ENTREVISTAS
La judicialización de la reforma es una medida extrema, «no me subo al ring»: Ricardo Suro
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
“Un Poder Judicial no debe confrontarse con los demás poderes (…) Sí hay voces que se han quejado directamente por qué no me subo al ring, yo estoy cierto que la relación, no entre el presidente y el gobernador, sino entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, es trabajar de la mano aun cuando haya diferencias”.
“Independencia del Poder Judicial implica autonomía financiera, que no tenga cada año que estar pidiendo recursos para poder trabajar y dar un servicio de calidad”.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado Ricardo Suro Estéves, así lo apunta, recalcando que la independencia implica criterio jurisdiccional, que “no tenga injerencia de nadie, ni de un presidente, ni de un consejero, ni de un magistrado, ni de un poder político económico o de una presión de amenazas”.
“La autonomía es que el Poder Judicial pueda enfocarse a su labor que es impartir justicia y que ningún factor externo pueda cargar su criterio jurisdiccional en otro sentido”.
Al mismo tiempo indica que no es partidario que la reforma judicial se vaya a controversia constitucional, aunque la decisión es colegiada, le corresponde al pleno tomar la decisión.
En entrevista con Conciencia Pública el magistrado Ricardo Suro Esteves argumenta el porqué de su rechazo a que les imponga el Ejecutivo el examen de control de confianza, como lo propone el gobernador Enrique Alfaro en su iniciativa de reforma al Poder Judicial, subrayando que se oponen porque considera que éste no es confiable como se ha demostrado a nivel municipal.
“Hay policías malos, que siguen estando en las corporaciones, hay policías buenos que tuvieron que salir porque reprobaron el examen de control”.
Pregunta sobre los estados del país cuyos poderes judiciales tienen exámenes de control de confianza y responde que únicamente lo tiene Tamaulipas, que representa una vejación el que sometan a los jueces, como lo platican ellos mismos.
Ricardo Suro explica que ese control implica examen de orina, praxis que es una invasión de poderes. “¿Qué pasa con la seguridad en Tamaulipas?, tampoco es la solución, no tenemos algún otro precedente actual, sin embargo, estamos no estamos reacios a ser evaluados”.
“Lo que sí no concibo es la manera de que el Poder Ejecutivo a través de Fiscalía revise a los jueces, pugna en el mundo fáctico con una eventual independencia del Poder Judicial, si hay un juez que no le corrige los errores a la Fiscalía podría tener una revancha, aun cuando sea un juez garantista, los jueces de Jalisco no pidieron el sistema nacional, las reglas están dadas desde la federación que hay que respetar, entonces el reclamarle a los jueces que no corrigen los errores de otros me parece que no es una ruta que abone a un poder judicial autónomo”.
SE REQUIERE REFORMA JUDICIAL
Pregunta. Está en proceso la reforma al Poder Judicial que se ha estado discutiendo, ¿cuál es tu punto de vista?
Respuesta. Hay puntos muy buenos, como en todo orden democrático e institucional no pueden existir coincidencias en los tres poderes en todos los temas. Hay tópicos de la iniciativa que obviamente no estaríamos de acuerdo, celebro que se nos haya invitado a participar en un eventual debate como lo dijo el diputado Héctor Pizano y Enrique Velázquez.
A final de cuentas creo que a Jalisco le interesa una reforma que sirva, en la que estemos de acuerdo todos, que nadie la cuestione, que nadie la impugne, ese no es el camino ideal para una buena reforma a un Poder Judicial que tenemos años pidiéndola, porque aparte de cómo eliges a los magistrados hay temas que tendrían que analizarse y reformar también la ley orgánica.
Jalisco, lo dije desde la legislatura antepasada, requiere una verdadera reforma judicial, que sea de todos para todos, creo que es un momento oportuno, al final de cuentas la sociedad está ávida de que tengamos un poder judicial eficaz, que demuestre que realmente está limpio como lo tenemos y queremos que la gente lo crea.
P. ¿Qué tan confiable puede ser un examen de control de confianza cuando el coordinador de MC, Salvador Caro, se le aplicaron y uno no aprobó y se dio la gran polémica?
R. Precisamente que no es un mecanismo confiable, es un excelente legislador, qué tiene que hacerse un control de confianza que desconozco si no lo pasó, al final de cuentas no fue descalificado por eso, tenemos que ver cómo podemos ser sujetos a calificación, a evaluación, ver nuestro desempeño, en eso nadie podría oponerse, ahí sí estaríamos encapsulándonos a volver a los años setenta.
NO SE JUDICIALIZARÁ LA REFORMA JUDICIAL
P. ¿Hay riesgo de que la reforma se judicialice si se incluyen cosas como el control de confianza?
R. Es una posición que debe asumir el pleno del Poder Judicial, no es una opinión personal, aún cuando tengo la facultad de irme a la controversia, tengo que tener el consenso de la mayoría de los integrantes. Sinceramente no creo que lleguemos a esos extremos, lo ideal sería que no, necesitamos una reforma judicial donde estemos contentos todos, ganando en medida de lo que gane la sociedad, precisamente porque si un poder revisa otro poder, no es correcto ni lógico.
Nosotros no estamos opuestos a una revisión, podemos trabajar al interior en ello, vamos a llegar a la confianza de la ciudadanía con acciones concretas, hay temas que propician y dan oportunidad de hacerlo, esto es uno de ellos, tenemos que ver cómo nos evaluamos y evaluamos a los jueces, a los funcionarios, a los consejeros, a los magistrados, al presidente del poder judicial, pero hay que verlo con bases sólidas.
P. ¿Quién debe nombrar a los magistrados? Hay quienes consideran que deben ser nombrados por el mismo poder judicial, más que por los diputados…
R. Hay que ver qué perfiles queremos que lleguen de magistrados, tenemos que exigir como sociedad, en mi posición como miembro del Poder Judicial, exigir que lleguen los mejores perfiles, analicemos cuál es la mejor ruta, si eventualmente como en algunos estados los escoge el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, sí, de acuerdo, siempre y cuando elijamos el mejor perfil, si lo elige el legislativo también estamos de acuerdo, siempre y cuando sea a través de mecanismo s para que llegue el mejor perfil, si es a través del gobernador igual, siempre y cuando se haga una elección pulcra y que llegue el mejor perfil.
NO SE SUBE AL RING
P. En este momento que el Poder Judicial está en el ojo del huracán, han dicho que no defiendes al poder de los ataques y que no ha habido una lucha fuerte contra la corrupción. ¿Qué opinas al respecto?
R. Sí hay voces que se han quejado directamente porque no me subo al ring, pero un poder judicial no debe confrontarse con los demás poderes, yo estoy cierto que la relación no entre el presidente y el gobernador, sino entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y el Legislativo, en estos momentos atraviesa por evidentes diferencias, la unidad no implica unanimidad, la unidad es que debemos tener un fin común, si no se trabaja en Jalisco de la mano los tres poderes, no vamos a avanzar, al judicial de nada le sirve pelearse con el ejecutivo, con el legislativo, el ejecutivo de nada le abona pelear con los otros poderes y el legislativo tampoco, el mensaje es trabajar de la mano aun cuando haya diferencias, cuando haya debate, en todo estado democrático amerita la discusión y el debate”.
P. ¿Aunque conviertan en el villano al Poder Judicial?
R. Esta dinámica y forma de tratar al Poder Judicial es nacional, no es exclusiva de Jalisco, es histórica, siempre el malo de la película es el poder judicial, no obstante que en mi muy humilde opinión el Poder Judicial es el garante de la estabilidad social, al final de cuentas es al que atacan, eso me lleva a una reflexión de cambiar muchas cosas, en el sentido que ante los embates históricos, las denostaciones históricas, nosotros no nos manejamos con prensa, no pagamos publicaciones, desplegados, nosotros no tenemos presupuesto, no ponemos mantas, cómo se defienden los poderes judiciales es a través de las resoluciones, me podrían decir que soy lo peor pero mi sentencia dice que quien se equivocó fuiste tú, eso es más jurídico que meternos a un debate entre dos personas, pero qué pasa, no publicamos a cabalidad todas las sentencias, esa reflexión nos ha llevado a apostarle más a la transparencia, esa autocrítica nos lleva a mejores resultados, tenemos que apostar a eso, publicando las sentencias y cuidando los datos personales.
El tema de la corrupción, siempre ha habido sesgos, siempre hay un vencedor y un vencido, jamás he escuchado a un abogado decir perdimos el asunto porque se me olvidó apelar, perdimos el asunto porque no presenté pruebas, lo más fácil y no es crítica, es decir le dieron dinero al juez, qué pasará con esa persona, se quedará con la creencia que el juez recibió dinero y no en todos los casos es cierto.
NO HAY DENUNCIA JUECES CORRUPTOS
P. ¿A cuántos jueces han sancionado?
R. Eso es lo que hasta suena increíble, actualmente en el Consejo de la Judicatura no hay una denuncia, una queja, de un particular que diga que determinado juez le pidió dinero o recibió dinero, no hay ni una sola, las quejas son por cuestiones jurisdiccionales, no por corrupción, están abiertos los registros, no hay ninguna queja, entonces no hay sanción. El cohecho siempre se da en la clandestinidad, eso lo entiendo perfectamente. Sancionamos a uno por conductas, el poder judicial federal impone amparos, tenemos que vernos en la penosa necesidad de nombrarlos jueces, es otro punto que tenemos, estamos atados por una pared, que respetamos pero pedimos que se nos respete, a veces nos vemos atados de manos por eso, por lo mismo hay que llevar un procedimiento más pulcro, todo lleva un proceso para que no se nos caiga el asunto.
P. ¿Qué trascendencia consideras que tiene el desaparecer las listas de jueces que llegan con un nombramiento dudoso?
R. Yo creo que el hecho de que se haya realizado una lista con tantos participantes a futuro, eso no abona en nada a la credibilidad del poder judicial, hay elementos bastante valiosos en la lista, hay otros que no, estoy seguro que los elementos valiosos van a pasar los exámenes que hagamos.
P. En esa lista había un asesino…
R. Hubo un personaje que se quitó de la lista, y qué pasó, se obligó que se reinstalara en la lista, evidentemente hay gente buena, gente mala, que no sabemos qué hace, eso nos lleva a una segunda reflexión, qué han hecho muchos de esos integrantes de la lista desde que fueron designados para ser una agente seguro. Uno es sentido de pertenencia y la conciencia de tener responsabilidad de un cargo, no es chamba, es una forma de vida, si te dedicas a pegar calcomanías en política, acompañar a políticos y te hacen juez de la noche a la mañana pues no tendrás ese sentido de pertenencia, aun cuando eventualmente sin saber haces el examen, finalmente qué hiciste los últimos años, por qué nombras jueces bajo el nombre de reserva estratégica, estrategia de quién, no es posible que haya 106 vacantes”.
P. ¿Esperas que con la reforma judicial eso termine?
R. Eso ya lo acabamos nosotros, no necesitamos una reforma para hacer bien las cosas, ya quitamos esa lista. Queremos hacer un examen, donde invitemos universidades, a cúpulas empresariales, colegios de notarios, a que nos den una serie de preguntas, es la manera que queremos, un sistema de cómputo que elija 50 preguntas que se repartan, mediante reactivos en el momento mismo que hagan el examen se de el resultado, así no puede haber mano negra, si hacemos eso, yo no veo que eventualmente otra administración regrese a otros exámenes, así no necesitamos otra reforma, ponemos el ejemplo nosotros.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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