ENTREVISTAS
Operadores de seguridad en Jalisco carecen de estrategia de para enfrentar a la delincuencia: Especialista Rubén Ortega
Por Diego Morales //
Con lamento, Rubén Ortega no visualiza una solución al tema en el corto y mediano plazo a la problemática de violencia e inseguridad que sufre Jalisco, pues los únicos que se han beneficiado por la falta de estrategia son los delincuentes.
“No se ve la estrategia, no se ve solución alguna. Esto se convierte en factor criminógeno, los delincuentes ven que no pueden llegar a ellos y lo vuelven a repetir en el mismo modus operandi, creo que no hay en un momento determinado ninguna sanción, ningún castigo ejemplar”, considera el estudioso del fenómeno delictivo y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.
Rubén Ortega apunta que además del cambio de funcionarios, deben plantearse proyectos basados en políticas públicas efectivas en planeación y evaluación a corto, mediano y largo plazo lo que es inexistente, subraya.
Esto a pesar de que el gobernador de Jalisco señaló que la estrategia en seguridad está funcionando, lo primero que se debe hacer es cambiar a los operadores pues los que están al frente no dan los resultados esperados.
Para el académico de la Universidad de Guadalajara y experto en temas de seguridad, lo que dejó el año 2019 fue la incidencia de trabajar sobre la misma inercia que la administración pasada.
EL CAMINO DE LA INERCIA
“El año nos mostró que vamos caminando sobre la misma inercia, sobre la improvisación y que no ha habido nada sustantivo en la variación con respecto a la otra administración. La Fiscalía sigue sin cambios de fondo, la coordinación de seguridad pública que se encuentra al frente de ella Macedonio Tamez vemos que hay una descoordinación, todas las policías transitan por su mejor ver de lo que se deba hacer, tienen sus propias estrategias, no están vinculadas unas con otras, tenemos el caso del robo de armas en Tonalá, todas las personas que han sido encontradas sin vida en las fosas localizadas, tenemos lo que respecta a los diferentes medios lesivos que hay de las personas”.
Sobre la expectativa que se tiene para el año que recién comienza, Rubén Ortega no vislumbra cambios sustanciales, pues no encuentra una política criminal con estrategia y logística que logre abatir los índices delictivos en el estado.
“Creo que si no hay una política criminal con estrategia y con logística realmente definida, planeada, programada, presupuestada y evaluada vamos a tener lo mismo, inercia e improvisación, lo vemos con el caso de la Policía Metropolitana que en el papel suena muy bonito pero que no funciona como tal.
“¿Alguien ha visto a la policía de Zapopan en Tlaquepaque? ¿la de Tlaquepaque en Ixtlahuacán o Juanacatlán? Entonces, no tenemos una Policía Metropolitana como tal y tampoco tenemos una coordinación entre los cuerpos, porque cuánta gente transita con armas por la ciudad, vemos balaceras, homicidios, lo que nos muestra la descoordinación que existe”.
EL 99% DE IMPUNIDAD
Los números que tiene el Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara son fríos, en el estado existe el 99 por ciento de impunidad para los delincuentes, que lo convierte en un factor criminógeno para los delincuentes quienes reinciden con la seguridad de que es muy poco probable que sean castigados.
“Tenemos que hay un 99 por ciento de impunidad, esto es una eficacia de menos del uno por ciento en homicidios, desapariciones, secuestros, que nos está dando cifras muy desalentadoras, que se convierten en factor criminógeno, el delincuente lo analiza, si de cien veces que se comete un delito se castiga uno, que ni al uno llega, pues tienen amplia probabilidad de seguir cometiendo delitos sin ninguna consecuencia ni castigo ejemplar, porque a final de cuentas el derecho penal se trata que se castigue a una persona, no propiamente a que se lleven los procesos”.
LOS NÚMEROS DEL GOBERNADOR
Aunque el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha resaltado que los delitos de alta incidencia han ido a la baja, para Rubén Ortega esto es consecuencia de que las personas no acuden a denunciar por la poca confianza que se tiene en Fiscalía y que los delitos de alto impacto han ido a la alza por la alta cantidad de homicidios y desaparecidos que se vive en la metrópoli.
“La apreciación del gobernador es errónea, no sé si los asesores que tiene no le hacen bien las cuentas. El uso del método cuantitativo que es común de usar por parte del fiscal Solís Gómez, escudándose en estas estadísticas, nos da una mala calidad. Al contrario de lo que menciona el gobernador, los delitos de alto impacto van a la alza, en homicidios. Hay demasiados homicidios, desapariciones, levantones.
“El tercer derecho jurídico es el patrimonio, es en lo único que él dice que han disminuido un 30 por ciento, lo que a lo mejor es que la gente se ha desalentando, la gente no va y denuncia el robo de su celular, no ocupan la denuncia, si te roban algo de un vehículo con un cristalazo igual, no se hace la denuncia, si te roban en la calle prefieres seguir trabajando para recuperar eso que perder días en la Fiscalía cuando sabes que no te va a responder, quedan los casos en un archivo y te revictimizan”.
Agrega: “No hay voluntad ni sensibilidad humana para proteger a la víctima, que al final de cuentas el derecho penal debería circular alrededor de la víctima, del afectado, y no como usualmente se maneja en cuanto al inculpado, detenido, procesado, hoy mencionado imputado”.
Para abatir los índices delictivos y cambiar la estrategia, la sugerencia de Rubén Ortega es cambiar los rostros de los funcionarios que no están dando resultados y plantear proyectos basados en políticas públicas que sean efectiva en planeación, presupuesto y evaluación a corto, mediano y largo plazo.
“Lo primero que tiene que hacer es que deben cambiar rostros, porque estos no están funcionando, los personajes que están actualmente no están funcionando. Una vez que se cambien estos operadores, debe plantearse realmente proyectos claros que se basen en políticas públicas que sean efectivas en planeación, presupuesto, evaluación a corto, mediano y largo plazo, para que nos empiecen a dar respuestas si son efectivas o no. Tiene que transitarse por la autonomía de la Fiscalía, porque todavía depende del ejecutivo, quien responde es el propio ejecutivo, en este caso el fiscal no nos da cuentas claras de muchas cosas y Macedonio nos habla de esas cuentas, como que no hay una transparencia muy clara”.
Ante la postura de Enrique Alfaro en cuanto a que la estrategia de seguridad está funcionando, se dice respetuoso, sin embargo, los datos que han obtenido en el observatorio son completamente diferentes a los que expone el gobernador de Jalisco.
“Es muy respetable porque es el gobernador, pero nosotros vemos la realidad, le demostramos con números, con casos en específico, bajo el método cualitativo las fallas que se están teniendo. Claro que le dará disgusto y molestia que le señalemos dónde están las fallas, pero ese es nuestro trabajo, observar y tener un resultado de esa observación, de ese análisis, que es tan claro como la percepción que tiene la sociedad. Si le preguntas a las personas si se sienten más seguras que hace 10 años te dirán que no, la seguridad es una percepción, entonces el aspecto negativo que es la inseguridad también es una percepción, si la gente se siente insegura, es porque hay un contexto inseguro”.
De igual manera, espera que el presupuesto en materia de seguridad que incrementó para el 2020 sea utilizado para la contratación de personal y no para cursos, pues de otra manera no habrá mejoras en la materia.
“Aumentó un poco, pero la cuestión no es el aumento, sino a dónde se destine. Lo que se necesita es más personal, y personal distinto, porque se prometió una limpia en Fiscalía que no se cumplió. Si tienes a los mismos, haciendo lo mismo, los resultados serán iguales, es sencillo y lógico. Si contratan personal que tenga un perfil con sensibilidad humana, con espíritu de servicio, que no se preste a la corrupción, entonces vamos a empezar a ver cambios. Pero si el dinero se utiliza en cursos para justificar el gasto, si lo utilizan en cambiar muebles, vehículos, comprar más armas, esto no nos dará ningún resultado. Necesitamos que se contrate el personal, que se eviten los controles de confianza que son de desconfianza, la gente no tiene confianza en la policía, entonces no nos está sirviendo, vemos policías metidas en corrupción, una fiscalía anticorrupción con cero resultados, no tenemos una sola sentencia”.
LA ESTRATEGIA ES QUE NO HAY ESTRATEGIA
Un tema que lastima a la sociedad es el de los desaparecidos, que una de cada siete personas no regresan a su casa. Al respecto, Rubén Ortega es crítico, la estrategia en este rubro es que no hay estrategia, a lo cual espera que pronto se tomen cartas en el asunto y se priorice sobre todas las cosas la parte humana.
“La estrategia es que no hay estrategia. No tienen una política clara para la cuestión de desapariciones, vemos que hay más de 800 cadáveres de nuevo en el Instituto de Ciencias Forenses. Si con los números que había teníamos la crisis, ahora con el doble, además no hay sensibilidad humana, ni el recurso humano, con el personal necesario para atender a los familiares de estas víctimas. El año pasado tuvimos casi 2 mil desaparecidos, entonces cuántas carpetas de investigación se deben trabajar, cuántos análisis se deben hacer”.
Subraya: “Tenemos una forma que da horror, cuerpos sepultados, en distintas fosas, en casas abandonadas, el gran número de embolsados, el gran número de pozos que se han utilizado últimamente para mandar paquetes de miembros de cuerpos. La delincuencia ha actuado organizada y sistemáticamente, utilizan una estrategia y logística, desmiembran cuerpos, quizá en algún lote están algunas partes y en otro más partes, ellos sí utilizan la teoría del caos, que se ve que la autoridad no tiene para dónde caminar de una manera reactiva, preventiva, con alguna logística».
Con lamento, Rubén Ortega no visualiza una solución al tema en el corto y mediano plazo, pues los únicos que se han beneficiado por la falta de estrategia son los delincuentes.
“No se ve la estrategia, no se ve solución alguna. Esto se convierte en factor criminógeno, los delincuentes ven que no pueden llegar a ellos, lo vuelven a repetir en el mismo modus operandi, creo que no hay en un momento determinado ninguna sanción, ningún castigo ejemplar”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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