– Por Gabriel Ibarra Bourjac

“Con 50 años y 25 en la política, me he ganado mi lugar desde abajo. Mi ciclo en Tonalá termina en 2027, tras siete elecciones ganadas. Considero dos caminos: uno legislativo, federal o local, si mi partido, Morena, me considera útil; o explorar una candidatura a la alcaldía de Guadalajara, dependiendo de las condiciones legales y de género en 2026”.

Es Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá por tercera ocasión quien así expresa, quien reclama a las administraciones estatales el desdén que le han dado a este municipio clave en la Zona Metropolitana y que ha enfrentado un rezago histórico en infraestructura, especialmente en transporte público y servicios de agua potable.

Sergio Chávez aborda estos desafíos con una mezcla de experiencia, determinación y visión metropolitana en una entrevista con Conciencia Pública. Con tres periodos como alcalde, Chávez expone las razones detrás de la exclusión de Tonalá de grandes proyectos, como la Línea 3 del Tren Ligero y el Mi Macro Periférico, mientras detalla su lucha por revertir esta marginación.

El actual alcalde de Tonalá no solo reclama recursos para su municipio, sino que propone soluciones integrales que beneficien a toda la ZMG. Entre sus prioridades está la culminación del Mi Macro Periférico hasta el centro de Tonalá y el arranque de la Línea 6 del Tren Ligero, un proyecto ambicioso que conectaría la Central Camionera con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Además, aborda la crisis del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), abogando por una reingeniería técnica y administrativa que devuelva la estabilidad al servicio. Otro hito de su gestión es la construcción de un hospital municipal, financiado con ahorros, que atenderá las necesidades de salud del oriente de la ZMG, una región desatendida en servicios públicos.

El presidente municipal de Tonalá subraya la importancia de una visión metropolitana, donde los municipios trabajen juntos, sin colores partidistas, para resolver problemas estructurales como la gestión de residuos sólidos y las inundaciones recurrentes.

Su enfoque combina pragmatismo con un sueño a largo plazo: dejar un legado que transforme Tonalá y fortalezca la metrópoli.

En esta entrevista, Sergio Chávez refleja el compromiso con su comunidad y su capacidad para dialogar con autoridades estatales y federales. Su mensaje es claro: Tonalá no puede seguir al margen del desarrollo metropolitano.

Mientras se prepara para cerrar su ciclo como alcalde, Chávez también reflexiona sobre su futuro político, sin perder de vista los retos inmediatos que enfrenta su municipio.

TONALÁ, MARGINADO DEL DESARROLLO METROPOLITANO

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). Tonalá ha quedado al margen de grandes obras de transporte, como la Línea 3 del Tren Ligero y el Mi Macro Periférico. ¿Por qué ocurre esto y hay esperanza con el actual gobierno de Morena?

Sergio Chávez (SCH). El rezago de Tonalá en infraestructura de transporte tiene raíces profundas. Hace 40 años, cuando era niño, el entonces gobernador Carlos Rivera prometió extender la Línea 2 del Tren Ligero hasta Tonalá, pasando por el Parque Solidaridad, pero solo llegó a San Andrés, en Guadalajara.

En 2013, durante la gestión de Aristóteles Sandoval, cedimos terrenos en Tonalá para los talleres de la Línea 3, pero ninguna estación llegó al municipio; la más cercana está junto a la Central Camionera.

Hace tres años, el gobernador Enrique Alfaro incorporó dos estaciones de Mi Macro Periférico en Tonalá, en Colonia Jalisco y Los Conejos, tras una negociación que reconozco.

El año pasado, el gobernador Pablo Lemus me contactó durante la discusión del presupuesto 2025, pidiéndome apoyo con los diputados de Morena para etiquetar recursos. Prometió completar el Mi Macro Periférico hasta el centro de Tonalá, con una inversión de 800 millones de pesos.

Actualmente, se construyen dos estaciones adicionales, una en Tonalá y otra en Guadalajara, y espero que esta obra esté lista antes de que termine 2026.

800 MDP ETIQUETADOS, ¿DÓNDE ESTÁN?

GIB. Esos 800 millones estaban etiquetados para 2025. ¿Por qué no se ejecutaron? ¿Qué pasó?

SCH. Como expresidente del Congreso, sé cómo funcionan los presupuestos estatales. Los recursos están etiquetados, pero sospecho que se redirigieron a otras obras, como la remodelación de la Plaza de la Liberación, la Glorieta de la Minerva y la carretera al aeropuerto de Chapala. Estoy de acuerdo con esta última, pues era necesaria, pero no pasa por Tonalá.

Esto refleja un patrón: Tonalá siempre queda sacrificada. Con 570,000 habitantes, según el INEGI, nos corresponden 250 millones de pesos del fondo metropolitano, pero solo hemos recibido 100 millones para proyectos como la Avenida Zalatitán (50 millones), la preparatoria de la UdeG (40 millones) y una lateral del Periférico (12 millones).

Estoy peleando respetuosamente para que nos asignen lo que nos corresponde. Si no son 250 millones, al menos 100 o 200 millones para corregir esta injusticia y avanzar en la construcción de proyectos como el Periférico y la Línea 6.

EL SUEÑO DE ARRANCAR LA LÍNEA 6

GIB. La extensión del Mi Macro Periférico y la Línea 6 son grandes desafíos. ¿Cómo los enfrentas como alcalde?

SCH. Mi meta es clara: el Mi Macro Periférico debe llegar al centro de Tonalá antes de que deje la alcaldía en septiembre de 2027, cueste lo que cueste. Si eso implica priorizar recursos sobre otras obras, lo haremos. Este sistema conectará el centro y el norte de Tonalá, zonas con alta densidad habitacional.

Mi sueño es arrancar la Línea 6, un proyecto que conectaría la Central Camionera con el centro de Tonalá, el Periférico Nuevo, el Hospital Civil Oriente y el Aeropuerto. Esta línea, que correría elevada por la autopista Zapotlanejo y el Periférico Nuevo, beneficiaría a toda la ZMG, incluyendo Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y El Salto.

La presidenta de la República conoce el proyecto desde su campaña, y el gobernador Lemus ha prometido impulsarlo, declarando que antes de dejar su cargo completará las Líneas 4, 5 y 6. Si no empezamos ahora, el crecimiento urbano encarecerá la obra exponencialmente, como ocurrió en Tlajomulco.

GIB. El transporte público, no el automóvil, es la solución al colapso vial de la metrópoli. Tonalá enfrenta problemas metropolitanos como la basura y la crisis del SIAPA. ¿Qué propones para abordarlos?

SCH. La gestión de residuos sólidos está estabilizada gracias a la agencia metropolitana que impulsamos. Sin embargo, el vertedero de Picachos se saturará pronto, y necesitamos políticas de separación y sanciones. La ZMG genera 5,000 toneladas de basura diarias, y con 50,000 nuevos habitantes al año, debemos planear dónde depositarla.

En cuanto al SIAPA, la crisis comenzó con su politización bajo Emilio González y se agravó con la reforma de 2013, que alejó a los alcaldes de las decisiones. Antes, los alcaldes metropolitanos, el gobernador y el director del SIAPA nos reuníamos mensualmente para revisar finanzas y obras. Hoy, eso no existe. Las inundaciones y socavones actuales son consecuencia de esta desatención.

Propongo declarar la quiebra del SIAPA, crear comités técnicos para reestructurar la deuda y mejorar la operación, y lanzar programas como “Borrón y Cuenta Nueva” para recuperar cartera vencida. Por ejemplo, el 80% de los deudores deben menos de 10,000 pesos; si les ofrecemos un corte y pagan 1,000, podríamos recuperar 5,000 o 6,000 millones de pesos. Los alcaldes debemos participar, sin intereses partidistas, para garantizar agua y evitar tragedias como las 15 muertes por inundaciones este año. El SIAPA necesita una reingeniería técnica, financiera y política urgente.

GIB. ¿Es mucho o poco lo que el SIAPA cobra a municipios como El Salto y Juanacatlán?

SCH. Es mucho. El Salto paga 60 millones de pesos y Juanacatlán entre 30 y 40 millones, aunque no tienen agua suficiente. Esto refleja una planificación deficiente. Necesitamos un enfoque técnico, no político, para resolver problemas estructurales como las inundaciones y la falta de agua. Los municipios metropolitanos debemos trabajar juntos, como hicimos con la basura, para encontrar soluciones integrales.

GIB. ¿Esperas que el gobernador convoque a una gran reunión para tomar decisiones fundamentales sobre estos temas?

SCH. Sí, espero que ocurra pronto. No culpo al gobernador Lemus, pero lo considero un aliado. No busco colocar gente en el SIAPA ni obtener beneficios políticos; quiero que la ciudad funcione. Si no actuamos ahora, en meses estaremos hablando de escasez de agua o nuevas inundaciones. Los alcaldes debemos dejar de lado el futurismo político y trabajar por la metrópoli. Incrementar tarifas es impopular, pero si se demuestra que mejorará el servicio, la gente lo entenderá. La ciudad no perdona fallos en agua y basura; son servicios que no aguantan más de tres días de crisis.

GIB. ¿Qué viene para Tonalá en 2026?

SCH. A finales de 2025, inauguraré el hospital municipal, construido con 150 millones de pesos de ahorros locales tras cuatro años de esfuerzo, sin apoyo federal ni estatal. Ofrecerá urgencias, consultas externas, hemodiálisis, pediatría, ginecología, materno-infantil y más, con 35 camas censales. Es un proyecto clave para el oriente de la ZMG, donde no hay servicios de salud públicos. Por ejemplo, en Tonalá hay 5,000 personas con insuficiencia renal por la contaminación del Río Santiago, y muchas no pueden pagar tratamientos. El hospital operará como organismo descentralizado, con un consejo integrado por la UdeG, la Autónoma de Guadalajara, el Tec de Monterrey, la Univa y el Banco de Alimentos. Necesita 25 millones mensuales para operar al 100%, y arrancará en etapas, funcionando plenamente en junio de 2026. Es un legado para Tonalá y la región.

BUSCARÍA ALCALDÍA DE GUADALAJARA

GIB. ¿Y para ti, Sergio, tras tres periodos como alcalde y diputado qué sigue?

SCH. Con 50 años y 25 en la política, me he ganado mi lugar desde abajo. Mi ciclo en Tonalá termina en 2027, tras siete elecciones ganadas. Considero dos caminos: uno legislativo, federal o local, si mi partido, Morena, me considera útil; o explorar una candidatura a la alcaldía de Guadalajara, dependiendo de las condiciones legales y de género en 2026. Mi prioridad es dejar el Mi Macro Periférico y la Línea 6 en marcha. Agradezco, Gabriel, este espacio y tu labor periodística.

– Por Mario Ávila

Como atendibles, calificó el doctor Martín Romero Morett, director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la UdeG, algunas de las demandas planteadas por el grupo de estudiantes y maestros disidentes, que ha surgido a raíz de la elección de la elección de miembros del Consejo General Universitario.

Sin embargo, para el catedrático que tiene un largo historial de servicio en la máxima casa de estudios de Jalisco, se trata de una movilización guiada por agentes externos a la Universidad, que no toman en cuenta que sus reclamos será imposible atenderlos, convocando o provocando paros estudiantiles o eventuales huelgas.

Garantizó que la Universidad de Guadalajara no ha estado cerrada a ninguna corriente de pensamiento, sino que se trata de una institución en donde la libertad de cátedra está garantizada y como ejemplo a sus propios alumnos que reciben de su parte en materia de economía, información de y todas las corrientes ideológicas.

Pero sin el ánimo de desestimar el movimiento disidente que se ha presentado en el seno de la Universidad, aseguró que se trata de un grupo reducido de jóvenes, si se compara con la población de 350 mil estudiantes y maestros que conforman el universo universitario en toda la entidad.

De hecho, lanzó una invitación a los jóvenes inquietos que hoy se manifiestan, a aprovechar el breve espacio de cuatro o cinco años que significa su paso por las aulas, para adquirir la mejor preparación posible, para luego salir y enfrentar la vida laboral, lo mejor capacitados posibles.

Ante la situación que se ha dado en los últimos días, se consultó a un académico de abolengo y crítico al interior de la Universidad de Guadalajara, para que expusiera sus puntos de vista, que bien podrían tener eco en la comunidad universitaria por lo autorizado de su voz.

P.- Doctor, la Universidad de Guadalajara está viviendo momentos álgidos por la inconformidad de maestros y estudiantes. Y la pregunta concreta ¿está justificada esta movilización?

R.- Mi percepción es que se trata de un pequeño grupo de alumnos que está siendo manipulado por personas externas a la Universidad de Guadalajara y que están siendo identificados. Hay grupos de interés que ven a la Universidad de Guadalajara como un instrumento para aumentar su poder político y no lo ven como el enorme compromiso que tiene la UdeG de formar a jóvenes capaces de desarrollar social y económicamente a nuestro estado y al país y de generar cultura, ciencia y tecnología.

Uno de estos grupos se denomina Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM) que se dice ser una organización marxista externa, incluso a Jalisco. Mi percepción es que algunas de sus demandas están justificadas como las que se refieren a hacer mejoras en la infraestructura, aumentar los cupos en los grupos y mejorar los servicios de comida.

Todos sabemos que la UdeG tiene problemas, la mayoría causados por limitaciones presupuestales, derivadas de su crecimiento (con tres nuevos centros universitarios en los últimos seis años), pero otros ocasionados de ineficiencias administrativas que deben corregirse; pero ninguno de estos problemas se resolverá llevando a la UdeG a la huelga, al paro, como propone el grupo disidente. Al contrario, hay que trabajar más duro.

P.- ¿Cuál debería ser papel de las autoridades de la Universidad de Guadalajara para atender las demandas de los estudiantes inconformes?

R.- El papel que deben tener las autoridades universitarias es el que delineó nuestra rectora General, la doctora Karla Planter, es decir, dialogar, escuchar las quejas y aceptar aquellas que reconocemos nos hace falta mejorar, pero rechazar aquellas que van contra la legalidad o contra la moral como tener lugares para fumar mariguana.

Ceder a este tipo de demanda sería como avalar que se venda droga en nuestras escuelas y eso es también inaceptable. Como economista les digo a esto jóvenes que es muy alto su costo de oportunidad de dedicarse a esta disidencia, porque su tiempo de estancia en la universidad es de cuatro a cinco años y después tendrán que salir a trabajar y saldrán muy mal preparados si no aprovechan ese tiempo para aprender todo lo que puedan asistiendo a clases, haciendo tareas, conversando con sus profesores, asistiendo a congresos locales y nacionales, participando en concursos donde se ofrecen premios, utilizando los laboratorios y las bibliotecas, aprovechando los intercambios académicos y todas las facilidades que les ofrece la UdeG.

P.– ¿Siendo la universidad escuela de libres pensadores, es necesario que las autoridades universitarias sean tolerantes con el pensamiento de los estudiantes inconformes?

R.- Esta pregunta te la puedo contestar muy bien, porque yo mismo soy profesor de dos cursos de Historia del Pensamiento Económico y en ellos estudiamos a todos los pensadores económicos y a veces hasta los políticos desde Confucio hasta los más recientes, pasando por Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx y hasta recientes como Jeffrey Sacks, Michael Hudson y Richard Wolff.

La UdeG nunca ha estado cerrada a ninguna corriente de pensamiento. Todas las escuelas las analizamos, las criticamos y tomamos lo mejor de cada una. No solo enseñamos a tolerar todo tipo de pensamiento, enseñamos a admirar el esfuerzo humano puesto en cada uno por sus creadores.

La UdeG no reprime ninguna forma de pensar ni de actuar. Mis alumnos son testigos de cómo en mi clase estamos analizando el actual movimiento estudiantil disidente a la luz de la Teoría de la Elección Pública, el cual es un enfoque que nos ayuda a entender las distintas motivaciones y conductas de los agentes que intervienen en la arena política, la cual se analiza como un mercado en donde se intercambian bienes públicos y rentabilidades políticas. Pero esto ocurre no solo en mis grupos sino también en muchas clases y con muchos profesores. Aquí la libertad de cátedra es una realidad.

P.- ¿Algún riesgo de que esta inconformidad estudiantil crezca a extremos de lo que ocurrió en los años 70s con la presencia del Frente Estudiantil Revolucionario que hizo contrapeso a la federación de estudiantes de Guadalajara?

R.- No hay ningún riesgo de que esta inconformidad crezca a los niveles de aquel conflicto; porque por más fuerza que tengan los grupos externos que manipulan a los disidentes de hoy; nada comparable con la fuerza externa que tuvo el movimiento disidente de los años 70s y que tuvo en su momento el poder del estado presidencial a su lado.

Además, las pocas demandas legítimas que presentan los disidentes de hoy se están atendiendo, como dijo la Rectora General Karla Planter, y si no se avanza más rápido en su cumplimiento es porque la UdeG es enorme, atender a 350 mil alumnos y decenas de planteles en todos las regiones del estado, no es una tarea fácil con las limitaciones presupuestales y menos cuando la UdeG, con su generosidad, se acomide a atender demandas que estrictamente no le corresponden como medios de transporte público para sus alumnos en algunos lugres y atención médica y psicológica, en otros.

P.- ¿Tienen cabida los estudiantes al interior de la UDG que no estén de acuerdo con las directrices marcadas desde Raúl Padilla López en 1989 que siguen vigentes hasta la fecha con los liderazgos que él impuso?

R.- Más que directrices, el Lic. Raúl Padilla López tuvo una visión. Esa visión fue analizada por grupos de académicos de los cuales yo mismo formé parte y así se delineó una nueva estructura académica y administrativa que se encarnó en una nueva Ley Orgánica, en nuevos estatutos y nuevos reglamentos que fueron aprobados en su momento por el Consejo General Universitario y posteriormente por el Congreso del Estado. Y fue así como se conformó la Red Universitaria, los Centros Universitarios y toda la estructura académica y administrativa que hoy existe.

Que hay aspectos de esta estructura que conviene revisar, por supuesto, la tecnología cambia, las relaciones de producción cambian, la sociedad cambia y también debemos adecuar las regulaciones a estos cambios. Todos los estudiantes y maestros que hagan propuestas positivas de actualización para adecuar aspectos del marco jurídico dentro de las instancias apropiadas, estoy seguro de que serán bien recibidas.

P.- ¿Esta sería la oportunidad para conseguir finalmente la democratización de la Universidad de Guadalajara?

R.- Hay muchas formas de entender la democracia. La UdeG, como institución académica, tiene la propia. A nivel estatal y federal existen partidos y dentro de cada partido, corrientes. En la UdeG no hay partidos, pero hay corrientes. A nivel estatal y federal, los cambios se realizan a través de leyes sometidas a los congresos. En la UdeG pasa igual, los consejeros proponen en sus consejos cambios en las regulaciones y las aprueban o rechazan.

La democracia en la UdeG se refleja en la participación de estudiantes y maestros en consejos divisionales, de centros y en el Consejo General Universitario, donde consejeros electos democráticamente sugieren y votan cambios normativos. Esta estructura ha dado estabilidad por casi cuatro décadas, permitiendo llevar educación a regiones marginadas de Jalisco. A diferencia del sector público y privado, la UdeG invierte en comunidades indígenas.

Su autonomía y democracia, cuestionadas localmente, son comparables a las de universidades como Harvard, enfocadas en docencia, investigación y difusión cultural, con logros medibles que destacan su impacto.

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– Por Gabriel Ibarra Bourjac

“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.

Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.

En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.

“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.

“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.

Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.

La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.

El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.

Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.

LA ENTREVISTA

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?

Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.

Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.

GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?

FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.

GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?

FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.

GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?

El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.

FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.

GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?

FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.

GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?

FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.

GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?

FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.

GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?

FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.

GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?

FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.

GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?

FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.

GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?

FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.

GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?

FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.