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JALISCO

La «papa caliente» de Omar García Harfuch

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Opinión, por Gerardo Rico //

Apenas el jueves 13 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas en las que se contempla un nuevo marco constitucional para hacer frente al crimen organizado. Lo que muchos consideran como una prueba de la voluntad de la mandataria en el diseño de una estrategia propia.

Se trata de ordenamientos secundarios a la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el Congreso ya avaló unánimemente en noviembre del año pasado.

Una semana después, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch, se encontraba en Washington D.C., en donde tuvo reuniones con funcionarios de primer nivel de la administración Trump.

Vamos por partes: En el primero de los casos, el decreto de proyecto para expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública:

“El sistema se conformará con la interconexión de los sistemas de investigación y de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, centros penitenciarios e instituciones homólogas a nivel estatal y municipal, así como con la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Relaciones Exteriores, Sistema de Administración Tributaria (SAT), Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y catastros estatales”.

La segunda iniciativa es el proyecto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; aquí se prevé “la operación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, cuyo diseño sea respetuoso de los derechos humanos y garantice el derecho a la privacidad”. La propuesta habla también de una reingeniería institucional para mejorar el renglón de la seguridad pública en todo el país, además del fortalecimiento en la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

En el segundo de los casos, García Harfuch se encuentra ante un dilema que ya ha sido analizado en Palacio Nacional: negociar, -ante los amagos del presidente Trump-, acciones coordinadas con las fuerzas armadas estadounidenses para buscar el exterminio de los cárteles de la droga que operan en México o seguir el discurso nacionalista y patriótico del ala dura de Morena, que se opone a cualquier tipo de intervención extranjera.

Los indicios en este sentido están a la vista de la opinión pública, cuando el actual secretario de Organización de la dirigencia nacional de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, acudió a Sinaloa para “afiliar” a su movimiento al cuestionado gobernador de esa entidad Rubén Rocha Moya, de quien se afirma mantiene vínculos con los hijos de El Chapo Guzmán. 

Las acusaciones contra el ex gobernador de Morelos y hoy diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, acusado de reunirse personalmente con líderes de los cárteles que operan en esa entidad; el operativo «Enjambre» en el Estado de México, -operado directamente por García Harfuch- y donde fueron detenidos presidentes municipales ligados a la Familia Michoacana y políticamente allegados a importantes personajes morenistas.

Situación que originó un enfrentamiento entre diversas corrientes del ala dura de Morena con la inquilina de Palacio Nacional.

Por si esto no fuera poco, la carta enviada al gobierno mexicano por Ismael “El Mayo” Zambada en donde exige que reclame su repatriación a Estados Unidos, pues de no hacerlo la relación entre ambos países “sufrirá un colapso”. Lo que se interpretó como la antesala para conocer nombres de muchos políticos de cualquier etiqueta política que estarían implicados con el narco.

García Harfuch, hijo del jalisciense Javier García Paniagua, quien fuera titular de la Dirección Federal de Seguridad en la década de los años 70 del siglo pasado y nieto del General Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, tiene uno de los mayores retos de su vida.

Ante las nuevas circunstancias de seguridad que enfrenta el país, y luego que el Presidente de Estados Unidos declarara como “grupos terroristas” a los cárteles de la droga que operan en México, el llamado superpolicía, con estudios en Harvard, en el FBI y en la DEA, tendrá que descifrar una a una las acciones a seguir ante las presiones externas y sobre todo las presiones internas, luego de su visita a la capital de Estados Unidos.

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