ENTREVISTAS
Ombudsman Alfonso Hernández Barrón: A los funcionarios actuales les sobra oficio político pero les falta responsabilidad social
Por Mario Ávila //
El ombusdman de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, les recuerda a los nuevos gobernantes que “se equivocan los que piensan que los bonos democráticos que les dan los triunfos en las urnas, son cheques en blanco que les facultan para hacer lo que les pegue la gana; no señores, nada de eso”.
De la misma forma les echa en cara “su falta de compromiso, quienes podrán tener mucho oficio político, pero con una gran carencia de responsabilidad social y el dolor de las víctimas no los mueve o no hace que asuman con la responsabilidad que deben y se ha generado un descrédito de las instituciones que raya ya en un escepticismo social hacia todo lo que huela a gobierno”.
Y frente a la crisis de desaparecidos que vive Jalisco, expresa: “Por desgracia hemos perdido la capacidad de asombro, son fuerzas que desconocemos la dimensión que tienen por el poderío económico, de armamento, de personal e incluso cuentan con apoyo de sectores de la población que ven en la vida delincuencial, la forma deconstruir un proyecto de vida, la narcocultura y toda esta apología del delito que es muy seductora para algunos sectores de la población, incluso alguien me platicaba que hasta un 10% de la población puede estar involucrada en este tipo de actividades”.
LA ENTREVISTA
Pregunta. Qué nos puede decir del trabajo que se realiza en la atención a víctimas y desaparición de personas.
Respuesta. La tesis inicial es que la violación más grave de derechos humanos que vive Jalisco y México es el grave flagelo de la desaparición de personas, tanto la desaparición forzada como la cometida por particulares, estamos hablando de cifras mayores a las de las guerras en el Continente y que nos colocan en una situación que algún día la historia recordará como la época de la desaparición de personas en México. Y ante este escenario el mayor desafío de la CEDHJ es precisamente la agenda de la desaparición de personas. Nosotros desde que llegamos a la institución creamos un área especializada para atender este tema, está adscrita a la Cuarta Visitaduría y justamente íbamos llegando cuando elaboramos una recomendación general, porque era tan grave el problema, yo lo conocía porque me tocó documentar casos de desaparición de personas y ya traía yo el puso de lo que había en el Estado, la seguridad en Jalisco se vino al hoyo en el 2008, 2009 yo lo percibía en los recorridos que hago permanentemente por el Estado, como ya proliferaba la presencia de grupos al margen de a ley, con retenes, convoyes y lo que platicaba la gente de como se incrementaba la presencia en las comunidades y la desaparición de personas.
P. ¿Cómo enfrentaron esa crisis?
R. Justo cuando nosotros emitimos la recomendación general, se da el caso de los estudiantes de cinematografía y hasta ese momento la sociedad voltea a ver y tratar de comprender el dolor de las familias que por lo general se ven solas en su lucha porque todo mundo prefiere dar la vuelta, incluso los propios familiares, al grado de que en muchos de los casos la única que sigue buscando es la madre, que nunca va a dejar de buscar a sus hijos. Y en esa recomendación general ya decíamos todas las acciones que se tenían cuando menos hacer para garantizar el acceso a la justicia y en ese proceso iban creando la Fiscalía Especializada, el área para la búsqueda se había quedado sin titular, fue el 2017 y el primer semestre del 2018 cuando podemos decir que Jalisco iba incluso adelantado en relación a otros estados, porque fue el primer estado que creó la Fiscalía Especializada, pero entonces se viene la crisis en Ciencias Forenses.
P. ¿Estaban mejor cuando estaban peor?
R. En esa época te puedo decir que ha sido uno de los grandes desafíos a los que me he enfrentado, algo surrealista, un tráiler cargado de cuerpos de personas sin identificar circulando por las calles de nuestra ciudad, derramando los líquidos que surgen de los cuerpos y porque además el trato no era el adecuado. En ese momento nosotros tomamos la decisión de instalarnos en el IJCF en donde estuvimos 6 meses y nos dimos cuenta de muchas situaciones. Al principio decían que eran 157 las personas que estaban ahí, después que eran 283, después que fueron 444 cuando vino la Policía Científica y finalmente nosotros documentamos que eran 605 cuerpos y de cada uno de estos casos abrimos un expediente porque no tenían ellos una familia que viniera a interponer una queja y la hicimos de manera oficiosa porque en muchos de esos cuerpos empiezan a aparecer un patrón de inconsistencias, deficiencias, había cuerpos que tenían identificaciones oficiales, otros que tenía datos para hacer posible la localización de sus familiares.
P. ¿Hay un antes y un después?
R. En las recomendaciones están muy precisos los datos, desde que no se investigaban, los expedientes sí eran muy voluminosos, pero de puros oficios entre los propios funcionarios que se volvían a reenviar, cambios de agente del Ministerio Público, no se daba seguimiento a los dictámenes que deberían de integrar el expediente básico de identificación. Después de esa contingencia nosotros nos integramos al Comité de Inhumación convocado por el Ejecutivo en donde se integra un expediente que debe contener 7 dictámenes que hagan posible que posteriormente una de esas personas que están en ese momento sin identificar pueda ser identificada después por su familia a través de imágenes, adn, dictamen antropológico, la necropsia o bien una de las 7 opciones con las que hoy se cuenta.
P. ¿Y qué le falta al gobierno, recursos, personal, tecnología, voluntad?
R. Mira, todo eso le falta, pero principalmente le falta mejorar la coordinación. Te voy a dar un ejemplo, una de las recomendaciones que emitimos el año pasado habla de una persona extranjera que viene de vacaciones y que no regresa a su lugar de origen (Canadá), la familia viene y hace el reporte, investiga y en todas las instancias le dicen que su hijo no está. Al año le avisan que ya lo encontraron, pues resulta que cuando ella vino la primera vez, ya estaba a disposición de las instituciones públicas, pero no había coordinación; pero eso no es lo más grave, les envía el dinero desde Canadá para que manden el cuerpo y le hablan y le dicen que el cuerpo se lo entregaron por equivocación a otra familia y ellos ya lo habían incinerado, lamentable también que en la religión de la familia de la víctima no está contemplada la incineración. De cualquier manera, buscan la forma de hacer estudios de adn aprovechando que en las evidencias había quedado una parte ósea y resulta finalmente que en las instituciones públicas, la habían extraviado. Este caso refleja fielmente que faltan recursos sin duda, pero hay otras cosas y yo creo que como dice ese dicho ‘no hay buenos o malos ejércitos, lo que hay son buenos y malos generales’.
LES FALTA COMPROMISO
P. ¿Falta talento?
R. Falta compromiso, algo que falta mucho en el funcionariado actual de todos los niveles, tienen mucho oficio político, pero les falta responsabilidad social y el dolor de las víctimas no los mueve o no hace que asuman con la responsabilidad que deben y se ha generado un descrédito de las instituciones que raya ya en un escepticismo social hacia todo lo que huela a gobierno y esto es muy delicado porque si perdemos el estado de derecho perdemos la oportunidad de regular la vida colectiva dentro de un marco de paz y de respeto, las instituciones son importantes, pero quienes han llegado en muchas veces a los cargos, no tienen ese sentido de responsabilidad.
PERDIMOS LA CAPACIDAD DE ASOMBRO
P. Y aunque suene crudo presidente, ¿En Jalisco no hemos tocado fondo?
R. Hemos perdido la capacidad de asombro, son fuerzas que desconocemos la dimensión que tienen por el poderío económico, de armamento, de personal e incluso cuentan con apoyo de sectores de la población que ven en la vida delincuencial, la forma de construir un proyecto de vida, la narcocultura y toda esta apología del delito que es muy seductora para algunos sectores de la población, incluso alguien me platicaba que hasta un 10% de la población puede estar involucrada en este tipo de actividades. Entonces el monstruo es muy grande y el problema es que no es un asunto entre grupos rivales nada más y el mejor ejemplo es lo que ocurrió con los tres estudiantes de cinematografía. Es realmente muy lamentable la barbarie a la que hemos llegado como sociedad y en buena medida también por la falta de acciones oportunas de los gobiernos, que han permitido que se genere la impunidad, la corrupción.
P. ¿Ustedes han hecho lo que le corresponde o pueden hacer algo más?
R. Siempre podremos hacer algo más, yo creo que hemos hecho muchas cosas, pero debemos seguir esforzándonos, debemos seguir trabajando y ese es nuestra ruta, nuestro horizonte es ayudar hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan en el acompañamiento a las víctimas, el comprender la dimensión de su dolor, imaginárnoslo, ser empáticos, muy respetuosos y también caminar a su lado con humildad y diligencia. Varias familias que buscan por todo el país dicen que en Jalisco han encontrado eco desde la defensoría de los derechos humanos, lo digo con modestia, esta era una agenda que nunca había estado presente en la defensoría pública y es la más importante para nosotros en este momento.
P. De las descalificaciones que la lanzado el gobernador a su quehacer, ¿cuál es su opinión?
R. Las comisiones de derechos humanos que se crean hace aproximadamente 30 años, fueron creadas con un propósito, ponerle límite a los poderes desde el enfoque de los derechos, ese es el trabajo y el mandato que establece desde la Constitución, a nosotros nos toca decirle a las autoridades cuando hay violaciones a los derechos humanos.
“SOMOS UN ORGANISMO AUTÓNOMO”
P. ¿Desde el gobierno no se comprende su tarea?
R. Lamentablemente hay quienes lo interpretan como ataques o como obstáculos a su trabajo; no, somos un organismo constitucionalmente autónomo, pero formamos parte de un modelo de gobierno completo y entonces deben ver en la CEDHJ una oportunidad para revisar sus procesos, sus mecanismos y las deficiencias que nosotros les estamos señalando. Este es el reto que tenemos también de buscarles el encuadre a los nuevos gobiernos y lo digo desde el ámbito federal hasta el ámbito estatal, porque a veces se equivocan y piensan que los bonos democráticos que les dan los triunfos en las urnas, son cheques en blanco que les facultan para hacer lo que les pegue la gana. No señores, vivimos en un estado constitucional de derecho y conquistar los derechos y libertades fundamentales ha sido el resultado de luchas históricas que no se pueden cambiar de un plumazo y por más que les resulte incómodo nuestro trabajo es señalar las omisiones o las actuaciones deficientes, pero además lo hacemos con un ánimo propositivo.
P. ¿Puede leer una recomendación de medio kilo?
R. Tenemos que seguir trabajando en la capacitación del funcionariado y algo que debemos de exigir la ciudadanía a quienes se integren a la fusión pública, es que estén debidamente formados, es lo mínimo que debemos pedirles, porque luego todo se ve con una lógica política y se buscan las declaraciones que generen la atención y la expectativa, cuando lo que se requiere es la responsabilidad social en el ejercicio de un cargo público.
NO SE INTIMIDA
P. ¿Lo intimidan, lo amilanan estos mensajes?
R. Para nada. Mira, yo soy muy respetuoso, yo realmente veo en todas estas situaciones, áreas de oportunidad. Yo vengo de una familia que se ha dedicado a la lucha social y a la defensa de los derechos humanos desde hace muchos años, a mí me tocó ver a mi madre en temas de defensa de los derechos humanos, en temas de confrontaciones fuertes con las autoridades y en mi caso opté por la formación jurídica que me permitiera la incidencia desde la lucha social, desde el litigio estratégico y desde las propias instituciones.
P. ¿Pero sí le dificultan su tarea?
R. Nos presentan mayores retos, pero eso es bueno porque es un placer vivir en tiempos difíciles y enfrentar este tipo de circunstancias, porque es cuando disfrutas justamente el placer de tomar decisiones y de incidir.
P. ¿Estará usted siempre del lado de la víctima?
R. Definitivamente. De eso no hay duda. Esta gestión nunca renunciará a caminar del lado de la gente y a hablarle con respeto, pero con firmeza, a las y los gobernantes.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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