– Por Redacción Conciencia Pública

El gobierno federal de Estados Unidos inició un nuevo cierre parcial (shutdown) el 1 de octubre de 2025, tras no lograrse un acuerdo en el Congreso para financiar al aparato público en el nuevo año fiscal. La parálisis administrativa comenzó al expirar el presupuesto federal, dejando sin recursos a numerosas agencias y obligando a suspender a cientos de miles de empleados considerados “no esenciales”.

Se trata de una crisis política recurrente en Washington, que refleja la profunda polarización entre republicanos y demócratas, sobre todo desde 2019 a la fecha.

De acuerdo con medios estadounidenses, alrededor de 900 mil trabajadores federales fueron enviados a “furlough” (suspensión temporal sin goce de sueldo), mientras que otros empleados esenciales —como personal militar, controladores aéreos y agentes de seguridad fronteriza— deberán seguir laborando sin recibir paga inmediata.

Aunque la ley garantiza un pago retroactivo una vez que se reabra el gobierno, la incertidumbre genera presión económica en miles de familias. La Administración de Aviación Federal (FAA) ya advirtió que más de 11 mil empleados se verán afectados, lo que podría impactar vuelos y operaciones aéreas.

Entre las agencias más golpeadas se encuentran la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la cual reducirá de manera drástica su personal operativo, y diversos organismos reguladores financieros. Además, la rama judicial alertó de que no podrá sostener sus operaciones más allá del 3 de octubre si el Congreso no libera fondos. El cierre afecta también a parques nacionales, programas sociales y proyectos de investigación científica que dependen de recursos federales.

Para México, principal socio comercial de Estados Unidos, las repercusiones son inmediatas. En primer lugar, los retrasos en puertos y aduanas estadounidenses pueden complicar la cadena de suministro bilateral.

Exportadores mexicanos, especialmente del sector automotriz y agroalimentario, anticipan demoras en inspecciones fronterizas debido a la reducción de personal administrativo. Esto podría traducirse en pérdidas económicas millonarias si la situación se prolonga.

Otro de los impactos se sentirá en los consulados y embajadas de Estados Unidos, donde los trámites migratorios y de visas experimentarán lentitud. Para los miles de mexicanos que viajan por turismo, trabajo o estudios, la suspensión de personal administrativo implica procesos más tardados y citas pospuestas.

Asimismo, se anticipan efectos en programas de cooperación bilateral, en particular aquellos ligados a seguridad fronteriza y proyectos de desarrollo en Centroamérica en los que México tiene participación.

La incertidumbre financiera también golpea a los mercados. El peso mexicano ya muestra volatilidad frente al dólar, pues los inversionistas perciben el cierre como un síntoma de inestabilidad política en Washington. Aun cuando se espera que el Congreso alcance eventualmente un acuerdo, los días de parálisis generan desconfianza en los mercados bursátiles y presionan a la baja a las divisas emergentes, incluida la mexicana.

En conclusión, el cierre del gobierno estadounidense no solo representa un problema interno para  nuestros vecinos del norte, sino que también tiene repercusiones directas para México. Desde el comercio y las exportaciones hasta los trámites migratorios y la estabilidad financiera, la parálisis en Washington evidencia la estrecha interdependencia entre ambos países.

La duración de este «shutdown» será clave para determinar si los impactos en México son pasajeros o si escalan hacia un problema de mayor magnitud económica y social.