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ENTREVISTAS

Investigador Francisco Jiménez Reynoso: Propone aplazar la Refundación para atender doble crisis humanitaria

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Por Mario Ávila //

Hacer un receso formal al trámite de la creación del Constituyente y por lo tanto al proceso de la Refundación de Jalisco, para atender con toda la seriedad que se necesita y con toda la fuerza del Estado, a la solución de la doble crisis humanitaria por la que se atraviesa, la crisis sanitaria a causa del dengue y los elevados índices de violencia junto con la crisis de seguridad y de impartición de justicia, planteó académico de la UdeG.

La propuesta fue hecha por el investigador del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del Centro de Investigación, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, Francisco Javier Jiménez Reynoso, quien aseguró que “no hay condiciones para intentar distraer a la ciudadanía de los verdaderos problemas que nos aquejan en este momento, la alerta sanitaria a causa del dengue y los imparables índices de violencia”.

Explicó que este receso al proceso de la Refundación debe hacerse en virtud de que “estamos sumidos en una crisis humanitaria en Jalisco que tiene que ver con dos cuestiones muy importantes, por un lado la epidemia del dengue ya confirmada así y que ataca a la población en el estado de Jalisco, y el otro gran enemigo que se tiene es la inseguridad, la violencia sistemática que se ha venido disparado en nuestro estado”.

En el tema del dengue, con 5 mil 704 nuevos casos confirmados hasta la semana pasada (semana 40 del año), Jalisco alcanza el primer lugar nacional ya que además suma 39 mil 226 casos probables, que nos colocan como la entidad líder en incidencia, con una tasa de 305.82 por cada 100 mil habitantes, muy por encima de Veracruz, que aunque tiene 6 mil 666 casos confirmados, su tasa de incidencia es de solo 228.73 casos por cada 100 mil habitantes.

En tanto que en el tema de seguridad, las dos cifras que alarman con los 8 mil 173 casos de desaparecidos desde 1965 a la fecha y los 4 mil 104 desapariciones forzadas que se han registrado del 6 de diciembre del 2018 a la fecha, es decir durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.

 

Algunos pensamos -dijo-, que más allá de una realidad jurídica, el tema de una nueva Constitución es un distractor más bien mediático, para evadir la responsabilidad que tiene la autoridad. No hay condiciones por el tema que mediáticamente y de forma equivocada han llamado algunos protagonistas de la política en Jalisco, como crear una nueva Constitución, algunos creemos que es un error, ni siquiera técnicamente estaríamos hablando de condiciones jurídicas para crear una nueva Constitución que tenga que ver con el tema de la Refundación”.

«En primer lugar -explicó-, no han cumplido la Constitución que tenemos y la siguiente pregunta es ¿cumplirán la que quieren crear? No es una cuestión de leyes o de constituciones, sino de personas, de actores, de protagonistas gubernamentales y políticos».

«Creo que la violencia y la inseguridad en la que estamos inmersos, ahora sí que como dirían algunos, “nosotros tenemos otros datos” muy distintos a las cuentas alegres que se hacen desde el Gobierno del Estado. Para empezar, no es una nueva Constitución en estricto sentido, basta leer a los tratadistas de derecho constitucional para darnos cuenta de que los que deben de pedir, exigir y crear una nueva Constitución, es el pueblo y de ahí debe de emanar la idea de crear una nueva Constitución, no de un poder, mucho menos del Ejecutivo”.

De los poderes constituidos -abundó-, no debe emanar la iniciativa de crear una nueva Constitución, porque aquí parece que de manera fácil y simplona se dice vamos hacer otra Constitución y sin dejar de ganar dinero y sin separarnos del cargo; los poderes constituyentes la única misión que tienen al momento de su integración es hacer una nueva constitución, su desintegración una vez terminada su misión, es inmediata para ya dejar trabajar a los poderes constituidos. Lo que tenemos aquí es que sólo se está integrando una comisión redactora, nada más, no un Congreso Constituyente, están tratando de disfrazar una cosa que no tiene el alcance de lo que es.

Detalló el académico, experto en Derecho Constitucional: “A mí me preguntaron hace poco, que cuánto cuesta una Constitución y mi respuesta ha sido que las que hemos tenido en México han costado mucha sangre, ese ha sido el precio que se ha pagado; y lo que se plantea ahora es algo más bien para distraer la atención de los verdaderos problemas que estamos viviendo en Jalisco”.

Nosotros tenemos documentado en el Observatorio de Seguridad y Justicia del CUCSH, más violencia de lo que ofrece como índices estadísticos la autoridad estatal. Violaciones, asaltos, homicidios y desapariciones, son los problemas que nos agobian y en donde tenemos números muy por arriba de la cifra que se maneja oficialmente”.

MÁS DE 4 MIL DESAPARECIDOS DURANTE EL GOBIERNO DE ALFARO

Una cifra de 4 mil 104 desapariciones forzadas en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, es decir del 6 de diciembre del 2018 al mes de octubre del 2019, según datos del Observatorio de la UdeG, es un ejemplo a juicio de Jiménez Reynoso de la gravedad de la situación que debe ser atendida de inmediato, antes de seguir con su proceso de Refundación del Estado.

Son 8 mil 173 personas desaparecidas en Jalisco desde 1965 hasta septiembre del 2019, según las cifras oficiales dadas por el propio gobernador de Jalisco el lunes 7 de octubre en presencia de familiares de desaparecidos, en el Instituto Cabañas, en el marco de la presentación de la Estrategia Integral para la Atención de Víctimas de Desaparición.

Y ahí hay un motivo que nos alarma, que la autoridad no considera además de las denuncias, la llamada ‘cifra negra’, no toman en cuenta que cada vez son menos las personas que no denuncian por la falta de credibilidad en las autoridades, hay menos denuncias y ahí está el engaño, hay una verdad estadística y hay otra verdad real de lo que está sucediendo en nuestras calles en materia de seguridad”.

Por supuestos las cifras no cuadran y hay un abismo entre el delito denunciado y el delito cometido, son dos cosas muy distintas y me atrevo a decirte que más del 90% de los delitos que se cometen en el estado de Jalisco, no son denunciados por la falta de confianza, eficiencia y credibilidad que tienen las autoridades”.

Están reacios por ejemplo, a admitir la necesidad de la alerta epidemiológica y reconocer la crisis de la violencia, por matices económicos, por ejemplo, se dice que vienen un periodo de gran derrama económica, especialmente en materia turística y en especial hacia la ZMG y Puerto Vallarta y se cree que si se llegara a lanzar esta alerta, bajaría considerablemente la derrama económica que se espera recibir en los tres meses que le restan al año, por ello optan por seguir poniendo en riesgo a la población, pese a los 13 muertos y los más de 5 mil casos confirmados”.

Intentan tapar una realidad y reconocer que estamos en una crisis humanitaria en ambas vertientes, la de salud directamente por el dengue y la de seguridad con más de 8 mil desaparecidos y con el hallazgo sistemático de cementerios encontrados en casas particulares. Es decir, cementerios clandestinos, fosas clandestinas, fosas acuáticas en canales y presas, pozos como el de La Primavera el más grande descubierto en América Latina en su género y de plano ya a la intemperie, con restos humanos en bolsas tiradas en Tala, en Ojuelos, en Lagos de Moreno, donde ya no se entretienen en hacer un hoyo, sino que pareciera que se tiene la intención que todo mundo se dé cuenta del grado de violencia y el grado de impunidad que existe en Jalisco”, planteó el investigador de la UdeG, Francisco Javier Jiménez Reynoso.

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Fabiola Moreno Pérez: Ofrece justicia penal con sensibilidad y experiencia

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

Con “24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones”, Fabiola Moreno Pérez es una figura destacada del Poder Judicial de la Federación. Desde su rol como magistrada en un Tribunal Colegiado Penal en Jalisco, donde ha servido durante cuatro años tras una década como juez de distrito, Moreno ha resuelto casos complejos como feminicidios y desaparición forzada, siempre con un enfoque humano.

“Contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas” es para la maestra Fabiola Moreno, uno de sus mayores legados, reflejando su compromiso con una justicia abierta y efectiva, quien aspira a ser electa magistrada en materia penal en las elecciones para la renovación del Poder Judicial Federal el próximo 1 de junio.

Moreno, inspirada desde niña por “las injusticias” que observó en su pueblo en Chihuahua, ve en este proceso una oportunidad para acercar el Poder Judicial a la gente. Sin embargo, advierte que “el mayor desafío es informar a la ciudadanía sobre su rol”, enfrentando el desconocimiento y críticas que “carecen de análisis profundo”.

Moreno aboga por una justicia que vaya más allá de la legalidad, “colocando a la persona en el centro”. Desde la protección de niñas vulnerables hasta la incorporación de la perspectiva de género, su labor demuestra que la equidad y la imparcialidad son pilares irrenunciables.

LAS INJUSTICIAS LA MOTIVARON A ESTUDIAR DERECHO

P: ¿Qué la motivó a dedicarse a la carrera judicial?

Crecí en un pueblo de Chihuahua, donde las injusticias me motivaron a estudiar derecho, inspirada por mi hermano, magistrado estatal. La materia de amparo, que protege derechos humanos, me apasionó, y un maestro con visión humana reforzó mi vocación de servir a la justicia.

P: ¿Cuáles son las principales responsabilidades de un Tribunal Colegiado de Distrito y por qué es crucial su labor?
Los Tribunales Colegiados de Distrito revisan apelaciones y amparos como última instancia, resolviendo casos penales para determinar penas o revisar sentencias. Analizamos errores procesales, garantizando constitucionalidad y derechos humanos, actuando como contrapeso al poder público.

P: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el Poder Judicial en el contexto actual de reformas judiciales y presión social?
El mayor desafío del Poder Judicial es informar a la ciudadanía sobre su rol, especialmente con la reforma que introduce la elección de jueces. El desconocimiento, las restricciones de comunicación y las críticas poco fundamentadas complican la tarea. Urge garantizar votos informados por perfiles éticos.

P: ¿Comparte las críticas al Poder Judicial y qué tan necesaria considera esta reforma?
No comparto todas las críticas al Poder Judicial, ya que carecen de análisis profundo. La reforma actual es limitada, pues ignora problemas estructurales como las deficiencias en ministerios públicos, defensorías y comisiones de víctimas, esenciales para una justicia efectiva.

P: Cuando enfrenta casos con alta carga política o social, ¿qué principios guían sus decisiones para garantizar la imparcialidad?
La imparcialidad es el principio rector en todos los casos, independientemente de su magnitud. Los magistrados contamos con causas de impedimento que nos permiten excusarnos si percibimos que la presión social o cualquier factor podría comprometer nuestra neutralidad.

P: ¿Cómo incorpora la perspectiva de género en sus resoluciones y qué avances o retos observa en este enfoque?
La perspectiva de género es esencial en la justicia, aplicándose a víctimas, imputados y casos con desequilibrios de poder. Requiere pruebas de oficio, análisis sin prejuicios y lenguaje no estigmatizante. Pese a avances en capacitación, persisten resistencias culturales y falta de sensibilización.

P: ¿Qué medidas son esenciales para fortalecer la autonomía de los jueces y magistrados?
La autonomía judicial requiere selecciones transparentes y meritocráticas, sin influencias políticas. Pese al componente político de la elección popular, los candidatos deben ser éticos y experimentados para actuar independientemente, sin presiones, y mantener la confianza en el sistema.

P: ¿Cómo ha transformado la tecnología, como los juicios en línea o el expediente electrónico, el trabajo de los tribunales colegiados?
La digitalización, como el expediente electrónico, agiliza procesos judiciales, ahorra recursos y facilita la justicia con mayor acceso a internet. Aunque los servidores limitados son un riesgo, las oportunidades son mayores. La inteligencia artificial puede apoyar tareas administrativas, pero nunca reemplazar el análisis humano.

P: ¿Qué habilidades considera fundamentales para los magistrados en el siglo XXI y cómo se mantiene actualizada?

Los magistrados necesitan conocimientos jurídicos, sensibilidad humana y adaptabilidad. La capacitación continua es clave, con cursos del Poder Judicial, pero las altas cargas de trabajo limitan su uso. Me mantengo actualizada en avances legales y tecnológicos para enfrentar retos.

P: ¿Podría compartir una experiencia que haya marcado su carrera como magistrada?
Un caso impactante involucró a dos niñas sustraídas y violentadas por su abuela, quien las privaba de educación por motivos económicos. Mediante un amparo, ordenamos su protección inmediata, reafirmando la necesidad de actuar rápido y con sensibilidad por los vulnerables.

P: ¿Cuál es la diferencia entre justicia y legalidad?

La legalidad implica aplicar la ley y la jurisprudencia, mientras que la justicia va más allá, colocando a la persona en el centro. Justicia significa considerar el contexto, las particularidades de cada caso y las condiciones de vida que llevaron a una persona a determinada situación. La ley no puede prever todos los escenarios, por lo que un magistrado debe resolver con equidad, buscando lo más justo para cada individuo en su realidad específica.

P: ¿Por qué deberían los ciudadanos votar por usted en la elección del 1 de junio?

Mi trayectoria de 24 años en el Poder Judicial, mi experiencia resolviendo casos complejos y mi compromiso con una justicia humana y accesible me respaldan. Tengo la sensibilidad y la vocación para impartir justicia con puertas abiertas, priorizando a las víctimas y colocando a las personas en el centro del sistema. Mi objetivo es garantizar resoluciones éticas y equitativas que fortalezcan la confianza en el Poder Judicial.

¿QUIÉN ES FABIOLA MORENO?

“Llevo 24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones, desde secretaria de estudio y cuenta hasta magistrada. Durante 12 años he sido juzgadora en Jalisco, primero como juez de distrito en materias penal, civil, administrativa y laboral, y desde hace cuatro años como magistrada en un tribunal colegiado penal.

He resuelto casos de gran relevancia, como delitos de delincuencia organizada, feminicidios, desaparición forzada, abuso infantil y violencia familiar, que son asuntos complejos y emocionalmente demandantes. Sin embargo, uno de los aportes más significativos ha sido contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas, promoviendo mayor apertura y asesoría jurídica efectiva.

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Dulce Arias Garay: Candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Laboral

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

En el corazón de la justicia laboral en Jalisco, Dulce Concepción Arias Garay, juez y candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Laboral, representa una combinación de vocación, disciplina y empatía.

Con una trayectoria de más de dos décadas, esta madre de dos hijas, esposa y apasionada del ejercicio, se levanta cada día a las 5:40 de la mañana para servir a la ciudadanía. En entrevista con Conciencia Pública, Dulce Arias comparte su camino, su filosofía judicial y su compromiso con una justicia pronta, transparente y cercana, invitando a los jaliscienses a votar por ella el 1 de junio de 2025.

Dulce Arias expresa que busca transformar el Poder Judicial Federal desde la cercanía y la honestidad. “Mi compromiso con la honestidad y la cercanía. En mi juzgado, escucho a los usuarios, porque un conflicto laboral no es solo dinero: es el sustento y la dignidad de una familia. Quiero llevar esa convicción al nivel de magistrada, resolviendo casos con transparencia y diálogo para fortalecer la justicia federal”.

Se le pregunta sobre los desafíos que enfrenta la justicia laboral en Jalisco y acepta que existe la percepción de que los jueces son distantes y que representa un gran obstáculo. “Estamos para servir, no para intimidar. Mi propuesta es garantizar una justicia pronta, porque el retraso es una forma de injusticia con disciplina y empatía, buscaré resoluciones rápidas que beneficien a trabajadores y empleadores”.
En seguida añade: “La reforma de 2019 nos exige adaptarnos a las necesidades de la gente. La elección por voto popular, como la del 1 de junio, acerca a los jueces a la ciudadanía. Mi filosofía combina accesibilidad, conciliación y rigor legal, asegurando sentencias claras que cualquier persona entienda”.

LA CONCILIACIÓN, SU PREMISA

P: ¿Qué experiencia tienes en conflictos laborales?
Soy una convencida de la conciliación. “Hablando se entiende la gente”, digo siempre. En mi juzgado, el 70% de los casos se resuelve por acuerdos, evitando el desgaste de un juicio. Cuando no hay arreglo, aplico la ley con imparcialidad, basándome en pruebas sólidas para emitir fallos justos.

P: ¿Cómo evalúas el Centro de Conciliación Laboral de Jalisco?
El Centro, creado en 2022, ha sido clave, con conciliadores bien capacitados y una comunicación fluida con los juzgados. Pese a debates sobre su renovación, valoro su capital humano. La conciliación prejudicial es esencial, y seguiré fortaleciendo esta relación para resolver conflictos, incluso los más complejos.

P: ¿Cómo aplicas la Ley Federal del Trabajo tras la reforma?
Priorizo la conciliación, un derecho constitucional. Si no se logra en el Centro, dialogo directamente con las partes en audiencias, buscando acuerdos amigables. En juicios, sigo el procedimiento con equidad, resolviendo conflictos que a menudo surgen por malentendidos, siempre con la ley como guía.

P: ¿Qué porcentaje de casos resuelves por conciliación?
Cerca del 70%. Los casos restantes llegan a juicio, a veces por abogados que prefieren litigar. Trabajo para cambiar esa mentalidad, mostrando que un acuerdo beneficia más que un fallo donde alguien pierde.

P: ¿Qué principios éticos guías tu trabajo?
La verdad es mi fundamento: “La verdad es simple y sin artificios”. Actúo con honestidad, disciplina y transparencia. Como magistrada, mantendré un tribunal libre de presiones, como he hecho siempre, sin ceder ante influencias ni amenazas.

P: ¿Cómo funciona el nuevo sistema de justicia laboral en Jalisco?
El Poder Judicial ha implementado la reforma de 2019 con éxito, con 24 jueces en la primera región y salas orales bien equipadas. Los procesos, que antes tomaban años, ahora se resuelven en seis meses. Mi juzgado no tiene rezago, salvo demoras por exhortos interestatales, un área a mejorar.

P: ¿Cuántos casos manejas anualmente?
Más de mil, con picos tras vacaciones. Actualmente, manejo cinco o seis audiencias diarias, frente a las 12 iniciales, lo que me permite ser puntual en acuerdos y sentencias, por compromiso personal.

P: ¿Cómo ejecutas un convenio incumplido del Centro de Conciliación?
La parte afectada solicita la ejecución en el juzgado. Emitimos un requerimiento de pago o embargo, usando nuestras facultades para asegurar el cumplimiento del convenio o sentencia.

P: ¿Qué áreas de la reforma necesitan fortalecerse?
La comunicación entre tribunales de distintos estados. Los exhortos retrasan procesos. Propongo un sistema digital para conectar directamente con tribunales de otras ciudades, agilizando la justicia.

P: ¿Cómo fomentarás la colaboración en el tribunal?
Promoveré la paridad de género y respeto, trabajando con hombres y mujeres por igual. El diálogo será clave para analizar casos y buscar soluciones que prioricen a los justiciables, manteniendo comunicación abierta con las partes.

P: ¿Cómo comunicas resoluciones a no expertos?
Mis sentencias usan un lenguaje cotidiano, sin tecnicismos ni latinismos, para que trabajadores y empleadores entiendan el porqué de cada fallo. La justicia debe ser clara y accesible para todos.

P: ¿Cómo resuelves desacuerdos con colegas?
Con diálogo. Tuve diferencias con un colega, pero analizando leyes y tratados, llegamos a acuerdos que benefician al trabajador. Ese respeto nos hizo amigos, mostrando que el diálogo construye.

P: ¿Qué problemáticas laborales priorizarás en Jalisco?
La perspectiva de género es vital para combatir la discriminación contra mujeres y minorías, que enfrentan barreras para acceder a la justicia. Usaré tratados internacionales para proteger a grupos vulnerables.

P: ¿Cómo garantizas acceso a trabajadores sin representación?
Si veo una defensa débil, asigno a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para representarlos, asegurando que los más vulnerables tengan una defensa justa.

P: ¿Cómo analizas un despido injustificado bajo el artículo 47?
Verifico si el empleador entregó el aviso de rescisión y acreditó la causa. Si falta alguno, el despido es injustificado. Mi fallo se basa en pruebas y la Ley Federal del Trabajo.

P: ¿Cómo balanceas transparencia y privacidad?
Protegemos datos personales, publicando sentencias sin identificar a las partes. Solo los autorizados acceden al expediente, garantizando confidencialidad y transparencia.

P: ¿Qué legado esperas dejar?
Quiero mostrar que la justicia puede ser honesta, cercana y eficiente. Que los magistrados sean vistos como personas accesibles, con puertas abiertas, trabajando con convicción para resolver conflictos.

P: ¿Por qué votar por ti?
Ofrezco honestidad, disciplina y un compromiso real. La justicia laboral requiere estudio y corazón. Quiero que los jaliscienses se sientan escuchados. Los invito a votar el 1 de junio, Distrito 1, boleta rosa, número 03, por una justicia transparente.

¿QUIÉN ES DULCE CONCEPCIÓN ARIAS GARAY?

Soy una persona de familia, trabajadora y comprometida con servir. Como juez, disfruto resolver conflictos laborales con justicia y humanidad”.

“Comencé como meritoria en un despacho laboral, aprendiendo desde cero. Luego, en la Secretaría del Trabajo, fui proyectista, presidente auxiliar, secretario de junta, coordinadora y presidente especial. La reforma laboral de 2019 me abrió las puertas del Poder Judicial Federal como juez. Ha sido un camino de esfuerzo, con dos maestrías, un doctorado en curso y una pasión por estudiar que me mantiene actualizada.

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Nadia Licón, candidata a magistrada en materia administrativa: «Todos podemos transformar la justicia con nuestro voto»

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Por Francisco Junco //

El 1 de junio de 2025 marcará un antes y un después en la justicia mexicana. Por primera vez, los ciudadanos decidirán quiénes impartirán justicia en los tribunales federales, un hito que Nadia Licón, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Jalisco, ve como una oportunidad histórica.

“Todos podemos contribuir a la transformación del Poder Judicial con nuestro voto”, afirmó a Conciencia Pública con una mezcla de convicción y calidez. Con 27 años de servicio en el Poder Judicial Federal, Licón no solo busca un cargo, sino acercar la justicia a la gente, haciéndola transparente, ética y humana.

UNA VIDA DEDICADA A LA JUSTICIA

Nadia Cecilia Lupita Licón González, conocida como Nadia Licón, comenzó su carrera judicial a los 19 años como meritoria en el Tercer Tribunal Unitario. “Sin salario, solo con la sed de aprender, me enamoré de la función jurisdiccional”, recuerda.

Nacida el 12 de julio, Día Nacional del Abogado, bromea: “Soy abogada de nacimiento, pero lo elegí por vocación”. Criada en una familia de maestros, su hogar estaba lleno de libros jurídicos que encendieron su pasión por la justicia. Tras un breve paso por el litigio durante la universidad, ingresó al Poder Judicial Federal en 1997 y nunca se fue.

Hoy, como secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, aspira a ser magistrada en el mismo órgano. “Los magistrados revisamos sentencias de jueces de distrito en juicios de amparo, en áreas como salud, educación o medio ambiente”, explica.

La materia administrativa, señala, exige aprendizaje constante por su impacto directo en la vida cotidiana. “Las leyes cambian de un día a otro. Debemos estar preparados para que la justicia realmente sirva a las personas”.

UNA ELECCIÓN HISTÓRICA Y DESAFIANTE

La elección de jueces por voto popular, establecida por la reforma constitucional de 2024, ha generado controversia. Licón reconoce su politización: “Pasar de concursos internos a voto público lo cambia todo, pero me ha abierto puertas”. Como servidora pública, enfrenta restricciones: no puede hacer campaña de 9 a 15 horas, no recibe fondos públicos ni privados, y depende de recursos propios y redes sociales. “En Facebook e Instagram comparto mis recorridos calle por calle. La gente me sigue, comparte mis historias, y eso me emociona”, dice.

La campaña no ha sido sencilla. “Al principio, no sabía cómo presentarme. Muchos desconocían que habría una elección judicial”, admite. Sin embargo, tras semanas de esfuerzo, nota un cambio: “Ahora la gente sabe, incluso me dice por quién votará”.

Las limitaciones de tiempo y presupuesto no la detienen; al contrario, la han acercado a la ciudadanía, revelándole cuánto desconocen sobre el Poder Judicial. “Estar detrás de un escritorio nos ha aislado. Esta campaña me abrió los ojos: la justicia debe ser accesible”, reflexiona.

UNA JUSTICIA CERCANA Y TRANSPARENTE

Licón propone usar las redes sociales para difundir resoluciones en lenguaje claro, sin tecnicismos. “Que la gente entienda cómo resolvemos, que el Poder Judicial no sea algo lejano”, insiste.

Su compromiso es claro: independencia, ética y cero tolerancia a la corrupción y el nepotismo. “Actuaré con la transparencia y autonomía que he practicado en 27 años. Aunque soy secretaria, no estoy exenta de presiones, pero mi brújula es la Constitución y los derechos humanos”, asegura.

Cita la reforma constitucional de 2011, que prioriza el mayor beneficio para las personas, especialmente grupos vulnerables. “Si un tratado internacional protege más que la Constitución, lo aplicamos. Los derechos humanos son la guía”, explica. Su visión se basa en criterios de la Suprema Corte que exigen sensibilidad y perspectiva de género en las sentencias.

UN CASO QUE MARCÓ SU CARRERA

Uno de los momentos definitorios de su trayectoria ocurrió en un tribunal colegiado auxiliar, donde analizó un amparo penal. Un hombre, condenado por abuso deshonesto contra su hijastra de cinco años, buscaba reducir su pena. El caso era desgarrador: la niña, ignorada por su madre y las autoridades, seguía viviendo con el agresor durante el proceso. “Nadie la escuchó. Su dolor era invisible”, recuerda Licón.

Como secretaria proyectista, Licón propuso priorizar el interés superior de la menor. El tribunal negó el amparo y ordenó una reparación integral: atención psicológica, medidas de protección y seguimiento institucional.

La sentencia, emitida en 2013, incorporó tratados internacionales y perspectiva de género, ganando un premio nacional de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. “Era crucial que esa niña sintiera que el Estado la protegía. Eso es justicia”, afirma Licón. Este caso refleja su enfoque: mirar más allá del expediente, reparar el daño y dar voz a los vulnerables.

UN VOTO POR LA TRANSFORMACIÓN

El 1 de junio, los ciudadanos recibirán seis boletas electorales, una por cada cargo judicial en disputa. La boleta rosa, para tribunales colegiados en materia administrativa, incluirá 28 candidatos, con Licón entre las mujeres aspirantes. “El votante puede escribir mi número, subrayar mi nombre o escribirlo completo. Lo importante es la intención”, explica, destacando la flexibilidad del proceso para facilitar la participación.

Licón insiste en no desanimarse por la complejidad. “Hay tutoriales y simuladores. Lo esencial es votar. No dejen pasar esta oportunidad histórica”, urge. Su campaña, financiada con recursos propios, ha sido una lección de cercanía. “Me ha mostrado lo que la gente quiere: un Poder Judicial transparente, eficiente y humano”, dice.

Apartidista, su compromiso es con la ciudadanía, no con partidos. “Mi lealtad es con quienes me han abierto sus puertas y votarán”, asegura.

 

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