Opinión, por Iván Arrazola //

La ganadora del Premio Nobel de Economía en 2009, Elinor Ostrom, revolucionó el entendimiento sobre la gestión de recursos compartidos al popularizar el concepto de la «tragedia de los comunes». Este concepto describe una situación en la que los recursos públicos o de uso compartido tienden a ser sobreexplotados debido a la falta de mecanismos adecuados de gestión y control, lo que inevitablemente conduce a su agotamiento.

En este contexto, las iniciativas del gobierno, orientadas a la creación de nuevas empresas públicas, parecen estar replicando dinámicas que podrían comprometer gravemente los siempre limitados recursos públicos.

El pasado domingo ante un Zócalo lleno la presidente Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso con la creación de estas empresas públicas, asegurando que el tren Maya y Mexicana han transportado a un número significativo de pasajeros y que continuará la inversión en estas empresas.

Más allá de la retórica polarizante que se vive en el país, resulta pertinente recordar cómo, en la década de los ochenta, diversas empresas paraestatales atravesaron graves crisis financieras que llevaron a su quiebra. Los factores determinantes fueron, principalmente, la corrupción y los malos manejos administrativos, obligando al gobierno a declarar la insolvencia de varias entidades. En algunos casos, como Imevisión y Telmex, se optó por la privatización. Asimismo, Ferrocarriles Nacionales de México constituye otro ejemplo emblemático de privatización.

Ante estos antecedentes, surge la pregunta: ¿por qué el gobierno de México insiste en retomar fórmulas que históricamente han demostrado su fracaso? En casos recientes como el de la nueva versión de Mexicana de Aviación y el Tren Maya, los resultados financieros no parecen respaldar las expectativas. Cuando se enfrentan estos cuestionamientos, las respuestas suelen girar en torno a «darles tiempo para que funcionen» o a señalar que las críticas provienen de quienes están en contra de este gobierno.

El problema de fondo con estas decisiones gubernamentales es que, a menudo, el impacto recae desproporcionadamente en quienes menos tienen. Recursos que podrían destinarse a educación, salud o programas sociales terminan siendo mal utilizados o despilfarrados. Estas carencias afectan directamente a las poblaciones más vulnerables, que son las que más dependen de estos servicios.

Un ejemplo concreto es el Tren Maya. Inicialmente, se esperaba que transportara al menos a 22,000 pasajeros diarios. Sin embargo, las cifras reales apenas alcanzan los 1,200 usuarios al día. Esto es preocupante si se considera que esta es la obra estrella de este gobierno para impulsar el turismo. Estos números resultan decepcionantes para una obra que tuvo un costo estimado de cerca de 30,000 millones de dólares.

A estos factores se suma el alto costo ambiental y las implicaciones que supuso la construcción de este medio de transporte. De acuerdo con información de la empresa encargada de administrar el servicio, por cada 100 pesos que se recaudan por concepto de boletaje, comida y souvenirs, se gastan aproximadamente 700 pesos en operación” (Proceso, 2024). Este desbalance financiero pone en duda la sostenibilidad económica del Tren Maya, especialmente si se considera el impacto a largo plazo en el presupuesto público.

Estos datos invitan a reflexionar sobre si los recursos del país deberían continuar destinándose a un proyecto que, hasta ahora, ha evidenciado un desempeño financiero insostenible. Para el año 2025, está previsto asignar 189 mil millones de pesos a proyectos ferroviarios, de los cuales 30 mil millones corresponden específicamente al Tren Maya. En este contexto, resulta evidente que los objetivos gubernamentales parecen desorientados, afectados por una problemática que, aunque distinta de la corrupción, es igualmente perjudicial: la ineficiencia administrativa.

En el caso de Mexicana de Aviación, las pérdidas acumuladas por la empresa durante 2024 fueron considerables. En promedio, la aerolínea transportó únicamente a 53 pasajeros por vuelo, pese a operar aviones con capacidad para 183 pasajeros, lo que refleja la subutilización de la flota. Estas condiciones llevaron a Mexicana a registrar pérdidas por 932 millones de pesos en un solo año en el 2024.

Ante este panorama, la empresa anunció recientemente el cierre de ocho rutas como parte de una estrategia para intentar contener sus pérdidas. Sin embargo, la dependencia de subsidios sigue siendo un problema central. Aunque inicialmente se había estimado un apoyo gubernamental de 119 millones de pesos para mantener la operación de la aerolínea, el gasto real superó los 2 mil millones de pesos, según cálculos más recientes.

La verdadera tragedia con la creación de empresas públicas es que sirven para satisfacer el capricho personal de aquellos que hoy ostentan el poder político sin ningún tipo de contrapeso, creyendo que con el dinero público pueden cambiar las dinámicas del mercado, la visibilidad de sus obras les puede ayudar a vender la idea de que el gobierno está trabajando, lo que no podrán justificar en el futuro es el daño que le están generando a la sociedad con sus acciones.