ENTREVISTAS
Una secretaría inoperante: Ven «gato encerrado» en presupuesto a la Secretaría de Gestión Integral del Agua
Por Mario Ávila //
Los mil millones de pesos que el Gobierno del Estado asigna como presupuesto anual para el 2021 a la Secretaría de la Gestión Integral del Agua (SGIA) y la propia operación de la dependencia, son vistas con recelo por expertos, académicos e investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en particular por el doctor José Antonio Gómez Reyna, quien advierte que ahí podría haber “gato encerrado”.
A la pregunta de si ve usted que en la secretaría se cumpla cabalmente con la función y se ejerzan eficazmente los recursos, el profesor investigador de la UdeG mencionó sin dudarlo: “No, no, no, no, como dicen por ahí: Ahí hay gato encerrado, porque desde el Gobierno del Estado ofrecieron reparar las plantas y limpiar el río más contaminado de México, pero después de la declaración solo llevan una draga, limpiaron tantito lirio y según ellos ya había empezado la operación, y luego iban según ellos a poner a funcionar plantas de tratamiento las cuales no están caracterizadas para el tipo de contaminantes y luego iban a hacer un corredor a un lado del río… ah que barbaridad y con eso el agua ya se va a dar cuenta de que hay gente caminando a su lado y ya va a limpiarse en automático”.
O sea -expuso el académico-, son una serie de aberraciones muy graves las que hace el estado, pero más bien yo lo veo desde el punto de vista de corrupción y de cómo hacerse llegar de dinero, es decir recaudaciones no muy limpias, como el caso de la verificación, en la que muchos de los carros del propio Gobierno del Estado seguramente ni siquiera pasaron y ahora ya traen calcas y qué es lo que van a hacer, ah pues te voy a multar porque el dinero se va a ir al medio ambiente, como si el medio ambiente necesitara dinero, en lugar de necesitar acción y de gente que conozca y sepa.
Hemos visto -dijo-, como el impacto de modificar una pequeña parte del medio ambiente nos genera una serie de problemas, por ejemplo las inundaciones que han ocurrido en diversas áreas de la Zona Metropolitana, los incendios, la desforestación, la invasión de micro cuencas y a la hora de que hay escurrimientos cíclicos todo mundo se empieza a ahogar y a exigir que los indemnicen… bueno quién los puso ahí. Se pregunta el doctor José Antonio Gómez Reyna, quien se desempeña en el Centro de Estudios Estratégicos y para el Desarrollo de la ciudad de Guadalajara, dentro de la Universidad de Guadalajara.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua, creada en la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, opera dentro de la Coordinación Estratégica de Gestión del Territorio a cargo del ingeniero Jorge Gastón González Alcérreca y tiene entre sus 32 funciones, atribuciones y facultades: VII.- Gestionar, coordinar, formular y operar programas estatales de obras de abastecimiento de agua potable, servicio de drenaje y alcantarillado, captación, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales, así como aquellas relacionadas con el desarrollo y equipamiento urbano que no constituyan competencia de otras autoridades y IX.- Formular planes y programas para la captación, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales para fines agrícolas, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras.
SE INCUMPLE CON UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
El profesor investigador de la UdeG, Gómez Reyna, indicó que una gestión integral del agua tiene que ver con varias condicionantes, la más sencilla es que “cuando tú hablas de una gestión integral, el agua que utilizas para cualquier fin, la tienes que dejar en las mismas condiciones de como la recibes y en este caso nos damos cuenta que muchos servicios y actividades no están cumpliendo con este requisito y más con la norma 001 que se acaba de modificar en donde se habla de otros parámetros que no estaban incluidos anteriormente en una ley que era obsoleta, que era de la Ley de Aguas.
“Hoy en la actualidad, tiene que cumplir con muchos parámetros, entre ellos hasta la temperatura de descarga y muchas otras cosas, como los elementos tóxicos que se mandan a los cuerpos de agua; o sea, los parámetros son más rígidos y por tal motivo muchas de estas gentes, empresas o grupos que contaminan, no están de acuerdo con la norma porque para cumplir con un elemento sustentable, se debe cumplir con la primera condición de que como recibes el agua limpia, la tienes que verter limpia otra vez ya sea al subsuelo a través de un acuífero, un pozo de absorción o en una descarga de cualquier agua superficial que puede ser un río, una presa, un arroyo, etcétera”, planteó el experto.
Ahí encontramos varios parámetros -dijo-, inclusive las mismas plantas de tratamiento no están cumpliendo con la actual norma, por tal motivo el mismo estado o los municipios cumplan con esta normatividad, primero, si es que tienen plantas y segundo, si es que están operando porque sabemos que la mayoría no opera y las que lo hacen no están actualizadas. Lo mismo sucede con el proceso industrial, las industrias muchas de sus descargas no cumplen ni siquiera con la temperatura, tienen que tener un máximo de 35 grados centígrados las aguas y a veces vemos que sobrepasan por mucho este parámetro o algunos otros como los contaminantes, los materiales orgánicos o los nutrientes que sueltan a los cuerpos de agua.
Y si nos vamos al proceso agropecuario -abundó-, pues también nos damos cuenta del retraso que existe en relación a los tratamientos que deben de darse y lo podemos ver en los procesos agropecuarios, ya sea gallinas, cerdos o ganado, no cumplen con esa norma. Entonces no podrían decir que se está cumpliendo, porque ni siquiera el estado lo cumple, menos los entes contaminantes como los agropecuarios, industriales o urbanos.
Gómez Reyna también habló de que una gestión integral del agua tiene que ver con la cultura y el uso racional del agua y expuso: “Sobre el uso diario por persona, son variables los criterios de uso diario por habitante, ya que se pueden manejar desde muchos puntos de vista, aunque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud son 235 litros, pero muchos países no tienen ni siquiera esa cifra de disponibilidad, es decir cada país tiene condicionantes muy diferentes, pero aquí en el caso de México han ido bajando el volumen por habitante y aparte de que bajan el volumen por habitante, lo más importante es que no hay un ordenamiento hídrico, cada quien hace lo que quiere con las microcuencas, con las cuencas, o sea que cada quien se maneja como quiere.
“La inspección y la vigilancia de lo que viene siendo la Conagua o la Semarnat, no lo cumple, menos el estado que tampoco supervisa y cuando supervisa va con cierto dolo en contra de ciertas personas o ciertas empresas que son a las que castiga principalmente son medianos o pequeños productores, pero a los grandes no les hacen nada y por eso podemos ver nosotros problemas de contaminación de vinazas de grandes tequileras, a las que no les hacen absolutamente nada, o igual a la industria metal mecánica, a la industria electrónica e inclusive a los procesos agropecuarios solo les exigen pero no los hacen cumplir la ley.
“Y si nosotros hablamos de cultura, ahí empezamos con otro problema porque para tener una cultura del agua se supone que los criterios de la OMS establecen que una fuente que abastece una población no debe de existir proceso industrial o agropecuario aguas arriba. Y si tú ves el agua que llega a Chapala ya pasó por miles de giros de tipos de empresas, metal-mecánica, industrial, textil, química, farmacéutica, etcétera.
“Por tal motivo tampoco se cumple con esos criterios porque una fuente de agua para hacerla sustentable tienes que tener un sistema de recarga, una zona bien protegida, evitar que haya industrias alrededor de, etcétera y esto te va generando una serie de problemas porque el estado te puede decir que son fuentes de trabajo, pero no solo son fuentes de trabajo, también son fuentes de contaminación; los agropecuarios te pueden decir es que nosotros estamos produciendo los alimentos, sí pero también estás produciendo contaminantes y ahí es en donde empieza todo el proceso de cultura del agua, la educación que se debe tener y los criterios que se tienen que manejar”, dejó en claro el doctor José Antonio Gómez Reyna.
Y remató: “Cuando nosotros hacemos investigaciones, pues hablamos desde el punto de vista de los criterios mundiales, no locales o de partido o de gobierno en el poder, o de intereses personales de procesos industriales o agropecuarios, tenemos que hablar de lo que es la ciencia, cumple o no cumple el agua con los requisitos mínimos para que haya una salud dentro de una población y cómo se utiliza el agua para los distintos procesos que se pueden generar”.
LO MEJOR DEL AGUA DE RÍO ES QUE ESCURRA
La amplitud de conceptos que tienen que ver con la gestión integral del agua llevó el tema también a la captación del agua de lluvia y sobre ello el experto universitario dejó en claro: “Ahí es donde empezamos con varios problemas, mira mucha gente habla sin darse cuenta de lo que se trata y de lo que está diciendo. Cuando tú dices yo voy a captar agua de lluvia… sí, pero vivimos en una zona intertropical en donde nada más tienes 3 o 4 meses de lluvia si es que te va bien y el volumen que puedes guardar, si es que no tienes una depresión geológica importante, o un sistema de recarga de acuíferos es irrisorio. Decir que ya hice un proyecto en donde voy a juntar mil litros, o 2 mil o 15 mil litros de agua, pero para cuántos días te va a durar y de qué tamaño habrá de ser tu presupuesto para una obra de esta naturaleza”, expuso.
Y abundó: “Los sistemas naturales que vienen siendo los acuíferos, simple y sencillamente tienen que ser recargados, pero tienes que saber en dónde están los sistemas de filtración del agua que es donde vas a tener el gran almacén a tus pies y el otro debe ser cuidando los cuerpos de agua. Muchas veces dicen, es que necesitamos muchas presas, sí pero el proceso de una lluvia natural es que escurra el río, porque el que retiene el agua arriba, afecta a todos los de abajo y entonces tienes que saber que el río es un afluente importante para que se generen los esteros, las playas, para que haya una vida marina adecuada y todo el recorrido del río te va dejando lo que se llama un microclima localizado, pero si yo le tapo en la parte de arriba, de ahí para abajo voy a generar un caos, voy a generar un problema ecológico.
“Entonces, la cultura del agua y los procesos para poder tener una muy buena gestión de agua, debe tener primero gente que tenga una visión global con relación al problema y no solo hacer declaraciones de estado en donde te dicen: ‘Es que nosotros ya hicimos una ley’, no pues leyes hay muchas, normas hay muchas, pero por qué no nos adherimos a las normas internacionales. Dicen es que aquí no se pueden cumplir y no se pueden cumplir porque aquí hay intereses económicos, intereses políticos o sea empieza a haber una serie de corrupción institucional y demás.
“Otros funcionarios que solo escucharon el término de sustentabilidad y creen aplicarlo sin saber de qué se trata. Sustentabilidad es simple y sencillamente sostener la naturaleza en su estado natural, lo más limpio que se pueda sin alterarlo y ya cuando haces procesos de descargas a ríos, a lagunas, que utilizas contaminantes muy fuertes, ya no es sustentable, ya estás generando un daño tanto a las especies animales y vegetales y finalmente al ser humano también le repercute esto”, planteó el investigador y experto en el tema, doctor, José Antonio Gómez Reyna.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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