ENTREVISTAS
Jalisco perdería 89 mmdp de aportaciones federales: Javier Hurtado ve inútil y sin sentido idea de Alfaro de un SAT estatal
Por Mario Ávila //
Dentro del derrotero marcado por el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez en su lucha contra el gobierno federal, una vez que se quedó solo en su intento de conformar un bloque antifederalista en el país, marginándose de la Conago, el mandatario contempla un largo camino en el que destaca que el 2022 será el último año de vigencia para Jalisco del Convenio de Coordinación Fiscal y la creación de un SAT estatal, lo que el abogado constitucionalista, Javier Hurtado considera como inútil y “sin sentido”.
Tras el fracaso de la Consulta Popular en la que consiguió el apoyo de menos de una sexta parte de los votos que se necesitaban para hacer vinculante el tema, para saber si sus ciudadanos quieren o no que se revisen los términos de la coordinación o pacto fiscal, que es la manera en que la federación distribuye el ingreso de los impuestos a las entidades, el mandatario jalisciense marcó un nuevo camino que consiste en una estrategia de ocho pasos:
Paso 1.- Aprobar una reforma constitucional en el estado orientada a que cada 6 años pueda ser revisado el pacto fiscal con el Gobierno de México; Paso 2.- Iniciará la conformación de un Sistema de Administración Tributaria para Jalisco; Paso 3.- Iniciará una campaña para que las empresas que producen en Jalisco puedan actualizar su domicilio fiscal en la entidad; Paso 4.- Solicitará una reunión con el presidente para explicar los resultados de la consulta pública y solicitar la instalación inmediata de una mesa de trabajo para la revisión del pacto fiscal entre la federación y el estado de Jalisco; Paso 5.- Se elaborará un dictamen técnico sobre el convenio de coordinación fiscal para presentar al Congreso estatal, donde se definan los nuevos términos propuestos por Jalisco a la federación para dicho convenio; Paso 6.- Definición de la postura formal de Jalisco en relación al convenio de coordinación fiscal vigente, así como la notificación al Gobierno de México que el 2022 será el último año de vigencia del convenio vigente; Paso 7.- Se establecerá comunicación con gobernadores de todo el país para aclarar que no se pretende afectar las finanzas de ningún estado y Paso 8.- Se instalará un equipo jurídico y técnico por parte del Gobierno de Jalisco para dar seguimiento a los puntos planteados.
Por tratarse de un tema en el que se requiere un grado importante de conocimiento y hasta de especialización para comprenderlo en su justa dimensión y no quedarnos solo con el discurso político, recurrimos a los conocimientos del doctor Javier Hurtado, ex presidente del Colegio de Jalisco, abogado, politólogo y experto en materia constitucional, con quien más que una entrevista, escuchamos un análisis serio, fundamentado y crítico sobre el proyecto político en el que Enrique Alfaro ha pretendido hablar a nombre de todos los jaliscienses. Así de claros son los conceptos del Dr. Javier Hurtado:
DE LAS ALCABALAS A LA TRIBUTACIÓN
Los impuestos directos históricamente correspondían a las entidades federativas, pero esta situación trajo como consecuencia la existencia de las famosas alcabalas en el siglo XIX, es decir que cada estado establecía su propio sistema impositivo y entonces por ejemplo algunas mercancías, por así decir que vinieran de los Estados Unidos por mula o por tren, si por ejemplo venían a Jalisco tenían que pasar por varios estados y en cada estado les cobraban por ese derecho de tránsito y no solo eso, sino que las tarifas eran diferentes.
Esa situación generó mucha inconformidad y también se constituyó en un elemento que inhibía el desarrollo, no generaba confianza ni para el comercio ni para la inversión; ante esa circunstancia ya dese finales del siglo XIX y en la época de Porfirio Díaz se empezó a analizar la situación de terminar con las alcabalas, que eran una especie de maldición y eso se recupera en el siglo XX en el Constituyente del 1917.
Por ejemplo, en el convenio de coordinación fiscal de 1953 algunas de esas cuestiones se superaron, digamos varios estados dejaron de cobrar algunos impuestos que antes cobraban, como el impuesto a ingresos mercantiles que era del 4% que lo cobraban los estados y que después se transforma en IVA, y del que tenemos fresca la memoria de aquella famosa “roqueseñal” en la presidencia de Ernesto Zedillo, cuando aprueban aumentarlo del 10 al 15% y esa fue la manera de festejarlo.
«Efectivamente, el gobernador puede decir que los estados tienen facultades recaudatorias, es cierto, por supuesto que no se le niega, el problema es que en primer lugar esas facultades recaudatorias el estado las cedió y si el gobernador dice ahora que quiere recuperar esas facultades, el problema es que ya no se puede, ese es el problema».
En efecto, las facultades recaudatorias corresponden originalmente a los estados, salvo en cuestiones muy generales, como por ejemplo importaciones y exportaciones, impuestos indirectos, esencialmente el IVA que es el principal impuesto que se considera debe ser de carácter general, los demás impuestos por lo general deben pagarse en el lugar donde se genera la actividad, o donde se produce esa actividad o ese consumo.
Sin embargo, resulta que las entidades federativas cedieron de nueva cuenta en el año de 1980 esas facultades, y quizá sea esa la idea que tiene el gobernador, pero lo están aconsejando mal, al decir simplemente me salgo y al salir recupero mis facultades, lo que de ninguna manera es así, porque resulta que como tú cediste ya esas facultades, aunque estaba previsto en la ley que puedes salirte del convenio de coordinación fiscal, resulta que la Federación con la finalidad de homologar tasas impositivas y recaudar más, porque había estados que recaudaban más y otros que recaudaban menos, porque también hay que decirlo, a los estados les gusta pedir, pero no les gusta cobrar, ese es otro problema.
En ese escenario, la Federación contempló en la Constitución ciertos impuestos que sean exclusivos y entre otros los que están consignados en la fracción décima y la fracción 29 del 73 constitucional. En la décima, con reformas en los años 42, 47, 75, 82, 93 y 2007 se da facultades a la federación para cobrar impuestos sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, así como energía eléctrica y nuclear. Estas son todas las actividades en los estados tiene prohibido legislar y en consecuencia gravar.
Y por su fuera poco, ahí está la fracción 29 que dice: Para establecer contribuciones sobre comercio exterior, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación, especiales (ahí están los famosos IEPS), energía eléctrica, producción y consumo de tabacos, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, producción y consumo de cerveza y la explotación forestal.
Ese mismo artículo, establece lo siguiente: “Las entidades federativas participarán en el rendimiento de esas contribuciones especiales en la proporción que la ley federal secundaria determine”, es la Ley de Coordinación Fiscal y con ello la federación les dice a los estados que esas actividades son suyas y que lo que se produzca y se grave es de ella, aunque las entidades habrán de participar en el rendimiento de esas contribuciones, pero en la proporción que la ley determine. Estos son impuestos que le corresponden por determinación constitucional a la Federación y para que el Estado pretenda gravar esas actividades, se necesita reformar la Constitución General de la República.
EL CASO DEL IVA Y EL ISR
Sobre el IVA y el ISR, desde 1917 el constituyente de Querétaro estableció en la fracción séptima de 73 constitucional, algo que si me sé de memoria: “El Congreso de la Unión tendrá facultades para imponerlas contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto”. Y en qué consiste eso, es lo que no se ha dado cuenta el gobernador y sus asesores no le informan, el truco no está ni tanto en los otros impuestos que sí son un ingreso importante, sino en el IVA y el ISR que son los ingresos fundamentales de la Federación. Yo recuerdo que deben de ser de los 7 billones que tiene el gobierno federal para este año, estos dos impuestos comprenden casi las dos terceras partes del total del presupuesto se obtienen por esta vía.
Ahora el truco estaría no en reformar la Ley del IVA o la Ley del ISR, porque ahí está lo que tienes que pagar, las multas por no hacerlo y donde se faculta al SAT para cobrártelo, no, el truco está en dos cosas muy importantes, en primer lugar en el Plan Nacional de Desarrollo Gobierno y en segundo lugar en el Presupuesto de Egresos. Mientras el plan y el presupuesto se sigan haciendo como se hacen hasta ahora, no hay ninguna posibilidad de que las entidades federativas recuperen la facultad recaudatoria en materia de IVA y de ISR.
Cuando un candidato realiza su campaña ofrece una plataforma política o un plan de gobierno, luego después cuando es electo, supuestamente convoca a la población a la elaboración de un plan nacional de desarrollo que después presenta a la Cámara de Diputados para que se lo aprueba.
Y ahí está el truco, yo como presidente voy a decir que luego de una campaña muy extenuante por todo el país, que propuse que yo iba a construir una presa en cada estado o en los 500 municipio más grandes del país, por decir algo, construiré una presa y hasta el río si es necesario, y resulta que la población me dijo que sí, gano las elecciones y me lo llevo al plan nacional de desarrollo y lo meto ahí por mandato de la gente en campaña me comprometí a construir una presa en cada uno de los 500 municipios más importantes y con todo y río, si no tenían río, también me comprometía hacerles el río. Bueno, el Congreso aprueba el Plan Nacional de Desarrollo y con base en eso en el Presupuesto de Egresos de la Federación puedo plasmar las necesidades económicas para cumplir con mis compromisos y con ello se obligan a quedar en las partidas presupuestales, aprovechando la fracción séptima que me dice que yo puedo imponer todas las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, al haber metido las presas y los río, debo sacar dinero de algún lado, en este caso del IVA y del ISR.
«Como la Federación tiene las facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, sus ingresos más importantes son el IVA y el ISR y nunca los va a soltar, lo que tiene una justificación hasta de carácter político, gracias a eso el presidente se convierte en un benefactor y es un dador de obras, de gracias, de concesiones, de dinero, es el que hace las más importantes aportaciones a un sinfín de causas porque todo lo recauda y depende de él».
Un punto adicional, es que el problema no está en la Ley de Coordinación Fiscal, el problema está en el Presupuesto de Egresos y que los diputados de las entidades federativas, en este caso los de Jalisco que tan empeñado está su gobernador en cambiar esto, no dicen ni pio cuando aprueban el presupuesto de egresos, a sabiendas de que el truco está ahí.
El otro truco está, no solamente en las presas que el presidente se comprometió a construir con todo y sus respectivos ríos, sino también en la salud y en la educación, que son los rubros más importantes que se lleva el gasto corriente; entonces mientras la salud y la educación siga siendo un servicio prestado por la Federación, el gobierno federal debe obtener los recursos para sufragar los gastos que implican el brindar ese servicio.
El problema real es que nuestros diputados federales no piensan y lo mismo pasa con los caminos, las carreteras, los puentes y ahora sí, hasta con las presas y los ríos. Lo mismo pasa con un sinfín de actividades que están federalizadas porque están incluidas en el presupuesto y que según la fracción séptima del artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.
Entonces, mientras yo meta en el presupuesto comprar 500 millones de calzones para regalarlos, ese habrá de ser un gasto federal y los recursos para hacerlo va a salir de lo que las entidades federativas dejan de cobrar. Mientras la Federación lo meta en el presupuesto, tiene todas las atribuciones para poner en la Ley de Ingresos de dónde sacará para comprar y pagar todo lo que se necesita como toallas, calzones, vacunas y lo que se necesite.
¿QUÉ SENTIDO TIENE CREAR UN SAT EN JALISCO?
Ninguno, porque qué vas a administrar, ni siquiera la venta de chicles. A no ser inventar, crear nuevos impuestos, generar una doble tributación, o incorporar al sistema administrativo estatal a los limpiaparabrisas de los cruceros, a los informales, etcétera, pero las actividades más importantes y que ya están consideradas como federales en la Constitución, son de la Federación y la única posibilidad que tiene ahí es generar un doble pago. Yo me pregunto si los jaliscienses estarían dispuestos a pagar otro porcentaje de ISR para el Estado o bien otro IVA para la entidad.
Pero hay otra agravante, si el Estado de Jalisco se sale del Convenio de Coordinación Fiscal, dice claramente la Ley en la materia: “Dejas de percibir todas las aportaciones que por concepto de recaudación de esas actividades la federación distribuye”, y Jalisco habrá de recibir en el 2022 un total de 89 mil millones de pesos de aportaciones y participaciones federales, de los 137 mil millones de pesos presupuestados en el gasto estatal para el año en curso. La pregunta al gobernador sería, de dónde los va a sacar, si no puede cobrar IVA, ISR, impuesto sobre las gasolinas, etcétera, ya que estaría cometiendo un delito y caería sobre ti toda la fuerza federal y la fuerza de los jaliscienses que se defenderían en contra de una doble tributación, que no tiene razón de existir.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
Convención Estatal de MC: Asume Mirza Flores dirigencia estatal del partido naranja
Primer informe de labores legislativas de Claudia Salas: «La gente quiere resultados, no pleitos»
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
Juan Huerta Péres, secretario general de la FTJ/CTM Jalisco, presidió la sesión de la Comisión de Vigilancia del Infonavit
La Reserva Federal de Estados Unidos baja la tasa de interés: impacto directo en México
