ENTREVISTAS
Feministas ven positivo cambio de lenguaje de Enrique Alfaro
La ideas centrales del orden unilateral
Importante la voluntad política del gobernador
Por Mario Ávila
Aunque las mujeres de Jalisco ven con buenos ojos el lenguaje diferente que ha utilizado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sobre la decisión de elevar a nivel de Secretaría al Instituto Jalisciense de la Mujer, no se confían y advierten que no estarán dispuestas a que se pierda la autonomía de gestión y la autonomía presupuestaria que se tenía por 20 años con el organismo público descentralizado.
Guadalupe Ramos Ponce, directora del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de la mujer (Cladem), lamentó que el mandatario estatal haya esperado hasta el 8 de marzo para en el marco del Día Internacional de la Mujer, anunciar como un regalo de su administración, la creación de la Secretaría de la Mujer.
Dijo que sin voluntad política y una estrategia jurídica adecuada, de poco habrá de servir este cambio, “como no ha servido de gran cosa en las 8 entidades en donde la transformación, de Instituto a Secretaría, ya se dio”.
Incluso sugirió que el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, revisara un informe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha elaborado al respecto, en donde se concluye que la modificación meramente administrativa no ha servido de gran cosa.
En particular habló de la necesidad de que se eficiente los dos mecanismos de protección con los que cuenta esta estrategia de ayuda a las mujeres, que son de índole personal con las llamadas “órdenes de protección” y de índole colectiva, las “Alertas de Violencia Contra la Mujer”.
Ramos Ponce se refirió en concreto a los índices cuantitativos y cualitativos de los asesinatos de mujeres en Jalisco, y detalló: “Cada vez no solamente es que las priven de la vida, es cómo las matan y de qué manera exponen sus cuerpos y entonces pasamos de tener un registro aproximado de 34 mujeres asesinadas en promedio anual desde 1997 al año 2005; mientras que entre el año 2006 al 2010 se duplicó a 78 muertes en promedio y de 2010 a la fecha rebasaba el centenar”.
“Pero en el año pasado lo cerramos casi con 200 mujeres asesinadas y este año lo comenzamos muy mal, porque de acuerdo a estas cifras del Secretariado Nacional no solamente rebasamos a nivel nacional las cifras que ya estaban registradas de 9 asesinatos de mujeres por día, ya que en el mes de enero llegamos 10 mujeres por día y lo grave en el caso de Jalisco es que la entidad aportó el 10% de esos asesinatos, fueron 33 mujeres solamente en el mes de enero y en lo que va del año hasta el mes de marzo son 52 mujeres asesinadas y apenas estamos en los primeros días del tercer mes del año”.
EL CAMBIO DE LENGUAJE
Sobre el golpe de timón que en el tema de la creación de la Secretaría de la Mujer dio el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la académica e investigadora de la UdeG, Guadalupe Ramos Ponce dijo ver con buenos ojos este cambio de lenguaje y explicó: “Con ello asumen sin decirlo claramente, el que hubo errores y todo eso que nosotras lo señalamos desde el principio, que eran las inconsistencias, que estaba mal y que justo se habrían de dar algunos retrocesos”.
“Finalmente tienen que tomar la decisión de hacer una revisión a la propuesta que ya estaba aprobada incluso en el Congreso del Estado, pero que no iba a prosperar justamente porque significaba un grave retroceso a los derechos humanos de las mujeres en Jalisco”.
“Y esto finalmente logramos que fueran las instituciones, particularmente la CNDHJ que le informara y le hiciera ver al gobernador de Jalisco, a lo que se iba a enfrentar en algún momento en caso de que se interpusiera la acción de inconstitucionalidad.
“Hoy lo que corresponde es vigilar lo que sería la Ley Orgánica por tratarse de una nueva Secretaría y en concreto lo que estamos pidiendo es que se abra un proceso de diálogo y de discusión en donde podamos hacer una construcción colectiva de la figura misma jurídica del mecanismo de defensa para las mujeres.
“Lo que nos preocupa mucho es que hasta ahorita el Gobierno del Estado se ha manejado mucho por anuncios mediáticos y así ha sido desde el principio cuando anunciaron la creación de la Secretaría de la Inclusión, después le cambiaron de nombre y la denominaron la Secretaría de la Igualdad, luego dijeron que iba a ser Secretaría de la Igualdad para Mujeres y Hombres, es decir han venido dando tumbos cada que nosotras les hacemos una observación, y entonces qué necesidad de estarlo haciendo a través de los medios y públicamente, cuando podemos sentarnos a dialogar y construir de manera conjunta.
TEMEN SEA UNA “HUIZACHADA”
Hablando con mucha sinceridad, la experta en temas de defensa de los derechos humanos para la mujer, Guadalupe Ramos Ponce planteó: “Lo que a nosotras nos preocupa que se haya dado el anuncio mediático, es la forma en la que se dio y sin presentar una propuesta concreta, porque nos parece que eso que se realizó la semana pasada fue solamente para detener los procesos que ya estaban en puerta, tanto por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como de la Nacional, por la interposición de esas acciones de inconstitucionalidad, entonces lo vimos más como una estrategia jurídica que en términos de la abogacía sería como una ‘huizachada’, porque en el fondo la única intención era detener el proceso de inconstitucionalidad, cuando en realidad no tienen ninguna propuesta concreta”.
“Parece ser -dijo-, que la van a entregar ahora en torno al 8 de marzo, lo que nos parece muy complicado que se utilicen estas fechas que son de lucha y de exigencia de las mujeres, como para que parezca una dádiva, hay muchos gobernantes que utilizan la fecha del 8 de marzo para promulgar una ley o una acción específica y eso no tiene que ser así, estas acciones se tienen que realizar durante todo el año, no solamente el 8 de marzo. Pero más allá de que lo promuevan y de que lo presenten en esta fecha, nosotras los que esperamos es que nos hagan llegar el documento, lo podamos revisar y podamos aportar al mismo. Cuál es nuestra intención y nuestra preocupación, que el mecanismo de protección para las mujeres sea uno de los mejores a nivel nacional, porque ahorita se tiene una oportunidad histórica de proponer algo que mejore lo que era el Instituto Jalisciense de las Mujeres en 20 años de su existencia”.
Ahorita -abundó-, ya hay estándares más novedosos de protección de los derechos humanos de las mujeres y esos tendrían que estar ahí incorporados a este nuevo mecanismo.
A la pregunta de que en la práctica cuál será la diferencia de tener un Instituto, a tener una Secretaría, Ramos Ponce refirió: “Mira, hay una cuestión que a nosotras nos preocupa de este cambio, es que pasa a formar parte de la administración pública y de manera directa del Ejecutivo, cuando antes estaba como un OPD y tenía otras características sobre la autonomía de gestión y la autonomía presupuestaria, entonces eso es algo que se tiene que cuidar muy bien y de hecho ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un análisis al respecto de las 8 secretarías que después de ser institutos ya han pasado a ser secretarías de la mujer y el año pasado se hizo un análisis muy puntual en el que la CNDH señalaba que en realidad no había habido ningún cambio sustancial o de mejoría al realizarse el cambio. Ese informe por ejemplo tiene que ser tomado muy en cuenta ahora y habrá que revisar que se cumpla todas estas expectativas que nos dicen que se van a tener”.
Se le cuestionó si con la secretaría tendrán más recursos económicos y mayor peso político que podría repercutir en mejor trato a la mujer, a los que Ramos Ponce contestó. “Ojalá y que sí, esa es la apuesta y esa es nuestra esperanza también, ha habido un proceso muy largo en el que nosotras hemos insistido como Cladem y como Observatorio Nacional del Feminicidio, desde hace ya muchos años, en que estos mecanismos de protección, que son dos los que fundamentalmente se establecen en la ley, uno que es del orden individual y otro del orden colectivo, los individuales son las órdenes de protección; los del orden colectivo son las alertas de violencia de género y que ha sido necesaria que la empujemos desde la sociedad civil porque institucionalmente tenían poco conocimiento de estos mecanismos.
“Entonces pasamos de que no expedían una sola orden de protección, a que ahora emiten miles, pero que siguen sin ser funcionales porque no hay una estructura dentro de la procuración y administración de la justicia que les dé seguimiento a esas órdenes de protección. De ahí que con esta nueva estructura nosotras esperaríamos que se generen estos mecanismos, que les puedan dar seguimiento a las órdenes y que las mujeres que denuncian violencia de verdad tengan una protección integral y sean apoyadas para evitar los feminicidios. Es decir cualquier política pública debe tener un impacto en la vida de las mujeres y ahí habría que revisar eso”, expuso.
Guadalupe Ramos Ponce dejó en claro que las estadísticas “hacen que estemos consternadas, esa es la palabra porque nosotras que llevamos esquematizando los casos de feminicidio desde hace muchos años, yo particularmente con mi investigación de feminicidios que empezó en 1997 y he visto cómo ha ido transformándose esta violencia cada vez mayor, cada vez más fuerte, en número y de manera cualitativa también en términos de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Para nosotras es una tragedia lo que está ocurriendo en términos de los feminicidios y de las desapariciones que también poco se habla de eso”.
Finalmente sobre la aprobación y la inminente llegada de la Guardia Nacional, la activista dijo: “Nosotras lo que hemos denunciado desde hace mucho tiempo, es que la presencia de la fuerza militar en las calles aumenta las violaciones a los derechos humanos y eso está totalmente acreditado, entonces definitivamente se tienen que buscar otras formas del combate a la violencia que no sea la militarización”.
LA RECTIFICACIÓN DE ENRIQUE ALFARO
El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez giró las instrucciones para que la próxima semana se presente la propuesta de iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la cual será socializada con las Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, para garantizar su efectiva implementación y cumplimiento.
“En Jalisco el compromiso que tenemos con los derechos de las niñas y las mujeres es real, por eso, después de dialogar y escuchar a mujeres en distintos espacios, consideramos todas sus recomendaciones, por lo que ahora, la SISEMH trabajará exclusivamente en el MAM”, se apunta en el comunicado del Ejecutivo.
Después de escuchar y dialogar con diferentes organizaciones civiles y colectivos de mujeres y feministas, académicos, miembros de la sociedad civil y organismos defensores de los derechos humanos; el Gobierno de Jalisco llevará a cabo las siguientes acciones para consolidar el mejor Mecanismo de Adelanto para las Mujeres (MAM) en el país:
• La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) trabajará exclusivamente en el MAM. El Gobierno de Jalisco presentará una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco para que la SISEMH se dedique solamente a coordinar las políticas públicas para promover el desarrollo integral de las niñas y las mujeres del Estado, así como el plan rector de la política estatal de igualdad entre las mujeres y los hombres.
• La creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. La subsecretaría colocará los derechos humanos en el centro de todas las acciones de gobierno, dependerá directamente de la Secretaría General de Gobierno y desde ahí fortalecerá las agendas de los grupos prioritarios de la entidad.
• Conformación de un Alto Consejo Asesor en Materia de Derechos Humanos. Se conformará un consejo asesor, integrado por activistas y especialistas, para orientar la política de Estado en materia de derechos humanos.
• Diseño de un reglamento enfocado a la agenda de género. Se definirá un nuevo reglamento apegado a los mayores estándares internacionales y las nuevas disposiciones de la Secretaría, que integrará las opiniones y visiones vertidas en las mesas de trabajo por las organizaciones y colectivos de mujeres y feministas, para fortalecer el mecanismo de adelanto.
El Gobierno de Jalisco se compromete a contar con el mejor Mecanismo de Adelanto para las Mujeres del país, por lo que a través de estas reformas garantiza que el MAM:
• Tenga el nivel jerárquico suficiente dentro de la estructura de gobierno, para ello la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres dependerá directamente del Gobernador.
• Cuente con una observancia independiente y autónoma, a través de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos.
• Ejecute un programa de acciones derivado de acuerdos internacionales, que incluya los proyectos y políticas transversales e interseccionales para su institucionalización.
• Sea una secretaría enfocada exclusivamente en el MAM y además tenga injerencia en las demás dependencias estatales a través de la Coordinación Estratégica de Dependencias Transversales y No Sectorizadas.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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