ENTREVISTAS
Reforma al IPEJAL: Aumentar representación de trabajadores en consejo y evitar que continúe como caja chica, Mara Robles
Por Mario Ávila //
Que el gobernador en turno deje de tener en el Ipejal a su “caja chica” y que tome decisiones en forma unilateral, es el objetivo de Hagamos al participar en las mesas de trabajo en busca de una reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estado.
Por ello una de las propuestas que presentarán, según lo anticipó la diputada Mara Robles Villaseñor, es en el sentido de que aumente significativamente la presencia de representantes de trabajadores en el Consejo Directivo, para que sean los trabajadores los que asuman el control del organismo público descentralizado.
Mara Robles es, además de Quirino Velázquez, la única coordinadora de una fracción parlamentaria que se ha interesado en el tema, de ahí que la legisladora haya estado presente en el arranque de las mesas de trabajo en la LXIII Legislatura local, con miras a reformar la ley del Instituto de Pensiones del Estado. Y aunque hay coordinadores como el de Morena, José María Martínez que ha evitado hablar del tema, seguramente por lo delicado de su situación al pensionarse en forma atípica, la diputada aseguró que tarde o temprano todos habrán, obligadamente de emitir una postura.
Incluso apremió a los morenistas a interesarse en el tema, ya que fue su partido el que emitió una reforma legal a nivel nacional, mediante la cual es obligada la llegada de la democracia a la vida sindical, amén de que se tendrán que validar todos los contratos colectivos de trabajo existentes en el país.
También habló de la denuncia hecha por el director del Ipejal, Héctor Pizano, en el sentido de que por desgracia esta reforma a la ley del Ipejal está influenciada por el proceso electoral que se vive en el SNTE y por el conflicto personal entre actores políticos relevantes en la entidad (Alfaro y Padilla).
Obviamente por su formación udegeista, los conceptos de la diputada Mara Robles son idénticos a los que defiende el líder de la FESIJAL; Juan José Hernández, a la vez secretario general del sindicato de trabajadores de los Hospitales Civiles y no lo negó, sin embargo dijo que su postura será en defensa de todos los trabajadores al servicio del estado y para ello anunció que en los trabajos sucesivos enviará como representante al doctor Cristian Sánchez Jáuregui, especialista en derecho laboral.
MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES EN EL CONSEJO DIRECTIVO
P.- ¿Con qué postura llega a Hagamos a estas mesas de trabajo para la reforma a la Ley del Ipejal?
R.- Nuestra postura se resume en tres cosas:
1.- Nosotros no vamos a permitir un atentado en contra de los derechos de los trabajadores, si eso se materializa en que en la reforma legal tienen que existir mecanismos de transparencia para evitar que Pensiones siga siendo la caja chica del Gobierno del Estado.
2.- Nosotros propondremos que aumente la proporción de trabajadores en el Consejo Directivo del Ipejal, es imposible que solamente estén los trabajadores de la educación y por todos los demás trabajadores al servicio del Estado haya solo una federación reconocida, tiene que aumentar el número de asientos en el Consejo de Ipejal.
3.- Nosotros vamos a pugnar porque sea el mérito el único mecanismo de ingreso, promoción y permanencia del personal en el gobierno, o sea los buenos trabajadores pierden en la medida que el sistema de botín, de los partidos políticos y de los gobiernos, son el mecanismo de selección de los empleados, los amigos, los parientes, los que estuvieron en la campaña, pero los buenos trabajadores pierden y cuando llegan las nuevas administraciones corren a los mejores para llevar a sus cuates y al revés, de otro lado se enquistan personas que no trabajan o que no son probas porque son parientes, amigos o del partido de los que gobiernan.
P.- Sus causas son muy similares a las que plantea Juan José Hernández…
R.- Nosotros tenemos que ir avanzando a logar que efectivamente este sistema de botín termine; de tal manera que a la salida de la reunión me entrevisté justamente con Juan José, para decirle que puede estar seguro que nosotros vamos a seguir apoyando su causa. Es un compañero de lucha, sé que está realmente comprometido con los derechos de los trabajadores y aunque desde luego que estoy velando por los derechos de todos los trabajadores, con él particularmente tenemos una experiencia de lucha real y en muy buena medida lo que ellos vayan marcando, como lo mínimo que esta reforma debe contener y lo que no debe contener, es lo que va a ir normando nuestra actuación. Pero claro, también escucharemos a todas las posturas y me parece que en ese sentido todos los trabajadores van coincidiendo en que no podemos permitir que esto sea un retroceso.
P.- ¿Van por una mayor representación de trabajadores en el Consejo Directivo del Ipejal, lo que implica quitarle el control del organismo al gobernador?
R.- Por supuesto, eso es lo que ya debe de parar, porque es gravísimo que el dinero de los trabajadores precisamente, fundamentalmente sea decidido por el gobierno, es al revés, son los trabajadores los que deberían tener mano, son los que deberían decidir por el destino de sus recursos. Nos parece inadmisible que en ese momento la mayoría la integren funcionarios, cuando esa mayoría debería de estar integrada por representantes de los trabajadores. Lo que es muy importante es que esta reforma no se trate de un truco para empeorar las cosas.
P.- No todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias se involucran en el tema y hay coordinadores que se han hecho a un lado como el caso de José María Martínez, ¿Es sano que se desmarque por lo involucrado que ha estado por el tema de su polémica pensión?
R.- Yo creo que todas las fracciones parlamentarias, independientemente de la situación personal de cada legislador, estamos obligados a pronunciarnos, y llegará el momento en que tengamos que pronunciarnos. Yo confío en que lo que se diga en nombre de los grupos parlamentarios no responda a intereses particulares, sino al interés de los trabajadores y en ese sentido me parece que particularmente Morena está obligado a responder a los intereses de los trabajadores, porque ha sido ese partido el que impulsó una reforma laboral a nivel nacional que logró por ejemplo, una mayor democratización para la selección de los líderes, ahora todos los sindicatos tienen que llevar a cabo una votación universal, directa y secreta y existen mecanismos de validación de los contratos colectivos de trabajo.
P.- ¿Usted sí acompañará todo el proceso?
R.- Justo nosotros en Hagamos, más allá de la participación que yo tuve en la mesa, nombramos a Cristian Sánchez Jáuregui, un doctor especialista en derecho laboral, para que sea nuestro representante en la mesa, porque para nosotros es un asunto que requiere toda la seriedad y que requiere asesoría técnica para dar respuestas no solamente políticas, sino también técnicas, que hagan que efectivamente la reforma sea un avance y no un retroceso y que tampoco sea un gatopardo, es decir que todo cambie para que todo siga igual.
P.- ¿Hay confianza de que esta reforma se consume en el corto plazo, como lo amerita el caso?
R.- Lamentablemente siempre hay dos dinámicas en el Congreso, cuando es del interés del Ejecutivo, siempre hay ‘fast track’ y cuando es interés de los diputados, hay congeladora; entonces yo esperaría que en este tema, quien mande sea la lógica del consenso con los trabajadores y que no sea una iniciativa de esas que se aprueban de la noche a la mañana sin estudio, como la del gran atraco que hicieron los partidos políticos la semana pasada, triplicándose su financiamiento.
P.- Pizano dice que hay ruido por el dilema personal de Raúl Padilla, ¿tendrá validez esta lectura?
R.- Claro que no, basta con asomarse a la manifestación que tuvieron los trabajadores de más de 12 mil personas, ojalá y efectivamente se respete a los trabajadores y no se piense que siempre están manipulados por alguien, los trabajadores son los suficientemente inteligentes e independientes como para defender sus causas y no depender de conflictos partidistas. Yo creo que es una falta de respeto menospreciar la capacidad de los trabajadores de tomar decisiones por su cuenta, de manera independiente y en función de sus intereses.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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