Crisis del agua en Guadalajara

Opinión, por Miguel Anaya //

El sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) fue planeado en los años 50 con el objetivo de coordinar de manera eficiente el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Tras un largo proceso que abarcó varias administraciones locales, este ambicioso proyecto finalmente se concretó en 1978.

La creación del SIAPA surgió de la necesidad de una gestión conjunta entre municipios metropolitanos que permitiera una planificación y distribución más efectiva de este vital recurso en constante expansión. La visión inicial del arquitecto Matute Remus, una figura emblemática del desarrollo urbano de Guadalajara, contrasta con la falta de líderes actuales que presenten enfoques integrales, ordenados y sostenibles a largo plazo.

En sus primeras décadas, el SIAPA se erigió como un modelo nacional de colaboración intermunicipal. Sin embargo, con el tiempo, su capacidad de respuesta y su forma de gestión han quedado rezagadas. El deterioro de la infraestructura y la escasez de inversión en tecnologías hidráulicas innovadoras han sido la constante de los últimos gobiernos.

Hace pocos meses, la administración estatal anterior, aseguró que el suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara estaba garantizado para los próximos 50 años. Sin embargo, esta promesa se desvanece ante la realidad de cortes constantes, agua de mala calidad y un servicio deficiente que ha generado indignación en la ciudadanía. La crisis oculta problemas financieros, infraestructura obsoleta y una alarmante contaminación industrial que exige soluciones inmediatas.

El SIAPA enfrenta una deuda monumental. Hasta mediados de 2023, los usuarios debían aproximadamente 14,939 millones de pesos, incluyendo tarifas impagas y recargos, para darnos una idea, esta cantidad es mayor al presupuesto anual de Guadalajara. Esta crisis financiera limita la capacidad del SIAPA, perpetuando un ciclo de deterioro del servicio.

La infraestructura hidráulica de Guadalajara también se encuentra en una situación crítica. Se estima que entre el 36% y el 50% del agua se pierde debido a fugas en la red y conexiones clandestinas. Las tuberías, muchas de ellas con más de 50 años de antigüedad y con escasa inversión en mantenimiento, agravan esta problemática.

En 2022, el SIAPA destinó apenas 17 millones de pesos a la renovación de tuberías, mientras que invirtió 235 millones en la operación de seis plantas de tratamiento, cuyas aguas tratadas, en su mayoría, regresan contaminadas al Río Santiago. Esta desproporción evidencia una falta de visión estratégica.

A esta crisis se suma la contaminación del Río Lerma-Santiago. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el 90% de la contaminación en esta cuenca proviene de descargas industriales en Jalisco y estados vecinos. Aunque la PROFEPA ha clausurado empresas por verter residuos tóxicos, estas acciones resultan insuficientes ante la magnitud del problema. La falta de sanciones efectivas y una permisividad hacia las industrias contaminantes perpetúan un ecocidio que afecta directamente la salud de las comunidades que dependen de esta agua.

La crisis hídrica de Guadalajara es el resultado de años de negligencia, falta de inversión y ausencia de políticas ambientales efectivas.

Es imperativo que las autoridades implementen un plan integral que contemple:

1. La reestructuración financiera del SIAPA: Abordar la deuda y mejorar la eficiencia en la recaudación para liberar recursos destinados a la mejora del servicio. No es necesario aumentar la tarifa, cobrando lo que se adeuda, debería ser más que suficiente.

2. Renovación de infraestructura: Invertir significativamente en la modernización de la red hidráulica para reducir las pérdidas por fugas. Si esto se logra se podrá abastecer a cientos de colonias adicionales.

3. Control estricto de descargas industriales: Aplicar sanciones ejemplares a las empresas contaminantes y fortalecer la vigilancia ambiental en la cuenca del Río Lerma-Santiago.

El acceso al agua potable no es un lujo; es un derecho humano reconocido en la Constitución Mexicana. Este derecho implica que el agua debe ser suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para todos.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, quienes tienen la responsabilidad de garantizar este derecho han fallado en su compromiso. La ciudadanía está pagando las consecuencias de años de mala planificación, omisiones y negligencia. Es momento de exigir rendición de cuentas y replantear, desde una visión integral y participativa, la gestión de nuestro recurso más invaluable: el agua.