ENTREVISTAS
Matrimonio en Jalisco entre personas del mismo sexo: Legislación en lo oscurito del Congreso del Estado
Por Diego Morales Heredia //
Las reformas para incluir en el Código Civil el matrimonio entre personas del mismo sexo, la prohibición de las terapias de conversión y que las personas transgénero puedan legalizar sus documentos oficiales fueron temas que los diputados en Jalisco legislaron en lo oscurito, de espaldas a la población y en secreto, eso no es democracia, así se manifestó Rodrigo Iván Cortés, presidente nacional del Frente Nacional por la Familia.
Para alzar la voz, el Frente Nacional por la Familia se movilizó desde el Parque Revolución hasta el Congreso de Jalisco, haciendo un llamado al ejecutivo que se ajuste la ley ante estas reformas que afirman tratan de imponer ideología que no está sustentada en ciencia ni en creencias éticas ni religiosas.
“Lo que nos movió para hacer la marcha hacia el Congreso es que se dio en Jalisco hace unos días una legislación que se hizo en lo oscurito, de espaldas a la población, de noche y en secreto, por lo tanto, le fallaron a la población, además, con iniciativas que no responden a demandas populares, no responden por tanto a la población, lo vemos como consignas ideológicas, por eso se entiende que lo hagan de esta manera, a prisas, en un mismo día, pasando de comisión a pleno y en la madrugada”.
SON REFORMAS IDEOLÓGICAS
Para Rodrigo Iván Cortes, la legislación que se hizo en Jalisco fue exprés, sin consultar a la ciudadanía y sin los foros y mesas de debate adecuados para llegar un buen puerto, por lo cual el llamado es que se hagan bien las cosas y no solamente lo hagan por cumplir una agenda ideológica sin fundamento.
“Son ideológicas, en el caso específico de la prohibición de terapias, es que cuando le preguntamos a los legisladores de verdad no tienen idea de lo que hicieron, creemos que con la redacción, están vulnerando la patria potestad, el derecho a la salud, también están en contra de la libertad religiosa, no considera bien el bien superior de la infancia, la patria potestad de los padres, tampoco considera a los ministros de culto, si bien entendemos que hubo moderación de parte de varios actores que al ver la agresividad de las iniciativas por lo menos procuraron que se atenuaran y no nos parece”.
Agrega: “La redefinición de la cuestión matrimonial, no es una ampliación de derechos, es la modificación de una institución que tiene una razón de ser en la complementariedad hombre mujer, que están abiertos a la vida, porque el matrimonio hombre mujer es la única institución que le brinda al menor de edad, por lo tanto, atiende su bien superior, de tener una relación estable no con cualquier hombre, sino con su padre, no con cualquier mujer, sino con su madre.
Además: “También, la cuestión con respecto a identidades, es una cuestión ideológica, qué base científica tiene el decir que puede haber una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, no existe. El querer decir que la simple expresión de un deseo debe constituir un derecho, eso vulnera la base misma y el sentido del derecho, si uno mete esto como un elemento de fuente legislativa, que me apunten que soy Napoleón, entonces denme un imperio. El mero deseo voluble de preferencia de lo que es tu simple voluntad no puede constituir derecho, por lo menos, una parte positiva, es que al menos eso se hace a partir de los 18 en adelante”.
A la llegada de la marcha al congreso de Jalisco, fueron atendidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política, así como los diversos grupos parlamentarios, quienes escucharon sus demandas y se comprometieron a revisar el tema a fondo.
“El presidente de la Junta de Coordinación Política tuvo a bien recibir a esta delegación y convocar a los coordinadores parlamentarios, varios acudieron, nos parece que al menos, tras el niño ahogado, tuvieron este gesto que sí se reconoce, pero es que eso debería ser la pauta y norma de un congreso, lo óptimo es que hubiera sido previo en que legislen en estas materias de noche y en secreto, tendría que haber sido de cara a la población, con foros de consulta, checando con expertos las demandas que hay, los procesos judiciales, quiénes promueven esto. En este momento, reconocemos que por lo menos la Junta de Coordinación Política y con presencia de los principales coordinadores parlamentarios que es MC y MORENA, tuvieron a bien recibirnos y escucharnos”.
UN EXHORTO AL EJECUTIVO
Como parte de sus demandas, el Frente Nacional por la Familia exhortó al gobernador del estado, Enrique Alfaro, a hacer ajustes a la ley y que se proteja el interés superior del menor y se respeten las libertades fundamentales.
“Nosotros vemos que una de nuestras peticiones es factible y de manera inmediata, toda vez que la ley dice de manera explícita que la cuestión de cambios es a partir de los 18, lo que les pedimos es que hagan un exhorto al ejecutivo para que se ajuste a la ley, toda vez que el ejecutivo del estado, está ahorita más allá de la ley, vulnerando el bien superior del menor, porque está metiendo un contenido ideológico y de confusión al menor, promoviendo la cuestión de cambios de sexo en menores de edad, en algunas ocasiones, responsabilidad del estado, porque eso se podría considerar bajo un parámetro corrupción de menores, el gobierno no está para promover en los menores de edad si quieren ser pansexuales, transexuales, si quieren tener una preferencia en una gama de sexo amplia”.
Subrayó: “Toda vez que en la modificación de la definición de la institución matrimonial no se incluyó la cuestión de adopción, pedimos que se abra una mesa para que ahora sí, lo que no hicieron en lo previo, sí lo hagan, haya foros, haya mesas en las cuales se puedan discutir los elementos más importantes para poder darle a esos niños que están en situación de orfandad lo que han perdido, tratar de atender esa necesidad del menor, pero que se haga de cara a la ciudadanía, eso está en proceso de atenderse”.
A la vez, Rodrigo Iván Cortés hizo un llamado a tratar del tema de manera seria, con foros, discusiones y atendiendo las exigencias que tienen que ver con el tema de vida, familia y libertades.
“Esto implicaría una reforma legal, propia de la facultad del legislativo, para el tema de adopción, que se cuide el bien superior del menor. Como lo manejaron ideológicamente estos grupos, es que es un derecho de los adultos en la situación que se les de la gana adoptar a un menor, eso es falso, no es un derecho del adulto, es un derecho del menor, por lo tanto, tiene que haber requisitos para que pueda ser adoptado un menor. Hay que tratar el tema de manera seria, con foros, discusiones, una de las exigencias que hicimos es que los temas de vida, familia y libertades, se hagan de cara a la población, no a espaldas”.
Comprendiendo que es complicado que esta misma legislación eche atrás las reformas de manera inmediata, espera que se abra un debate serio y democrático, analizando todas las acciones que implica, para que no se vuelva a dar un acontecimiento de noche y a escondidas en el congreso.
“Entendemos que es difícil que ellos mismos lo cambiaran y de inmediato, estamos pidiendo una adecuación del ejecutivo, que el tema de adopción se aborde de manera seria, pero no podemos dejar de señalar que lo que hicieron estuvo mal en términos democráticos, se están analizando las diversas opciones que eso hecho implica. Lo que sigue es que se cumplan esos elementos que se platicaron en la reunión, que se establezcan estas mesas para ir atendiendo de manera puntual las consecuencias de este acto reprobable”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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