ENTREVISTAS
Iniciativa de la diputada Brenda Carrera: Prohibir celulares en las aulas; una cruzada contra el ciberacoso

Por Francisco Junco //
La historia de Pedro García, un niño de sexto grado en una escuela de Jalisco, es un reflejo crudo de los nuevos desafíos que enfrentan las aulas en la era digital. Durante una exposición sobre el sistema solar, Pedro pensó que las risas de sus compañeros eran por su chiste sobre Urano.
No fue hasta el recreo que descubrió la verdad: uno de ellos lo grabó en secreto, editó su voz y publicó el video en redes sociales, burlándose de su forma de hablar. Lo que parecía una broma inocente se convirtió en un caso de ciberacoso que marcó a Pedro.
De ser un niño sonriente, pasó a inventar excusas para no asistir a clases, evitar el contacto visual y encerrarse en sí mismo. Este no es un caso aislado, sino parte de una creciente ola de violencia digital que afecta a miles de estudiantes en Jalisco y México.
El acoso escolar ya no se limita al patio o los pasillos; ahora se propaga a través de redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores se esconden tras perfiles anónimos. Esta forma de violencia, silenciosa pero devastadora, tiene un impacto profundo en la salud mental y emocional de los niños, dejando secuelas que van desde ansiedad hasta depresión.
Padres, maestros y autoridades enfrentan el reto de dimensionar y combatir un problema que evoluciona más rápido que las medidas para controlarlo.
En respuesta a esta crisis, la diputada de Morena, Brenda Carrera, presentó el 20 de mayo de 2025 una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública de Jalisco, proponiendo prohibir el uso de celulares en escuelas de kínder, primaria y secundaria.
La medida busca frenar el ciberacoso, reducir distracciones y mejorar la convivencia escolar, atacando de raíz un problema que, según estudios citados por la legisladora, puede disminuir hasta un 60% con la eliminación de celulares en las aulas.
“Los maestros nos han pedido una ley que los respalde. No es lo mismo negociar con un padre consciente del daño que con uno que ignora las consecuencias irreversibles de los celulares en sus hijos”, explicó Carrera en entrevista con Conciencia Pública.
La iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres que reportan casos alarmantes: niños adictos a sus dispositivos, adolescentes que reaccionan con violencia cuando se les retira el celular e incluso casos de agresiones físicas a sus propios padres. “Hemos visto situaciones donde los niños llegan a terapia por su dependencia al celular. Esto no es un juego; es una crisis que debemos atender”, afirmó la morenista.
Jalisco, un estado que lamentablemente lidera estadísticas nacionales en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, enfrenta un riesgo adicional: los niños acceden a contenidos que normalizan la criminalidad. “Es alarmante que los menores vean videos que hacen apología del delito. Esto no solo afecta su formación, sino que los expone a manipulaciones y engaños”, señaló Carrera.
Según datos que citó, solo el 21% de los padres supervisa lo que sus hijos consumen en sus celulares, dejando a los menores vulnerables a riesgos como el acoso, el bullying cibernético y hasta el contacto con desconocidos en plataformas digitales.
La iniciativa de Carrera tiene como objetivo principal garantizar un entorno escolar seguro y propicio para el aprendizaje. “Los horarios de clase son cortos, y una notificación puede hacer que un niño tarde hasta 20 minutos en recuperar la concentración”, explicó.
En escuelas donde ya se prohíben los celulares, como el Instituto de Ciencias en Jalisco, los resultados son evidentes: los recreos se han transformado en espacios de socialización, con niños jugando fútbol, básquetbol o conversando, en lugar de estar absortos en sus pantallas. “Queremos que los alumnos se conecten con sus compañeros y el aprendizaje, no con sus celulares”, subrayó la legisladora.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Algunos padres argumentan que los celulares son esenciales para comunicarse en emergencias, mientras que otros consideran que prohibirlos limita el avance tecnológico y educativo.
Carrera responde que la seguridad de los niños es la prioridad: “Solo el 21% de los padres revisa las redes de sus hijos, y muchos son víctimas de engaños o acoso. Los niños no saben manejar la responsabilidad de un celular; comparten su ubicación sin saber quién está al otro lado”.
Sobre el uso educativo, aclaró que la Secretaría de Educación de Jalisco ya impulsa el uso de tablets y computadoras en las escuelas, pero los celulares, en niveles básicos, se usan más para distracciones que para aprendizaje.
El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, expresó reservas sobre la iniciativa. Aunque reconoce la necesidad de debatir el tema, considera que una prohibición sin medidas educativas es insuficiente. “Regular es mejor, pero lo ideal es formar a las familias, alumnos y escuelas para un uso responsable de la tecnología”, afirmó a Conciencia Pública.
Juan Carlos Flores destacó que los padres son el primer filtro, ya que son quienes compran los celulares a sus hijos, y abogó por herramientas como controles parentales de Google, que permiten limitar el acceso a contenidos inapropiados. “Educar es un acto de libertad y responsabilidad. Los padres deben dosificar los controles para que los jóvenes desarrollen autocontrol”, añadió.
El titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, también comparó la propuesta de Carrera con otra iniciativa presentada el mismo 20 de mayo por la diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, que apuesta por regular el uso de dispositivos en lugar de prohibirlos.
La reforma de Medina propone una nueva ley estatal con siete capítulos, abordando derechos digitales de los menores, formación en competencias digitales y acceso equitativo a internet. “La propuesta de regulación ofrece una visión más amplia”, subrayó el secretario, quien insistió en que la formación integral es clave para abordar los desafíos de la era digital.
Pese a las diferencias, Carrera busca construir consensos. La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, ha recibido apoyo de bancadas como el PAN, PT, Verde y algunos legisladores de Morena, aunque enfrenta resistencias dentro de su propio partido y de la Secretaría de Educación.
“El secretario parece desconocer la gravedad del ciberacoso en las aulas. Lo invitaremos al foro del 9 de junio para que se sume”, dijo Carrera, descartando motivaciones partidistas: “La campaña terminó. Ahora se trata de proteger a nuestros niños”.
El foro del 9 de junio, el primero de varios planeados, reunirá a padres, maestros, directivos y sociedad civil para concientizar sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas. “No es solo prohibir; es garantizar un entorno seguro para el aprendizaje”, enfatizó Carrera. En Querétaro y algunas escuelas de Jalisco, medidas similares han reducido el bullying y mejorado la convivencia, con niños más sociables y menos dependientes de las pantallas.
El caso de Pedro García es un recordatorio de las cicatrices que deja el ciberacoso. La iniciativa de Carrera, aunque polémica, pone el dedo en la llaga de un problema que trasciende las aulas y afecta la salud mental de una generación.
Mientras el debate avanza, la pregunta sigue en el aire: ¿cómo equilibrar la tecnología con la seguridad y el bienestar de los estudiantes? La respuesta requiere la colaboración de padres, maestros y autoridades, y el foro del 9 de junio será un paso crucial para construir ese consenso.
En Jalisco, la lucha contra el ciberacoso apenas comienza, pero la iniciativa de Carrera marca un precedente en la búsqueda de entornos escolares más seguros y humanos.
EJEMPLOS DEL CIBERACOSO ESCOLAR
Mientras Pedro García, realizaba una exposición sobre el sistema solar, frente a su grupo de sexto año, creyó que todos estaban atentos a sus palabras. No fue hasta que sonó el timbre del recreo que se enteró de que uno de sus compañeros lo había grabado en secreto, editado su voz y publicado el video en una red social con burlas sobre su forma de hablar. Las risas que pensó que eran por su chiste del planeta Urano no tenían nada de inocentes.
A partir de ese día, Pedrito dejó de participar en clase. Comenzó a inventar dolores de estómago, para no ir a la escuela y pasó de ser un niño sonriente a uno que evitaba todo contacto visual. Lo que empezó como un “juego” viral entre compañeros, se convirtió en un caso claro de ciberacoso, una forma de violencia escolar que cada vez se vuelve más frecuente y más silenciosa.
El acoso escolar ha dejado de limitarse al patio o al salón. Ahora viaja por redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores pueden esconderse detrás de un perfil. Padres, maestros y autoridades no alcanzan a dimensionar el daño que estas nuevas formas de violencia digital provocan en la salud mental y emocional de los niños.
Es ante esta situación, no solamente de Pedrito, sino de miles de niños en la entidad y el país, que la diputada Brenda Carrera presentó una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública, para prohibir el uso de celulares en escuelas de Jalisco, para frenar daños psicológicos, violencia y mejorar el ambiente escolar.
“Los maestros, que se han acercado con nosotros, nos piden que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo. Y yo creo que desde ahí nace esta iniciativa. Vamos a tener foros, comenzamos el 9 de junio, nuestro primer foro para concientizar a estos padres de familia, que de pronto están renuentes, y creo que están renuentes porque ignoran, ignoran completamente el daño psicológico, de ansiedad, de dependencia”, señaló la diputada de Morena a Conciencia Pública.
La legisladora, presentó, el pasado 20 de mayo, en el Pleno del Congreso de Jalisco, la iniciativa de reforma, que propone prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas desde nivel kínder, primaria y secundaria. La medida busca proteger a los niños y adolescentes de los efectos negativos de la tecnología mal utilizada dentro del entorno escolar, así como contribuir a su seguridad y bienestar integral.
Brenda Carrera explicó que esta iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres de familia, quienes han manifestado la urgencia de que exista una norma que respalde la prohibición del uso de celulares en las aulas.
La diputada hizo un recuento de las preocupaciones que motivan esta reforma y aseguró que han visto que los niños tienen adicción al celular, incluso hay casos donde adolescentes están en terapia porque, si el papá les quita el celular, reaccionan con violencia; hasta llegan a golpear a sus propios padres.
Pero Brenda Carrera comentó que esta situación no es un fenómeno lejano o ajeno, sino una realidad que se ha viralizado en redes sociales y que ocurre en el propio estado de Jalisco, un territorio que lamentablemente ocupa los primeros lugares en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.
“Los niños ven contenidos, que hacen apología del delito y normalizan la criminalidad. Es alarmante que la normalización de la violencia llegue incluso a la formación de nuestras niñas y niños”, expresó con preocupación.
De acuerdo con cifras que citó la morenista, sólo el 21 por ciento de los padres revisa lo que sus hijos ven o hacen en el celular, una responsabilidad que está fuera de control en muchos hogares. Esta desconexión entre padres e hijos facilita que los niños sean vulnerables a riesgos como el acoso, la manipulación y el bullying, especialmente el cibernético.
La prohibición del uso del celular en las escuelas tiene como objetivo principal que los alumnos puedan concentrarse plenamente en sus actividades educativas. Brenda Carrera enfatizó que “los horarios de clase, son muy cortos y con el celular cerca, el niño tarda hasta 20 minutos en volver a concentrarse, después de distraerse con una notificación o un mensaje”.
“Lo que vemos es que no usan el celular para cosas académicas, sino que es más una fuente de distracciones y problemas. Son más las cosas negativas, que las cosas positivas que pueden encontrar en el celular.”, añadió y explicó, que estudios indican, que retirar el celular, reduce hasta un 60 por ciento los casos de bullying en las aulas, un dato relevante, cuando se considera que el acoso escolar ha costado vidas de jóvenes en todo el país.
La legisladora señaló que esta propuesta ya se aplica en Querétaro, y en algunas escuelas públicas y privadas en Jalisco, donde se han implementado medidas similares. Sin embargo, aseguró que es necesario legislar al respecto para establecer una norma clara que evite que la regulación dependa de la voluntad de cada plantel.
“Los maestros nos han dicho que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, que a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo”, explicó Carrera.
La diputada indicó que además de lo académico, la medida busca mejorar la convivencia social entre los niños, pues actualmente los espacios como los recreos se han convertido en momentos donde cada alumno está solo, sumergido en su celular.
“En escuelas donde ya se prohibió el uso de celulares, para mencionar un ejemplo, el Instituto de Ciencias, ellos ya tienen mucho tiempo implementando el no celulares en la escuela y tienen niños más sociables, niños donde en el recreo, efectivamente, ellos sí están jugando, ellos sí están socializando, fútbol, básquetbol, haciendo deporte, platicando con sus amigos, socializando”.
“Y algo que en otras escuelas, donde sí está permitido el celular, están en su celular chateando y jugando, platicando supuestamente entre ellos y jugando de gamers en esas páginas, también súper peligrosas, que no sabes quién está platicando con tus hijos, quién está jugando con tus hijos. Entonces, esto va más allá de prohibir el celular. Yo creo que impacta a nivel social, familiar y escolar”, justificó.
La iniciativa ha recibido críticas, principalmente en dos puntos, la necesidad del celular como medio de comunicación para emergencias y el argumento de que limitar su uso va en contra del avance tecnológico y educativo.
Brenda Carrera respondió que “la seguridad de los niños es precisamente lo que queremos proteger con esta reforma, porque éstos no están seguros. Sólo el 21 porciento de los padres supervisa las redes de sus hijos, y muchos niños son víctimas de engaños, acosos y desapariciones”, además aseguró que “no saben manejar la responsabilidad que implica tener un celular, mandan su ubicación, pero no se puede garantizar que quien está al otro lado sea quien dice ser”.
Sobre el argumento del avance tecnológico, la diputada aclaró que no están en contra de la tecnología ni de las redes sociales, y recordó que la Secretaría de Educación ha impulsado el uso de tablets y computadoras en las escuelas. Sin embargo, enfatizó que “en niveles básicos, el celular no se utiliza para fines educativos. Lo que buscamos es enseñar a los niños a desconectarse para poder conectarse al verdadero aprendizaje”.
La diputada informó que la iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Educación, donde recibió apoyo de varias bancadas, incluyendo al PAN, PT, Verde y algunos diputados de Morena. “Sabemos que hay algunos compañeros dentro de Morena que están renuentes, pero estamos trabajando para fortalecer el proyecto”, mencionó.
Reconoció que hay resistencias, incluso desde la Secretaría de Educación del Estado, cuyo titular, Juan Carlos Flores Miramontes, ha manifestado desacuerdos. Sin embargo, la legisladora considera que el funcionario desconoce el contexto real.
“Me doy cuenta de que ignora totalmente lo que está pasando en las aulas. Él debería estar con nosotros haciendo esta propuesta. Pero lo vamos a invitar al foro, a que tome cartas en el asunto. Parece que desconoce la problemática y las estadísticas de acoso escolar y bullying cibernético que tenemos en Jalisco”, afirmó.
La legisladora descartó que la iniciativa sea un tema político partidista y llamó a dejar atrás los colores para enfocarse en dar resultados concretos en beneficio de la niñez. “La campaña ya terminó. Nosotros tenemos la responsabilidad de legislar para garantizar la seguridad de las niñas y niños de Jalisco, y no vamos a quitar el dedo del renglón.”
Para fortalecer la iniciativa, se realizarán algunos foros, para comenzar ya está programado uno, el 9 de junio, abiertos a padres de familia, maestros, directivos y sociedad civil organizada. Estos encuentros buscan concientizar a la comunidad sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas y construir un consenso amplio para la reforma.
“Invitamos a todos a participar, a escuchar a los padres y maestros que están convencidos de la necesidad de esta ley. Esto no debería ser motivo de debate, sino un llamado urgente a la acción”, concluyó la diputada.
Prohibir por prohibir no tiene sentido
El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, se pronunció sobre las recientes iniciativas legislativas en el Congreso del Estado para regular el uso de celulares en las escuelas. Aunque reconoce que el debate es necesario, advirtió que imponer prohibiciones sin medidas educativas y formativas resulta insuficiente.
“La que contiene prohibición a mí me parece que se queda corta. La que regula es mejor, pero la ideal, para mi punto de vista, sería la que forma, es decir, la que hace compartir a la familia, al alumno, por supuesto, y a la escuela”, explicó el funcionario a Conciencia Pública.
Señaló que en la agenda legislativa, hay dos propuestas, respecto al tema del uso de celulares, de la propuesta de la diputada de Morena, Brenda Carrera, que busca prohibir el uso de dispositivos móviles en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En tanto, otra propuesta, impulsada por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina Ortiz, apuesta por una regulación. Para el secretario, esta última iniciativa ofrece una visión más amplia.
La diputada Adriana Medina, el pasado 20 de mayo, informó, en rueda de prensa, que estas reformas darán paso a una nueva ley estatal conformada por siete capítulos, los cuales abordarán derechos de menores, responsabilidades parentales, atribuciones de las autoridades, sanciones, mecanismos de protección, entre otros aspectos.
Explicó que, dentro de las principales propuestas de la iniciativa, se contempla el reconocimiento del derecho de niños y adolescentes a la seguridad en entornos digitales; formación de competencias digitales desde las instituciones educativas; garantía de acceso gratuito y equitativo a internet en todo el territorio estatal; entre otras cosas.
“Es una discusión importantísima. Es un diálogo que se tiene que dar. De manera reciente hemos percibido dos tendencias. La de la diputada de Morena, inclinada más a la prohibición del uso de estos equipos. La de la diputada Adriana, de MC, encaminada a la regulación. Ahí ya hay una diferencia importante”, subrayó Flores Miramontes.
El secretario de educación destacó que el primer filtro para el uso responsable de dispositivos móviles son los padres de familia y señaló que “¿Quién les compra el celular? El celular se los compra el padre de familia, si son pequeñitos. Tal vez un adolescente, que ya trabaja, se lo compra él mismo. Pero cuando estamos hablando de los menores, estamos asumiendo que el padre de familia es el que se los compra”.
Recordó una reflexión de la psiquiatra Marian Rojas: “Hay que darle el celular cuando queramos que nuestros hijos vean páginas inconvenientes. Y eso nos debe de asustar. Y es cierto”. Flores Miramontes insistió en que existen herramientas tecnológicas para limitar el acceso a contenido inapropiado y que los proveedores de internet también deben asumir su parte. Y expuso que “hoy tú puedes entrar a una página para adultos y basta con dar un clic, que lo mismo lo puede dar un niño de 13 años que un señor de 50”.
La Secretaría de Educación ha establecido convenios para facilitar el control parental, como el que mantiene con Google para proporcionar cuentas institucionales a los estudiantes y es “una buena idea para los papás, que cuando les instalen una cuenta, un correo electrónico, para hacer uso de ese dispositivo, lo hagan el papá al dispositivo de su hijo para que tenga el control del papá de qué aplicaciones va, de qué contactos agrega, etc.”, detalló.
Además, el funcionario enfatizó que el enfoque de la Secretaría de Educación no se limita a regular, sino que apuesta por la formación integral del carácter y el desarrollo de habilidades digitales desde temprana edad. “Educar es un acto de libertad, es un acto de responsabilidad, y cada padre de manera gradual irá dosificando esos controles, al punto de que el joven, que después se convertirá en adulto, pues tenga el autocontrol de tener un buen uso de estos dispositivos”.
Respecto al foro que organiza la diputada Brenda Carrera el próximo 9 de junio, el secretario confirmó que la dependencia está dispuesta a participar si es invitada. “Si somos invitados ahí estaremos. Por lo general aceptamos las invitaciones de todas las fracciones parlamentarias, cuando están discutiendo un tema de impacto en la educación”, aseguró, aunque hasta el momento, no confirmó si la invitación ya llegó formalmente, pero aclaró que, de ser así, él o un representante de la Secretaría acudirán al encuentro.
Flores Miramontes hizo un llamado a los tres pilares del sistema educativo —padres, docentes y alumnos— a crear entornos digitales seguros y responsables. “Invitaría a los tres grandes grupos que conforman un sistema educativo a tomar acciones para tener entornos digitales seguros”, expresó.
Dirigiéndose a los padres, sugirió acercarse a plataformas formativas como Crea Familia o cursos sobre ciberseguridad y ciberbullying. A los maestros, los exhortó a continuar capacitándose en cultura y transformación digital. Y a los estudiantes, les recomendó mantenerse cerca de adultos que los acompañen en su uso de la tecnología.
“Hay estadísticas que dicen que desde que apareció Instagram, el nivel de agobio y de cuestiones tan graves como el suicidio, se incrementó drásticamente, en el caso de las mujeres más que de los hombres. Pero después le pasa también factura a los varones”, alertó.
El secretario concluyó que no existe un conflicto con las fracciones parlamentarias, sino una colaboración en curso. “Esas controversias que se hacen, no son tales. Me parece que sí, diálogo, que sí debe de discutirse, que podemos no estar de acuerdo, pero creo que tenemos que reconocer que de fondo todos queremos lo mismo: niños y niñas seguras, niños y niñas bien formados”, dijo.
ENTREVISTAS
Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.
Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.
La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
“Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.
“Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.
La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.
La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.
El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores de El Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.
La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.
La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.
El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.
El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.
La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.
La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.
¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?
CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y sugirieron drenajes semi-profundos y profundos.
El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.
¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).
Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.
¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?
La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.
La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).
Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.
La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.
¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el Macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?
La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el Macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quitan votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.
Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.
El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.
¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?
El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.
El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.
¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.
El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.
PUNTOS FUNDAMENTALES: SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
- Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
- Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
- Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
- Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
- Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
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