– Por Francisco Junco

El Partido Acción Nacional en Jalisco pidió a los gobiernos federal y estatal reactivar los fondos de emergencia y aumentar significativamente los recursos destinados a atender desastres naturales.

El dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, acusó al gobierno federal y al estatal de “insensibilidad, negligencia y abandono” frente a las tragedias causadas por las lluvias.

“Desde el PAN no nos vamos a callar. Exigimos que se restablezca el FONDEN y que el fondo estatal funcione de verdad”, afirmó.

Durante una rueda de prensa, Juan Pablo Colín estuvo acompañado por el diputado local Julio Hurtado, la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Annia García, y el diputado federal Miguel Ángel Monraz.

Los panistas presentaron una agenda de acción inmediata para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en entidades como Veracruz, Puebla e Hidalgo, así como en municipios de Jalisco como Puerto Vallarta, Tototlán, Tlajomulco y Zapopan.

Señalaron que la eliminación del FONDEN y la falta de prevención han dejado a miles de familias sin respaldo institucional.

El diputado Julio Hurtado anunció que impulsará en el Congreso de Jalisco un aumento del presupuesto del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), de 250 a mil millones de pesos para 2026.

Aseguró que la falta de recursos limita la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias.

“Puerto Vallarta y la zona costera son fundamentales para la economía de Jalisco. No podemos seguir improvisando cada año”, enfatizó.

Por su parte, el diputado federal Miguel Ángel Monraz adelantó que el PAN promoverá la creación de un fondo nacional de emergencias con un monto inicial de quince mil millones de pesos, y que en el Presupuesto Federal 2026 se destine el 0.4% del gasto público nacional —entre veintiocho y veintinueve mil millones de pesos— a un nuevo fondo permanente con reglas claras de operación.

“Lo importante es salvar vidas; lo urgente es tener recursos para apoyar a quienes lo perdieron todo”, sostuvo.

Con este pronunciamiento, el PAN Jalisco reafirmó su compromiso de seguir exigiendo transparencia, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, para que se proteja la vida y el patrimonio de las familias mexicanas ante los desastres naturales y la falta de atención gubernamental.

– Por Mario Ávila

Luego de que las autoridades estatales y federales atendieron la solicitud de audiencia de los agricultores de Jalisco que reclaman un precio de garantía al maíz de 7 mil 200 pesos por tonelada, quedaron conjurados los bloqueos que durante 24 horas se realizaron en los accesos al Área Metropolitana de Guadalajara.

La representación de los campesinos quejosos, aceptó la propuesta de una reunión el próximo viernes 17 de octubre, en la que estarán presentes el delgado federal de la Secretaría de Gobernación, Antonio Pérez Garibay y el delegado federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Alfredo Porras Domínguez.

Con la representación del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, en la negociación para levantar el bloqueo estuvieron el secretario General de Gobierno del Estado, Salvador Zamora y el secretario de Agricultura del Estado, Eduardo Ron Ramos, quienes escucharon a los agricultores que defienden su trabajo y el sustento de miles de familias.

“Desde Jalisco reconocemos su lucha y les damos nuestro total respaldo y gracias al diálogo y a la voluntad de construir, logramos establecer una mesa con la autoridad federal para atender sus demandas, y las vialidades fueron liberadas de manera pacífica”, planteó el 02 del Gobierno del Estado, Salvador Zamora Zamora.

Entre los bloqueos destacó el cierre de la caseta de cobro en Acatlán de Juárez en el kilómetro 40 de la carretera a Morelia; así como en la región de La Ciénega, en especial en la caseta de cobro de la autopista Guadalajara – Maravatío; lo mismo que en el municipio de Ocotlán.

– Por Mario Ávila 

Luego de que el lunes fracasó la convocatoria a Casa Jalisco, ya que las fracciones de oposición en el Congreso del Estado desdeñaron la invitación, con excepción del PRI, la tarde del martes pudo darse «en cancha neutral» el encuentro entre el titular del Poder Ejecutivo con los legisladores de oposición.

En un restaurante de la colonia Americana se dió la reunión convocada por el gobernador Pablo Lemus, el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado, José Luis Tostado, con los líderes opositores de Morena, PVEM, PAN PRI, Hagamos, PT y Futuro.

Poco pudo avanzarse en los acuerdos para sacar adelante la reforma al Poder Judicial, a pesar de que Jalisco es uno de los tres estados que ha incumplido con los términos de la ley federal, toda vez que el límite para reformar la ley en el Estado, venció el pasado 15 de febrero del 2025.

Movimiento Ciudadano no ha cumplido con los tiempos de ley y pese a tener en comisiones ya varias iniciativas para su estudio y dictaminación, han dejado pasar el tiempo.

Fue cuando los diputados de oposición acordaron dar primera lectura a una de las iniciativas para reformar al Poder Judicial, que la bancada naranja y el propio gobernador buscaron retomar el tema.

Al parecer no hay flexibilidad de las partes para discutir a fondo el tema, ya que han antepuesto asuntos menores para iniciar el diálogo.

El titular del Ejecutivo tenía como condición que las pláticas tuvieran lugar en Casa Jalisco; mientras que los legisladores de oposición, solo aceptaban dialogar en Hidalgo 222 es decir, en la sede del Congreso del Estado.

Otra de las condiciones del Ejecutivo, era entablar el diálogo de manera particular con cada una de las fracciones parlamentarias y no con todas al mismo tiempo.

Por ello, las cuatro horas que se sentaron a la mesa este martes, no arrojaron ningún resultado, ni con la presencia del gobernador, ni cuando Lemus abandonó el restaurante y dejó el encuentro bajo la coordinación del secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora.

– Por Francisco Junco

Después de más de veinte años de espera, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo promovido por el diputado federal Alberto Maldonado Chavarín, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) instrumentar las acciones necesarias para indemnizar a la Comunidad Indígena de Mezquitán, en el municipio de Zapopan, Jalisco, por la ocupación de sus tierras en la construcción y ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.

El documento legislativo recuerda que “en 2004 la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró un convenio con la comunidad indígena de Mezquitán para ocupar 26-93-22.80 hectáreas de sus tierras”, con el compromiso de cubrir una indemnización que nunca se cumplió.

Ante esa omisión, la comunidad emprendió procesos legales que derivaron en sentencias favorables por parte de los tribunales agrarios, mismas que no habían sido ejecutadas hasta ahora.

En su exposición de motivos, Alberto Maldonado y el grupo de legisladores firmantes sostienen que: “los diputados federales del grupo parlamentario de Morena, especialmente quienes representamos a Jalisco, solicitamos cumplir con las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios, bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios”.

En el documento legislativo, añaden, la resolución busca que “se haga justicia a esa comunidad y se concluya el proceso de indemnización que por más de 21 años ha quedado pendiente, afectando la dignidad, el patrimonio y los derechos de la Comunidad Indígena de Mezquitán”.

El punto de acuerdo aprobado por la cámara establece en su parte resolutiva que “la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias de los juicios agrario y de amparo, a fin de garantizar las indemnizaciones a favor de la comunidad indígena de Mezquitán, municipio de Zapopan, Jalisco, evitando con ello mayor afectación a su patrimonio y a sus derechos colectivos”.

Con este acuerdo, el Congreso federal reconoce formalmente la deuda histórica con la comunidad y respalda el derecho de los pueblos originarios a la reparación del daño.

En palabras del propio documento legislativo, la resolución se inscribe “bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios, eje primordial de la Cuarta Transformación”.

La Secretaría de Administración, a través del oficio SA/1241/2025, confirmó la “liberación de recursos correspondientes a la indemnización en favor de la comunidad indígena de Mezquitán”, en cumplimiento a lo instruido por el Poder Legislativo. En dichos documentos se reitera que el procedimiento se ejecutó “de conformidad con el marco jurídico y presupuestal vigente, atendiendo lo establecido por los órganos legislativos competentes”.

El caso de Mezquitán representa un precedente de reparación y justicia para las comunidades originarias del estado. Como se consigna en el propio acuerdo legislativo presentado por el diputado Alberto Maldonado, “la atención a las comunidades indígenas es una obligación moral y legal del Estado mexicano, que debe garantizar la justicia y la reparación a quienes han sido históricamente postergados”.