ENTREVISTAS
«Vive México la fórmula perfecta, corrupción e impunidad»: Lucía Almaraz, presidenta del Sistema Anticorrupción de Jalisco
Por Diego Morales //
Bajo la premisa que abatir la problemática le corresponde a todos, no genera falsa expectativa sobre los resultados que puedan otorgar. No están diseñados para las grandes detenciones ni los reflectores, sino para dar seguimiento y tener una incidencia con la sociedad, así lo expresa Lucía Almaraz, Presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco.
Consciente que al hablar del Sistema Estatal Anticorrupción la sociedad se enfoca en el fiscal, Lucía Almaraz resalta la estructura que se tiene, en donde son diversos actores quienes trabajan coordinadamente en cada uno de los procesos.
“Es importante que la ciudadanía conozca cómo se conforma, qué realiza el sistema y además qué alcances tiene, porque hay una gran confusión o expectativas que no se van a cumplir solo con la creación del sistema estatal. Cuenta con un diseño institucional que resulta complicado, por ejemplo, explicar el comité coordinador, qué realiza el comité de participación social, cuándo se convierte en órgano de gobierno, cuándo actuamos como comisión ejecutiva, la verdad sí es una estructura complicada para el ciudadano”.
Agrega: “El Comité de Participación Social no es otra cosa más que está conformado por cinco ciudadanos que fueron elegidos por la comisión de selección, que fue elegida por el Congreso, entonces se abre convocatoria, se eligen a los ciudadanos, el comité es el encargado de ser el vínculo entre la sociedad civil y la autoridad, somos ese puente”.
Entrevistada en el programa de radio “En Tela de Juicio”, expresó que una las facultades más importantes de este comité es darle seguimiento al sistema estatal anticorrupción y tener una incidencia social.
“Dentro de nuestras facultades más importantes encontramos el darle seguimiento al sistema estatal anticorrupción y tener una incidencia totalmente social. El comité coordinador está conformado por siete personas, la contralora del Estado, el auditor, el presidente del Tribunal de Justicia Alternativa, el Consejo de la Judicatura a través de Ricardo Suro, el ITAI a través de la presidenta Cynthia Cantero, el fiscal anticorrupción y quien funja como presidenta del Comité de Participación Social, me convierto también en presienta del comité coordinador”.
Subraya: “Entramos en diferentes momentos, sabemos que el fiscal especializado anticorrupción es de reciente creación, entonces ya se les están lanzando al fiscal todos los delitos considerados como corrupción. También el código penal se ha reformado en este sentido, se encontraban los delitos en otros capítulos, ahora se reforma, los hechos tendrá que conocerlos el fiscal, ahora de manera coordinada se atienden sobre todo acciones de prevención y algunas enfocadas al área reactiva, ya hay comunicación entre ellos, diálogo. El sistema es joven, apenas tiene dos años, la corrupción nos tiene décadas de ventaja”.
LA ENTREVISTA
Pregunta. ¿Están alineados con el sistema nacional anticorrupción?
Respuesta. Tenemos que estar alineados a la nacional, esperamos un poco a eso, ya estamos trabajando en eso a través de otro ente que es la Comisión Ejecutiva, que la conforman cuatro ciudadanos del Comité de Participación Social que no son presidentes y la secretaría técnica, surgen los insumos técnicos, uno de ellos será la propuesta de política estatal anticorrupción.
P. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y un servidor público?
R No formamos parte de una institución, no formamos parte del OPD que sería la Secretaría Ejecutiva, pero sí estamos sujetos a todas las responsabilidades de los servidores públicos, esto fue como una figura muy híbrida, muy atípica que al menos yo no conozco a nivel jurídico en otro ente, no somos servidores públicos porque no formamos parte de una institución, estamos bajo un contrato de honorarios, pero sí estamos sujetos a todas las responsabilidades de un servidor público. Si nos convertimos en servidores públicos tendríamos que tener un jefe, como el ejecutivo y podríamos marcar esa línea.
P. ¿No tienen un jefe?
R. No, el comité es un órgano ciudadano, en la que los colegiados a través de sesiones tanto ordinarias y extraordinarias tomamos decisiones. Tenemos responsabilidades que nos marca la ley general de responsabilidades o la ley local con las responsabilidades del servidor público pero no formamos parte de una institución.
P. Ya existe el andamiaje, ¿llegará el momento en que las tarjetas amarillas y rojas se saquen al momento y no esperar años para que se castigue?
R. Es un buen momento para que la ciudadanía conozca los alcances, qué podemos esperar del sistema. Cada una de las instituciones que forman parte del comité coordinador entran en diferentes momentos en un asunto, cuando se trata de servidores públicos entra la Contraloría con su investigación, cuando se trata de instituciones y servidores públicos, cuando determinan que hay una falta administrativa grave se activa el Tribunal de Justicia Administrativa quien determinará la sanción, si la Contraloría ubica un delito informa a través de una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, si el fiscal determina que hay elementos suficientes judicializa la carpeta de investigación. Debemos comprender que las leyes así se establecen, no esperemos que todo el sistema en un solo caso salgamos a hacer un pronunciamiento, porque cada uno tiene sus términos procesales, ahora sí nos comunicamos como instituciones, pero la parte de investigación está en etapas que la propia ley nos marca.
P. Se da la lucha de poder, quieren imponer funcionarios. ¿Cómo ve la situación que puede frenar los propósitos u orientar la justicia a otros objetivos?
R. Creo que toda institución, sobre todo hablando de un sistema, tiene sus problemáticas internas. En este nacimiento del sistema, tenemos que realizar rutinas administrativas o institucionales, todavía no termina de conformarse la secretaría ejecutiva, lo que respecta al comité de participación social hemos señalado algunos procesos que han sido abiertos, pero bajo el esquema de la facultad que me gusta, nos permite entrar a señalar alguna situación que observamos. En este último proceso para nombrar directores, entramos a la sugerencia solo tres miembros, el órgano decide cancelar el proceso por cuestiones presupuestales, no tener la certidumbre de una suspensión. Lo que ya definimos es que ya salga ese proceso, que se nombre pero que sea bien, no es un tema que como tema me interese arrastrar todo el año, nos enfrascamos en la parte interna y no vemos lo sustancial, esa es mi postura, sacar el tema, que no estemos arrastrando cuestiones internas cuando la ciudadanía nos pide resultados tangibles.
P. ¿No será repartición de cuotas la solución?
R. No tendría que ser así, tendría que ser un proceso con convocatoria pública, a través de instrumentos de evaluación, que todo mundo interesado acuda a la convocatoria, esto no sucede en otro estado, creo que Jalisco en este sentido ha ido más adelante en otras entidades federativas, somos un referente nacional, nos hemos abierto.
P. ¿Algún día podríamos decir en México que no necesitamos ningún ente que señale casos de corrupción?
R. Eso sería lo idea, ningún país del mundo tiene cero por ciento de corrupción, hasta los más avanzados en el tema lo padecen. Creo que en México tenemos una fórmula perfecta que es corrupción e impunidad, en otros países hay corrupción pero se castiga, en otros hay impunidad pero la corrupción está controlada. Ahora, es importante que el único indicador que observamos son personas privadas por la libertad por corrupción, tenemos la experiencia en otras entidades donde ex gobernadores están en la cárcel y no terminó la corrupción en la entidad, no es el único indicador”.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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