ENTREVISTAS
Los argumentos del Fiscal Anticorrupción Gerardo de la Cruz en caso Nancy Gómez: Cometió un error y por eso está vinculada
Por Diego Morales //
No todas las cuestiones que evidencian deshonestidad son delito, hay cuestiones que se pueden reprochar desde un punto de vista administrativo, es la precisión que hace Gerardo de la Cruz, Fiscal Anticorrupción, respecto al tema de la Ministerio Público Nancy Gómez, que contrario a lo que se ha señalado es un asunto que han atendido, a pesar de que no está en su cancha el resolverlo.
“De entrada, el término no es que ella denuncie, ella hizo público y es diferente. Efectivamente su superior jerárquico le dio una instrucción irregular, se ha manejado que le dieron la orden de dejar en libertad a alguien y no, nunca le dieron la orden, le dieron una instrucción de cambiar la hora de la detención de un muchacho, esto de manera desafortunada es algo que se ha vivido durante muchos años, que se ajustan los términos muchas veces para cuadrar una actuación, ella válidamente se opone a hacerlo, está en su derecho”.
Agrega: “Querían que modificara la hora que recibe a un menor, que estaba retenido en ese momento, que tenía que ver con una investigación de secuestro, en el área de secuestros estaban manejando una investigación. Es una orden irregular, claro, a la ética, a la honestidad, a todo esto, sin embargo es una cuestión que tenemos que ser precisos, no todas las cuestiones que evidencian deshonestidad son delito, hay cuestiones que se pueden reprochar desde un punto de vista administrativo, debemos ser enfáticos, el sistema anticorrupción tiene dos vertientes, hay faltas administrativas graves, leves y también hay delitos”.
NO ENCUENTRAN DELITO DE SU COMPETENCIA
Aunque Nancy y su abogado se han acercado a la Fiscalía Anticorrupción, Gerardo de la Cruz asevera que no encuentran un delito que sea de su competencia para que se abra una carpeta de investigación, que incluso le ha pedido personalmente que le expongan los motivos y no ha tenido respuesta de su parte.
“Las faltas administrativas graves o leves le tocan primero al órgano de control interno, si fuera grave está la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. En este caso, por esa falta administrativa quien tomó acciones fue el órgano de control interno de la Fiscalía, en ese momento a su superior le iniciaron un proceso administrativo y lo suspendieron. Entiendo situaciones de reproche, lamento lo que está viviendo, ella acudió a la Fiscalía después, analizamos el video, pero analizando los tipos penales que tenemos encontramos que no se ajustaba a ningún tipo penal y no procedía que abriéramos ninguna carpeta de investigación”.
Subraya: “Después acude a denunciar que la están persiguiendo, que la están hostigando, en el sentido que cierran el baño cerca de dónde labora y tiene que caminar más lejos, que le cambian de guardias, esto se puede manejar como acoso laboral, pero no tenemos un delito de competencia nuestra que establezca esto. Tenemos otros órganos administrativos, Nancy y yo somos abogados, sabemos de los recursos para impugnar, tenemos juicios de amparo que no se usaron. Hay medios de impugnación que no se utilizaron, se prefirió hacer las cosas desde un punto de vista mediático”.
No obstante de su situación, Nancy Gómez ha sido vinculada a proceso, el cual sin poder dar muchos detalles por el camino de la investigación, el fiscal anticorrupción señaló que cometió un error en sus labores y no puede ser inmune solo por el hecho de haber denunciado antes a su superior jerárquico.
“Pasan los meses y en su guardia comete una irregularidad que sí constituye un delito, la detecta su nuevo superior jerárquico. En este momento por eso está vinculada, sin poder dar muchos detalles, hay errores de integración en una carpeta de investigación que trajeron un perjuicio en contra de un menor, que implicó que se quedara privado de la libertad horas que no tenía que haberse quedado. Una situación que ocurre meses después, entonces creer que si denuncias a un superior te da una patente para que cualquier cosa que cometas no se te persiga, no puede ser así”.
LAS EXPLICACIONES DEL FISCAL…
Cuestionado por el periodista Gabriel Ibarra en el programa de radio “En Tela de Juicio” sobre el calvario que ha tenido que pasar Nancy Gómez y la persecución que ha tenido de parte de todo el aparato de la Fiscalía, en donde el comunicador manifestó que la Fiscalía Anticorrupción ha sido muy escrupulosa.
En cuanto a la falsificación de firmas que se vio involucrada Nancy Gómez por lo cual fue suspendida de su cargo, Gerardo de la Cruz expresó que con la investigación que llevaron a cabo desde la Fiscalía Anticorrupción se le otorgó la razón de su inocencia en el caso.
“Es cierto, se le falsificaron firmas, de entrada no estuvo suspendida ocho meses, no es cierto, fue suspendida por otra carpeta de investigación en la que tienen que ver los empresarios en las cuales otras personas, no Nancy, falsificaron actuaciones y llevaron a cabo actos de corrupción para implicar a alguien, entre eso aparecen falsificadas actuaciones con nombre y firma de Nancy, nosotros lo comprobamos, esta es una carpeta que se desprende de un fraude en la Fiscalía del Estado, entramos nosotros, tenemos esa carpeta de investigación para ver quién tenía responsabilidad o no, se suspendió a las personas ligadas a la investigación”.
Añadió: “Yo le he dicho que cometió un error, lo evidenciaron y no le iban a dejar pasar ningún error, por eso tenemos que actuar en contra suya. Ella dice que no comete errores, pues bueno, no lo reconoce aunque son cuestiones documentales, no son de testigos, desafortunadamente para ella lo que nosotros le estamos atribuyendo está en documentos, ahí está la hora establecida de cuándo se lleva a cabo una actuación y cuándo se deja de hacer algo, en un documento con firmas que sí son de ella, las que dice que son falsas son las que tienen que ver con el tema de los empresarios y en eso estoy de acuerdo”.
“NO ESTÁ EN NUESTRA CANCHA”
No está en nuestra cancha, es la aseveración que hace Gerardo de la Cruz, quien a pesar del ataque mediático que ha recibido en medios de comunicación, no han podido encontrar el delito de su competencia para integrar una carpeta de investigación en el caso.
“No puedo decir yo no me permitieron denunciar si no llegué con un escrito a denunciar, es sencillo decirlo, pero somos abogados, con ella y su abogado enfrente le puse un código en las manos y le dije usted dígame cuál es el tipo penal que existe, no lo encontró, entonces se lo dejé de tarea, que haga una denuncia en su oficina y la lleve, que no lo ha hecho, y si nosotros nos negáramos a recibir una denuncia, como litigante voy con un notario y hago constar el hecho, pero eso no ha pasado. Hay cosas que son de actuación reservada, pero intervención de la carpeta ha tenido”.
Subraya: “En este momento afortunadamente no está en nuestra cancha. Quien ha salido a dar cara en medios es ella, ha habido quejas, pero por teléfono no damos información, estábamos en época de pandemia, se estableció un día para que la ministerio público la recibiera y ese día dio una rueda de prensa. Nosotros no la hemos revictimizado en medios, ella se ha paseado en medios”.
Para cerrar, el fiscal anticorrupción en su defensa aseguró que han atenido todos los temas, ya sean mediáticos o no, en donde han encontrado delitos de su competencia que atender, reiterando que en algunos casos se debe llevar por la vía administrativa.
“Le ponemos atención a los hechos que se nos denuncian y las cuestiones que son evidentes. Hemos abierto carpetas de investigación por videos que han salido. Hay cosas que son evidentemente delito y lo atendemos, hay cosas que se denuncian y lo atendemos, hay carpetas que los resultados no son tan sencillos y requieren más trabajo, hay cosas que se denuncian en medios y la gente dice que deberíamos hacer algo, muchas veces no nos toca, una cosa es que tengamos un policía corrupto y otra que el delito que cometen sea un hecho de corrupción, hay que ser objetivos en la materia”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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