ENTREVISTAS
Pretenden hacer la ley «del buen vecino»: Diputada Adriana Medina busca reformar convivencia de condominios
Por Francisco Junco //
Jalisco, como muchas ciudades del país, enfrenta una creciente problemática en la convivencia dentro de los condominios y fraccionamientos. La diputada local Adriana Medina Ortiz, de Movimiento Ciudadano, ha tomado la iniciativa de proponer una reforma legislativa para modernizar el marco normativo que regula estos espacios habitacionales.
“Hace ya algunos años, en la visita de los vecinos, era una queja constante el tema del régimen condominal, el tema de la administración en algunos fraccionamientos”, explicó Medina Ortiz.
“Cuando anduve en campaña, fue una demanda colectiva en este sentido, y lo que les dije es que sería uno de mis compromisos de campaña, poder arreglar esa situación, una vez llegando aquí al Congreso del Estado”.
Desde su llegada al Congreso, la diputada y su equipo comenzaron a trabajar en una solución integral, ya que aunque es un tema urgente, comenzaron a elaborar algo integral, porque es una problemática que afecta a cerca del 40 por ciento de la población, que son los que viven en un condominio o fraccionamiento.
“Dije, creo que es un tema que urge, porque se ha estado desfasando con el tiempo. Ya no hay una legislación que contemple los requerimientos que nosotros necesitamos, como las personas que vivimos en fraccionamientos o en condominios”, señaló.
Y es que según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (2024) del INEGI, los conflictos entre vecinos han aumentado significativamente, desde las quejas que van por el ruido, el tirar la basura, el desperdicio de agua, problemas domésticos, problemas con mascotas, el incumplimiento de cuotas vecinales, el grafiti, pintas de casas, disputas con familiares, entre otros.
Sin embargo, estas disputas no pueden ser resueltas por la autoridad municipal debido a las limitaciones del régimen condominal actual, por lo que la legisladora explicó que cuando estaba en Tlajomulco, tenían la Coordinación de Construcción de Comunidad que pedía que el ayuntamiento interviniera, pero el régimen condominal se los impedía.
La propuesta de la diputada Medina Ortiz sigue dos rutas: una legislativa y otra de concientización ciudadana, porque dijo que antes de presentar una iniciativa, quería buscar a los ciudadanos, hacer mesas de trabajo para socializar, a ver cuál es la problemática en particular de cada fraccionamiento de cada condominio.
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“Entonces, de ahí, antes de yo presentar una iniciativa, a lo mejor yo puedo tener una generalidad ya de la iniciativa. Pero yo lo que quería era, necesitamos ir a buscar a los ciudadanos, hacer unas mesas de trabajo para poder socializar. Pero también que nos digan qué es lo que le aqueja a cada uno”, señaló, para Conciencia Pública, “porque cada condominio es diferente y tiene necesidades distintas”.
Para ello, se estableció una mesa técnica con la participación de diversas autoridades municipales y estatales, representantes de colonos, notarios y expertos en justicia alternativa, por lo que se buscaba un parlamento abierto, que no sólo se tratara de meter la iniciativa, sino que los ciudadanos pudieran participar y aportar su experiencia.
Los siguientes pasos incluyen la realización de foros metropolitanos y consultas vecinales en los fraccionamientos, porque «queremos que la gente participe activamente». No queremos una legislación impuesta, sino una que realmente resuelva los problemas cotidianos de los ciudadanos”.
Dentro de la reforma, se plantea fortalecer la mediación como un mecanismo efectivo de solución de conflictos, donde la mayoría de los casos se pueden resolver mediante mediadores.
“A veces basta con sentarse y decir: ‘A ver, ¿cuál es el problema?’. Si es ruido, ¿podría bajarle? Con estas acciones disminuimos el tiempo de conflicto y evitamos que escale a problemas mayores».
Hay un índice de la violencia que se suscita en fraccionamientos, planteó, porque se puede llegar a cometer algún delito fuerte o grave. Aquí, dijo, entra la parte que los mediadores ayudarían a contener y a resolver.
Señaló que en las mesas de trabajo, ya han estado, personajes como el director del Registro Público de la Propiedad, el presidente del Colegio de Notarios, representantes de varias universidades, de las asociaciones de colonos y directores de justicia cívica, así como el director del Instituto Jalisciense de la Vivienda.
“Porque queremos hacer una reforma integral, no nada más así que fuera de ocurrencias de la diputada, sino tomar en cuenta a todos que esta mesa técnica nos ayude, ya una vez recabando todos los foros, toda la información de los foros, poder hacer ya una iniciativa que ahora sí satisfaga las necesidades de todos los ciudadanos”, resaltó.
Uno de los puntos clave de la reforma es definir, señaló la legisladora, si la solución será una modificación al Código Civil o la creación de una nueva Ley de Buena Vecindad.
“Los notarios nos decían en la mesa técnica que no era adecuada una nueva ley de régimen condominal porque ya había existido una y no sirvió. Entonces, coincidimos, los mismos notarios decían, hay que hacer una reforma al Código Civil, de la que totalmente estoy de acuerdo, y a lo mejor plantearles el tema de hacer una ley de buena vecindad. Si no quieren el tema del régimen condominal, hacer una ley de buena vecindad”.
Esta nueva legislación buscaría establecer derechos y obligaciones claras para los condominios, administradores y vecinos.
Otro aspecto fundamental es la creación de un Registro Estatal de Condominios. “No sabemos hasta la fecha cuántos condominios hay en Jalisco, y eso es muy grave. Si tenemos un registro, podremos hacer un seguimiento puntual y evitar que las constructoras abandonen los fraccionamientos a medias, dejando a los residentes en incertidumbre jurídica”.
La diputada Medina Ortiz subrayó que este esfuerzo legislativo no busca protagonismo político, sino un beneficio tangible para la ciudadanía. «Es una iniciativa que va a tener un bien común, no va a ser un tema para sacar raja política, sino todo lo contrario. Queremos que Jalisco tenga una legislación moderna y que pueda ser referente para otros estados del país».
El proyecto ha tenido gran aceptación entre distintos sectores de la sociedad, incluidos legisladores de otras fracciones y “pensamos que íbamos a tener resistencia, pero no. En la mesa estuvieron diputados de distintos partidos avalando la iniciativa, porque todos coinciden en que es un problema que necesita solución».
Se espera que para octubre de este año la iniciativa esté lista para ser presentada ante el Pleno. «Lo que queremos es concientizar también a los niños y niñas, porque ellos también nos educan a nosotros. Si logramos un cambio de mentalidad desde pequeños, el impacto será mucho mayor en el futuro».
En los próximos meses, la diputada y su equipo continuarán con la gira de foros y consultas. «Vamos a seguir informando a los ciudadanos, escuchando sus propuestas y afinando la iniciativa. Es fundamental que todos participemos para construir juntos un mejor Jalisco».
Además, explicó, en las asambleas vecinales de consulta, que se realizarán en los fraccionamientos, donde primero se explicará que es lo que se quiere hacer, y el ejercicio de consultas con boleta para detectar los problemas.
“Que escriban ahí qué problemas han detectado, para que no se vaya nada más como de que voy a ir a hablar. Sino ya la realidad tangible y también que no se nos pase nada. Y ahí, a su vez, hacer una firma de 10 compromisos que hagan, eso es la campaña que queremos manejar, 10 compromisos que hagan del buen vecino. “En una lona, pero que lo firmen los condominios”, dijo la emecista, “para eso también es lo que quiero proponer la Ley de Buena Vecindad”.
Agregó que quiere participar en las mesas, porque es un problema que se está generalizando y que cada vez se está haciendo más grande “de lo que uno se puede imaginar”.
Para finalizar, la diputada naranja, dijo que van a realizar, el próximo mes, los foros municipales para luego arrancar la campaña de concientización de “El Buen Vecino”.
“Esa parte, yo creo que va a ser fundamental y queremos, si todo sale bien, en octubre más o menos estar presentando ya la iniciativa a la reforma”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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