Por Diego Morales //

Es desaparición forzada y no privación ilegal de la libertad el delito que cometió el personal de la Fiscalía General del Estado que participó en el secuestro de estudiantes el pasado viernes 5 de junio, precisa el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta y debe ser la Fiscalía General de la República, quienes realicen la investigación en lugar de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Entrevistado en los micrófonos del programa “En Tela de Juicio”, el líder universitario indicó que hasta la fecha, sus compañeros y compañeras viven en incertidumbre pues les fue vulnerada su privacidad tras lo ocurrido en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado.

“Lo que me dicen mis compañeros y compañeras, algunos de ellos víctimas de los hechos del 5 de junio, es que en algunos casos sienten miedo aún de salir a la calle, algunos no han cambiado su celular, porque les faltaba recibir una compensación económica que se estaba gestionando con el Gobierno del Estado para comprar su nuevo equipo”.

“Es importante aclarar que esto se compra, porque cuando fueron detenidos fueron despojados de su celular, los obligaron a desbloquearlos y los que necesitaban los enviaban a inteligencia, como ellos lo llamaban. Al ser su intimidad vulnerada, los hace vivir con incertidumbre”.

Javier Armenta agrega: “Al margen de las medidas de seguridad, a personas como el secretario general de gobierno que ha estado cerca con las víctimas y ha brindado su atención, lo que bien es cierto es que por ley, el fiscal anticorrupción comenta que a algunos de ellos ya les entregó por escrito sus medidas cautelares, para algunos de mis compañeros no es suficiente porque saben que al tratarse de autoridades estatales y locales, lo mejor sería que fuera una institución de otro nivel quien les brindara las garantías”.

EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA

Para Javier Armenta, el hecho que desde la Fiscalía Anticorrupción se siga una línea de investigación de privación de la libertad es erróneo, pues se trató de una desaparición forzada, delito penado en el código penal federal y en este proceso lo que exigen es la verdad y justicia.

“Partiendo de esta situación de estar en posible caso de invulnerabilidad, que algunos aún reciben llamadas porque no han cambiado su teléfono, o algo muy importante, cuando hemos estado en audiencias públicas con el fiscal anticorrupción, él ha manifestado que la línea de investigación que sigue es privación de la libertad que es un delito del fuero estatal. También ya lo dijo el comisionado estatal de Derechos Humanos, después de escuchar a las víctimas, creemos que este delito no es una privación ilegal de la libertad, hay que llamarlo como es, una desaparición forzada y es un delito penado en el Código Penal Federal”.

Subraya: “Por esa razón, la penalidad es muy distinta, primero por esta distinta visión que tenemos de la dimensión del delito y porque necesitamos garantías de seguridad de otro nivel para mis compañeros, es que acudimos a la Fiscalía General de la República, para que sea oficial, por escrito, que la Fiscalía atrajo la investigación, tampoco el fiscal anticorrupción ha sido notificado por escrito que ya se atrajo la investigación, nosotros vamos a apoyar a las víctimas, para que no vivan en incertidumbre y que si la Fiscalía se hará cargo, lo tipifique como tiene que ser, que es desaparición forzada y que sean cuerpos federales quienes den medidas de garantía a las víctimas”.

A la vez, el presidente de la FEU reiteró el compromiso que tienen desde la organización estudiantil y también con el Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara para que el caso no se archive, se lleguen a las últimas consecuencias y se haga justicia para las víctimas.

“Desde la organización y también desde el Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara, estaremos acompañando, porque también hubo víctimas profesores y profesoras, hasta las últimas consecuencias, haremos lo que nos toque para exigir acceso a la verdad, justicia, y que esta situación no quede impune y no le den vuelta a la página”.

¿Qué apoyo han tenido de parte de la CEDHJ?

“Nosotros tenemos registrados poco más de 20 víctimas, que cruzamos nombre, teléfono, hablamos con ellos y los localizamos. De ahí, esas víctimas no acudieron todos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron poco más de 14 que acudieron y todos ellos han tenido apoyo de la comisión, que han hecho mucho y han apoyado con lo que está en sus manos. Gestionó condiciones de compensación y rehabilitación con el Gobierno del Estado, esto está en la cancha de la comisión, pero el acceso a la verdad y la justicia, las garantías de no repetición está en otra cancha, está en la Fiscalía. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha hablado con la verdad, ha sido objetiva”.

¿Qué confianza les genera la investigación que hace la Fiscalía Anticorrupción?

“Si el fiscal anticorrupción corta cabezas de altos mandos como lo plantea, eso lo tendrá que responder él. Nosotros apoyamos a las víctimas a acudir a la Fiscalía General de la República, porque el fiscal quiere investigar un delito que no es igual de penado que una desaparición forzada, esa visión no nos hizo coincidir. Al margen de quien castiguen, no es la misma penalidad por privación de la libertad que por desaparición forzada y nosotros queremos todo el peso de la ley. Ojalá el fiscal anticorrupción entregue una investigación clara para esclarecer los hechos”.

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“Sí, esta es una herramienta que tiene el gobierno de Zapopan para que de inmediato puedas reportar si te sientes vulnerado, si se les entregó a ellos que bueno, los policías que deberían cuidarnos de la Fiscalía, tienen incertidumbre que los vayan a agarrar. Lo manifestaron las víctimas de manera firme, y el comisionado estatal de derechos humanos emitió una recomendación de inmediato para que todos los policías presuntamente implicados, al margen de resultar responsables o no, se les suspendieran las medidas operativas, se les retirara un arma, al final no es una atribución de la CEDHJ, pero las personas vinculadas no deben tener un arma, por eso queremos que la autoridad federal garantice el proceso”, puntualizó.