ENTREVISTAS
Logran burlar blindaje de Salvando Vidas: Alerta experta Alma Chávez que los corruptos «capotean» al torito y lo han herido
Por Mario Ávila //
Desde su origen una década atrás, se sabía que el influyentismo y la corrupción serían los principales enemigos a vencer para el Operativo de Alcoholimetría Salvando Vidas. Por ello el ex gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval advirtió a todos los funcionarios públicos “el que cae, cae”; en tanto que, para blindar el programa del cáncer de la corrupción, se creó un equipo especial de agentes viales mujeres, comprometidas a actuar con honradez absoluta.
Diez años después, ahora en el gobierno de mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez, aquel programa que se convirtió en un ejemplo para Iberoamérica, parece estar bañado en corrupción, toda vez que se investiga en la Fiscalía Anticorrupción, hechos en los que están involucrados 175 agentes viales, que no solo aceptan dinero en efectivo, sino que pactan depósitos y transferencias a cuenta STP, una fintech financiera que funciona como una banca en una plataforma externa a un banco.
Este tema lo ha abordado recientemente Rubí Bobadilla, reportera del periódico El Informador, quien ventiló el caso del pasado 27 de octubre, cuando Eduardo y su amiga Carolina salieron a divertirse, tomaron algunas copas, pero consideraron que ella había tomado menos que él, decidiendo que ella condujera de regreso. En el camino cayeron a un retén del Torito. Carolina solo había tomado un par de tequilas, y aun así dio positivo en la primera prueba; entonces vino la corrupción.
La oficial le dijo a la joven y a Eduardo que, si pasaban a la segunda prueba para medir la cantidad de alcohol en sangre, y superaban los niveles permitidos, les aplicarían una multa de 14 mil pesos, pero que “podían arreglarse para que no tuvieran que llegar a eso”. Si les daban tres mil pesos les dejarían ir con todo y vehículo.
Ellos dijeron que no, que era mucho dinero, que pasarían a la segunda prueba. Ahí vino la segunda inconsistencia: la oficial que había aplicado la primera prueba preguntó que “a quién le harían el segundo test”, cuando ella sabía bien que quién conducía era Carolina. Eduardo pidió que se lo hicieran a él para evitar poner en riesgo a Carolina y así garantizar que ella no pasara la noche en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) en caso de que no pasara.
Las oficiales sabían que de esta forma no obtendrían dinero alguno, pues además si le hacían la prueba a Carolina, quien conducía al momento de la primera prueba, probablemente ni siquiera alcanzaría una multa. Las agentes insistieron en el dinero, e incluso les dijeron que recibían transferencia. Ellos contestaron que solo tenían mil pesos en su tarjeta, pero para ellas era “muy poco”. Tras negociar, Eduardo y Carolina cedieron a la corrupción cuando las oficiales aceptaron que les transfirieran los mil pesos a una cuenta STP, una fintech financiera que funciona como una banca en una plataforma externa a un banco. Hoy Eduardo está reuniendo la información para presentar su denuncia.
Para llegar a esto, sucedieron algunas situaciones como el hecho de que la Policía Vial abandonó el mando que tenía en la extinta Secretaría de Vialidad y Transporte y se mudó a la Secretaría de Seguridad Pública, con el argumento de que finalmente se trataba también de agentes de seguridad.
Ello en opinión de Alma Chávez Guth, fundadora de la asociación Víctimas de Violencia Vial, A.C. y presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas Contra la Violencia Vial (FICVI), quien lamenta a la vez que a consecuencia de este cambio, la sociedad civil fue marginada de la participación en los operativos de alcoholimetría y por lo tanto se flexibilizó la vigilancia también de la CEDHJ y de la misma Fiscalía General del Estado que participaba desde su área de derechos humanos.
En entrevista justamente con Alma Chávez Guth, compartió algunos conceptos a los lectores del semanario Conciencia Pública:
EL BLINDAJE CONTRA LA CORRUPCIÓN
P.- A 10 años de su nacimiento El Torito da graves muestras de corrupción…
R.- Así es, la corrupción llegó a este programa el cual había sido blindado desde sus inicios precisamente contra ciudadanos y funcionarios corruptos, porque recordemos que la corrupción es de doble vía.
Se cuidó por muchísimos años, sobre todo desde el gobierno anterior que fue cuando vio la luz, con un acompañamiento de la sociedad civil, Derechos Humanos y la Fiscalía de derechos humanos en donde todos estuvimos presentes y vigilando para que no hubiera actos de corrupción y que todo se diera con absoluta transparencia. Con ello se logró que desde su inicio y año tras año se reflejó en una estadística positiva de vidas salvadas, de lesiones y de discapacidades que se logran evitar.
P.- ¿Se cumplía con el objetivo?
R.- Por supuesto. Bajaron en forma gradual las muertes y lesiones, que fueron el objetivo del operativo, principalmente en beneficio de los habitantes de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Este operativo fue aceptado hasta en un 80% de la población, gracias a la participación directa en calidad de observadores de la sociedad civil, que acudía a cada uno de los puntos en donde se efectuaba. Se entendió que no se trataba de que no fueran a la fiesta o que no tomaran, sino que no tomaran esa mala decisión de beber y manejar para regresar vivo a casa.
P.- ¿Había castigo con cárcel, sin importar de quién se tratara?
R.- En esos momentos el que la hacía, la pagaba, prácticamente todos los que caían en el filtro y traían ciertos grados de alcohol, o pagaban una multa alta o se iban de 12 a 36 horas al arresto administrativo inconmutable. Y así fue durante mucho tiempo hasta que con el cambio de mando en la Policía Vial y el cambio de dependencia de la Policía Vial, que pasó de la Secretaría de Vialidad y Transporte a la Secretaría de Seguridad Pública, pero que en realidad al parecer no fue un tema de interés de la misma secretaría, ni del mismo Gobierno del Estado de mantener esta limpieza en el Operativo Salvando Vidas y por ello ahora genera muchos problemas de corrupción.
P.- ¿Y hoy se pagan las consecuencias?
R.- Sobre todo las víctimas y los familiares de las víctimas. Nos construyó mucho trabajo construir y que por un simple hecho de corrupción descarada y más ahora que ya se puede hacer mediante una transferencia a tarjetas que ni siquiera están ligadas a bancos, es muy fácil decirle al usuario, “ah no trae… pues me deposita” y eso es muy lamentable porque dejar ir a un conductor en estado de ebriedad implica muchas cosas: que se mate a él mismo, que se mate o lesione a los que van con él, o que mate a inocentes en la vía pública. Y eso pues, las muertes son de todos, al gobierno le cuesta muchísimo dinero y a la sociedad a parte del empobrecimiento que puede haber en las familias, también el dolor es inconmensurable.
P.- ¿Qué se puede hacer para resarcir o revertir lo que hoy ocurre?
R.- La solución no la veo fácil. Lo que sí podemos hacer, es ahora que ya se avecina el cambio de gobierno, podríamos pedir a los nuevos candidatos de todos los partidos que vuelva a ser el Operativo Salvando Vidas lo que fue, que no sea un foco de corrupción más en el estado.
Lo veo difícil en esta administración, dado que la actual directora de la Policía Vial, no me gusta hablar mal de las mujeres, pero es una mujer que emanó de la Policía Municipal, no emanó de la Policía Vial y la pusieron por decisión del gobernador y es inamovible también por decisión del gobernador Enrique Alfaro Ramírez».
No sé qué compromisos tenga con esta mujer, sin embargo, deja mucho que desear porque prefiere favorecer y proteger a una persona, que proteger a cientos o miles de personas que nos movemos por las noches o a cualquier hora del día en donde estamos expuestos a que un conductor en estado de ebriedad nos mate, nos lesione o nos deje con una discapacidad a nosotros mismos o a un ser querido.
P.- Y pensar que fue un programa ejemplar a nivel mundial, ¿verdad?
R.- Es un programa modelo a nivel Iberoamérica, que incluso ha salido en los reportes de la Organización Mundial de la Salud como un programa excelente, por la rapidez con la que empezaron a darse resultados positivos en la reducción de muertes y lesiones por accidentes por la conducción con alcohol.
Entonces la corrupción de unos pocos no puede acabar con una política pública tan buena, con mucho la mejor a nivel mundial, que es lo único que detiene a un conductor para que no se dañe y dañe a los demás.
P.- ¿Se mejoró incluso lo que se hacía en la CDMX?
R.- Es correcto, nosotros siempre pedimos un conduce sin alcohol como el de la Ciudad de México, porque resultó un programa maravilloso, detener al conductor en estado de ebriedad y ellos fueron los primeros y reconocemos ese gran logro; pero nosotros propusimos varias cosas para el caso de Jalisco, el índice de alcohol en sangre que en la CDMX era de 80 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre y en Jalisco propusimos que fuera de 50 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Fue el primer estado que tenía el estándar permitido y avalado por la OMS que ni Estados Unidos los tenía para conducir en estado de ebriedad.
P.- Nos recuerda cómo nació este programa.
R.- Nos pusimos de acuerdo en la sociedad civil y con diputados de todos los partidos estuvieron de acuerdo con nosotros y nos dieron la razón porque logramos convencerlos y finalmente se aprobaron esas iniciativas que se llamaron Ley Salvavidas que se votaron por unanimidad y ya en el 2013 emitimos el arresto administrativo inconmutable como ley, la primera Ley de Movilidad en el país, que fue la de Jalisco, en donde se hizo realidad lo de Los Toritos o la CURVA, que para nosotros siempre fue mejor llamarlo como Operativo de Alcoholimetría Salvando Vidas. Con ello ya se logró implementar este operativo con módulos en diversas partes de la ciudad, haciendo filtros aleatorios en donde te detenían, te hacían la prueba y si salías con cierto grado de alcohol en la sangre, eras remitido al Torito para un arresto de entre 12 y 26 horas de arresto administrativo inconmutable o eras acreedor a una multa.
P.- Y con vigilancia ciudadana todo el tiempo…
R.- Exacto. Las visorías ciudadanas y las policías viales mujeres, hicieron la gran diferencia y me da mucha tristeza que hoy las policías viales mujeres estén cayendo en actos de corrupción, cuando en el mundo siempre se ha habido mucha evidencia que las mujeres somos menos proclives a la corrupción, pero mal hacemos todos.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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