ENTREVISTAS
Salvador Zamora Zamora se faja los pantalones: Alto a depredadoes de La Primavera, no más casas en el bosque
Por Diego Morales //
La depredación que sufre el Bosque de La Primavera y que se ha venido denunciando desde hace décadas contra el desarrollador Vicente Chalita Noemí, principalmente por los colonos de El Fraccionamiento El Palomar, por diversos delitos, entre ellos fraude, demandando por las vía mercantil y civil, por fin una autoridad municipal de Tlajomulco reacciona y hace valer el principio de autoridad.
Es el alcalde de este municipio Salvador Zamora Zamora con el apoyo unánime del cabildo de este ayuntamiento el que actúa al aprobar el dar por terminada la prórroga otorgada a México Inversiones en el año 1979, así como revertir las licencias y permisos para realizar obras de urbanización en el fraccionamiento El Palomar en la primera y segunda sección, al igual que en el área conocida como Jockey Club que ha venido promoviendo el empresario desarrollador Vicente Chalita.
En sesión extraordinaria realizada la noche del pasado lunes 5 de agosto el presidente municipal Salvador Zamora presentó ante el Cabildo de Tlajomulco con carácter de urgente resolución para evitar que se construyan más viviendas en el Bosque de la Primavera.
Los daños y perjuicios que han generado a las zonas bajas las obras realizadas en el fraccionamiento El Cielo están en proceso de investigación y ya el Ayuntamiento presentó una denuncia ante quien resulte responsable por movimientos de tierra no autorizados en esta parte del bosque, ahora se abrirá una investigación de parte de la Fiscalía del Estado.
Salvador Zamora dice que el Ayuntamiento de Tlajomulco ha iniciado una batalla jurídica y administrativa, no sólo se trata de revertir las licencias indefinidas, es una revisión a profundidad de cómo se está desarrollando en la zona, porque efectivamente hay muchas demandas de vecinos que viven en la zona, que los terrenos eran de mil metros, después de menos, eso aumenta la densidad, mucho mayor afectación al arbolado y todo el entorno natural de la zona.
“Nos dimos cuenta de cosas terribles, talan los árboles, los entierran y queda como un cementerio de árboles, es catastrófico”, añade el entrevistado.
HACER CUMPLIR LA LEY
“Haremos que se cumpla el estado de derecho y hoy tenemos un gran aliado que es la sociedad, hay demandas permanentes de los ciudadanos de poner un hasta aquí al desarrollo en el bosque, eso nos ayuda y obliga a poner orden, los intereses comunes por arriba de los intereses particulares, precisa el presidente municipal de Tlajomulco Salvador Zamora Zamora en entrevista con Conciencia Pública.
Dentro de sus primeras acciones, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga llevó a cabo una intervención en el Fraccionamiento El Cielo, en donde tomaron la decisión de revertirle la licencia con carácter de indefinido para evitar que se siga construyendo dentro del bosque y comienza ya una lucha legal y administrativa por cuidar los espacios naturales del municipio.
“Nosotros desde el inicio de la administración, incluso desde el proceso electoral, nos comprometimos que haríamos una agenda para cuidar nuestras áreas protegidas, nuestros bosques, nuestros lagos, nuestros caudales más importantes, íbamos a tratar de cuidar el medio ambiente, que no fuera un tema de discurso”.
“Nos pusimos a trabajar en acciones, implementamos un programa de vivienda, nosotros trabajamos en un programa importante de prevención de inundaciones, hicimos todas las obras necesarias, desazolvamos más de un millón de metros cúbicos de material en diferentes vasos reguladores, cuencas y cauces. Evitamos una catástrofe ambiental que quemaron en Tlajomulco en el Bosque de la Primavera”.
Agrega: “Este temporal de lluvias hemos sufrido bastante sobre todo en las zonas aledañas a Santa Anita y San Agustín. Después de una evaluación y análisis, concluimos y presumimos que uno de los responsables de los deslaves y arrastres de material, además del incendio, eran los movimientos de tierra que se estaban llevando a cabo en los diferentes lugares de La Primavera, principalmente en el Fraccionamiento El Cielo, por eso nosotros finalmente tomamos la decisión de revertir esta famosa licencia con carácter de indefinido del desarrollo para seguir construyendo dentro del bosque, nosotros en esta segunda etapa del Cielo que no está urbanizada en su totalidad pero que ya tiene avances decidimos revertir esta licencia definitivamente para que esta prórroga ya no existiera y se valorara el que ya no se vuelva a construir en el bosque”.
LAS RAZONES DEL GOBIERNO
Pregunta. ¿La prórroga que otras autoridades municipales le otorgaron al Fraccionamiento Palomar y El Cielo es ilegal?
Respuesta. No se contempla (en la Ley de Fraccionamientos), pero el municipio le había otorgado una prórroga en 1979, con ésta se podían hacer los desarrollos que todos conocemos, desde el campo de golf, la etapa uno completa, inclusive el Palomar completo incluía esa licencia. Nosotros queremos ponerle un alto al desarrollo del bosque, hay prácticamente 7 millones de metros cuadrados por desarrollar en esta etapa, nosotros no queremos que se siga construyendo dentro del bosque, hay una gran cantidad de arbolado, nos preocupa mucho que se siga construyendo, que se sigan generando problemas en las zonas bajas del municipio, en las zonas aledañas al bosque y en el propio bosque, afectamos fauna, flora, a las personas que viven en estas zonas.
Pregunta. Los que manejan el fraccionamiento no permitían a la autoridad ingresar, ¿qué pasa ahí con la ley?
Respuesta. Con nosotros no será así, sí hubo un intento de intentar prohibirnos el acceso, sin embargo, después de la visita del gobernador en las zonas afectadas por los deslaves y las lluvias en Bosques de Santa Anita, nosotros junto con la SIOP y la Secretaría de Medio Ambiente intentamos hacer algunas visitas, porque desde el punto de vista de SIOP y la CEA, había la posibilidad según lo que nos marcan los arroyos y cuencas de afluencia en esa zona de hacer gaviones, pero el único acceso para llegar por coche es llegando por El Cielo, no dejaron entrar al personal a hacer esta investigación porque se hace en partes altas del bosque, entonces reaccionamos y vamos a hacerlo formalmente como municipio, en lo que corresponde a derecho, así entramos, el día que estuve en la zona tampoco nos dejaron entrar, sin embargo utilizamos lo que nos ampara en la reglamentación municipal y la ley para poder acceder, los elementos de seguridad del municipio se encargaron de hacernos acceder y llevar a cabo las clausuras posteriores.
Pregunta. ¿Se puede afirmar que en Tlajomulco hay estado de derecho y como alcalde lo estás haciendo cumplir?
Respuesta. Por supuesto, nosotros haremos que se cumpla el estado de derecho. Hoy tenemos un gran aliado que es la sociedad civil, creo que hay demandas permanentes de los ciudadanos de poner un hasta aquí al desarrollo en el bosque, eso nos ayuda bastante a poner orden, poner los intereses comunes por arriba de los intereses particulares.
Pregunta. Señalas que son 7 millones de metros cuadrados por desarrollar. ¿Qué va a pasar con ese desarrollo?
Respuesta. Todo es parte de una investigación que inicia y de una batalla jurídica y administrativa, no solo es la reversión de las licencias indefinidas, sino más bien es una revisión a profundidad de cómo se está desarrollando en la zona, porque efectivamente hay muchas demandas de vecinos que viven en la zona, que los terrenos eran de mil metros, después de menos, eso aumenta la densidad, mucho mayor afectación al arbolado y todo el entorno natural de la zona. Nos dimos cuenta de cosas terribles, talan los árboles, los entierran y queda como un cementerio de árboles, es catastrófico.
Pregunta. ¿Qué tanto se ha afectado al Bosque de la Primavera con estas acciones?
Respuesta. Hay grandes fracturas y deslaves en la superficie que está aledaña al Club de Golf Santa Anita y al Condominio Santa Anita, hay un riesgo permanente de que estos deslaves se mantengan y terminen en la parte baja, es el verdadero riesgo que se corre. El incendio que tuvimos hace meses es una de las causas, pero el movimiento de tierras es otra, en esos caminos hay construcción de líneas de la CFE, todas estas obras han aportado para que los deslaves sean más importantes, es el riesgo, eso advertimos en su momento, lo corroboramos en la visita de inspección que tuvimos, el dictamen de Protección Civil se confirmó con esta visita.
YA PRESENTARON DENUNCIA
Pregunta. ¿Se puede fincar responsabilidad al desarrollador?
“Respuesta. Sí, de hecho nosotros presentamos una denuncia ante quien resulte responsable por movimientos de tierra no autorizados en esta parte del bosque, ahora se abrirá una investigación de parte de la Fiscalía del Estado.
Pregunta. ¿Qué sigue en los próximos días?
Respuesta. El municipio sigue con una estrategia jurídica y administrativa, vamos a seguir con esta estrategia que tiene pasos, ya iniciamos con la visita de inspección a las diferentes áreas del fraccionamiento, seguimos con una batalla jurídica que yo quisiera reservarme por estrategia.
Pregunta. En estos daños que se están generando, sigue lloviendo, será difícil frenar en este momento esas aguas que sigan haciendo estragos. ¿Cómo mitigar este problema?
Respuesta. Estamos haciendo todas las obras de prevención y también estamos obligando al desarrollador a hacer estas obras, no tienen permiso de hacer trabajos de urbanización, pero sí los estamos obligando a hacer estas obras de prevención y mitigación. A la gente de esta zona le digo que vamos a seguir defendiendo el bosque cueste lo que cueste, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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