ENTREVISTAS
La Ley Fátima: Obligatorio que todos los funcionarios se capaciten con perspectiva de género
Por Diego Morales Heredia //
Que las y los servidores públicos de todos los niveles de gobierno tengan la obligatoriedad de capacitarse en perspectiva de género, es la premisa básica de la denominada “Ley Fátima”, que dos años después se volvió una realidad.
La autora de la ley es Fabiola Loya, actualmente titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, quien recordó el desgarrador caso de Fátima, que por una serie de omisiones y revictimización perdió la vida y espera que nunca más se tengan que contar historias aberrantes que lastiman la tranquilidad de las familias mexicanas.
“Hace dos años, hubo una serie de feminicidios que fueron consecuencia de violencia sistemática a los derechos humanos de las mujeres. El caso de Fátima, una niña de 7 años, que tenía un historial en el DIF con dos denuncias de violencia intrafamiliar y violencia sexual, cuando se denuncia su desaparición, cuando es sustraída en la escuela por unas personas conocidas de su mamá, las autoridades fueron omisas, esperaron 72 horas porque eso marcaba la ley. Desafortunadamente aparece sin vida, con todas las señales de haber sido violada, a raíz de eso nos acercamos a los familiares, puso el punto para denunciar a las autoridades por la omisión y la falta de perspectiva de género en el protocolo a llevar”.
Como diputada federal, Fabiola Loya se adentró en el tema, que gracias a la agenda que han seguido sus compañeros de Movimiento Ciudadano en San Lázaro ahora es una realidad, dando pasos contundentes en la búsqueda de la justicia.
“Nos dimos a la tarea de darle una revisada a la ley orgánica del gobierno federal, a la ley de servidores públicos, a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos para reformar esas leyes, poner la obligatoriedad de la capacitación de todos lo servidores y servidoras públicas en los tres niveles de gobierno para que estuvieran capacitados con perspectiva de género. Pasaron dos años, estuvo en comisiones y gracias a un acuerdo legislativo que aprobamos y que impulsamos para que nuestras iniciativas pudieran trascender a la legislatura y pudieran discutidas, ya es una realidad, se da un paso contundente en la administración pública reformando la ley”.
CAPACITAR EN PERSPECTIVA DE GÉNERO
Uno de los principios básicos de la Ley Fátima está en capacitar a todos los servidores públicos en el país en perspectiva de género y derechos humanos, un paso agigantado para futuros eventos que puede traer consigo que no se tengan que lamentar pérdidas humanas y para dar certeza a quienes por alguna razón son víctimas de violencia contra las mujeres.
“Se obliga a los servidores públicos a observar el principio de igualdad de género, se deben capacitar y deben de ejercer las funciones con una perspectiva de género. Es un paso agigantado, porque si bien sabemos que existen los protocolos de tratamiento para una desaparición de una mujer o cuando hay un asesinato para llevarlo como el protocolo de feminicidio. Si los maestros que dejaron ir a Fátima, no hubiera salido la niña de la escuela, si al momento de denunciar el MP estuviera capacitado en perspectiva de género, no hubiera dejado pasar las 72 horas para aceptar la denuncia y emitir la carpeta de investigación y que hubiera despliegues para buscarla. Esto nos hubiera dado como resultado, que tuviéramos a Fátima con vida, si los y las servidores públicos estuvieran con ese principio de perspectiva de género”.
Agregó: “Hoy por hoy, los servidores públicos del gobierno federal y de todas las entidades, van a tener que estar observando el principio de igualdad de género en cada una de sus funciones, decir que si es una niña o mujer la desaparecida, no podemos revictimizar a las personas que están denunciando al momento de que están poniendo elementos que les dicen que la niña o mujer está en peligro su vida”.
Aunque la ley se consumó en otra legislatura, la satisfacción que le queda a Fabiola Loya es que no se abandonó la agenda y se pudo realizar, por ello, públicamente agradece a sus compañeros de Movimiento Ciudadano por abanderar una causa que permitirá salvar vidas.
“En lo colectivo, Movimiento Ciudadano abraza las causas, abraza a las personas y las pone al centro de nuestras acciones, es una prueba, al final de cuentas hicimos realidad esta ley para que no haya más Fátima, más Ingrid, no más Maricela Escobedo. Como servidores públicos a veces no vemos el impacto directamente de nuestras acciones, hoy por hoy, me deja la satisfacción, estar en la cámara con la bancada de Movimiento Ciudadano, acompañé a los familiares de Fátima, que den fe que esos pasos que se dan como legisladora sí tienen impacto y pueden salvar vidas, eso es la satisfacción que me queda”.
ANTEPONER LOS DERECHOS HUMANOS
Como parte de sus labores en la Subsecretaría de Derechos Humanos en Jalisco, Fabiola Loya aseguró que en el estado han estado capacitando a los servidores públicos anteponiendo los derechos humanos y con la prioridad de atender a lo grupos vulnerados históricamente en la región.
«En el Gobierno de Jalisco se ha venido trabajando en la capacitación de manera transversal, con la perspectiva de derechos humanos, si anteponemos los derechos humanos y damos el ejemplo de Fátima anteponiendo el interés superior de la niñez, podemos salvar niños, niñas y adolescentes».
«Eso seguiremos haciendo, capacitándonos, profesionalizándonos, buscando la forma de transversalizar nuestras acciones a lo que marcan los tratados internacionales y los derechos humanos. En la Subsecretaría están todas las áreas de los grupos históricamente vulnerables, ver nuestras acciones de forma interseccional, estamos dándole el enfoque diferenciado para el tratamiento de que los ciudadanos sean vistos desde la perspectiva de derechos humanos».
También, Fabiola Loya aseveró que aun quedan pendientes que atender a nivel nacional y en Jalisco, en donde espera seguir aportando su voluntad, capacidad y formación para lograr una sociedad con menos injusticias.
“Tenemos una tarea ardua en materia de víctimas, de la atención al tema de las personas que están desaparecidas, estamos delineando una agenda que pronto se dará a conocer, seguramente tendrá un impacto. Esto es un trabajo en colectivo, empujado por el mismo gobernador y por muchas dependencias que pasan las acciones por esas dependencias”.
“Hay mucho por hacer, estamos poniendo ese mismo compromiso que fue en la cámara, lo hago en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Refrendo el compromiso que tenemos, primero como servidora pública, tengo un compromiso con los ciudadanos jaliscienses. Estará toda mi formación, experiencia y conocimiento al servicio del gobierno de Jalisco para poder avanzar aún más en materia de derechos humanos y perspectiva de género”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
