ENTREVISTAS
La Ley Fátima: Obligatorio que todos los funcionarios se capaciten con perspectiva de género
Por Diego Morales Heredia //
Que las y los servidores públicos de todos los niveles de gobierno tengan la obligatoriedad de capacitarse en perspectiva de género, es la premisa básica de la denominada “Ley Fátima”, que dos años después se volvió una realidad.
La autora de la ley es Fabiola Loya, actualmente titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, quien recordó el desgarrador caso de Fátima, que por una serie de omisiones y revictimización perdió la vida y espera que nunca más se tengan que contar historias aberrantes que lastiman la tranquilidad de las familias mexicanas.
“Hace dos años, hubo una serie de feminicidios que fueron consecuencia de violencia sistemática a los derechos humanos de las mujeres. El caso de Fátima, una niña de 7 años, que tenía un historial en el DIF con dos denuncias de violencia intrafamiliar y violencia sexual, cuando se denuncia su desaparición, cuando es sustraída en la escuela por unas personas conocidas de su mamá, las autoridades fueron omisas, esperaron 72 horas porque eso marcaba la ley. Desafortunadamente aparece sin vida, con todas las señales de haber sido violada, a raíz de eso nos acercamos a los familiares, puso el punto para denunciar a las autoridades por la omisión y la falta de perspectiva de género en el protocolo a llevar”.
Como diputada federal, Fabiola Loya se adentró en el tema, que gracias a la agenda que han seguido sus compañeros de Movimiento Ciudadano en San Lázaro ahora es una realidad, dando pasos contundentes en la búsqueda de la justicia.
“Nos dimos a la tarea de darle una revisada a la ley orgánica del gobierno federal, a la ley de servidores públicos, a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos para reformar esas leyes, poner la obligatoriedad de la capacitación de todos lo servidores y servidoras públicas en los tres niveles de gobierno para que estuvieran capacitados con perspectiva de género. Pasaron dos años, estuvo en comisiones y gracias a un acuerdo legislativo que aprobamos y que impulsamos para que nuestras iniciativas pudieran trascender a la legislatura y pudieran discutidas, ya es una realidad, se da un paso contundente en la administración pública reformando la ley”.
CAPACITAR EN PERSPECTIVA DE GÉNERO
Uno de los principios básicos de la Ley Fátima está en capacitar a todos los servidores públicos en el país en perspectiva de género y derechos humanos, un paso agigantado para futuros eventos que puede traer consigo que no se tengan que lamentar pérdidas humanas y para dar certeza a quienes por alguna razón son víctimas de violencia contra las mujeres.
“Se obliga a los servidores públicos a observar el principio de igualdad de género, se deben capacitar y deben de ejercer las funciones con una perspectiva de género. Es un paso agigantado, porque si bien sabemos que existen los protocolos de tratamiento para una desaparición de una mujer o cuando hay un asesinato para llevarlo como el protocolo de feminicidio. Si los maestros que dejaron ir a Fátima, no hubiera salido la niña de la escuela, si al momento de denunciar el MP estuviera capacitado en perspectiva de género, no hubiera dejado pasar las 72 horas para aceptar la denuncia y emitir la carpeta de investigación y que hubiera despliegues para buscarla. Esto nos hubiera dado como resultado, que tuviéramos a Fátima con vida, si los y las servidores públicos estuvieran con ese principio de perspectiva de género”.
Agregó: “Hoy por hoy, los servidores públicos del gobierno federal y de todas las entidades, van a tener que estar observando el principio de igualdad de género en cada una de sus funciones, decir que si es una niña o mujer la desaparecida, no podemos revictimizar a las personas que están denunciando al momento de que están poniendo elementos que les dicen que la niña o mujer está en peligro su vida”.
Aunque la ley se consumó en otra legislatura, la satisfacción que le queda a Fabiola Loya es que no se abandonó la agenda y se pudo realizar, por ello, públicamente agradece a sus compañeros de Movimiento Ciudadano por abanderar una causa que permitirá salvar vidas.
“En lo colectivo, Movimiento Ciudadano abraza las causas, abraza a las personas y las pone al centro de nuestras acciones, es una prueba, al final de cuentas hicimos realidad esta ley para que no haya más Fátima, más Ingrid, no más Maricela Escobedo. Como servidores públicos a veces no vemos el impacto directamente de nuestras acciones, hoy por hoy, me deja la satisfacción, estar en la cámara con la bancada de Movimiento Ciudadano, acompañé a los familiares de Fátima, que den fe que esos pasos que se dan como legisladora sí tienen impacto y pueden salvar vidas, eso es la satisfacción que me queda”.
ANTEPONER LOS DERECHOS HUMANOS
Como parte de sus labores en la Subsecretaría de Derechos Humanos en Jalisco, Fabiola Loya aseguró que en el estado han estado capacitando a los servidores públicos anteponiendo los derechos humanos y con la prioridad de atender a lo grupos vulnerados históricamente en la región.
«En el Gobierno de Jalisco se ha venido trabajando en la capacitación de manera transversal, con la perspectiva de derechos humanos, si anteponemos los derechos humanos y damos el ejemplo de Fátima anteponiendo el interés superior de la niñez, podemos salvar niños, niñas y adolescentes».
«Eso seguiremos haciendo, capacitándonos, profesionalizándonos, buscando la forma de transversalizar nuestras acciones a lo que marcan los tratados internacionales y los derechos humanos. En la Subsecretaría están todas las áreas de los grupos históricamente vulnerables, ver nuestras acciones de forma interseccional, estamos dándole el enfoque diferenciado para el tratamiento de que los ciudadanos sean vistos desde la perspectiva de derechos humanos».
También, Fabiola Loya aseveró que aun quedan pendientes que atender a nivel nacional y en Jalisco, en donde espera seguir aportando su voluntad, capacidad y formación para lograr una sociedad con menos injusticias.
“Tenemos una tarea ardua en materia de víctimas, de la atención al tema de las personas que están desaparecidas, estamos delineando una agenda que pronto se dará a conocer, seguramente tendrá un impacto. Esto es un trabajo en colectivo, empujado por el mismo gobernador y por muchas dependencias que pasan las acciones por esas dependencias”.
“Hay mucho por hacer, estamos poniendo ese mismo compromiso que fue en la cámara, lo hago en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Refrendo el compromiso que tenemos, primero como servidora pública, tengo un compromiso con los ciudadanos jaliscienses. Estará toda mi formación, experiencia y conocimiento al servicio del gobierno de Jalisco para poder avanzar aún más en materia de derechos humanos y perspectiva de género”, puntualizó.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
Para descargar directamente el PDF: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura en línea, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
Celebra Guadalajara el Día de la Carne en su Jugo
Pone el PAN punto final a las alianzas político electorales
Aprueba el Congreso al gobierno de Sheinbaum ingresos por 10.1 billones de pesos para el 2026
Arden vehículos por segundo día consecutivo en Teocaltiche
