ENTREVISTAS
Son 1,351 servidores públicos denunciados por corrupción: Gerardo de la Cruz
Fiscal anticorrupción de Jalisco
“EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN ES LABOR DE TODOS”
Por Rodolfo Guerrero
El combate a la corrupción es una labor de todos, no es solo labor de la autoridad, desde luego es nuestra función, pero cambiar las cosas significa cambiar la cultura, ir cambiando poco a poco la forma como nos hemos conducido en la sociedad y en el ámbito en el que nos desempeñemos debemos aportar nuestro granito de arena para para combatir la corrupción.
Así lo indica el maestro Gerardo de la Cruz Tovar, titular de la Fiscalía Anticorrupción en el Estado en entrevista con Conciencia Pública y señala que son poco más de 1,350 carpetas de investigación abiertas que tiene la Fiscalía Anticorrupción del Estado y corresponde a cuando menos igual número de servidores públicos denunciados durante el primer año de operación de esta nueva institución.
Precisa el funcionario que por ordenamiento de la ley, respetando el debido proceso, se deben respetar los derechos fundamentales de la persona denunciada o investigada, respetando la presunción de inocencia, no pueden adelantar cifras, nombres, ni datos que identifique a una persona como un imputado o probable imputado en una carpeta de investigación.
“El sigilo se debe de llevar en las actividades ministeriales”, subraya el maestro de la Cruz y comenta que el combate a la corrupción es una tarea de todos, no solo de la autoridad.
LA ENTREVISTA
Rodolfo Guerrero. ¿Cualquier ciudadano puede presentar denuncia de corrupción en contra de un servidor público que se desempeñe en cualquiera de las dependencias de los tres poderes del estado?
Gerardo de la Cruz. Sí, desde luego. De hecho la fiscalía tiene la obligación de atender denuncias que tengan que ver con hechos de corrupción y obviamente el medio para recibir la noticia criminal es el medio en el que se ha establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir podemos recibir una denuncia, también puede ser que se trate de un hecho notorio porque nos enteramos por medio de la prensa, por medios propios o pudiera ser también que de manera anónima se nos denunciara algo, y tenemos la obligación de investigarlo.
Y obviamente también aquí tenemos que aclarar algo, los delitos que se cometen por hechos de corrupción, claro que tenemos ahí siempre servidores públicos, pero también la ley establece que esos delitos pueden ser cometidos por particulares, de forma tal que también ellos son materia de investigación.
Rodolfo Guerrero. A parte del ejecutivo del estado, ¿quién más respalda a dicha fiscalía con carácter de independiente y autónomo?
Gerardo de la Cruz. Yo acotaría más bien, más bien aclararía, no es propiamente que el ejecutivo del estado respalde la fiscalía, desde luego que se tiene el respaldo del ejecutivo, pero más que nada, el respaldo lo tenemos en la ley, tanto en la Constitución del Estado de Jalisco como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado es la que establece que dicha fiscalía funcionará con autonomía de gestión, operativa, presupuestaria con autonomía en consecuencia, con independencia de la otra fiscalía que es la Fiscalía General del Estado.
Compartimos desde luego la ley orgánica, administrativamente estamos prácticamente dentro de la misma estructura, lo mismo el presupuesto, en este momento nuestro presupuesto se presenta por conducto del presupuesto de la fiscalía General, pero la ley establece que hay autonomía e independencia en la gestión operativa. Entonces no es que nada más que se tenga el respaldo del ejecutivo, se tuvo en su momento del respaldo del ejecutivo como del legislativo porque finalmente la designación fue ante el congreso, pero antes se tuvo el respaldo de la sociedad que fue la que exigió que se tuviera una fiscalía con autonomía.
TIPOS DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS
Rodolfo Guerrero. ¿Podría recibirse una denuncia de corrupción en contra del Gobernador del Estado de Jalisco ante esta fiscalía o sería ya materia de juicio político?
Gerardo de la Cruz. Bueno, aquí debemos tener presente que a los servidores públicos se les exigen tres tipos de responsabilidades, hay una política que no nos toca a nosotros como fiscalía, una responsabilidad administrativa que tampoco es la que nos interesa a nosotros, la responsabilidad política, la constitución establece específicamente en qué supuesto se puede presentar un supuesto político y eso le toca al congreso, la constitución también establece junto con diversa legislación secundaria en qué casos un servidor público incurre en responsabilidades administrativas y eso lo verían órganos de control interno, contraloría del estado y para efectos de sanción en responsabilidades administrativas graves, la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa, pero cuando la responsabilidad en la que ha incurrido el servidor público, no hablo del gobernador sino de cualquier servidor público en general, se trate de una responsabilidad penal, entonces nos toca a nosotros la competencia de investigar y perseguir el delito y en su caso llevarlo ante los jueces quienes serán los responsables de determinar si se impone una sanción o no, entonces, no solamente en contra del gobernador sino en contra de cualquier servidor público.
MIL 350 SERVIDORES PÚBLICOS DENUNCIADOS
Rodolfo Guerrero. En el corto tiempo que lleva dicha fiscalía, ¿cuántas denuncias han recibido en contra de servidores públicos?
Gerardo de la Cruz. Vaya tenemos en este momento poco más de 1, 350 carpetas de investigación abiertas, lo cual indica que hemos recibido muchas más denuncias que éstas, aun así se ha abierto como carpetas de investigación y en todas y cada una de estas tenemos a un servidor público, entonces en este momento tenemos más de 1,350 denuncias en contra de servidores públicos.
RESPETO AL DEBIDO PROCESO
Rodolfo Guerrero. ¿Se prevé legalmente el sigilo ante la indagatoria de corrupción de algún público es decir, para no entorpecer la investigación de corrupción?
Gerardo de la Cruz. Desde luego, de hecho está establecido en la legislación, de entrada por cuestión de debido proceso, respetando derechos fundamentales, respetando presunción de inocencia, no podemos adelantar muchas veces cifras, no podemos adelantar nombres, no podemos adelantar datos que identifique específicamente a una persona como un imputado o un probable imputado en una de las carpetas que investigamos, y eso tiene mucho que ver con el sigilo que se debe de llevar en las actividades ministeriales.
Hay ocasiones en las que llevamos a cabo una investigación ante de que se entere pues nadie, ¿por qué?, porque se pueden entorpecer las investigaciones desde luego.
Finalmente el maestro Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar dijo: “el combate a la corrupción es una situación que es labor de todos, no es labor de la autoridad, no es labor específicamente nuestra, desde luego que esa es nuestra función, sin embargo cambiar las cosas significa cambiar la cultura, ir cambiando poco a poco la forma en como nos hemos conducido en la sociedad y eso es algo en lo que todos en nuestra esfera competencia, en el ámbito en el que nos desempeñemos, así seamos padres de familia, seamos profesores, seamos empresarios, en el área en el que nosotros tengamos la influencia hacia la sociedad debemos de aportar nuestro granito de arena para combatir la corrupción”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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