– Por Raúl Cantú

El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.

En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.

“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.

En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.

Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.

Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.

En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.

Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.

El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.

Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.

“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.

En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.

Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.

– Por Mario Ávila

Nadie mejor para conocer a los alumnos, que sus maestros; por lo tanto, la opinión de los maestros es relevante para encontrar las vías de solución al conflicto interno en la Universidad de Guadalajara y en Conciencia Pública recurrimos a dos maestros con varias décadas de experiencia y trayectoria universitaria para conocer sus sugerencias sobre la dimensión del problema y las posibles soluciones.

Se trata de Juan Manuel Negrete, maestro desde 1974 en la carrera de Filosofía en el CUCSH y ahora ya jubilado; así como Jorge García Domínguez, maestro en activo en la facultad de Derecho, en el mismo centro universitario.

Ambos coinciden en que la única solución está en el diálogo, pero plantean que el ejercicio debe estar encabezado por la rectora Karla Planter y no por el secretario General, César Barba Delgadillo; además de entrada se debe aceptar que son válidas algunas de las exigencias de fondo de parte de los disidentes, como el hecho de no sentirse representados por la FEU, ni en el seno del Consejo General Universitario, pero de cualquier manera se les debe dar espacio de expresión a las minorías.

Recuerdan que, a nivel internacional, con la declaración de la cultura de paz a través de la UNESCO, ya tenemos una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Jalisco, una buena opción que se trabaja desde el Instituto de Justicia Alternativa y esa experiencia se puede aprovechar para atender la problemática en la UdeG.

Particularmente, el maestro Jorge García Domínguez, hace un planteamiento central: “Yo creo que si no se hace un adecuado manejo del conflicto, que se puede hacer crecer el problema; si no son escuchados adecuadamente, si no se les da una representación a estas minorías, sin duda alguna el movimiento va a crecer y a mí sí me preocupa”, planteó.

Y abundó: “Me preocuparon esos momentos de violencia, me preocupó que hubiera encapuchados, porque esa es una señal de que va a haber violencia y así fue. Me preocupa también que detrás de esto pueda haber gente de la misma Universidad, haciendo estos movimientos como en el pasado”.

Pensemos -advierte-, que en nuestra universidad históricamente así ha sido, cómo se siguió el cambio de la transición de Ramírez Ludewig a Raúl Padilla, pues por las mismas razones, y entonces, también ahorita con ese vacío de poder que se está generando de quién llevaba las riendas de la universidad, se tiene que aprovechar ese cambio como ya lo dije, si queremos que sea positivo, tenemos que preocuparnos porque en este momento la rectora Karla Planter, ejerza la toma de decisiones directamente y tenga el respaldo del Consejo General Universitario y el Consejo de Rectores, de toda la red, que sea ella quien lleve las riendas, no alguien detrás del trono.

En el mismo sentido lo plantea el maestro jubilado Juan Manuel Negrete, quien apunta: “Yo creo que debemos respaldar a la rectora General, Karla Planter, ella debe sentir ese apoyo de su Consejo General Universitario, de su Consejo de Rectores y puede buscar entre los maestros, que sí los tiene, la gente más adecuada para poder manejar el conflicto, que escuche a los muchachos y que integre una comisión de diálogo para llegar a algunas conclusiones a través de un proceso restaurativo y no dejar crecer el problema”.

PIDEN RESPETO A LAS MINORÍAS

A la pregunta de qué tan válido o legítimo puede considerarse al pliego petitorio que entregaron los estudiantes disidentes en la manifestación del 23 de septiembre, en donde destacaban de fondo dos planteamientos que eran no sentirse representados por la FEU ni por el CGU y por lo tanto pedían la extinción de la primera y la cancelación de las elecciones para el segundo.

En respuesta, el catedrático, quien fue funcionario público en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña dijo de entrada que se están viviendo tiempos de cambio en la UdeG, desde la muerte de Raúl Padilla “y esto se debe de tomar como una oportunidad”.

Y expuso: “La rectora Karla Planter llegó de manera correcta al cargo y se debiera hacer todo lo posible por respaldarla, si es que queremos hacer un cambio correcto, un cambio donde quien tenga las riendas en todos los aspectos del poder de la Universidad de Guadalajara, que debe de salvaguardar su autonomía que la rectora, que sea la única, no que haya alguien detrás, como era antes, como se manejó por mucho tiempo; esa era nuestra universidad, ya se terminaron esos tiempos y ahora queremos defender la madurez, para que quien esté de rector, se le apoye y se le respalden en todas las decisiones”.

Y sobre la problemática de que los muchachos no se sienten representados por la FEU y demandan algún espacio, el académico aseguró con claridad que “si nosotros nos vamos a ejercer la democracia conforme están los reglamentos de la FEU y la normatividad universitaria, nunca van a ganar una sola posición”.

Sin embargo, estableció: “Pero si ponemos mucha atención, tienen razón, porque los cambios que se están sintiendo en la sociedad, a raíz sobre todo de la segunda década de este siglo con la reforma en derechos humanos y muchas otras leyes, sobre todo el último párrafo del artículo primero Constitucional, el gobierno y las instituciones, sobre todo públicas, tienen una labor muy fuerte, una responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos de las minorías a veces contra otras minorías».

«Es un paquete tremendo y por eso estamos viendo que, en todos los niveles de gobierno, están procurando cuidar la equidad de género, nos están representando las mujeres, se están abriendo espacios para personas con otra ideología de género, a los pueblos originarios se les está dando su lugar”.

Entonces -planteó-, si bien la normatividad universitaria no les permite conquistar alguna posición, el Consejo General Universitario lo puede resolver y puede darle espacio a estas personas que están pidiendo ser escuchadas y tener espacios en el propio CGU y en la FEU, para realmente ser escuchados y se sientan verdaderamente representados.

LOS TIEMPOS VIOLENTOS DEBEN SUPERARSE

Los hechos de violencia que se dieron desde la primera manifestación del 10 de septiembre a las puertas del edificio de la Rectoría preocuparon al maestro jubilado, Juan Manuel Negrete, quien tiene muy presentes en su memoria los hechos de violencia al interior de la Universidad.

Esa ha sido la característica propia de la UdeG -dijo-, yo tengo experiencia de violencia prácticamente desde que ingresé a estudiar en el año 1969, ya que en el año 1970 tuvimos la primera masacre a balazos en el Politécnico y de ahí para acá puede uno hablar desde muertes.

Yo lo que veo- abundó-, es que el movimiento va a crecer, yo veo que los muchachos están muy dispuestos a sostener esas banderas y hacerlas crecer, y aparte de eso, hay mucha expectativa también en la sociedad y al interior de la Universidad, porque no decirlo, hay miedo lo mismo entre el estudiantado como entre los maestros.

El propio maestro Juan Manuel Negrete hizo alusión a dos hechos que pueden considerase relevantes para deducir que no va por buen camino la solución al conflicto. Primero habló de la respuesta que dio a los manifestantes, el secretario General de la UdeG, el maestro César Barba “El Chicho”, cuando al entregar su pliego petitorio de entrada les descartó sus dos primeras peticiones que tiene que ver con la FEU y con el CGU.

Y ahí se acabó el diálogo -expuso-, es decir, simplemente no hubo diálogo, ya que los temas principales de entrada se los desechan y los asuntos menores ofrecen revisarlos, “entonces a qué venimos”, se podrían peguntar los manifestantes.

Eso a mi juicio -planteó-, revela una insensibilidad total del secretario General de la UdeG para tratar con esas ideas autoritarias a un grupo estudiantil que en efecto es una minoría, pero yo me pregunto, cómo se va a cerrar una institución educativa universitaria, a una postura de los propios muchachos a los que está formando.

Y el segundo tema que le causó cierto grado de expectación, al maestro Juan Manuel, fue una de las consignas principales que se gritaron en la marcha del 23 de septiembre, en donde en alusión al cambio de la FEG a la FEU, plantearon a grito abierto: “Nos prometieron que todo cambiaría: mentira, mentira, la misma porquería».

RECURRIR A DIÁLOGOS DE PAZ Y JUSTICIA RESTAURATIVA

Por la experiencia propia de la edad, pero además por su paso en cargo relevantes como la Dirección Jurídica en el rectorado de Carlos Briseño Torres y un cargo de primer nivel en el gabinete del gobernador, Francisco Ramírez Acuña, el maestro Jorge García Domínguez, planteó además la opción de atender el problema mediante los programas de diálogos de paz y la justicia restaurativa.

No nos olvidemos -dijo-, que se está publicitando mucho desde principios del siglo a nivel internacional, una declaración de la cultura de paz a través de la UNESCO y ya tenemos en la entidad una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, un tema que en Jalisco empezamos a trabajar desde el Instituto de Justicia Alternativa en el año 2011, incluso propiciamos que los particulares privados se certificaran como mediadores y por eso hoy por hoy, Jalisco está muy por encima de cualquier otro estado y cualquier otro país, porque la Ley General prevé herramientas muy importantes como son la justicia restaurativa.

En la universidad -abundó-, tenemos una defensoría de derechos universitarios, que para mi gusto con una disculpa para quienes han estado ahí que son mis amigos, nunca ha funcionado, los derechos universitarios son de todos académicos, administrativos y estudiantes, entonces quizá si un grupo considerable de estudiantes no se ven tan bien representados, se supone que tendrían que entrar ahí, porque es defender los derechos universitarios, y esos derechos son de todos.

Si hay un grupo -remató-, que está pidiendo ser escuchado, ser representado, creo que se tiene que manejar adecuadamente desde luego por la rectora, que es la que debe de dar la cara y después quizá, ya pueda señalar a los integrantes de alguna comisión, para que desarrollen sesiones de justicia restaurativa, de diálogos de paz, que los lleven a algunas soluciones, pero estos funcionarios universitarios deben de ser de un primer nivel y con facultades suficientes para llegar a acuerdos y aprobar soluciones que se puedan aplicar de inmediato.

– Por Diego Morales Heredia

El operativo para revisar los vehículos con placas foráneas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado es un exceso y abuso de autoridad de parte del Gobierno de Jalisco, es recaudatorio y se presta a la extorsión, es la denuncia que hace Jorge Carlos Ruiz, titular de la Contraloría Ciudadana Independiente.

“Se están excediendo en el Gobierno de Jalisco, particularmente en la Secretaría de Seguridad, tenemos que dejar en claro, el pase de estancia temporal que en 2021 se realiza la modificación ya no es una cuestión de medioambiente, ahora el gobierno aparte de hacer el acto de molestia por el pase, van a estar de manera aleatoria haciendo actos de molestia sobre los ciudadanos que tienen placas foráneas en Jalisco”.

Para Jorge Carlos Ruiz, la obligación de los ciudadanos es portar los documentos que marca la ley: licencia, tarjeta de circulación y seguro vigente. Al cumplir con esto, no debería ninguna persona tener problemas para circular en Jalisco y en cualquier parte del país.

“El exceso que cometen los participantes, los policías viales y los policías del estado, es que el secretario divulga que no se refieren únicamente los documentos que marca la ley, te exigen la licencia, la tarjeta de circulación y el seguro vigente, la situación es que ahora determinan por una ocurrencia que no está en la ley, que tienes que traer un documento que avale que eres propietario del vehículo, eso es inconstitucional, excesivo de las facultades que tienen las autoridades en Jalisco”.

En el mismo orden de ideas, el titular de la contraloría ciudadana independiente lamentó que en la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco se tomen estas medidas, cuyo motivo son los delitos que se han cometido por algunos ciudadanos, pero se ha vuelto contraproducente, ocasionando extorsión de algunos elementos.

“Desgraciadamente Seguridad dice que, aparte, solicitará un documento que no viene en la ley, que habrá revisiones aleatorias, que se revisará no únicamente al chofer, sino a la revisión de todos en el vehículo. Tenemos que saber que esto es inconstitucional, no podemos ser molestados en nuestras cosas, no podemos estar siendo detenidos en nuestro libre tránsito de esa manera».

«Hay muchas maneras de ejecutar cuestiones que tienen que ver con seguridad, hay muchas cosas que no hacen en cuestión de inteligencia, no podemos estar tolerando que por algunos delitos que se cometieron con placas foráneas, ya todo el ciudadano tiene ese tipo de problema con la autoridad”.

Agregó: “Esto lo que se está ejerciendo es un tipo de escenario donde se están haciendo actos de molestia a los ciudadanos, muchos de ellos ya han llegado a la Contraloría Ciudadana Independiente a denunciar extorsiones, que si no quieren se que se lleven el vehículo les quieren cobrar hasta 6 mil pesos”.

Las recomendaciones que hace Jorge Carlos Ruiz es apegarse a la ley, portar la documentación que marca la Constitución y en caso de presentar algún problema en su tránsito en la Zona Metropolitana de Guadalajara presentar denuncias y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Hay que cumplir con la ley, en Jalisco debemos traer la tarjeta de circulación, licencia y el seguro vigente, con estos documentos no te pueden retirar el vehículo, si hubiera un accidente y te falta un documento te pudieran quitar el vehículo, si te llegan a detener y te faltan dos documentos sí te pueden quitar el vehículo, pero si cumples con todos los requisitos no lo pueden hacer, si es así, invito a presentar una denuncia por abuso de autoridad y por exceso de las facultades de la persona que ejerce este acto de molestia, que presenten la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eso invito a hacer a todos los ciudadanos”.

También, hizo un llamado al gobernador y a los diputados locales a fomentar que los ciudadanos puedan poner las placas de sus vehículos en Jalisco, pues en la actualidad se tiene la tarifa más alta a nivel nacional en la materia.

“Muchas personas tenemos vehículos con placas foráneas, mejor hay que hacer un llamado al gobernador Pablo Lemus y a los diputados a que de nueva cuenta en el próximo año bajen los costos de lo que cuesta poner un vehículo con placas de Jalisco, somos el estado más caro a nivel nacional para reemplacar, esa ha sido la situación que ha llevado que se tengan tantas placas de otros estados, eso tampoco nos quita el derecho constitucional de poder traer nuestros vehículos de otras partes del país”.

Para cerrar con la entrevista en Conciencia Pública, Jorge Carlos Ruiz aseveró que seguirán en pie de lucha jurídica, asesorando a los ciudadanos que no caigan en estas ocurrencias que son un exceso y abuso de autoridad.

“Nosotros estamos en la lucha jurídica, se están presentando los amparos, hago un llamado urgente a toda la ciudadanía, porque nos han informado que van 150 vehículos retenidos, es una cuestión recaudatoria, no es una cuestión de seguridad y abusan de la ciudadanía. Que la ciudadanía no se deje, denuncien, que presenten las quejas en derechos humanos, porque estas disposiciones son ocurrencias y no lo marca la ley”, puntualizó.

– Por Gabriel Ibarra Bourjac

“Con 50 años y 25 en la política, me he ganado mi lugar desde abajo. Mi ciclo en Tonalá termina en 2027, tras siete elecciones ganadas. Considero dos caminos: uno legislativo, federal o local, si mi partido, Morena, me considera útil; o explorar una candidatura a la alcaldía de Guadalajara, dependiendo de las condiciones legales y de género en 2026”.

Es Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá por tercera ocasión quien así expresa, quien reclama a las administraciones estatales el desdén que le han dado a este municipio clave en la Zona Metropolitana y que ha enfrentado un rezago histórico en infraestructura, especialmente en transporte público y servicios de agua potable.

Sergio Chávez aborda estos desafíos con una mezcla de experiencia, determinación y visión metropolitana en una entrevista con Conciencia Pública. Con tres periodos como alcalde, Chávez expone las razones detrás de la exclusión de Tonalá de grandes proyectos, como la Línea 3 del Tren Ligero y el Mi Macro Periférico, mientras detalla su lucha por revertir esta marginación.

El actual alcalde de Tonalá no solo reclama recursos para su municipio, sino que propone soluciones integrales que beneficien a toda la ZMG. Entre sus prioridades está la culminación del Mi Macro Periférico hasta el centro de Tonalá y el arranque de la Línea 6 del Tren Ligero, un proyecto ambicioso que conectaría la Central Camionera con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Además, aborda la crisis del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), abogando por una reingeniería técnica y administrativa que devuelva la estabilidad al servicio. Otro hito de su gestión es la construcción de un hospital municipal, financiado con ahorros, que atenderá las necesidades de salud del oriente de la ZMG, una región desatendida en servicios públicos.

El presidente municipal de Tonalá subraya la importancia de una visión metropolitana, donde los municipios trabajen juntos, sin colores partidistas, para resolver problemas estructurales como la gestión de residuos sólidos y las inundaciones recurrentes.

Su enfoque combina pragmatismo con un sueño a largo plazo: dejar un legado que transforme Tonalá y fortalezca la metrópoli.

En esta entrevista, Sergio Chávez refleja el compromiso con su comunidad y su capacidad para dialogar con autoridades estatales y federales. Su mensaje es claro: Tonalá no puede seguir al margen del desarrollo metropolitano.

Mientras se prepara para cerrar su ciclo como alcalde, Chávez también reflexiona sobre su futuro político, sin perder de vista los retos inmediatos que enfrenta su municipio.

TONALÁ, MARGINADO DEL DESARROLLO METROPOLITANO

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). Tonalá ha quedado al margen de grandes obras de transporte, como la Línea 3 del Tren Ligero y el Mi Macro Periférico. ¿Por qué ocurre esto y hay esperanza con el actual gobierno de Morena?

Sergio Chávez (SCH). El rezago de Tonalá en infraestructura de transporte tiene raíces profundas. Hace 40 años, cuando era niño, el entonces gobernador Carlos Rivera prometió extender la Línea 2 del Tren Ligero hasta Tonalá, pasando por el Parque Solidaridad, pero solo llegó a San Andrés, en Guadalajara.

En 2013, durante la gestión de Aristóteles Sandoval, cedimos terrenos en Tonalá para los talleres de la Línea 3, pero ninguna estación llegó al municipio; la más cercana está junto a la Central Camionera.

Hace tres años, el gobernador Enrique Alfaro incorporó dos estaciones de Mi Macro Periférico en Tonalá, en Colonia Jalisco y Los Conejos, tras una negociación que reconozco.

El año pasado, el gobernador Pablo Lemus me contactó durante la discusión del presupuesto 2025, pidiéndome apoyo con los diputados de Morena para etiquetar recursos. Prometió completar el Mi Macro Periférico hasta el centro de Tonalá, con una inversión de 800 millones de pesos.

Actualmente, se construyen dos estaciones adicionales, una en Tonalá y otra en Guadalajara, y espero que esta obra esté lista antes de que termine 2026.

800 MDP ETIQUETADOS, ¿DÓNDE ESTÁN?

GIB. Esos 800 millones estaban etiquetados para 2025. ¿Por qué no se ejecutaron? ¿Qué pasó?

SCH. Como expresidente del Congreso, sé cómo funcionan los presupuestos estatales. Los recursos están etiquetados, pero sospecho que se redirigieron a otras obras, como la remodelación de la Plaza de la Liberación, la Glorieta de la Minerva y la carretera al aeropuerto de Chapala. Estoy de acuerdo con esta última, pues era necesaria, pero no pasa por Tonalá.

Esto refleja un patrón: Tonalá siempre queda sacrificada. Con 570,000 habitantes, según el INEGI, nos corresponden 250 millones de pesos del fondo metropolitano, pero solo hemos recibido 100 millones para proyectos como la Avenida Zalatitán (50 millones), la preparatoria de la UdeG (40 millones) y una lateral del Periférico (12 millones).

Estoy peleando respetuosamente para que nos asignen lo que nos corresponde. Si no son 250 millones, al menos 100 o 200 millones para corregir esta injusticia y avanzar en la construcción de proyectos como el Periférico y la Línea 6.

EL SUEÑO DE ARRANCAR LA LÍNEA 6

GIB. La extensión del Mi Macro Periférico y la Línea 6 son grandes desafíos. ¿Cómo los enfrentas como alcalde?

SCH. Mi meta es clara: el Mi Macro Periférico debe llegar al centro de Tonalá antes de que deje la alcaldía en septiembre de 2027, cueste lo que cueste. Si eso implica priorizar recursos sobre otras obras, lo haremos. Este sistema conectará el centro y el norte de Tonalá, zonas con alta densidad habitacional.

Mi sueño es arrancar la Línea 6, un proyecto que conectaría la Central Camionera con el centro de Tonalá, el Periférico Nuevo, el Hospital Civil Oriente y el Aeropuerto. Esta línea, que correría elevada por la autopista Zapotlanejo y el Periférico Nuevo, beneficiaría a toda la ZMG, incluyendo Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y El Salto.

La presidenta de la República conoce el proyecto desde su campaña, y el gobernador Lemus ha prometido impulsarlo, declarando que antes de dejar su cargo completará las Líneas 4, 5 y 6. Si no empezamos ahora, el crecimiento urbano encarecerá la obra exponencialmente, como ocurrió en Tlajomulco.

GIB. El transporte público, no el automóvil, es la solución al colapso vial de la metrópoli. Tonalá enfrenta problemas metropolitanos como la basura y la crisis del SIAPA. ¿Qué propones para abordarlos?

SCH. La gestión de residuos sólidos está estabilizada gracias a la agencia metropolitana que impulsamos. Sin embargo, el vertedero de Picachos se saturará pronto, y necesitamos políticas de separación y sanciones. La ZMG genera 5,000 toneladas de basura diarias, y con 50,000 nuevos habitantes al año, debemos planear dónde depositarla.

En cuanto al SIAPA, la crisis comenzó con su politización bajo Emilio González y se agravó con la reforma de 2013, que alejó a los alcaldes de las decisiones. Antes, los alcaldes metropolitanos, el gobernador y el director del SIAPA nos reuníamos mensualmente para revisar finanzas y obras. Hoy, eso no existe. Las inundaciones y socavones actuales son consecuencia de esta desatención.

Propongo declarar la quiebra del SIAPA, crear comités técnicos para reestructurar la deuda y mejorar la operación, y lanzar programas como “Borrón y Cuenta Nueva” para recuperar cartera vencida. Por ejemplo, el 80% de los deudores deben menos de 10,000 pesos; si les ofrecemos un corte y pagan 1,000, podríamos recuperar 5,000 o 6,000 millones de pesos. Los alcaldes debemos participar, sin intereses partidistas, para garantizar agua y evitar tragedias como las 15 muertes por inundaciones este año. El SIAPA necesita una reingeniería técnica, financiera y política urgente.

GIB. ¿Es mucho o poco lo que el SIAPA cobra a municipios como El Salto y Juanacatlán?

SCH. Es mucho. El Salto paga 60 millones de pesos y Juanacatlán entre 30 y 40 millones, aunque no tienen agua suficiente. Esto refleja una planificación deficiente. Necesitamos un enfoque técnico, no político, para resolver problemas estructurales como las inundaciones y la falta de agua. Los municipios metropolitanos debemos trabajar juntos, como hicimos con la basura, para encontrar soluciones integrales.

GIB. ¿Esperas que el gobernador convoque a una gran reunión para tomar decisiones fundamentales sobre estos temas?

SCH. Sí, espero que ocurra pronto. No culpo al gobernador Lemus, pero lo considero un aliado. No busco colocar gente en el SIAPA ni obtener beneficios políticos; quiero que la ciudad funcione. Si no actuamos ahora, en meses estaremos hablando de escasez de agua o nuevas inundaciones. Los alcaldes debemos dejar de lado el futurismo político y trabajar por la metrópoli. Incrementar tarifas es impopular, pero si se demuestra que mejorará el servicio, la gente lo entenderá. La ciudad no perdona fallos en agua y basura; son servicios que no aguantan más de tres días de crisis.

GIB. ¿Qué viene para Tonalá en 2026?

SCH. A finales de 2025, inauguraré el hospital municipal, construido con 150 millones de pesos de ahorros locales tras cuatro años de esfuerzo, sin apoyo federal ni estatal. Ofrecerá urgencias, consultas externas, hemodiálisis, pediatría, ginecología, materno-infantil y más, con 35 camas censales. Es un proyecto clave para el oriente de la ZMG, donde no hay servicios de salud públicos. Por ejemplo, en Tonalá hay 5,000 personas con insuficiencia renal por la contaminación del Río Santiago, y muchas no pueden pagar tratamientos. El hospital operará como organismo descentralizado, con un consejo integrado por la UdeG, la Autónoma de Guadalajara, el Tec de Monterrey, la Univa y el Banco de Alimentos. Necesita 25 millones mensuales para operar al 100%, y arrancará en etapas, funcionando plenamente en junio de 2026. Es un legado para Tonalá y la región.

BUSCARÍA ALCALDÍA DE GUADALAJARA

GIB. ¿Y para ti, Sergio, tras tres periodos como alcalde y diputado qué sigue?

SCH. Con 50 años y 25 en la política, me he ganado mi lugar desde abajo. Mi ciclo en Tonalá termina en 2027, tras siete elecciones ganadas. Considero dos caminos: uno legislativo, federal o local, si mi partido, Morena, me considera útil; o explorar una candidatura a la alcaldía de Guadalajara, dependiendo de las condiciones legales y de género en 2026. Mi prioridad es dejar el Mi Macro Periférico y la Línea 6 en marcha. Agradezco, Gabriel, este espacio y tu labor periodística.