Por Mario Ávila //

De las 980.89 hectáreas de El Bajío se consideran zona de recuperación ambiental tras el decreto emitido el 3 de septiembre de 2019 por el gobernador Enrique Alfaro, 315 ya están urbanizadas o con derechos para urbanizarse y el resto podrá correr la misma suerte en el corto y mediano plazo, luego de que los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito dejaron sin efecto el decreto emitido por el mandatario estatal y le concedió la razón, en definitiva, a un particular para poder hacer lo mismo que con las Villas Panamericanas.

“Se veía venir desde el 22 de diciembre que se le concedió definitivamente la habitabilidad a las Villas Panamericanas y lo dijimos al día siguiente, que lo que seguía era la urbanización total de esa zona”, dijo el doctor en Urbanismo, Arturo Gleason Espíndola.

Y abundó: “Es muy lamentable, muy triste, estamos condenando a muchas generaciones futuras a que no tengan agua o la que tengan sea de mala calidad; por otro lado el tema de la seguridad, dado que es una zona baja, está cerrada, no hay drenaje municipal y la única manera de sacar las aguas negras es depositándolas en fosas sépticas o en plantas de tratamiento y cuando vengan las lluvias, no habrá manera de sacar el agua lo más rápido posible y es muy probable que como pasa en muchos lugares, se habrá de inundar con aguas negras y pongamos en riesgo a un corto plazo la vida de las personas”.

El también académico e investigador del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño de la UdeG, explicó que el área metropolitana, vista desde arriba muestra tres grandes cuencas, la de El Ahogado, Atemajac y Río Blanco. “El Bajío se encuentra en la de Atemajac en el centro, está casi cubierta de concreto hasta en un 90%, realmente ya no estamos dejando infiltrar agua de lluvia, la lluvia es nuestro ingreso de agua a los acuíferos de los cuales nos abastecemos en un 30% y al poner concreto no va a haber recarga y como hay una gran ignorancia de los recursos ambientales, ponemos concreto y ya no va a ingresar agua limpia, agua de lluvia que recarga el acuífero y que después nosotros mismos utilizamos.

“Además, baja la cantidad de agua de ingreso y la poca que se pueda infiltra en los espacios que llegaran a quedar libres de construcción, se va a infiltrar sucia, como ya se infiltró durante los Juegos Panamericanos cuando se saturaron las plantas de tratamiento por las descargas de los atletas y tuvieron que arrojarla al suelo, la sacaron con unos camiones llamados váctor, medio limpiaron, pero nunca supimos el impacto de esas agua que se infiltraron, hasta dónde llegó o hasta dónde va viajando el contaminantes que va en dirección de la zona Poniente del área metropolitana como Andares, Providencia, Jardines Universidad, etcétera, es decir habrá un impacto en la calidad, en la seguridad y en la disponibilidad de agua”.

HABITABILIDAD A VILLA PANAMERICANA

En su calidad de presidente de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, el doctor Arturo Gleason insistió en que el hecho de que el Tribunal abra la puerta para que se deje sin efecto la protección ambiental al Bajío, “independientemente de los aspectos legales, su curso y sus tiempos, es grave, pero se veía venir esta situación, en diciembre pasado se había otorgado la habitabilidad a la Villa Panamericana y lo comentamos varios investigadores, que lo que seguía era la urbanización total de El Bajío”.

Es muy lamentable -dijo-, porque vemos que las autoridades que deberían cuidar y plantear una defensa férrea, una defensa clara y precisa, con elementos técnicos y científicos en este tipo de resolutivos que hoy vemos, no se hace gran cosa. Temas tan puntuales como saber cómo se están comportando los flujos subterráneos de agua; cuál es la calidad de agua que hay en el Bajío; cómo están impactando ya las fosas sépticas que están en el lugar en el agua subterránea, etcétera, datos tan precisos que pudieran ser de peso para defender la zona de El Bajío, lamentablemente brillan por su ausencia y dejan entrever que lo que se quiere finalmente, es la urbanización de la zona.

Y lo comentamos desde que se emitió el decreto -explicó-, dijimos varias ocasiones que hacía falta profundidad técnica, en términos técnicos no había una justificación fuerte que pudiera sustentar cosas tan esenciales como la contaminación del agua subterránea de los propios ciudadanos que van a habitar la zona y de las personas que viven aguas abajo, en colonias como San Javier, Andares, Ciudad Universitaria, toda esta amplia zona del poniente se va a ver afectada tarde que temprano por la contaminación de agua subterránea y a partir de ese decreto no vimos un trabajo serio, científico, no vimos monitoreo de aguas subterráneas, instalaciones de equipo… nada, nada se hizo y ahorita está la consecuencia de un decreto débil y sin fundamento que ahora fue fácil de tumbarlo.

Gleason Espíndola planteó que lo que está en juego a corto plazo es la seguridad de quienes habitan ahí. “En cuanto eso se termine de urbanizar en un horizonte de 5 a 10 años, esa zona tiene un comportamiento como un tazón de sopa, una cuenca cerrada en donde la lluvia va a caer y como la vocación del territorio era la absorción del agua, ahora va a estar impermeabilizado y esa agua va a saturar las plantas de tratamiento, las fosas sépticas y se va a convertir en una laguna de aguas negras; por un lado las personas que vivan ahí, tienen que ir pensando en comprar aparte de su departamento, una lancha y también evitar que en un momento dado, Dios no lo quiera, que perezcan ahogados por alguna inundación en el Bajío.

“Pero además, el impacto de la poca o mucha agua que se pueda infiltrar en las zonas que quedaran libres sin construcción, a las aguas subterráneas, ya que poco a poco viaja el contaminante hacia los puntos más bajas y en unos años seguramente tendremos problemas de calidad de agua, no digo a corto plazo pero si en el mediano plazo podría haber serios problemas de salud pública, los mantos freáticos, la extracción de agua, la contaminación ya de por sí está presente en muchos de nuestros acuíferos, están abatidos, están con baja disponibilidad y no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional del Agua desde el 2006 el acuífero de Atemajac en donde forma parte El Bajío, Toluquilla, Tlajomulco, el Aeropuerto están abatidos desde el 2006 no hay disponibilidad y te metes a los reportes de disponibilidad de la CNA y se señala que están sobre explotados”.

AUGURAN DEPRECIACIÓN EN EL VALOR DE LOS PREDIOS

A la pregunta de si queda algo por hacer o se trata de una situación insalvable, el doctor Gleason Espíndola planteó: “He estado consultando con especialistas en derecho y habría alguna posibilidad, si hubiera estrategia o si hubiera una voluntad férrea por parte del Gobierno Estatal para defender la zona y la seguridad de los ciudadanos que ya están ahí, así como de los que van a llegar.

“Yo en lo particular haría un exhorto a todos los que tienen predio ahí que consideraran que sus predios se van a ver afectados con la urbanización, se van a depreciar, quién va a querer comprar en una zona inundada”, se cuestionó.

Y precisó: “Me ha tocado ver en otros casos en el área metropolitana en donde ponen casas de clase media alta, se mudan de ahí dejando perder su inversión para salvar sus vidas; pero definitivamente si hubiera un interés real de la autoridad para preservar primero la zona por esa fragilidad ambiental y garantizar la seguridad de las presentes y futuras generaciones, tendríamos que utilizar todos los recursos legales, pero desde mi perspectiva el recursos legal que se interpuso (decreto) no tiene fundamento científico y eso es lo que no han hecho los que emitieron este decreto y los que simulan una defensa que no es real, simplemente es un acuerdo que dejan entrever que no hay resistencia y por lo tanto los privados están ejerciendo su derecho y el tribunal ante esos argumentos están echando para abajo el decreto.

“Falta una defensa férrea, yo lo noto, no veo seriedad, ni puntualidad ni precisión, ni ser concisos para defender con todo al El Bajío. Aparte la cuestión legal ha de tener también sus fallas según me lo han comentado. Lo dejan entrever los hechos nos están dando esa evidencia tuvimos casi tres años desde que salió este decreto para realizar acciones como por ejemplo, haber instalado un sistema de monitoreo de aguas subterráneas para saber cuánta agua hay en El Bajío, cómo fluyen los escurrimientos subterráneos, por dónde van, cómo están afectando las actuales fosas sépticas el flujo y la calidad de agua que ahí se capta, qué investigación se hizo a partir de emitido el decreto para darle solidez. Ante esa falta de seriedad técnica y científica dejas entrever que nunca te interesó darle fortaleza al decreto para poder enfrentar este tipo de amparos”, sentenció el doctor en urbanismo, Arturo Gleason Espíndola.

ASEGURA ENRIQUE ALFARO: EL DECRETO DE PROTECCIÓN A EL BAJÍO ESTÁ VIGENTE

Mediante un comunicado oficial y una publicación en sus páginas, el Gobierno del Estado aseguró no haber abandonado la defensa legal de la zona de El Bajío y se advirtió que el decreto de protección sigue vigente.

Dice el comunicado: “El Gobierno de Jalisco no ha abandonado la defensa del Bajío. Al contrario, es importante aclarar que el Decreto que declara como Zona de Recuperación Ambiental en El Bajío, que fue publicado por el gobernador el 3 de septiembre de 2019 en el Periódico Oficial, sigue vigente y no está en riesgo.

“Sobre el caso que documentan algunos medios de comunicación locales en los últimos días respecto a un amparo conseguido por un propietario de un predio dentro del Ejido de San Juan de Ocotán, aclaramos lo siguiente: La resolución del Tribunal Colegiado no anula el Decreto del Gobernador de Jalisco por el que se establece como zona de recuperación ambiental El Bajío, con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el municipio de Zapopan, por lo que hasta el día de hoy sigue vigente.

“La sentencia no comprende autorización alguna, ni permiso de construcción al particular respecto del inmueble de su propiedad, simplemente se le otorgó derecho de audiencia respecto de la aplicación del decreto. Se trata de una tesis aislada (criterio) de un Tribunal Colegiado que sólo tiene efectos para quien promovió el amparo.

“Por último, el Gobierno del Estado deja en claro que ha defendido puntualmente todos los amparos que se han presentado en contra del Decreto y que defenderá también este último que fue dado a conocer por los medios de comunicación. Hasta el día de hoy se han resuelto a favor del Gobierno del Estado 30 juicios de amparo favorablemente, en primera instancia, de los cuales 20 han sido confirmados en segunda instancia por los Tribunales Colegiados”.