Comunidad Indígena Mezquitán rompe diálogo con la federación: «La justicia social de la 4T se queda en discurso»

– Por Francisco Junco

La Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, anunció que se retira de la mesa de negociación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), luego de más de 20 años sin recibir el pago por la expropiación de 26 hectáreas para la ampliación de la carretera a Saltillo en 2004.

“De nada sirvió, estamos retirándonos de estas mesas de negociación”, sentenció Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la comunidad.

Rodríguez Barajas explicó que la decisión se toma tras constatar la falta de voluntad de la dependencia federal para cumplir con lo dictaminado por los tribunales agrarios, que ya resolvieron en favor de los comuneros.

“Ya se ganaron dos juicios, dos amparos y realmente la Secretaría no ha tenido la voluntad de pagar. Nosotros cada mes hemos tenido una mesa de reunión en la Secretaría para poder llegar a un acuerdo y ver avances en esto. Hoy en día, de nada sirvió”, recalcó.

Los comuneros adelantaron que, ante la falta de solución, preparan acciones de protesta que incluyen la toma de carreteras y manifestaciones en oficinas del gobierno federal, con el objetivo de ser escuchados. Explicaron que la administración encabezada por Claudia Sheinbaum ya les notificó que este año no habrá recursos disponibles porque los presupuestos fueron aprobados sin contemplar el pago, lo que incrementa la inconformidad y los orilla a radicalizar su movimiento.

El líder comunero recordó que en 2004 se firmó un convenio de ocupación previa con el gobierno federal, en el que apenas se cubrió un 10 por ciento del avalúo de las tierras, quedando pendiente el pago del resto.

“Han pasado cuatro sexenios y lo que va de este, ya son más de 21 años, y seguimos sin respuesta”, lamentó. En total, son 333 las familias afectadas directamente por la falta de cumplimiento.

De acuerdo con un cálculo estimativo, el monto pendiente podría rondar los 270 millones de pesos, considerando las 27 hectáreas valuadas a mil pesos por metro cuadrado en catastro, lo que representaría cerca de 810 mil pesos por cada uno de los 333 comuneros.

Sin embargo, cabe señalar que, conforme a las sentencias emitidas por tribunales agrarios, debe realizarse un avalúo a precio comercial para determinar la cantidad exacta que el gobierno federal está obligado a pagar, por lo que estas cifras son únicamente referenciales, pero las autoridades federales tampoco han realizado este avalúo, aseguraron los comuneros.

En rueda de prensa, estos señalaron que lo que piden es justicia y certeza, o el pago completo de las hectáreas a valor actual, o la devolución de sus tierras.

“Son nuestras tierras, nuestras tierras; a nosotros nos costaron, el gobierno no nos las regaló. Esta comunidad data de 1690 y no es justo que después de tantos años sigamos sin una solución”, expresó Rodríguez Barajas.

Además, cuestionaron la incongruencia del discurso de la llamada Cuarta Transformación, que desde el inicio de este sexenio ha prometido justicia social y agraria.

“Realmente no vemos reflejado ese discurso. Tenemos también un problema de titulación rezagado en nuestra comunidad que el gobierno federal no ha querido resolver. Se habla mucho de justicia social, pero en los hechos seguimos igual”, apuntó el presidente de la comunidad.

Los comuneros advirtieron que continuarán con acciones legales y manifestaciones para exigir el cumplimiento.

“Lo justo es que nos resuelvan. Ya no solo es un tema de comuneros, también afecta a todas las colonias alrededor de la carretera”, dijo Rodríguez Barajas, al recalcar que, si no hay avances, pedirán la devolución de las tierras.