JALISCO
Casos de COVID-19 en personal de salud y en Puente Grande: Falla Gobierno de Jalisco en prevenir coronavirus en casa

Por Daniel Emilio Pacheco //
En Jalisco, los brotes positivos de COVID-19 con mayor número de casos activos tienen que ver con instituciones del Gobierno Estatal.
El 15 de abril por la noche, la Secretaría de Salud Jalisco confirmó siete casos de COVID-19 entre personal de salud, cuyo contagio estaba asociado a la atención prestada en unidades médicas; los casos se registraron en el municipio de Puerto Vallarta.
Aseguraba la SSJ que desde una semana antes -pongamos 7 de abril-, había reforzado la vigilancia y la aplicación de protocolo de ingreso y salidas en unidades médicas (filtros); la limpieza y exhaustivos de las áreas; decía que también dio la capacitación en el uso adecuado del equipo de protección personal; así como el apego al uso y disposición de ropa de trabajo del personal de salud.
¡Ojo! Desde el 20 de marzo en Jalisco se había tomado la decisión de enviar a la población a casa por lo contagioso de la enfermedad, pero, la Secretaría de Salud hasta dos semanas después, según su reporte, capacitaba al personal de salud: «en el uso adecuado del equipo de protección personal; así como el apego al uso y disposición de ropa de trabajo del personal de salud».
La SSJ remataba su comunicado diciendo: «En suma se están supervisando la correcta observancia de todos los lineamientos federales y estándares internacionales».
Para el 24 de abril, la SSJ informaba que se registraban en la entidad: «19 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas».
El número de casos era la suma de: «doce corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta y siete residentes de Ocotlán».
El dato curioso ese día era que Ocotlán registraba 9 enfermos activos por Covid-19, de los cuales 7 eran del personal de salud.
Cuatro días después, el 28 de abril, la SSJ reportaba 26 casos positivos de Covid-19 entre personal de salud: «De éstos, 19 corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta, y siete a residentes del municipio de Ocotlán» informaba la institución.
Abril cerraba su día 30 con 32 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. 21 correspondientes a residentes del municipio de Puerto Vallarta, nueve a residentes del municipio de Ocotlán y dos del municipio de Guadalajara.
Al cierre del día 2 de mayo, se han registrado 33 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De éstos, 21 corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta, nueve a residentes del municipio de Ocotlán y tres al municipio de Guadalajara.
Las quejas del personal de salud pertenecientes a la SSJ son recurrentes:
-Insuficientes insumos médicos
-Falta de capacitación
-Uso de prestadores de servicio social mal preparados y obligados a trabajar.
-Carencia de adecuado equipo de protección.
-Ausencia de los responsables jerárquicos en varias unidades de salud.
CASO PUENTE GRANDE
El 5 de marzo se supone fue puesto en marcha el Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del Covid-19, dentro del estado de Jalisco. Según eso, el protocolo incluye medidas preventivas sanitarias, de concientización y sanitización dentro de las cárceles del estado.
Sin embargo, el 22 de marzo ante el incremento de casos de COVID-19 en la entidad, la Dirección de Reinserción Social del Estado de Jalisco, anunció la suspensión de las visitas a todos los centros penitenciarios por tiempo indefinido, sólo se permitirían visitas en casos jurídicos y humanitarios especiales. Incluso, se informó que pondrían una línea telefónica para dar información a familiares de los presos sobre el estado de salud de sus seres queridos.
El 17 de abril, casi un mes después de la suspensión de las visitas, y casi mes y medio de la implementación del pomposo «Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del Covid-19», nos informa la SSJ que, resultado de un muestreo aleatorio en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, se identificaron tres casos positivos de COVID-19.
Cuatro días después, 21 de abril, ya se reportaban ocho casos activos de Covid-19 en el penal de Puente Grande.
Para el 27 de abril, la SSJ reportaba 29 casos activos de Covid-19 en el penal de Puente Grande, informaba, además: «Es importante señalar que al día de hoy solo se han detectado casos positivos únicamente en el Reclusorio Preventivo, el resto del Sistema Penitenciario de la entidad no presenta ninguno».
«… en Jalisco se han tomado acciones estrictas para prevenir y evitar el avance de la enfermedad, según los estándares avanzados de la Organización de las Naciones Unidas adaptadas al Sistema Penitenciario Mexicano, entre las que destacan:
1. Aplicación de medidas sanitarias de orden general, como la suspensión de visitas, el uso de cubrebocas y desinfectantes, además de procesos de limpieza y sanitización constante de los espacios».
La SSJ informaba el 29 de abril de la existencia de 40 casos activos de Covid-19 y el 30 de abril, informó de 5 casos más, sumando 45 casos activos al cierre del mes.
En mayo, el Penal de Puente Grande ha registrado 51 casos positivos a Covid-19 el día primero y 58 el segundo día.
Y ante el creciente número de casos positivos en Covid-19 en el Penal de Puente Grande, surgen las quejas y evidencias de que las cosas no se están haciendo bien al interior del complejo penitenciario.
Por medio de un comunicado, Familiares Unidos de Personas Privadas de su Libertad, denunciaron que las autoridades del estado de Jalisco no les han proporcionado información clara y suficiente respecto al estado de salud de sus familiares que se encuentran dentro de los Centros de Reinserción Social de Puente Grande Jalisco, tal como se habían comprometido a hacerlo.
Una situación más que ejemplifica el mal manejo de los riesgos por Covid-19 en el Penal de Puente Grande, es la muerte de Ricardo Cárdenas, empleado de limpieza en el Reclusorio Preventivo, a causa de COVID-19, para sus familiares y cercanos, es considerada una negligencia de parte del Director de Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, pues fue omiso a las indicaciones del Gobierno Federal sobre retirar del espacio laboral a grupos vulnerables, según el dicho de sus conocidos Ricardo padecía de diabetes.
Por si fuera poco, el periódico Mural el 17 abril, publicó una nota donde se conoció la denuncia que realizó personal del reclusorio de Puente Grande sobre el riesgo que sentían de contraer coronavirus por la falta de medidas sanitarias, esto es entendible pues la nota da cuenta de que, “la Dirección de Reinserción y Prevención Social siguió permitiendo los encuentros deportivos entre reclusos y que mujeres privadas de la libertad visitaran varios reclusorios varoniles”. Se muestra en la publicación imágenes de lo animado de la reunión, donde se señala que en estas reuniones hubo apuestas, bebidas embriagantes, carne asada y albercas.
El sábado 2 de mayo Jalisco cerró con 510 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 58 son aportados por el Penal de Puente Grande, es decir, más del 10 %. Y 33 casos positivos de personal de la salud, más del 6%.
Si sumamos los casos de estas dos dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Salud y Reinserción y Prevención Social, nos damos cuenta de que, de los 510 casos confirmados de Covid-19, 91 casos son aportados por Centros de Salud y Penal de Puente Grande, es decir el 17.84 % de los casos surgen por mal manejo de protocolos y capacitación por parte de los funcionarios del Gobierno de Jalisco.
¿No creen que se deberían fincar responsabilidades a los funcionarios a cargo de los errores que ponen en riesgo la salud de los jaliscienses?
JALISCO
Entregan la presea “La Paz hecha a mano”

– Por Francisco Junco
En el marco del Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco, la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, que preside Dolores Patricia Alvarado, entregó la presea La Paz hecha a mano.
El reconocimiento busca visibilizar proyectos comunitarios que fomentan la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa.
Entre las galardonadas se encuentra Cointa Sotomayor Reyna, distinguida por su proyecto Clan de Abus Excursionistas de Jalisco, iniciativa que promueve el derecho al esparcimiento y la vida plena de mujeres adultas mayores mediante viajes y actividades culturales, fortaleciendo con ello la convivencia pacífica y la participación activa.
También fue reconocida Josefina Acosta Rivera por su proyecto de arte por la paz Bodypaint en mujeres y hombres que luchan contra el cáncer de mama.
La iniciativa utiliza el arte corporal como herramienta de resiliencia, dignificando la vida de las personas que enfrentan esta enfermedad y proyectando un mensaje de esperanza y fortaleza.
La presea fue entregada igualmente a Liliana Pascual Bautista por su contribución a la paz a través de la confección del rebozo, símbolo de identidad, resistencia y memoria colectiva.
Su trabajo rescata la tradición textil mexicana como vehículo de cultura, dignidad y esperanza.
Otra de las galardonadas fue Epifanía Rosas Antonio, quien impulsa el proyecto Huipiles de mi pueblo. Esta propuesta resalta el arte textil indígena como un acto de resistencia e identidad, al tiempo que fortalece la economía de las artesanas y empodera a las comunidades a través de la revaloración de su patrimonio cultural.
También, el artista Enrique Chiu recibió el galardón por su proyecto Corazón Migrante, una obra de arte por la paz que busca recordar que la humanidad trasciende fronteras.
Con su propuesta, promueve el diálogo y la solidaridad, subrayando la necesidad de construir un mundo más justo e inclusivo.
JALISCO
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco

– Por Francisco Junco
El Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco bajo el lema “Cosmovisión, Justicia y Paz”, reunió a autoridades, representantes de pueblos originarios, defensores de derechos humanos y sociedad civil, quienes coincidieron en que la paz no es sólo ausencia de violencia, sino un proceso colectivo basado en justicia, igualdad, respeto y diálogo, donde cada acción individual contribuye a transformar comunidades y construir un México más humano y solidario.
El Congreso de Jalisco, fue sede de este encuentro, organizado por la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, donde representantes de instituciones, autoridades y sociedad civil coincidieron en la necesidad de construir un país más justo, humano y solidario.
Bianca América Enríquez, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, destacó que el evento buscó generar un espacio de igualdad simbólica entre todos los asistentes.
“Lo importante no son los cargos o reconocimientos, sino la dignidad de cada individuo”, señaló.
Subrayó también los avances en materia de derechos sociales alcanzados a nivel nacional, como el derecho universal a la salud y la educación, así como el reconocimiento legal de los pueblos y comunidades indígenas.
Bianca América Enríquez recordó la cosmovisión wixárika al hablar de paz como un valor comunitario transmitido desde la infancia, donde se enseña a respetar la palabra de los abuelos, los acuerdos colectivos y la naturaleza.
Añadió que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se impulsan proyectos para fortalecer la identidad, lengua y patrimonio cultural de los pueblos originarios, al tiempo que llamó a la sociedad a reconocer y respetar sus distintas formas de vida.
Por su parte, Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, advirtió sobre los retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacia 2030.
“Si tenemos el marco normativo y los presupuestos, ¿qué es lo que está fallando al ser humano? Lo que está fallando es volver a retomar la esencia del ser humano”, expresó, al tiempo que instó a reconocer la dignidad de cada persona y trabajar desde lo cotidiano para transformar la sociedad.
Godínez González enfatizó la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de paz, al señalar que cada acción puede generar un efecto multiplicador en familias, comunidades y municipios.
“Los buenos somos más, tenemos que hacer de verdad ese frente común”, afirmó, subrayando el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de trabajar de manera conjunta con la sociedad civil.
En su intervención, Dolores Patricia Alvarado Corona, presidenta de Conciencia y Acción México, y encargada de inaugurar este encuentro, recordó que México enfrenta graves problemáticas como desapariciones, violaciones a derechos humanos y violencia estructural. Aún así, insistió en que la paz es un proceso activo que implica diálogo, justicia, libertad y respeto.
“La paz se construye en colectivo, no la podemos construir solitas ni solitos”, expresó y concluyó que este congreso busca no solo reflexionar, sino actuar en favor de una cultura de paz que se construya en lo cotidiano, desde decisiones individuales hasta transformaciones colectivas.
“La paz no es un destino lejano, la paz está aquí, cerquita de nosotros”, afirmó, invitando a los participantes a convertirse en promotores de un México más justo, equitativo y pacífico.
JALISCO
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter

– Por Redacción Conciencia Pública
En un mensaje en video dirigido a toda la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, enfatiza el compromiso de la institución con la libertad de expresión y el respeto a la diversidad de opiniones dentro de la comunidad universitaria.
Destaca la importancia de escuchar las inquietudes de estudiantes, maestros y trabajadores, pero garantizando un ambiente de convivencia democrática y en forma pacífica, dentro del marco normativo vigente.
Anuncia que dirigen todos sus esfuerzos para atender las necesidades de infraestructura y bienestar social que han sido expresadas por comunidad universitaria, mientras mantiene una postura firme en contra de propuestas que comprometan la integridad y la autonomía de la universidad. Su liderazgo se fundamenta en la colaboración, el diálogo y la defensa de los derechos universitarios.
Planter reafirma la legalidad del proceso electoral del Consejo General Universitario, el cual representa la voz de una comunidad de más de 360,000 personas. Cancelar este proceso sería una violación de los derechos de la comunidad universitaria y de la normatividad vigente.
JALISCO
Encapuchados, violencia y la Unión de la Juventud Revolucionaria de México: ¿Qué hay detrás del conflicto en la UdeG?

– Por Raúl Cantú
¿Qué hay detrás del conflicto entre estudiantes de la Universidad de Guadalajara en el CUCSH? ¿Quiénes son los encapuchados que participaron en el choque? ¿Qué origen o vinculación tienen algunos de los participantes en el acto violento registrado la pasada semana en Rectoría de la UdeG?
Mucho se ha hablado de este suceso en el que existen demandas justas de los estudiantes de democratización en las elecciones y que las autoridades universitarias deben atender a través del diálogo, pero también hay una mezcla de participación de organizaciones radicales que se pregonan como marxistas leninistas, así como la mano de la criminalidad que acecha a la UdeG.
Uno de los personajes con el rostro cubierto, involucrado e identificado en los actos de violencia, es Gustavo Morales Valdivia, quien en un video acepta su participación en las agresiones a trabajadores administrativos y maestros de la UdeG, justificando que lo hizo como respuesta a agresiones que recibió dentro de rectoría.
En este video, Morales Valdivia llega y le pega por la espalda al trabajador, que luego le responde con una cachetada. No obstante, ni una ni otra cosa derivaron afortunadamente en ninguna lesión. Hay otros personajes violentos con el rostro tapado que aún no han sido identificados.
Gustavo Morales Valdivia, uno de los líderes visibles de este grupo y el que empezó la trifulca, forma parte de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM), y en un video que subió a redes, se queja de la difusión de otro video de las agresiones que él hizo a personal administrativo y maestros de la UdeG.
Gustavo Morales Valdivia es egresado de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), aunque él afirma ser estudiante.
La Unión de la Juventud Revolucionaria de México en Facebook e Instagram tiene páginas de contacto cuyo símbolo es la hoz y el martillo, y es identificada como un movimiento marxista leninista, encuadrado en la izquierda radical, y se ha significado por su posición crítica contra las autoridades de la universidad y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
Para este miércoles 17 de septiembre, UJRM está convocando a una asamblea interuniversitaria en la explanada del CUCEI.
La unión precisa que “la lucha también está encaminada a recuperar los derechos laborales de los docentes que han sido vulnerados por la Universidad de Guadalajara». A ellos les mandaron además un mensaje: «maestro, escucha, también esta es tu lucha».
En el comunicado aseguran que en la UJRM Jalisco no existe fragmentación interna, que su trabajo se sostiene en la unidad, la organización y la lucha conjunta de la juventud estudiantil y popular.
“Reconocemos y respaldamos que el paro estudiantil realizado fue un acto legítimo de presión hacia la Universidad de Guadalajara para que atienda las demandas de las y los estudiantes, el cual ha contado con el apoyo y el acuerpamiento de distintas asambleas universitarias”, señala la agrupación.
Reafirman que su militancia se mantiene firme, combativa y organizada, sin dar cabida a intentos de división o suplantación de nuestra identidad política.