Resultados del espionaje deben ser medibles; es válido el uso de «Galileo» para evitar desapariciones: Rubén Alonso, de AMEDI Jalisco

Por Mario Ávila //

Los índices de delincuencia en Jalisco sí ameritan el uso de la tecnología de espionaje a través del programa “Galileo”, sobre todo en un tema tan sensible y doloroso como son las desapariciones. Ello en opinión de José Rubén Alonso González, presidente del capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).

Sin embargo, planteó como un requisito, que se utilizara con reglas claras, fiscalizado, vigilado y supervisado por un grupo de ciudadanos con alta calidad moral y ajenos a poder en la entidad. “Solo así sería conveniente que fuera usado, para poder ayudar a anticiparse, para reducir las desapariciones y no dedicarnos únicamente a buscar desaparecidos”, expuso.

Vale la pena recordar que en el 2014 el Gobierno del Estado, a cargo del finado Jorge Aristóteles Sandoval, adquirió tecnología para espionaje con un costo de 263 millones de pesos, con la justificación de que sería un apoyo en la lucha contra el crimen, en delitos como el secuestro.

Esta semana el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, dice que desde el momento en el que el Fiscal le informó de la existencia del esquipo, tomó la determinación de no utilizarlo, ordenó la cancelación del software e instruyó a la Contraloría la realización de tres auditorías sobre su adquisición y su uso.

Recordó que como político de oposición denunció la existencia de este sistema de espionaje y la inexplicable ubicación de los equipos en aquel momento en las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno a cargo de Roberto López Lara, no en la Fiscalía, para quien fueron adquiridos.

No obstante, el presidente de AMEDI Jalisco señaló que en cuestión de herramientas tecnológicas para combatir el crimen, “no hay que olvidar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, desde el 2014 incorporó un capítulo que se llama “Colaboración con la Justicia” y a través de la propia ley ratificada incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le permite a la autoridad solicitar a todos los proveedores y prestadores de servicios de telefonía celular, el acceso en tiempo real a los dispositivos y su geolocalización.

“Es decir, también si vemos lo que ya establece la ley, el gobierno federal y los gobiernos locales, ya cuentan con esa herramienta legal para intervenir teléfonos y geolocalizarlos, en vista a la procuración y la prevención de delitos…. para qué queremos más equipos sofisticados que ni siquiera están regulados; lo regulado ya está en la ley y solo se debe aprovechar”, sentenció.

SÍ A SU USO, PERO CON RESULTADOS MEDIBLES

Al insistir en el grave problema de la inseguridad y la nada honrosa posición de Jalisco como líder nacional en desapariciones, Rubén Alonso González, recalcó su postura: “Sí se necesita a final de cuentas utilizar los métodos de espionaje, por la forma en la que opera la delincuencia organizada, que es cada vez más sofisticada, pero se necesitan reglas claras, públicas y una adecuada fiscalización, ya que de no ser así se prestaría a usos inadecuados, porque la tentación la habrá de tener siempre quien está en el poder”.

La operación de este sistema -dijo-, debería estar fundamentalmente a cargo de las instituciones de seguridad pública, no en las áreas de la política pública que en este caso sería la Secretaría General de Gobierno, donde fue ubicado “Galileo”, porque la frontera entre el uso político de estas herramientas se prestaría a una confusión o a una mezcla con el combate a la delincuencia organizada que amerita tecnología y mucha inteligencia para poderla combatir.

E inobjetablemente los resultados se tendrían que medir -planteó-, tanto con detenciones, como con la desarticulación de acciones del crimen organizado, anticipándose a los sucesos, que a veces eso no se logran ver; uno los aplaude cuando los enfrentan, es decir cuando están actuando, pero también hay acciones que se podrían anticipar y se pueden desarticular, pero como no hay efectos públicos, pareciera que no se hace nada. Pues vale más que parezca que no se haga nada, pero que no opere la delincuencia organizada. Es algo como los operadores de los sistemas de cómputo en cualquier empresa o institución, los que mantienen los sistemas de cómputo debe ser personas que nunca se vean, porque se anticipan a las fallas, como los árbitros en el futbol. Debería servir en la función preventiva a las corporaciones policiacas municipales y estatal, porque se podrían anticipar fundamentalmente a la comisión de los delitos.

Rubén Alonso hizo saber qua aquí en Jalisco, no se han denunciado abusos de que hayan sido intervenidos los teléfonos de líderes sociales, periodistas o adversarios políticos, “incluso cuando uno ve el actuar de ellos en lo público, la autoridad que en un supuesto los estuviera monitoreando o espiando, se anticiparían a lo que van a hacer. Y lo que uno observa es que las mismas autoridades se sorprenden de los que está sucediendo o de lo que hacen”.

EL ESPIONAJE, UNA ACTIVIDAD ANTIQUÍSIMA

Para el comunicador, la explicación radica en que “el espionaje siempre ha existido en la historia de la humanidad, ha sido una necesidad el tener información, primero frente al adversario, en la guerra es clave, incluso hay el contraespionaje, es un recurso muy empleado. El desarrollo tecnológico ha ido siempre acompañado como una necesidad de seguridad de quien está buscando conocer al adversario, incluso uno de los usos que se le hicieron al globo aerostático fue el espionaje, desde los antiguos enviaban observadores antes de un ataque, infiltrar personas, hasta ahora que llegamos con sistemas que permiten monitorear en tiempo real a las personas”.

Creo que para efectos de combatir la delincuencia -expuso-, con reglas claras y fiscalizado, observado, monitoreado por agentes externos, para evitar abusos o mal uso del mismo, es legítimo por el bien de la sociedad. Los agentes externos que podrían fiscalizar deben ser independientes al gobierno y a los intereses de los gobernantes, de los grupos de poder que legítimamente están al frente del gobierno, en este caso deben ser ciudadanos de alta calidad moral y alta capacitación también para poder monitorear con elementos técnicos el uso que se le da al equipo, para que sea estrictamente con el fin de combatir la delincuencia. Tendrían que ser ciudadanos a final de cuentas, pero de alta solvencia moral y capacidad técnica para poderlo hacer.

Detalló Alonso González que los delitos que más se persiguen a través del uso de tecnologías, son delitos federales y ante ello lo que se necesita es una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo que en su opinión no se ha visto en esta administración entre el nivel estatal y el federal.

Y remató diciendo en alusión también al sistema de vigilancia C-5: “yo creo que lo que termina sucediendo es que tienen muy buena tecnología, que ya tiene inteligencia artificial, pero no hay inteligencia humana que la pueda aprovechar”.

Por cierto, en las conclusiones de las tres auditorías realizadas por la Contraloría del Estado al sistema “Galileo”, apuntan a que solo se usó para otros fines y hoy se está a la espera de un peritaje forense para completar un expediente que se entregará a la Fiscalía General de la República, para que indague a profundidad el posible uso del equipo llamado Galileo.

Teresa Brito, contralora del Estado, denunció que en el 2018 en la entrega-recepción de la administración, no se entregaron documentos que acreditaran el correcto uso de la tecnología. “Por ejemplo, hay registros de usuarios por lo que se presume que el equipo careció de controles, revelando la confidencialidad de los datos contenidos en el mismo, teniendo la presunción de que el sistema y su contenido, pudo ser utilizado por personas ajenas a la Fiscalía, con un fin distinto para el cual fue adquirido, que eran específicamente abonar a las tareas de combate al secuestro”.