ENTREVISTAS
Resultados del espionaje deben ser medibles; es válido el uso de «Galileo» para evitar desapariciones: Rubén Alonso, de AMEDI Jalisco
Por Mario Ávila //
Los índices de delincuencia en Jalisco sí ameritan el uso de la tecnología de espionaje a través del programa “Galileo”, sobre todo en un tema tan sensible y doloroso como son las desapariciones. Ello en opinión de José Rubén Alonso González, presidente del capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
Sin embargo, planteó como un requisito, que se utilizara con reglas claras, fiscalizado, vigilado y supervisado por un grupo de ciudadanos con alta calidad moral y ajenos a poder en la entidad. “Solo así sería conveniente que fuera usado, para poder ayudar a anticiparse, para reducir las desapariciones y no dedicarnos únicamente a buscar desaparecidos”, expuso.
Vale la pena recordar que en el 2014 el Gobierno del Estado, a cargo del finado Jorge Aristóteles Sandoval, adquirió tecnología para espionaje con un costo de 263 millones de pesos, con la justificación de que sería un apoyo en la lucha contra el crimen, en delitos como el secuestro.
Esta semana el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, dice que desde el momento en el que el Fiscal le informó de la existencia del esquipo, tomó la determinación de no utilizarlo, ordenó la cancelación del software e instruyó a la Contraloría la realización de tres auditorías sobre su adquisición y su uso.
Recordó que como político de oposición denunció la existencia de este sistema de espionaje y la inexplicable ubicación de los equipos en aquel momento en las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno a cargo de Roberto López Lara, no en la Fiscalía, para quien fueron adquiridos.
No obstante, el presidente de AMEDI Jalisco señaló que en cuestión de herramientas tecnológicas para combatir el crimen, “no hay que olvidar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, desde el 2014 incorporó un capítulo que se llama “Colaboración con la Justicia” y a través de la propia ley ratificada incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le permite a la autoridad solicitar a todos los proveedores y prestadores de servicios de telefonía celular, el acceso en tiempo real a los dispositivos y su geolocalización.
“Es decir, también si vemos lo que ya establece la ley, el gobierno federal y los gobiernos locales, ya cuentan con esa herramienta legal para intervenir teléfonos y geolocalizarlos, en vista a la procuración y la prevención de delitos…. para qué queremos más equipos sofisticados que ni siquiera están regulados; lo regulado ya está en la ley y solo se debe aprovechar”, sentenció.
SÍ A SU USO, PERO CON RESULTADOS MEDIBLES
Al insistir en el grave problema de la inseguridad y la nada honrosa posición de Jalisco como líder nacional en desapariciones, Rubén Alonso González, recalcó su postura: “Sí se necesita a final de cuentas utilizar los métodos de espionaje, por la forma en la que opera la delincuencia organizada, que es cada vez más sofisticada, pero se necesitan reglas claras, públicas y una adecuada fiscalización, ya que de no ser así se prestaría a usos inadecuados, porque la tentación la habrá de tener siempre quien está en el poder”.
La operación de este sistema -dijo-, debería estar fundamentalmente a cargo de las instituciones de seguridad pública, no en las áreas de la política pública que en este caso sería la Secretaría General de Gobierno, donde fue ubicado “Galileo”, porque la frontera entre el uso político de estas herramientas se prestaría a una confusión o a una mezcla con el combate a la delincuencia organizada que amerita tecnología y mucha inteligencia para poderla combatir.
E inobjetablemente los resultados se tendrían que medir -planteó-, tanto con detenciones, como con la desarticulación de acciones del crimen organizado, anticipándose a los sucesos, que a veces eso no se logran ver; uno los aplaude cuando los enfrentan, es decir cuando están actuando, pero también hay acciones que se podrían anticipar y se pueden desarticular, pero como no hay efectos públicos, pareciera que no se hace nada. Pues vale más que parezca que no se haga nada, pero que no opere la delincuencia organizada. Es algo como los operadores de los sistemas de cómputo en cualquier empresa o institución, los que mantienen los sistemas de cómputo debe ser personas que nunca se vean, porque se anticipan a las fallas, como los árbitros en el futbol. Debería servir en la función preventiva a las corporaciones policiacas municipales y estatal, porque se podrían anticipar fundamentalmente a la comisión de los delitos.
Rubén Alonso hizo saber qua aquí en Jalisco, no se han denunciado abusos de que hayan sido intervenidos los teléfonos de líderes sociales, periodistas o adversarios políticos, “incluso cuando uno ve el actuar de ellos en lo público, la autoridad que en un supuesto los estuviera monitoreando o espiando, se anticiparían a lo que van a hacer. Y lo que uno observa es que las mismas autoridades se sorprenden de los que está sucediendo o de lo que hacen”.
EL ESPIONAJE, UNA ACTIVIDAD ANTIQUÍSIMA
Para el comunicador, la explicación radica en que “el espionaje siempre ha existido en la historia de la humanidad, ha sido una necesidad el tener información, primero frente al adversario, en la guerra es clave, incluso hay el contraespionaje, es un recurso muy empleado. El desarrollo tecnológico ha ido siempre acompañado como una necesidad de seguridad de quien está buscando conocer al adversario, incluso uno de los usos que se le hicieron al globo aerostático fue el espionaje, desde los antiguos enviaban observadores antes de un ataque, infiltrar personas, hasta ahora que llegamos con sistemas que permiten monitorear en tiempo real a las personas”.
Creo que para efectos de combatir la delincuencia -expuso-, con reglas claras y fiscalizado, observado, monitoreado por agentes externos, para evitar abusos o mal uso del mismo, es legítimo por el bien de la sociedad. Los agentes externos que podrían fiscalizar deben ser independientes al gobierno y a los intereses de los gobernantes, de los grupos de poder que legítimamente están al frente del gobierno, en este caso deben ser ciudadanos de alta calidad moral y alta capacitación también para poder monitorear con elementos técnicos el uso que se le da al equipo, para que sea estrictamente con el fin de combatir la delincuencia. Tendrían que ser ciudadanos a final de cuentas, pero de alta solvencia moral y capacidad técnica para poderlo hacer.
Detalló Alonso González que los delitos que más se persiguen a través del uso de tecnologías, son delitos federales y ante ello lo que se necesita es una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo que en su opinión no se ha visto en esta administración entre el nivel estatal y el federal.
Y remató diciendo en alusión también al sistema de vigilancia C-5: “yo creo que lo que termina sucediendo es que tienen muy buena tecnología, que ya tiene inteligencia artificial, pero no hay inteligencia humana que la pueda aprovechar”.
Por cierto, en las conclusiones de las tres auditorías realizadas por la Contraloría del Estado al sistema “Galileo”, apuntan a que solo se usó para otros fines y hoy se está a la espera de un peritaje forense para completar un expediente que se entregará a la Fiscalía General de la República, para que indague a profundidad el posible uso del equipo llamado Galileo.
Teresa Brito, contralora del Estado, denunció que en el 2018 en la entrega-recepción de la administración, no se entregaron documentos que acreditaran el correcto uso de la tecnología. “Por ejemplo, hay registros de usuarios por lo que se presume que el equipo careció de controles, revelando la confidencialidad de los datos contenidos en el mismo, teniendo la presunción de que el sistema y su contenido, pudo ser utilizado por personas ajenas a la Fiscalía, con un fin distinto para el cual fue adquirido, que eran específicamente abonar a las tareas de combate al secuestro”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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