ENTREVISTAS
Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030: El plan es una brújula flexible que podrá ajustarse, Cynthia Cantero
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
“Por primera vez unimos planeación, presupuesto e informes de gobierno. Las solicitudes de recursos de las dependencias estarán ligadas a las metas del plan, y los informes reflejarán su cumplimiento, garantizando un instrumento vivo, no un documento archivado”, precisa Cynthia Cantero Pacheco, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
Así lo destaca la funcionaria al hablar del esfuerzo que se ha hecho en estos últimos meses en el gobierno que encabeza Pablo Lemus para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, mismo que fue presentado a principios de junio, un documento que promete transformar la entidad mediante un enfoque participativo y realista.
Bajo la coordinación de Cynthia Cantero Pacheco, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, este plan se construyó con las voces de 675,000 jaliscienses, marcando un hito en la consulta ciudadana en México. Desde las 12 regiones del estado hasta los hogares de comunidades marginadas, el proceso refleja un mandato social que busca atender problemas urgentes como la seguridad, el abastecimiento de agua y la pobreza.
Fundamental ha sido el trabajo e involucramiento de todas las Coordinaciones Generales de la Administración Estatal, hace notar la funcionaria entrevistada al destacar el trabajo en conjunto que se ha venido realizando.
En entrevista con Conciencia Pública, Cynthia Cantero detalla cómo este plan, ahora en revisión por el Congreso del Estado, no es una camisa de fuerza, sino una brújula flexible para un Jalisco incluyente y competitivo. Su mensaje es claro: la planeación participativa no termina con la publicación del documento, sino que inicia una era de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad para construir un estado donde las personas “se sientan felices de vivir”.
El plan no es un ejercicio retórico, sino un compromiso medible que vincula planeación, presupuesto y resultados, rompiendo con la tradición de documentos archivados en vitrinas gubernamentales. Cantero, con su experiencia en transparencia y anticorrupción, subraya que cada meta —como alcanzar el 92% de cobertura en medicamentos o reducir las tasas de desapariciones y homicidios— estará sujeta a indicadores claros y a la vigilancia ciudadana.
La plataforma MIDE Jalisco y los consejos de participación serán herramientas clave para garantizar que el gobierno rinda cuentas, mientras los planes sectoriales y regionales asegurarán que ninguna comunidad quede rezagada.
Jalisco enfrenta desafíos estructurales que el plan aborda sin disfrazar cifras: el deterioro de la red carretera, la crisis del agua, la marginación en regiones como el Norte y la persistencia de la violencia, incluyendo las desapariciones, destaca Cynthia Cantero.
Proyectos emblemáticos, como el acueducto Presa Calderón o la rehabilitación de la carretera a Colotlán, se suman a ambiciones económicas, como posicionar al estado como líder en semiconductores e inversión extranjera.
Sin embargo, Cantero reconoce que factores externos, como crisis globales, podrían exigir ajustes, siempre con justificaciones transparentes.
La visión intergeneracional del plan, con un horizonte al 2050, apuesta por la sostenibilidad y el cuidado de recursos como el agua y la biodiversidad, mientras prioriza a grupos vulnerables: indígenas, personas con discapacidad, migrantes y juventudes.
La inclusión de 25,176 niñas, niños y adolescentes en la consulta subraya este enfoque hacia el futuro. Cantero enfatiza que el éxito dependerá de una ciudadanía activa, convocada a espacios de evaluación social para ser contrapeso del gobierno, un reto que busca cambiar la cultura pasiva de participación en Jalisco.
VINCULACIÓN AL PRESUPUESTO
P. Lo que he visto es que normalmente los planes los editan en libros gruesos que sirven para guardar en libreros o vitrinas de oficinas de funcionarios de gobierno, que pocos o nadie consultan. ¿Por qué este plan será diferente a los anteriores?
CC. Estamos buscando romper este punto que tú comentas, porque el plan lo estamos vinculando completamente al presupuesto que se va a estar solicitando.
P. ¿No se había hecho anteriormente la vinculación?
CC. Anteriormente iba el plan, la planeación, digamos, de la función pública. Era un documento, otro muy aparte del presupuesto estatal y otro completamente independiente, el informe de gobierno.
Hoy en día vamos a unir estos tres instrumentos. No van a ir como islas, separados, cada uno por su lado, sino que lo que vamos a hacer es vincularlos. Actualmente ya se está comenzando, incluso por parte de la Secretaría de Hacienda, a generar las primeras acciones para la elaboración de la propuesta del presupuesto de egresos del siguiente año.
Y esta solicitud de recurso público de las secretarías, de las dependencias, de las diferentes oficinas públicas, va a tener que ir identificada y colgada de la ruta que establece el plan. Es decir, el dinero va completamente vinculado a la planeación y a un elemento más, a los resultados.
En los informes de gobierno evidentemente se tiene considerado que hablen de lo que se estableció en la planeación.
P: Secretaria Cynthia Cantero, ¿para qué sirve un Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza?
CC: Sirve para que evaluemos la acción pública, para que evaluemos al Gobierno, para que evaluemos sus resultados y podamos identificar si están haciendo o no su trabajo, si están cumpliendo con sus responsabilidades.
El plan define el rumbo de Jalisco, establece compromisos del gobierno en desarrollo económico y social, permite evaluar la acción pública y asegura que se cumplan las responsabilidades gubernamentales.
P: Usted encabezó foros y consultas en todo el estado para elaborar este plan. ¿Cómo se vincula al presupuesto y a los resultados?
CC: Por primera vez, unimos planeación, presupuesto e informes de gobierno. Las solicitudes de recursos de las dependencias estarán ligadas a las metas del plan, y los informes reflejarán su cumplimiento, garantizando un instrumento vivo, no un documento archivado.
P: El plan aborda temas críticos como seguridad, desapariciones, salud y medio ambiente. ¿Cuáles son los indicadores para medir su avance?
CC: Los indicadores están vinculados a fuentes oficiales globales, detallando compromisos, estrategias y evaluación. Por ejemplo, buscamos 92% de cobertura en medicamentos para 2030, con metas claras en desapariciones y homicidios dolosos, medidas mediante tasas específicas.
P: ¿Cómo se decidió construir un plan participativo y qué alcance tuvo la consulta?
CC: La Constitución exige planeación participativa. Implementamos consultas en las 12 regiones de Jalisco, con encuestas digitales, foros, mesas de trabajo y una muestra representativa de 4,600 hogares. Recibimos 675,000 participaciones, incluyendo a indígenas, migrantes, personas con discapacidad y 25,176 niñas, niños y adolescentes, reflejando un mandato social ineludible.
P: Este plan es intergeneracional, con visión al 2050. ¿Cómo aborda la sustentabilidad?
CC: Parte de diagnósticos realistas, sin disfrazar cifras, y prioriza el cuidado del agua, la biodiversidad y la acción climática. Es una herramienta para evaluar al gobierno y garantizar que las generaciones futuras hereden un Jalisco sostenible.
P: ¿Quién dará seguimiento al plan y qué metodología usará?
CC: La Secretaría de Planeación lo supervisará mediante la plataforma MIDE Jalisco, actualizada mensualmente con indicadores. Además, crearemos espacios de evaluación social con sociedad civil, academia y medios, fomentando rendición de cuentas participativa.
P: ¿Los secretarios están alineados con el plan? ¿Qué pasará si no cumplen las metas?
CC: Los secretarios participaron en la consulta y conocen sus compromisos. La Secretaría articula el seguimiento, pero la evaluación la realizarán organizaciones civiles y universidades. Los resultados se presentarán anualmente en el informe del gobernador, con ajustes justificados si es necesario.
P: El plan aborda agua, pobreza y seguridad. ¿Cuáles son las metas específicas, por ejemplo, en agua?
CC: Incluye estrategias integrales, como el acueducto Presa Calderón y una planta potabilizadora para mejorar el abastecimiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los planes sectoriales, que se publicarán pronto, detallarán soluciones específicas por región.
P: ¿Qué proyectos clave incluye el plan?
CC: Rehabilitar el 100% de la red carretera estatal, priorizando tramos como la vía a Colotlán, posicionar a Jalisco como líder en semiconductores e inversión extranjera, y garantizar clases de inglés, música y computación en todas las escuelas para 2030.
P: ¿Cómo se integrarán los grupos vulnerables, como personas con discapacidad o indígenas?
CC: El plan dedica apartados específicos a nueve grupos marginados, con estrategias de inclusión cultural y acceso a servicios. Por ejemplo, los centros colmena en zonas como Lagos de Moreno fomentarán comunidad y atenderán infancias, juventudes y personas en situación de vulnerabilidad.
P: ¿El plan influirá en el presupuesto estatal?
CC: Es el sustento para solicitar recursos. Las metas justifican el presupuesto anual, asegurando que el dinero se destine a prioridades como salud, educación y seguridad, con transparencia en su uso.
P: La rendición de cuentas es central. ¿Cómo fomentará la participación ciudadana en la vigilancia del plan?
CC: Crearemos espacios de diálogo semestrales o anuales con medios, academia y sociedad civil para evaluar avances. Queremos una ciudadanía activa que vigile la acción pública, convirtiéndose en contrapeso del gobierno.
P: Algunos planes anteriores carecían de metas en temas sensibles como desapariciones. ¿Qué cambia ahora?
CC: Establecimos metas claras, como reducir tasas de desapariciones y homicidios dolosos para 2030, basadas en diagnósticos reales. Esto permite medir el éxito de las estrategias y reconstruir el tejido social de manera integral.
P: ¿Qué mensaje final tiene para los jaliscienses?
CC: Este plan refleja las voces de 675,000 personas y marca una ruta clara para Jalisco. Invitamos a la sociedad a participar en su evaluación, asegurando un gobierno abierto, transparente y comprometido con resultados reales.
-Por Francisco Junco
Mery Gómez Pozos, diputada federal por el Distrito 11 de Guadalajara y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, expresó en entrevista con Conciencia Pública su confianza en que Morena ganará las elecciones en Jalisco en 2027.
“En el 27 vamos a ganar en Jalisco y eso lo saben los emecistas, lo saben todos los jaliscienses. En la elección del 2024 ganamos 15 de 20 distritos en el estado, aquí la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un millón 750 mil votos, una votación histórica, muy por arriba de la que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.
Esta declaración refleja el optimismo de Gómez Pozos sobre el crecimiento de Morena en un estado tradicionalmente dominado por el Movimiento Ciudadano (MC), destacando el respaldo ciudadano como base para el triunfo futuro.
Gómez Pozos subrayó la necesidad de cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizando el proyecto colectivo de la Cuarta Transformación sobre ambiciones personales. “Hay confianza en este movimiento y lo que tenemos que hacer es cerrar filas, en torno a la presidenta”.
“Esto trasciende las aspiraciones personales de cualquier personaje que se diga morenista en este estado. Tenemos que cerrar filas alrededor del movimiento y lo que sea mejor para el movimiento y hacer lo que nos toca a cada quien en nuestra trinchera”, señaló.
Su mensaje enfatiza la unidad y el trabajo desde las bases para consolidar la presencia de Morena en Jalisco, un estado clave donde el partido busca desbancar al MC en 2027.
“VAMOS A GANAR EN EL 27”
En cuanto al futuro de Jalisco, Gómez Pozos reiteró su optimismo: “Vamos a ganar en el 27, porque tenemos la confianza de la gente y el hartazgo de los gobiernos naranjas”. Subrayó la votación histórica de Sheinbaum en 2024 como un indicador del respaldo ciudadano, que superó significativamente los votos obtenidos por López Obrador en elecciones previas.
Además, destacó la importancia de mantener la mayoría en el Congreso y ganar municipios clave en 2027, consolidando la presencia de Morena en el estado.
SU CANDIDATURA PARA EL 2027
Preguntada sobre su posible candidatura en 2027, Gómez Pozos evitó centrarse en ambiciones personales, enfocándose en su trabajo actual. “Yo le decía a la gente, me caen muy gordos los políticos que prometen, ganan y ya están pensando en la siguiente silla. Hay que fijarnos en qué están haciendo los que ya favorecieron con el voto”, afirmó.
Como presidenta de la Comisión de Presupuesto, destacó logros como un aumento de más de 8 mil millones de pesos para Jalisco en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, además de presentar siete iniciativas legislativas relevantes y atender sin rezagos los 90 turnos asignados a su comisión.
“Estoy haciendo lo que me toca, no pueden decir que soy una diputada que no va, que no vota, que no se involucra, que no volvió al territorio”, aseguró, enfatizando su compromiso con el trabajo legislativo y territorial.
Mery Gómez Pozos proyecta una visión de unidad y trabajo colectivo para que Morena conquiste Jalisco en 2027. Su confianza se basa en los resultados electorales de 2024, el fortalecimiento de la estructura partidista y el respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación.
Con un enfoque en la transparencia, la justicia y la atención a las necesidades locales, Gómez Pozos llama a cerrar filas en torno al proyecto de Sheinbaum, dejando claro que el éxito de Morena dependerá de la solidez de su estructura y la calidad de su trabajo en beneficio de los jaliscienses.
LAS DECISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA
Durante la entrevista, la diputada detalló los temas abordados en el Consejo Nacional de Morena, celebrado el 20 de julio de 2025, que considera fundamentales para el fortalecimiento del partido. Entre los puntos destacados está la creación de una estructura territorial sólida mediante la instalación de comités seccionales en todo el país, incluyendo 3,579 en Jalisco, de los cuales mil estarán en Guadalajara.
“Esto nos va a garantizar una estructura tan sólida, para que haya un espacio de participación de toda la gente que quiera formar parte, aportar su granito, y te permite garantizar que no va a haber ni cacicazgos, ni referentes que se crean que tienen el poder de toda la estructura”, explicó.
Este enfoque busca democratizar la participación y evitar liderazgos que concentren el poder, asegurando que los candidatos sean seleccionados exclusivamente por encuestas, basadas en el reconocimiento positivo de los aspirantes.
Otro aspecto clave del consejo fue la conformación de un comité de evaluación para nuevas incorporaciones al partido, integrado por figuras como Luisa María Alcalde, Alfonso Durazo, Carolina Rangel, Epigmenio Ibarra y Armando Bartra. Este comité tiene como objetivo cuidar los principios de Morena, especialmente ante el crecimiento del partido, que ya cuenta con más de siete millones de afiliados.
“Somos un movimiento tan grande, más se van a querer sumar, pero tenemos que cuidar los principios del movimiento y no permitir que personajes que vayan contra los principios formen parte de ello”, afirmó Gómez Pozos, destacando la importancia de mantener la integridad ideológica.
El tercer punto relevante es el plan municipalista, que busca que los gobiernos locales de Morena prioricen necesidades básicas como agua, alcantarillado, seguridad, alumbrado público y bacheo. “Los presidentes municipales que ya forman parte de Morena tienen que ceñirse a que sus presupuestos contemplen puntos súper básicos para la gente”, indicó, subrayando que los 880 municipios gobernados por Morena deben distinguirse por su enfoque ciudadano y eficiencia, evitando “ocurrencias” y consolidando gobiernos cercanos a la población.
-Por Gabriel Ibarra Bourjac
En México, el juicio de amparo es el bastión constitucional que protege al ciudadano contra los abusos de la autoridad, un faro de justicia en un sistema a menudo opaco. Sin embargo, una distorsión creciente en su aplicación está golpeando a los empresarios de grúas, quienes, en un giro aberrante, son señalados como autoridades responsables en demandas de amparo, privándolos del derecho a cobrar por sus servicios legítimos.
Juan Francisco Treviño, asesor de la Asociación Nacional de Empresarios de Grúas (AGRUAS), alza la voz en esta entrevista para denunciar una práctica que no solo vulnera el estado de derecho, sino que condena a los prestadores de servicios a un vasallaje moderno, donde el trabajo solicitado por la autoridad se convierte en un castigo sin paga.
Esta problemática, que Treviño describe con indignación y claridad, revela un Poder Judicial que, lejos de impartir justicia, perpetúa desigualdades al equiparar a un particular con una autoridad, despojándolo de sus derechos procesales.
Lo que debería ser una herramienta de defensa se transforma en un arma que favorece intereses oscuros, con despachos que lucran ofreciendo liberar vehículos de corralones sin costo, mientras los empresarios de grúas enfrentan pérdidas y multas.
En un país que clama por equidad, esta entrevista expone una verdad incómoda: la justicia, cuando se basa en mentiras procesales, es solo una ilusión que deja a los ciudadanos en indefensión.
GRAVE ERROR DE LA JUSTICIA FEDERAL
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): Juan Francisco nos hablabas de la problemática con la Ley de Amparo y su impacto en los empresarios de grúas. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta distorsión?
Juan Francisco Treviño (JFT): Claro, Gabriel. El problema radica en que los jueces de distrito, en materia de amparo, están admitiendo demandas donde se señala como autoridades responsables a particulares, como los prestadores de servicios de grúas. Esto es un error grave, porque un particular no ejerce actos de autoridad. La Ley de Amparo, tras recientes reformas, ha simplificado procesos de manera burocrática, pero en perjuicio de los ciudadanos.
GIB: Recordemos que el juicio de amparo es una herramienta clave para los mexicanos. ¿Cómo se supone que debería funcionar?
JFT: Exacto. El juicio de amparo es el mecanismo constitucional para proteger a los ciudadanos de abusos de autoridad o violaciones a sus derechos humanos. La Constitución garantiza que ninguna autoridad puede vulnerar nuestras garantías. Sin embargo, la ley contempla que, al defender el derecho de una persona, puede afectarse el de otra. Por eso existe la figura del tercero interesado (antes llamado tercero perjudicado), que permite a un particular afectado participar en el juicio para defender sus derechos antes de que se resuelva algo en su perjuicio.
GIB: Entonces, ¿cuál es el problema específico con los empresarios de grúas?
JFT: Cada vez con mayor frecuencia, los jueces de distrito aceptan demandas de amparo donde no se señala a la autoridad que ordenó el servicio de grúa —como el Ministerio Público, la Guardia Nacional o un juez estatal—, sino al prestador del servicio, un particular, como si fuera la autoridad responsable. Lo más aberrante es que se considera el acto de cobrar por el servicio como un acto de autoridad, cuando no lo es. El prestador no actúa unilateralmente; cobra conforme a un reglamento o tarifa establecida por ley, y solo presta el servicio porque una autoridad se lo solicita.
GIB: Déjame entender: ¿los empresarios de grúas son obligados por una autoridad a prestar un servicio, y luego se les niega el derecho a cobrar?
JFT: Precisamente. La autoridad solicita el servicio —por ejemplo, mover un vehículo para cumplir con una investigación o custodia— y el prestador lo realiza conforme a un reglamento que establece tarifas. Esto es una actividad mercantil legítima, protegida por la Constitución, que garantiza el derecho a recibir el fruto del trabajo. Sin embargo, algunas resoluciones de amparo están privando a los permisionarios de grúas de cobrar por su servicio, argumentando que el vehículo, por ejemplo, tiene reporte de robo. Pero eso no debería eximir a la autoridad de cubrir el costo del servicio, ya que fue ella quien lo solicitó.
GIB: Esto suena como una injusticia flagrante. ¿Cómo justifican los jueces estas decisiones?
JFT: Es una distorsión total del estado de derecho. Los jueces equiparan al prestador de servicios con una autoridad, lo que rompe el equilibrio procesal. En un juicio de amparo, deberíamos tener dos particulares con intereses opuestos: el quejoso y el tercero interesado. Pero al tratar al empresario de grúas como autoridad, se le imponen cargas procesales que no le corresponden, como plazos más cortos o amenazas de multas, sin la capacitación que tienen las verdaderas autoridades para enfrentar estos procesos. Esto deja al prestador en completa indefensión.
GIB: ¿Y qué tan extendido está este problema?
JFT: Ha ido en aumento en los últimos años, y hay evidencias de que se ha convertido en un esquema de corrupción. Existen despachos que se anuncian ofreciendo sacar vehículos de corralones sin pagar, dejando al prestador del servicio sin retribución.
Esto es un robo descarado al empresario, que invierte tiempo, recursos y esfuerzo en cumplir con una solicitud de la autoridad. Es una práctica discriminatoria que recuerda al vasallaje medieval: si la autoridad me pide ayuda, ¿tengo que trabajar gratis?
GIB: ¿Qué soluciones propones para corregir esta distorsión?
JFT: Primero, el Poder Judicial debe actuar con ética y dejar de considerar a los particulares como autoridades para su conveniencia. Esto vulnera la equidad procesal. Segundo, el Poder Legislativo debería reformar la Ley de Amparo para aclarar que solo las verdaderas autoridades pueden ser señaladas como responsables, y no los particulares que actúan bajo su mandato. Finalmente, necesitamos que la reforma judicial en curso elimine estas prácticas deshonestas y garantice una justicia real, porque mientras el juicio de amparo se base en mentiras, la justicia en México será solo una ilusión.
GIB: Queda clarísimo, Francisco. Esto es un abuso que afecta no solo a los empresarios de grúas, sino al estado de derecho en general. ¿Un mensaje final?
JFT: Los mexicanos merecemos un sistema judicial que respete la verdad y proteja a todos por igual. Los empresarios de grúas no son autoridades; son ciudadanos que cumplen con su trabajo y merecen el fruto de su esfuerzo. Basta de distorsiones que nos dejan en indefensión.
GIB: Muchas gracias, Francisco, por tu claridad y valentía. Tu voz es fundamental para visibilizar estas injusticias. Seguimos en contacto.
ENTREVISTAS
Sindicato amenaza con huelga en el Colegio de Bachilleres: Denuncian irregularidades y pagos incompletos
-Por Francisco Junco
Más de mil maestros en Jalisco, sus familias y cerca de 18 mil estudiantes están en la antesala de una huelga. Y es que los docentes del Colegio de Bachilleres en Jalisco, representados por el Sindicato Único de Académicos (SUACOBAEJ), denuncian una serie de irregularidades en el pago de sus prestaciones y en la asignación de horas, así como una grave falta de diálogo con el director general, José Guadalupe Madera Godoy.
La molestia central, explicó a Conciencia Pública, José Manuel Navarro Yáñez, líder sindical del SUACOBAEJ, es que no se están respetando los derechos ya adquiridos por los trabajadores.
“No pedimos nada extra de lo que está ganado y plasmado en nuestras condiciones generales. Que se respete lo que son nuestras condiciones generales. Que se respete precisamente el derecho de los trabajadores. Eso es todo lo que estamos pidiendo. No estamos exigiendo ni queremos decir que pedimos cosas de más. Solamente lo que ya se logró, lo que es”, afirmó.
Una de las principales inconformidades tiene que ver con el pago incompleto del bono del Día del Maestro. Aunque el contrato establece que deben recibir 15 días de sueldo tabular, sólo se pagó a algunos de forma parcial y variable.
El líder sindical explicó que, además del incumplimiento con el bono, tampoco se han realizado los pagos correspondientes a la prima de antigüedad que por ley corresponde a los maestros con más de cinco años de servicio, del 2 por ciento cada año.
“No se los está pagando tampoco. Y lo último que tuvimos en pláticas con el director general, Guadalupe Madera Godoy, es que simple y sencillamente no había dinero en el Colegio de Bachilleres. Que no hay dinero y que por eso no podían hacer esos pagos a los maestros que están trabajando en activo, que acabaron de terminar ese ciclo escolar y que sacaron a los alumnos adelante”, lamentó Navarro Yáñez.
Sin embargo, el líder sindical denunció que los gastos administrativos y de licitación continúan en el Colegio, lo que, en su opinión, demuestra que los recursos existen pero están siendo dirigidos a otras prioridades. Señaló que se han realizado inversiones menores pero constantes en remodelaciones y adquisiciones, mientras los pagos a docentes siguen pendientes.
Además, hay adeudos en el pago de despensas, que deberían ser de 750 pesos quincenales, pero en algunos casos apenas llegan a 300. A esto se suma la negativa de las autoridades para asignar más horas a los docentes y mejorar sus ingresos.
El sindicato acusa una intención clara de debilitar su representación y favorecer a un sindicato minoritario afín al director. “Ha tratado de hacer crecer a otro sindicato con menos de 100 afiliados, dándoles facilidades, incluso condicionando la recontratación de maestros temporales a que se afilien con ellos”, denunció Navarro Yáñez, quien agregó que esta práctica viola la Ley Federal del Trabajo y las condiciones generales vigentes.
Este es uno de los señalamientos más delicados por parte del SUACOBAEJ, la presunta injerencia del director general, Guadalupe Madera Godoy, para favorecer al Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (SIDTCOBAEJ), encabezado por José Antonio Cabello Gil, a quien identifican como su amigo cercano.
Según el testimonio del secretario general, José Manuel Navarro Yáñez, esta relación ha derivado en acciones que perjudican a los docentes afiliados al sindicato mayoritario, como la asignación de horas y plazas a simpatizantes del SIDTCOBAEJ y el condicionamiento de recontrataciones para que los maestros temporales se afilien al sindicato afín al director.
El dirigente aseguró que ya se están documentando las pruebas para presentar nuevas denuncias ante las autoridades correspondientes.
El conflicto también incluye la sospecha de un uso indebido de recursos. Mientras se argumenta que no hay dinero para cumplir con los derechos laborales, el sindicato se enteró de que se pretenden destinar más de 250 millones de pesos para reinstalar a 95 docentes despedidos, cuyas demandas laborales ya prescribieron.
“Maestros que no se les está pagando en activo su sueldo como debe de ser correctamente, porque no hay dinero, pero sí quieren erogar para otra situación. No sabemos el interés que ahí haya en este sentido”, advierte Navarro.
La relación entre el sindicato y el director general prácticamente está rota. Desde mayo no han tenido diálogo directo. Las mesas de trabajo que se instalaron por instrucción de la Contraloría del Estado han sido inútiles.
“Desde mayo que no platicamos con él, fue en la instalación de esas mesas donde dejó a su gente. Obviamente se veía molesto precisamente porque estamos haciendo estas denuncias, pero de ahí en más no hemos vuelto a platicar con él. Fueron 10 minutos, 15 minutos los que estuvo ahí, nada más en la instalación, dejó a su gente”.
“Se fue, no hemos podido platicar ni siquiera de estos temas del presupuesto, de lo que falta que les paguen a los maestros. Y en las mesas de trabajo, pues son mesas de trabajo que no se han roto, porque tenemos la voluntad de trabajar, pero no nos dan resultados”, resaltó.
De continuar esta situación, el SUACOBAEJ planea seguir con las denuncias formales ante Contraloría, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y si es necesario, llegar hasta el estallamiento de huelga. “Vamos a ir incrementando esta lucha poco a poco. Lo que buscamos es que se respete lo que está en nuestras condiciones generales de trabajo”, sostuvo el líder sindical.
El llamado se dirige a las autoridades estatales, al propio gobernador Pablo Lemus y al secretario de Educación, Juan Carlos Flores, quienes ya fueron informados.
“Estamos hablando de mil docentes afectados en 166 planteles del estado. Si no se resuelve, también serán miles de estudiantes los que sufrirán las consecuencias”, concluyó Navarro Yáñez.
El conflicto se da en un contexto donde el COBAEJ enfrenta una caída significativa en la matrícula escolar. De tener entre 25,000 y 27,000 alumnos, actualmente el sistema atiende a alrededor de 18,000, distribuidos en 166 centros educativos, entre planteles, satélites y telebachilleratos. Navarro atribuye parte de esta baja a la gestión actual.
«Siempre hay chamba», Tlajomulco impulsa el empleo comunitario
Morena propone destituir al representante de Guadalajara ante el SIAPA
El juego de la incertidumbre de Donald Trump
Anuncia Tlaquepaque inversión para profesionalización policial
