Leonardo Almaguer, propone creación de fiscalía especializada en desaparecidos

Por Francisco Junco //

El diputado local Leonardo Almaguer Castañeda, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Jalisco, presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en materia de personas desaparecidas, independiente de la Fiscalía General del Estado. La propuesta, dijo, surge directamente de las exigencias y preocupaciones de los colectivos de familiares de víctimas, no de una ocurrencia de escritorio.

“Hoy el pueblo de Jalisco está en terapia intensiva. Y si el médico sale y dice que se necesita un cateterismo, no te pones a discutir, corres a traer lo necesario. Lo demás no importa. Así deberíamos reaccionar ante esta crisis”, señaló en entrevista con Conciencia Pública.

Almaguer Castañeda criticó duramente la inacción del actual fiscal general del Estado, quien, según denunció, no ha acudido a comparecer al Congreso para rendir cuentas sobre la crisis de desapariciones. La designación del fiscal fue una propuesta del gobernador, y se lo aprobamos en el Congreso, pero, ironizó el petista, que el primero que hay que buscar y hay que poner una ficha de búsqueda, es al fiscal general del Estado, “porque no da la cara”.

“No ha venido a comparecer al Congreso del Estado, para informar sobre la problemática que tenemos hoy en día en materia de desaparecidos, que además es el problema de violencia que más aqueja a los jaliscienses, a nuestro pueblo”, lamentó.

De acuerdo con en el documento, presentado desde el pasado 31 de octubre de 2024, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en desapariciones, con 15,348 personas no localizadas según el registro estatal, y 14,978 de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Actualmente, la dependencia opera como una vicefiscalía, lo que, representa un retroceso y “no sólo estamos ante un retroceso en materia de desaparecidos, sino que está contraviniendo lo que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas manda”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa presentada.

La iniciativa busca armonizar la legislación local con el artículo 68 de la ley general federal, que exige que las fiscalías cuenten con “recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios” para una operación efectiva, además de un fiscal que sea electo desde el Congreso del Estado por medio de una convocatoria abierta y pública, “lo que queremos es eficacia y rapidez”, explicó Almaguer Castañeda.

El documento destaca que, al cierre de octubre de 2024, había 12,996 carpetas de investigación abiertas, lo que implica un promedio de más de 350 carpetas por agencia del ministerio público, reflejando la saturación y limitada capacidad de respuesta institucional.

Entre los cambios constitucionales propuestos, se incluye adicionar un nuevo párrafo al artículo 35, otorgando al Congreso la facultad de elegir al Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas, y reformar el artículo 53 para reconocer formalmente a esta nueva figura junto a las fiscalías electorales y anticorrupción. El cargo tendría una duración de cuatro años, con posibilidad de reelección una sola vez.

La iniciativa también prevé ajustes presupuestales, donde el Gobernador del Estado, deberá a través de las Secretarías competentes otorgar el recurso que le permita no sólo llevar a cabo sus funciones propias, sino también contar con un presupuesto propio para su labor.

El legislador confirmó que no existe ningún antecedente de una fiscalía especializada, como la que propone. en otro estado del país. Sin embargo, aseguró que Jalisco requiere una estructura única por la gravedad del problema.

Recordó también que en el Congreso local ya existe una Comisión Especial en Materia de Personas Desaparecidas, coordinada por la diputada Tonantzin Cárdenas, del partido Futuro, que no tiene equivalente en ningún otro parlamento del país ni del mundo, “ni siquiera en países en guerra”.

Almaguer Castañeda insistió en que la iniciativa no surgió del escritorio de su fracción parlamentaria, sino del acompañamiento y la escucha de los colectivos que diariamente luchan por encontrar a sus familiares.

“Esta iniciativa es producto de la escucha de los colectivos y de que entonces aquí se canalice la necesidad de hacer. Hay un equipo de compañeros dirigentes, pero que, por medio de ellos, porque hay que darle norma jurídica y todo lo que eso conlleva, pero es producto de eso.

Entre los colectivos que han trabajado en esta iniciativa están Luz de Esperanza, encabezado por Héctor Flores y Lili Meza; Madres Buscadoras y Guerreros Buscadores, entre otros. Con ellos se han realizado mesas de trabajo, diagnósticos y propuestas legislativas.

“Los colectivos son los verdaderos expertos en desapariciones. Son ellos quienes pegan fichas, quienes salen a buscar. Nosotros sólo somos una herramienta para canalizar esas exigencias”, agregó.

Además de la creación de la fiscalía, el PT impulsa otra iniciativa para declarar personas prioritarias y vulnerables a los familiares de personas desaparecidas, a fin de garantizarles apoyos y derechos mínimos.

“No sólo desaparece una persona. Desaparece un hijo, una madre, un padre, muchas veces el proveedor. Estas familias no duermen, viven un pesar de 24 horas al día. Ya después se arreglarán cuentas. Pero hoy lo urgente es salvar con vida al pueblo de Jalisco de esta terapia intensiva. Y eso sólo se logra escuchando a los colectivos y actuando con justicia. Porque sin justicia no hay paz”, puntualizó.

EXIGEN COLECTIVOS DICTAMINACIÓN URGENTE

Por más de cuatro años, Héctor Rodolfo Flores González, ha buscado a su hijo Héctor Daniel, desaparecido desde mayo de 2021. Hoy, desde su trinchera como cofundador del colectivo Luz de Esperanza y asesor legislativo, exige junto a otros colectivos que el Congreso de Jalisco apruebe de manera urgente la iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Desapariciones. Una propuesta que, dice, “es una exigencia histórica” de las familias.

“La iniciativa ya está lista para su dictaminación, pero no vemos avances. Ha sido una lucha desde la legislatura pasada”, afirmó, quien ha trabajado este proyecto de la mano del diputado del PT, Leonardo Almaguer. La propuesta fue presentada en conjunto con colectivos y ha recibido observaciones tanto del gobierno del estado como del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). Y aunque se acordó trabajar sobre esta base, “el acuerdo era avanzar, pero seguimos esperando”.

Añadió: “Cuando la autoridad encargada de investigar participó en los hechos, o tiene vínculos con el poder político, no hay garantía de justicia. Por eso pedimos autonomía real”, sostuvo Flores González, al señalar que tanto la ley general como el espíritu del legislador prevén que estas fiscalías deben ser independientes del poder Ejecutivo.

El caso de su hijo cuenta con medidas de acción urgente emitidas por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, recomendaciones de derechos humanos y una carpeta federal. “Y nada. Como en muchos otros casos. En la mayoría de los colectivos, hay una constante: el Estado participó, directa o indirectamente”.

Uno de los puntos más delicados, que señaló Flores González, es la omisión oficial, ante los llamados de alerta sobre lugares donde se recluta, asesina y desaparece a personas. “Antes del hallazgo en el rancho Izaguirre, nosotros ya habíamos denunciado campamentos activos del crimen organizado. Nadie nos hizo caso. Cuando se descubre, solo nos dan la razón, esos lugares existen y se siguen utilizando”.

A cuatro años del secuestro de su hijo, Flores González, reconoce que el dolor se transforma en lucha y aunque “vivimos en un sistema de terror, de control, de narcoterrorismo. El gobierno, en lugar de reconocer la magnitud, busca desaparecer hasta a los desaparecidos para maquillar cifras. Y del lado del crimen organizado, se trata de generar miedo, de controlar territorios, población y gobierno. El mayor daño posible es la desaparición. Es un delito atroz, de lesa humanidad. Y nuestra lucha, la de las familias, es contra eso”.