ENTREVISTAS
Por «pérdida de confianza» piden salida de Juan Partida del IPEJAL
Por Mario Ávila //
Trabajadores en activo y jubilados, consideran que lo mejor que puede hacer el gobernador del Estado, Jesús Pablo Lemus Navarro, es remover de su cargo al director general del IPEJAL, Juan Partida Morales, toda vez que con la intentona de madruguete para aumentarse el sueldo hasta en un 67% y la creación de nuevas plazas de primer nivel, le han perdido la confianza.
El líder de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM), Cuauhtémoc Peña Cortés y la dirigente de la asociación civil Jubilados Libres, Victoria Alcántar, consideran que pese a que el gobernador revocó esta intentona de dañar gravemente la economía del Instituto de Pensiones del Estado, a lo largo del sexenio se correrá el riesgo de que Juan Partida tome determinaciones que afecten a la institución.
Por lo tanto, en opinión de los representantes de los trabajadores en activo y jubilados, lo ideal sería que se busque un mejor perfil para dirigir al IPEJAL en el presente sexenio, si es la persona adecuada porque “parecería que estuviera más bien buscando un fin especulativo, de ganancia desmedida y si ese criterio lo va a aplicar en todo el manejo del instituto, pues sí estamos completamente en problemas”, dijo específicamente el secretario general de la FEGTEM, Cuauhtémoc Peña Cortes.
Por su parte, Vicky Alcántar, a nombre de Jubilados Libres A.C. aseguró que en este sexenio “llegaron con las uñas muy afiladas y tal vez Juan partida Morales está en un lugar equivocado”. Esto lo dijo pese a que el propio funcionario público, Juan Partida Morales, tiene 9 años de experiencia en el manejo financiero del Instituto de Pensiones del Estado, toda vez que del 2015 al 2018 representó al Ayuntamiento de Guadalajara en el Consejo Directivo del IPEJAL y del 2018 al 2024 fue el representante del gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez.
Incluso, los representantes de los trabajadores en activo y jubilados del instituto, advierten que es posible que ese nombramiento no lo haya hecho directamente el gobernador Pablo Lemus, sino que sea uno de los compromisos que asumió con el ex gobernador Alfaro Ramírez, sin embargo, tanto Cuauhtémoc Peña como Vicky Alcántar, expusieron que es este un buen momento para aceptar la sugerencia de removerlo del cargo y asignarle otra función que vaya más de acuerdo con su perfil de tareas con fines de lucro y no en instituciones sociales y solidarias como lo es el Instituto de Pensiones del Estado.
LOS MALOS MANEJOS, RESPONSABILIDAD DE LOS GOBERNADORES: FGTEM
El dirigente de la segunda federación más antigua de sindicatos de trabajadores al servicio del estado, Cuauhtémoc Peña Cortés y la principal opositora a las reformas a la ley que se dieron en el año 2009, advierte que los saqueos y los malos manejos en son a causa de un problema estructural.
Todo se inició -dijo-, desde la reforma la ley desde el gobierno de Emilio González Márquez, en donde definitivamente se empezó a sustentar el saqueo que tenemos de una manera sistemática, la Ley de Emilio González cambió el fin y el objetivo del IPEJAL y lo hizo eminentemente especulativo, con un enfoque totalmente neoliberal.
Los siguientes gobernadores -abundó-, siguieron con esa misma inercia, no cambiaron la línea, ni la esencia y continuaron con el saqueo, aprovechándose de una ley que permite que los funcionarios que hagan las inversiones especulativas y hasta fraudulentas, toda vez que se va diluyendo la responsabilidad, dado que no son tan efectivos los equilibrios, porque a final de cuentas el gobernador en turno se convierte en el personaje que de facto toma las decisiones importantes en Pensiones del Estado y en esa lógica, debería ser entonces el gobernador del estado el que responda por los quebrantos, el saqueo y las desviaciones que sufre el Instituto, porque ellos tienen todo el control, ellos ponen a los funcionarios, ellos nombran el Consejo Directivo y lo controlan, y por lo tanto, cada gobernador ha tenido responsabilidad en este quebranto.
Peña Cortés se refirió en concreto a dos ejemplos de malos manejos, el de Chalacatepec y Campo Acosta, que son ejemplo de como se impone la misma inercia de realizar negocios sustentados en dos graves ilegalidades, el despojo de tierras a los ejidatarios y el uso y abuso del dinero de los fondos pensionarios que no deberían utilizarse en negocios que ilegales ni en otros en los que se corran riesgos evidentes como Villas Panamericanas, Abengoa, Transporte Marítimos y un largo etcétera.
PIDEN LA INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL Y DE DIPUTADOS DE MORENA Y SUS ALIADOS
Ante lo que para el líder de la FGTEM es una evidente y sistemática inercia de realizar negocios ilegales en el Instituto de Pensiones del Estado, utilizando a toda la estructura del Gobierno del Estado cuando se hace necesario, como tribunales, fiscalías y otros poderes, para tapar actos de corrupción, se lanzó un llamo a la Presidencia de la República para que actúe, lo mismo que se ha pedido el apoyo de los diputados federales y locales de Morena y sus aliados, para atender de fondo el problema del IPEJAL.
Incluso Peña Cortés consideró importante, que se retomen los acuerdos que se tuvieron en la Legislatura pasada, cuando hace un par de años a convocatoria del entonces diputado Quirino Velázquez, se convocó a unas mesas de trabajo, para que los representantes de los derechohabientes opinaran sobre una eventual reforma de fondo a la Ley de Pensiones del Estado.
Recordó que una gran coincidencia de la generalidad de los representantes de los trabajadores en activo y jubilados, rechazaron los resultados del estudio actuarial que presentó la dirección general del instituto, porque el propio actuario reconoció que se pudo haber hecho con datos erróneos, dado que el análisis lo hicieron con la información que la propia dirección general les proporcionó.
También dijo que en aquella ocasión ese y otros estudios actuariales concluyen recomendando que se incrementen las aportaciones de los trabajadores; sin embargo, también recordó que uno de los acuerdos que se dieron prácticamente por unanimidad, fue la necesidad de solicitar la realización de una auditoría independiente, que se haga con base en datos reales y no en cifras maquilladas.
Detalló que, en su opinión, uno de los graves daños que padece Pensiones del Estado es que tiene una nómina muy abultada, ya que hay muchos funcionarios que no justifican su contratación ni el alto salario que perciben, amén de que no tengan tampoco, la sensibilidad necesaria para administrar con justicia y dignidad al IPEJAL, para beneficio de los trabajadores.
“Nosotros -planteó-, no hemos visto ningún resultado que pueda justificar el incremento salarial a los funcionarios de primer nivel, que bien podrían tener conocimientos y estar sobrecalificados y merecer que les paguen mucho más, pero los resultados, no los hemos visto”.
Sobre el intento de ‘madruguete’ en el alza a su sueldo y el de 16 funcionarios de primer nivel, así como la creación de seis nuevas plazas a nivel de dirección, por parte del director general, Juan Partida Morales, Cuauhtémoc Peña advirtió: “Yo no sé si fue una decisión personal o la consultó con el gobernador Pablo Lemus; me queda claro que son de grupos políticos distintos, pero sea como sea, que al final haya consultado o no, haya tenido el aval o no, de Pablo Lemus, es un asunto de falta de solidaridad del funcionario con la institución y sí debería de meditarse si es el hombre que necesitamos para estar al frente de la institución, si es la persona adecuada, porque parecería que estuviera más bien buscando un fin especulativo, de ganancia desmedida y si eso se va a aplicar en todo el manejo de pensiones a los largo del sexenio, pues sí estamos completamente en problemas”.
POR UN CONSEJO DIRECTIVO MÁS DEMOCRÁTICO
El tema, al final del día, expuso Peña Cortés, “es que tenemos que cambiar la Ley de Pensiones del Estado, especialmente para que haya un Consejo Directivo más democrático, debe haber más representación de los trabajadores y debe garantizarse que quien llegue como representante de los trabajadores, realmente sí sea electo por la base de los trabajadores, de alguna forma, no necesariamente o no solamente impuesto por los sindicatos oficialistas, ya que de ahí parte el control”.
Lamentó que esta situación se dé, porque los gobiernos en turno destinan dinero público para tener sindicatos a modo y los sindicatos a modo, les cuidan los intereses que tienen en la institución.
Sobre si Leonardo Cisneros e Iván Ilich González, son los nuevos Juan Pelayo y Lupe Madera, el líder de la FGTEM expuso: “De alguna manera se sigue cumpliendo y nos están demostrando que son empleados de la parte patronal, no representan los derechos de los trabajadores, los dos dirigentes que mencionaste evidentemente tienen un perfil y una función distinta, fue totalmente y absolutamente creado por los naranjas desde Guadalajara, le dieron dinero público a raudales, toda la estructura ha operado para consolidar, incluso todavía está en discusión este asunto con la intervención del sindicato de salud, en donde parece ser que juega de esquirol funcional, porque ellos realmente no es que tengan 15 mil o 20 mil afiliados, pero de que le cuenten la totalidad de su padrón sindical para dárselo a Leo Cisneros, me parece que es una canallada, no es algo ni correcto, ni justo, ni ético, pero así lo están manejando”.
Los de la sección 47 -abundó-, desafortunadamente los maestros tienen problemas en su democracia interna y quienes llegan a dirigirlos, tienen la facultad discrecional de determinar lo que hagan con su responsabilidad, tal como lo que hicieron Juan Pelayo y Guadalupe Madera, en su momento, ya que dijeron haber estado engañados y por eso estaban de acuerdo en la situación, o no la entendían el fondo, pero aprobaron estas modificaciones. Hoy ya está claro, y no fue beneficiosa para los trabajadores esta modificación, no hemos ganado nada y siguen haciendo negocios a expensas del dinero de los trabajadores, siguen mal administrado el asunto de los departamentos, las tierras y todo el patrimonio de la institución.
Volviendo al tema de la necesidad de un mayor equilibrio en el Consejo Directivo del IPEJAL, Cuauhtémoc Peña también dijo que haría falta la inclusión no solo de representantes de los trabajadores en activo y jubilados, sino de patrones, porque solo el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Guadalajara tienen presencia, no hay nadie de los poderes Legislativo y Judicial, no hay representación de los OPD’s, ni de los ayuntamientos del interior del Estado.
“Por eso digo que es un problema estructural y mientras no cambiemos este asunto, porque dice un principio que ‘en arca abierta, hasta el más justo peca’ y la verdad que esta administración pinta como una típica administración de derecha, que no entiende, ni cree en las instituciones públicas y que pretenden de alguna manera ir privatizando y utilizando las instituciones, para consumar sus negocios…(inc) ojalá y nos equivoquemos”, terminó diciendo el secretario general de la FGTEM, Cuauhtémoc Peña Cortés.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
Convención Estatal de MC: Asume Mirza Flores dirigencia estatal del partido naranja
Primer informe de labores legislativas de Claudia Salas: «La gente quiere resultados, no pleitos»
Pentágono revela el primer diseño del “Golden Dome”, escudo antimisiles de 175 mil millones de dólares
¿Se acabó la estabilidad en la UdeG?
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
