JALISCO
Las dos caras del nepotismo
Opinión, por Iván Arrazola //
Como una paradoja del destino, para Claudia Sheinbaum ha resultado más fácil contener los impulsos de Donald Trump que los de sus propios aliados políticos en el Congreso. Esto quedó en evidencia durante la discusión de la iniciativa de ley destinada a combatir el nepotismo, en la que el Partido Verde logró modificar la propuesta original para retrasar su entrada en vigor hasta el año 2030, en lugar del 2027, como había propuesto la presidenta en su iniciativa.
La propuesta presidencial establece que ningún familiar pueda suceder directamente en el cargo a otro en puestos de elección popular, una medida que busca poner freno a una práctica arraigada en la política mexicana. El nepotismo, entendido como el uso del poder público para favorecer a familiares o allegados sin que medien méritos o capacidades comprobables, ha sido una de las principales fuentes de corrupción y desigualdad dentro de las estructuras gubernamentales.
El hecho de que la iniciativa haya sido modificada por sus propios aliados evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo, así como la resistencia que aún persiste para limitar este tipo de prácticas, que han sido históricamente instrumentos de control político y patrimonialismo en el país. La dilación en la entrada en vigor de la reforma sugiere que, más allá del discurso, las élites políticas buscan preservar ciertos privilegios, lo que plantea interrogantes sobre el verdadero alcance de las políticas de transformación promovidas desde el Ejecutivo.
Una cara del nepotismo es la de una práctica política con profundas raíces históricas y consecuencias estructurales. No es un debate reciente; ya en tiempos de Maquiavelo, una de las características fundamentales de las repúblicas era que el poder político pertenecía al ámbito público y no a una persona o familia en particular. En este modelo, la circulación de las élites gobernantes era un principio esencial para evitar la concentración del poder y garantizar la estabilidad del sistema.
Sin embargo, en muchos regímenes, el nepotismo ha sido utilizado como un mecanismo de control y reproducción del poder, convirtiendo los cargos públicos en un patrimonio familiar o de grupo. Lejos de responder a criterios de mérito, las designaciones se rigen por lazos de sangre o lealtades personales, lo que compromete seriamente la transparencia y la rendición de cuentas.
Además de su impacto en la calidad institucional, el nepotismo tiene efectos devastadores en la eficiencia gubernamental. La contratación de personas sin las competencias adecuadas para desempeñar funciones clave conduce inevitablemente a una gestión deficiente e ineficaz.
La otra cara del nepotismo es la que la presidenta intenta controlar, aunque de manera parcial e incompleta. A pesar de su discurso contra esta práctica, su política de alianzas ha llevado al oficialismo a realizar acuerdos cuestionables, sacrificando principios en favor de alcanzar el poder al costo que sea.
Un ejemplo claro es la alianza con el Partido Verde, una fuerza política ampliamente asociada con prácticas clientelares y corrupción, pero cuyo respaldo ha resultado indispensable para la viabilidad del gobierno. Esta relación ha llevado a tolerar y legitimar dinámicas que, en teoría, el oficialismo busca erradicar.
En realidad, la controversia entre Claudia Sheinbaum y el Legislativo no es solo un debate sobre principios democráticos, sino una disputa por el poder. Por un lado, la presidenta busca afianzar su control sobre su partido y sus aliados, evitando que sean ellos quienes terminen imponiéndole condiciones.
En este contexto, la eliminación de la reelección y el nepotismo en cargos de elección popular no solo responde a una lógica de transparencia y equidad, sino que también le permitiría concentrar el poder en la designación de candidaturas, evitando la consolidación de grupos políticos autónomos dentro de su propio movimiento
Por otro lado, están los aliados y militantes que, tras haber prestado favores al gobierno, consideran que ha llegado el momento de rebelarse cuando sus intereses políticos se ven amenazados. No están dispuestos a ceder ante las imposiciones presidenciales y han decidido defender sus propias parcelas de poder.
Entre ellos se encuentran caciques locales, líderes sindicales y dirigentes partidistas, todos con el objetivo de colocar a familiares y allegados en posiciones clave. Esta dinámica no es casual, sino una manifestación de los excesos del pragmatismo en los que se ha sumido Morena, un partido que ha demostrado estar dispuesto a alianzas contradictorias con tal de mantener y expandir su influencia.
La principal afectada por esta controversia será la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le han dejado claro que su poder tiene límites y que cualquier intento por afectar los intereses de sus aliados será firmemente rechazado.
Además, su visión sobre el nepotismo resulta sumamente parcial. No se trata solo de restringir su presencia en los cargos de elección popular, sino de reconocer que esta práctica está profundamente arraigada en el gobierno y en múltiples esferas del poder.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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