de lo que venía nada de esto fue incorporado se le hizo creer a la sociedad que no había de otra cuando bien se podían incorporar algunos otros temas al menos no es triunfalismo pero se logró de cuatro cosas que se estaban pidiendo para la reforma constitucional se logró meter dos a medias una que fue el plazo de que litei todavía sobreviva en su agonía tres meses más.
lo que se pretendía era que en cuanto entrara el decreto del té y dejara de existir y que hubiera una pausa de 180 días en los cuales los diputados iban a darse el tiempo para avalar las leyes secundarias que no nada más es la ley de transparencia y protección de datos son 19 leyes que tienen que ver y mucho se cree que solo es la ley de transparencia que regula la transparencia cuando no hay muchas que se ven impactadas.
Serían 180 días cuando los ciudadanos si se querían quejar no iban a poder porque la contraloría si bien ya tiene las atribuciones por mandato lo que no era justificable es el limbo de 180 días y en ese espacio la contraloría no iba a tener ni capital humano ni estructura ni mucho menos mecanismos ni plazos marcados en ninguna ley porque no hay ley secundaria lo que se logró es que al menos en estos 90 días los diputados metan el acelerador trabaja en las leyes secundarias y ahora sí al terminar los 90 días a Dios citay Y ya la contraloría tendría mecanismos claros y certidumbre para los la respuesta a los ciudadanos que quieran quejarse.
y lo segundo que se logró fue lo del personal que al menos en lugar de echarlos a la calle se consiguió que se hicieran responsables.
Faltó lo del presupuesto irreductible para las autoridades garantes antes se llamaba órgano garante hoy serán autoridades garantes porque será juez y parte de aquí en adelante los gobiernos en este caso la contraloría si tú presentas una solicitud ante la secretaría de educación de Jalisco y no te contesta ya no te vas a quejar ante el Ita y te vas a quejar ante la contraloría o si el ayuntamiento no te da una información te vas a quejar ante la contraloría esa será la instancia.
Lo que sí se necesitaba era el presupuesto reductible para la contraloría no quedó en la constitución en una ley secundaria esos temas del presupuesto no se plasman.
«Y lo otro que no entró y que trataré de no extenderme es el consejo consultivo sería muy adecuado y así lo estaba trabajando los expertos que estuviera plasmado en la reforma constitucional prometen dicen los diputados que van a hilar fino que van a ponerlo a las leyes secundarias y que ahí lo harán».
«Lo que se propone es que ese consejo consultivo que por cierto era honorífico y ojalá sigue siendo honorífico porque tampoco se trata de meter más carga burocrática, de por sí que esto fue lo que marcó el epitafio de estos órganos institucionales. Hay que ser autocríticos, a nivel federal en transparencia estuvieron muy alejados de la ciudadanía y al final convirtieron en un palacio de cristal al INAI. Hubo excesos de presupuestalesm eso no lo vamos a negar y eso fue lo que motivó esta reforma».
«Lo que el consejo consultivo debería hacer es fortalecerse, ya existen Jalisco, pero lo que muchos estamos diciendo es que se amplíe a otros usuarios de la información pública. Hay gente, no solo los periodistas y académicos, interesados en que haya una transparencia efectiva, también las madres desaparecidos los colectivos de víctimas de violencia los ambientalistas los líderes sociales y comunitarios y rurales y también por supuesto requieren de una transparencia afectiva».
«Yo soy de los que cree que también deben de estar representados en un consejo consultivo en la reforma constitucional. Al menos debió venir alguna frase que dijera que el consejo consultivo deberá tener una representación plural amplia y que quedar en la Constitución, porque si no a las leyes secundarias va a ser muy fácil que luego las vayan a manosear, pero ojalá y la ley secundaria, me refiero en futuras legislaturas, que lo pudieran anunciar, pero ojalá y que en esta legislatura al menos quede en la ley secundaria esto que te digo del consejo consultivo fuerte, que al final fue ninguneado porque ellos se encargaban de hacerlo».
«Las evaluaciones para los candidatos a comisionados y en el último proceso los ningunearon, se pasaron por el arco del triunfo sus evaluaciones, se sacaron de la manga los diputados y por eso se judicializó, se ampararon varios participantes y por eso duró casi dos años con dos integrantes y sin presidenta hasta que luego ya se destrabó».
«Pero también tiene que ser respetado, lo ideal es que este consejo consultivo si bien su recomendaciones no fueran vinculantes al menos la contraloría sí estuviera obligada a responderles, como una recomendación de derechos humanos. Que responda porque sí o por qué no las va a atender o hacer suyas pero que al menos las responda es algo de lo que se está buscando y eso no quedó en la constitución», agregó Ríos.
«Y mucho cuidado y también lo que se tiene que hacer en estos próximos tres meses con un ojo al gato y otro al garabato es decir mientras los legisladores legislan que ya también no le llegue el agua al cuello a las instituciones como la Contraloría del Estado, el Tribunal de Arbitraje, el IEPC, el Poder Judicial con su contraloría y la del Poder Legislativo. Que no les llegue el agua al cuello y que no pase como con el sisema de justicia penal adversarial, que tuvieron años para prepararse y ahora resulta que cuando llegó el momento ni preparados estaban», explicó.
«Ahorita son tres meses. pero ya se tienen que ir capacitando para que puedan hacer esta función y atiendan a la ciudadanía con otro enfoque más cercano, más humano, y los municipios también preocupan, porque hay municipios que tienen una o dos personas en su unidad de transparencia».
Hace 34 años se hizo un estudio y se encontraron que en algunas unidades de transparencia tienen a nutriólogos o veterinarios al frente. «Mis respetos para esas profesiones pero yo creo que hay otras oficinas más acordes a esos perfiles y profesiones, no tiene suficiente gente y no tienen capacitación y a quien se lo cargaban era al ITEI, quienes tenían un Centro de estudios de la información y hasta pososgrados y diplomados, tenían incluso un doctorado, ya al final y eso ya desapareció».
«Precisamente ahora en 2025 se cumplían los 20 años de cuando estaba a gusto Valencia que por cierto me sorprendió ver que Ramírez Acuña estaba rasgándose las vestiduras por la desaparición de Lite cuando fue él quien se resistió y hasta se amparo porque no quería dar a conocer su salario por una resolución del ITEI».
Primero se oye triste pero no debería de sorprendernos la forma en la que se conducen los diputados, siempre los temas importantes los dejan al cuarto para las 12 y al final en extraordinarias con dictámenes hechos en las rodillas.
Es notorio que han esgrimido una narrativa en la que hicieron creer que no había de otra, que Jalisco estaba contra la pared, que se tenía que acatar a pie juntillas la reforma al estilo de la federal, cuando claramente un grupo de expertos y otros que no estaban en ese grupo, les hicieron ver que había margen de maniobra para que la entidad honrara esa histórica misión como un estado vanguardista en materia de transparencia, y después protector de datos personales, como muchos se llenaron la boca en presumirlo.
«Lo malo es que se va a atomizar el tema de la transparencia, porque habrá otros entes públicos que tienen que hacer labores que antes hacía el ITEI. Te pongo tres ejemplos muy claros: el Tribunal de Arbitrahe y Escalafón, donde yo dudo que ahorita tengan esa capacitación para atender al ciudadano con un proceso expedito, con un proceso de lenguaje sencillo, cuando sabemos que son tribunales en los cuales se hacen sentencias que parecen escritas en latín o en sánscrito».
«Si tú tienes una queja contra un sindicato que recibe recursos públicos es ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ellos tienen que hacer esa labor que hacía lista y con los sindicatos o en el caso de los partidos políticos el IEPC ahora tiene funciones que tenía el ITEI. En una queja en contra de un partido se sabe que los órganos electorales también tienen su corazoncito, entonces algunos dependiendo el partido o dependiendo de quién les echó la mano para llegar al consejo electoral, ya ves cómo se han conducido ahí habrá algunos bemoles».
«Jalisco fue vanguardia a nivel nacional tuvo su ley antes de que naciera a nivel nacional con esto cambiamos el papel y nos vemos rezagados, ya no somos la punta de la locomotora sino el cabús de la misma».
No solo tuvo la primera ley, hay un dato que a muchos se les va que hubo antes de la ley estatal .mucho antes del 2002, fue en el 2001 anterior a la ley estatal. Hubo un reglamento municipal, el primer ordenamiento a nivel nacional, en Guadalajara, para crear un Consejo de Transparencia que era encabezado por el sacerdote Jesús Gómez Fregoso, mejor conocido como el padre «Chuchín».
ENTREVISTAS
Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.
Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.
La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
“Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.
“Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.
La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.
La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.
El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.
La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.
La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.
El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.
El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.
La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.
La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.
¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?
CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.
¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).
Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.
¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?
La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.
La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).
Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.
La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.
¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?
La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.
Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.
El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.
¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?
El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.
El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.
¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.
El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.
PUNTOS FUNDAMENTALES: SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
- Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
- Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
- Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
- Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
- Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
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Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
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