ENTREVISTAS
«Vive México la fórmula perfecta, corrupción e impunidad»: Lucía Almaraz, presidenta del Sistema Anticorrupción de Jalisco
Por Diego Morales //
Bajo la premisa que abatir la problemática le corresponde a todos, no genera falsa expectativa sobre los resultados que puedan otorgar. No están diseñados para las grandes detenciones ni los reflectores, sino para dar seguimiento y tener una incidencia con la sociedad, así lo expresa Lucía Almaraz, Presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco.
Consciente que al hablar del Sistema Estatal Anticorrupción la sociedad se enfoca en el fiscal, Lucía Almaraz resalta la estructura que se tiene, en donde son diversos actores quienes trabajan coordinadamente en cada uno de los procesos.
“Es importante que la ciudadanía conozca cómo se conforma, qué realiza el sistema y además qué alcances tiene, porque hay una gran confusión o expectativas que no se van a cumplir solo con la creación del sistema estatal. Cuenta con un diseño institucional que resulta complicado, por ejemplo, explicar el comité coordinador, qué realiza el comité de participación social, cuándo se convierte en órgano de gobierno, cuándo actuamos como comisión ejecutiva, la verdad sí es una estructura complicada para el ciudadano”.
Agrega: “El Comité de Participación Social no es otra cosa más que está conformado por cinco ciudadanos que fueron elegidos por la comisión de selección, que fue elegida por el Congreso, entonces se abre convocatoria, se eligen a los ciudadanos, el comité es el encargado de ser el vínculo entre la sociedad civil y la autoridad, somos ese puente”.
Entrevistada en el programa de radio “En Tela de Juicio”, expresó que una las facultades más importantes de este comité es darle seguimiento al sistema estatal anticorrupción y tener una incidencia social.
“Dentro de nuestras facultades más importantes encontramos el darle seguimiento al sistema estatal anticorrupción y tener una incidencia totalmente social. El comité coordinador está conformado por siete personas, la contralora del Estado, el auditor, el presidente del Tribunal de Justicia Alternativa, el Consejo de la Judicatura a través de Ricardo Suro, el ITAI a través de la presidenta Cynthia Cantero, el fiscal anticorrupción y quien funja como presidenta del Comité de Participación Social, me convierto también en presienta del comité coordinador”.
Subraya: “Entramos en diferentes momentos, sabemos que el fiscal especializado anticorrupción es de reciente creación, entonces ya se les están lanzando al fiscal todos los delitos considerados como corrupción. También el código penal se ha reformado en este sentido, se encontraban los delitos en otros capítulos, ahora se reforma, los hechos tendrá que conocerlos el fiscal, ahora de manera coordinada se atienden sobre todo acciones de prevención y algunas enfocadas al área reactiva, ya hay comunicación entre ellos, diálogo. El sistema es joven, apenas tiene dos años, la corrupción nos tiene décadas de ventaja”.
LA ENTREVISTA
Pregunta. ¿Están alineados con el sistema nacional anticorrupción?
Respuesta. Tenemos que estar alineados a la nacional, esperamos un poco a eso, ya estamos trabajando en eso a través de otro ente que es la Comisión Ejecutiva, que la conforman cuatro ciudadanos del Comité de Participación Social que no son presidentes y la secretaría técnica, surgen los insumos técnicos, uno de ellos será la propuesta de política estatal anticorrupción.
P. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y un servidor público?
R No formamos parte de una institución, no formamos parte del OPD que sería la Secretaría Ejecutiva, pero sí estamos sujetos a todas las responsabilidades de los servidores públicos, esto fue como una figura muy híbrida, muy atípica que al menos yo no conozco a nivel jurídico en otro ente, no somos servidores públicos porque no formamos parte de una institución, estamos bajo un contrato de honorarios, pero sí estamos sujetos a todas las responsabilidades de un servidor público. Si nos convertimos en servidores públicos tendríamos que tener un jefe, como el ejecutivo y podríamos marcar esa línea.
P. ¿No tienen un jefe?
R. No, el comité es un órgano ciudadano, en la que los colegiados a través de sesiones tanto ordinarias y extraordinarias tomamos decisiones. Tenemos responsabilidades que nos marca la ley general de responsabilidades o la ley local con las responsabilidades del servidor público pero no formamos parte de una institución.
P. Ya existe el andamiaje, ¿llegará el momento en que las tarjetas amarillas y rojas se saquen al momento y no esperar años para que se castigue?
R. Es un buen momento para que la ciudadanía conozca los alcances, qué podemos esperar del sistema. Cada una de las instituciones que forman parte del comité coordinador entran en diferentes momentos en un asunto, cuando se trata de servidores públicos entra la Contraloría con su investigación, cuando se trata de instituciones y servidores públicos, cuando determinan que hay una falta administrativa grave se activa el Tribunal de Justicia Administrativa quien determinará la sanción, si la Contraloría ubica un delito informa a través de una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, si el fiscal determina que hay elementos suficientes judicializa la carpeta de investigación. Debemos comprender que las leyes así se establecen, no esperemos que todo el sistema en un solo caso salgamos a hacer un pronunciamiento, porque cada uno tiene sus términos procesales, ahora sí nos comunicamos como instituciones, pero la parte de investigación está en etapas que la propia ley nos marca.
P. Se da la lucha de poder, quieren imponer funcionarios. ¿Cómo ve la situación que puede frenar los propósitos u orientar la justicia a otros objetivos?
R. Creo que toda institución, sobre todo hablando de un sistema, tiene sus problemáticas internas. En este nacimiento del sistema, tenemos que realizar rutinas administrativas o institucionales, todavía no termina de conformarse la secretaría ejecutiva, lo que respecta al comité de participación social hemos señalado algunos procesos que han sido abiertos, pero bajo el esquema de la facultad que me gusta, nos permite entrar a señalar alguna situación que observamos. En este último proceso para nombrar directores, entramos a la sugerencia solo tres miembros, el órgano decide cancelar el proceso por cuestiones presupuestales, no tener la certidumbre de una suspensión. Lo que ya definimos es que ya salga ese proceso, que se nombre pero que sea bien, no es un tema que como tema me interese arrastrar todo el año, nos enfrascamos en la parte interna y no vemos lo sustancial, esa es mi postura, sacar el tema, que no estemos arrastrando cuestiones internas cuando la ciudadanía nos pide resultados tangibles.
P. ¿No será repartición de cuotas la solución?
R. No tendría que ser así, tendría que ser un proceso con convocatoria pública, a través de instrumentos de evaluación, que todo mundo interesado acuda a la convocatoria, esto no sucede en otro estado, creo que Jalisco en este sentido ha ido más adelante en otras entidades federativas, somos un referente nacional, nos hemos abierto.
P. ¿Algún día podríamos decir en México que no necesitamos ningún ente que señale casos de corrupción?
R. Eso sería lo idea, ningún país del mundo tiene cero por ciento de corrupción, hasta los más avanzados en el tema lo padecen. Creo que en México tenemos una fórmula perfecta que es corrupción e impunidad, en otros países hay corrupción pero se castiga, en otros hay impunidad pero la corrupción está controlada. Ahora, es importante que el único indicador que observamos son personas privadas por la libertad por corrupción, tenemos la experiencia en otras entidades donde ex gobernadores están en la cárcel y no terminó la corrupción en la entidad, no es el único indicador”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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