A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

En 79 d.C., cuando el Vesubio enterró Pompeya bajo un manto de cenizas, las calles quedaron petrificadas en el tiempo con todo y sus basuras. Entre ánforas rotas y restos de comida, los arqueólogos encontraron no solo indicios de la vida doméstica, sino también pruebas de que la basura es un lenguaje silencioso que revela la dignidad –o la miseria– de una civilización. Una ciudad que no puede manejar sus residuos termina por convertirse en su propio monumento fúnebre.

Hoy, Guadalajara es testigo de una tragedia menos súbita, pero igualmente reveladora: una crisis de basura que no sólo huele, sino que exhibe las grietas de nuestra convivencia social y de nuestras instituciones.

Durante décadas, la recolección de residuos se delegó a un concesionario privado que prometía eficiencia, modernidad y cobertura total. Con el tiempo, esa promesa se volvió una caricatura: camiones descompuestos, rutas incompletas y montañas de bolsas negras creciendo en esquinas que se convirtieron en muladares improvisados. El colapso del vertedero de Matatlán fue apenas el aviso más evidente de un sistema que llevaba años desmoronándose. Y, sin embargo, la respuesta institucional tardó tanto que llegó un momento en que el problema dejó de ser una anécdota de servicios públicos y se transformó en un riesgo sanitario.

Es verdad que se está intentando recomponer el desastre. La creación del nuevo sistema municipal de recolección y la compra de camiones propios representan un paso importante hacia la autonomía operativa.

Pero la reconstrucción va mucho más allá de la maquinaria: implica restaurar la confianza de los ciudadanos en que pagar su predial, su impuesto de limpia y sus contribuciones significa algo más que financiar burocracias. Porque cuando la basura no se recoge con regularidad, no es raro que la gente la arroje donde puede: baldíos, camellones o cualquier esquina anónima.

La indignación moral que esto provoca es comprensible, pero a veces roza la hipocresía. Es sencillo señalar con el dedo al que, llevado por la desesperación o la precariedad, tira una bolsa en la vía pública. Es más difícil reconocer que un ciudadano que no encuentra un servicio confiable a menudo termina atrapado en un dilema miserable: acumular basura en su casa o dejarla donde estorba menos.

Hace unas semanas, en medio de este panorama, circuló un video donde la presidenta municipal aparecía exhibiendo a un pepenador que descargaba residuos en un terreno baldío. El tono era de denuncia y escarnio. La imagen se viralizó porque concentraba en unos segundos la narrativa más cómoda: la culpa es de los incivilizados, de los sucios, de los otros.

Pero ese gesto –tan cuidadosamente grabado y difundido– omitía una verdad que no cabe en una grabación de treinta segundos: la basura no es responsabilidad exclusiva de quien la tira. También es responsabilidad de quien, desde el gobierno, ha permitido que la recolección colapse y que la infraestructura de disposición final sea insuficiente. Si hay pepenadores que arrojan bolsas en predios, es porque el sistema entero ha normalizado la improvisación.

El problema de fondo es más profundo que una anécdota mediática. La basura es un síntoma que exhibe la incapacidad de planear a largo plazo y de asumir colectivamente la idea de ciudad. En Guadalajara hemos sido expertos en aplazar soluciones, creyendo que la privatización absoluta resolvería lo que en realidad exigía vigilancia, inversión constante y corresponsabilidad social.

Con los tiraderos clandestinos creciendo como hongos después de la lluvia, con vertederos que llegan a su límite y con colonias enteras que pasaron semanas sin servicio, es inevitable preguntarse: ¿por qué permitimos que esto ocurriera? ¿Por qué la discusión pública se reduce a exhibir a los más vulnerables, en lugar de asumir la responsabilidad compartida que implica gobernar una metrópoli de millones de habitantes?

Desde luego que hay ciudadanos que actúan con irresponsabilidad. Nadie puede negar que arrojar basura a la calle es un acto que daña a todos. Pero también es cierto que hay contextos que fomentan la degradación. Un sistema de recolección estable y confiable disminuye la tentación de convertir cualquier esquina en basurero. Una política de educación ambiental consistente reduce la indiferencia. Un gobierno que no se desentiende de su obligación de supervisar concesionarios evita la acumulación crónica de residuos. Y una autoridad que entiende su papel institucional no necesita convertir a un pepenador en chivo expiatorio para distraer de su propia omisión.

La reconstrucción del servicio es una oportunidad para repensar la relación entre la ciudadanía y el municipio. No podemos aspirar a una ciudad limpia si seguimos esperando que sólo el otro se haga cargo: el vecino, el empleado de limpia, el reciclador informal. Tampoco podemos tolerar que los gobiernos utilicen la vergüenza pública como estrategia de legitimación. La dignidad de la ciudad se defiende con acciones, no con videos que criminalizan la pobreza.

Una ciudad se define tanto por su capacidad de producir como por su capacidad de recoger lo que ya no sirve. Si fallamos en lo segundo, todo nuestro discurso sobre modernidad, progreso y calidad de vida se queda en retórica hueca. La basura revela si somos capaces de cooperar o si preferimos vivir en compartimentos estancos, donde cada quien se lava las manos mientras la podredumbre crece en la banqueta.

Es tiempo de entender que la limpieza urbana no es solo un asunto estético. Tiene implicaciones sanitarias, ambientales y éticas. Cada bolsa de basura olvidada en la calle es un recordatorio de nuestra interdependencia. Nadie se salva de los insectos, los malos olores o la contaminación visual. Y nadie puede declararse inocente cuando la ciudad entera se convierte en un basurero al aire libre.

Por ello, sería importante que, en lugar de repetir la vieja estrategia de encontrar culpables individuales, podamos inaugurar una nueva etapa en la que se hable de corresponsabilidad. El Ayuntamiento tiene que garantizar un servicio de recolección eficaz, transparente y continuo. Pero también tiene que convocar a la ciudadanía a asumir su parte.

El reciclaje, la separación de residuos y el respeto a los horarios de recolección son hábitos que requieren voluntad política para ser promovidos. Y esa voluntad no se demuestra con desplantes mediáticos, sino con políticas públicas sostenidas.

La memoria de Pompeya nos recuerda que las ciudades pueden ser sepultadas por lo que no quieren ver: cenizas, escombros, desechos. Guadalajara aún está a tiempo de evitar que su basura se convierta en el testimonio arqueológico de su fracaso colectivo. Pero ese futuro dependerá de nuestra capacidad de dejar atrás la búsqueda de culpables fáciles y de asumir la responsabilidad común de mantener limpia no sólo la calle, sino también la conciencia cívica.

Al final del día, la basura que generamos es el espejo de lo que somos. Si no queremos contemplar un reflejo de desidia y cinismo, más nos vale empezar a recoger, cada quien, desde su trinchera, todo lo que durante años dejamos abandonado. Porque una ciudad limpia no es la que se barre todos los días: es la que no necesita ser barrida con excusas.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

De los problemas que actualmente enfrenta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el escándalo por la contratación de la conductora de televisión Eli Castro, un personaje polémico que se mantiene en circunstancias similares la mayor parte del tiempo, demuestra una vez más que la política se desvía sin duda del objetivo que debería tener: el bienestar, la transparencia y la calidad de los servidores públicos.

Es muy lamentable que, ante el aumento injustificado de las tarifas de un sistema de agua potable, también saliera a la luz un tema tan desagradable que opaca el servicio público y la política. Este hecho carece de justificación y evidencia corrupción y opacidad.

En este sentido, lo que toca es analizar la intervención de los entes públicos encargados de esclarecer este bochornoso episodio, que afectará la imagen pública del partido que hoy gobierna Jalisco. Será lógicamente imposible justificar que la conductora tenga el perfil para ocupar el cargo de asesora técnica y que la manera de haber llegado a él fue bajo absoluta transparencia y control.

Por lo tanto, que esté en la nómina del SIAPA con un salario de alto rango, comisionada sin asistir, y que argumente públicamente que su caso es un asunto de resentimiento social, por ser una persona que consigue lo que se propone, es un tema delicado que evidencia prácticas de corrupción.

En este contexto, habrá que estar atentos a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco. Las declaraciones de la conductora, involucrada en escándalos mediáticos, también sugieren abiertamente que está a un par de años de jubilarse, tras más de 27 años como servidora pública. Esto resulta enormemente dudoso y podría demostrar que, desde hace más dos décadas, ha estado en las nóminas del servicio público por conocidos en la política.

Entonces, tendríamos que analizar los escándalos de Pensiones del Estado de Jalisco para determinar si esta será una «pensión dorada» para alguien que, presuntamente, nunca fungió como servidora pública. Sería imposible asistir a trabajar y tener dos o tres empleos más; en términos laborales, hablaríamos de incompatibilidad de jornadas laborales.

Por lo tanto, podríamos estar ante la figura coloquialmente llamada «aviadora» —término que se le da a quien cobra en el servicio público, pero no trabaja—. Esta situación es lo más denigrante que puede tener un gobierno en funciones.

En Jalisco, contamos con un Sistema Estatal Anticorrupción, del cual se desprende la Fiscalía Anticorrupción, que anunció que abrió una investigación de oficio por la contratación de Eli Castro. El caso de la contratación de Eli Castro en el SIAPA es un claro ejemplo de cómo la corrupción y la opacidad socavan la confianza pública y desvían los recursos que deberían destinarse al bienestar de la ciudadanía.

Más allá de la legalidad de la contratación en sí, lo verdaderamente preocupante es la aparente falta de transparencia en el proceso y la ausencia de un perfil técnico idóneo para el puesto de asesor técnico. Esto, sumado a las declaraciones de la propia conductora sobre sus años de «servicio» y una posible «pensión dorada», pinta un panorama alarmante de prácticas arraigadas en el sistema político y público.

La intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco es crucial en este punto. No solo debe investigar a fondo las denuncias de nepotismo y posibles desvíos de recursos, sino que también tiene la obligación de comunicar los hallazgos de manera transparente y abierta a la sociedad.

Es imperativo que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, tanto a la persona que cobró posiblemente sin trabajar, como a quienes permitieron y facilitaron esta situación.

Este episodio no solo afecta la imagen del SIAPA y del partido en el gobierno, sino que también erosiona profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Para recuperar esa seguridad, es fundamental que el Sistema Estatal Anticorrupción demuestre su efectividad y que se envíe un mensaje claro: la corrupción no será tolerada y aquellos que abusan de su poder para beneficio personal serán llevados ante la justicia. La calidad de los servidores públicos y la transparencia en la gestión son pilares de un buen gobierno, y este caso es una oportunidad para reafirmarlos.

Opinión, por Gerardo Rico //

Con una agenda 2030 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) informó el pasado 30 de junio sobre los “Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, en la postulación en la de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso Electoral Local Concurrente 2026-2027”

Consejeras electorales de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación precisaron que: La paridad de género no fue una concesión del poder, sino el resultado de una lucha histórica impulsada por mujeres, activistas y feministas que denunciaron la exclusión estructural de las mujeres en la vida pública. Aunque se han logrado avances significativos, persisten barreras institucionales y socioculturales que impiden una participación plena, no solo de las mujeres, sino también de otros grupos históricamente excluidos, por lo que estos nuevos lineamientos buscan corregir esas desigualdades.

Se informó, además, que los lineamientos aprobados resultaron de un diagnóstico cuantitativo con información y datos del proceso electoral 2024 y luego de un amplio procedimiento incluyente y técnicamente sustentado, atendiendo principios de progresividad, paridad sustantiva y acceso igualitario a los derechos político-electorales.

En lo personal, estoy de acuerdo en el avance significativo que se ha tenido en los últimos años en los derechos de las mujeres y de grupos vulnerables en la sociedad que históricamente han sido discriminados en diferentes ámbitos, sobre todo en la actividad política. Aparte de la discriminación, han sido atacados de diferentes formas, impidiendo su desarrollo pleno en lo profesional y social, y esto sin duda se ha modificado en los últimos años a su favor.

Pero las acciones aprobadas por el IEPC Jalisco son un exceso de facultades que se atribuye el organismo y que pueden afectar la paridad y organización de los comicios intermedios del 2027. Mientras por un lado “resuelven” la participación femenina y de grupos discriminados, por el otro vulneran y limitan la participación política y las aspiraciones de quienes legítimamente aspirarán a algún cargo de elección popular y que por aras del destino son hombres.

Se trata de buscar un equilibrio en la representación y participación de ambos géneros en diversos ámbitos, incluyendo el político y el laboral.

La discusión puede enfocarse en cómo la paridad beneficia a toda la sociedad, incluyendo a los hombres, y cómo se pueden crear condiciones más equitativas para todos, sin perder de vista los retos específicos que enfrentan las mujeres y los grupos vulnerables.

De acuerdo a las disposiciones del organismo electoral en Jalisco, el total de candidaturas a diputados locales por mayoría relativa se integrará de manera paritaria entre ambos géneros, pero la postulación de personas no binarias y todas las identidades de género distintas al binario, se contabilizarán al género masculino.

Para los candidatos a diputados de representación proporcional, cada partido deberá presentar una lista de 18 personas alternadas por género (mujer-hombre-mujer), incluyendo al menos 9 candidaturas femeninas, y se permite que la lista pueda ser encabezada indistintamente por una mujer o un hombre, desde mi punto de vista, una situación más equilibrada.

Aunque establece en otra parte de su comunicado que en los primeros ocho lugares de la lista de representación proporcional se incluirá a algún miembro de los siguientes grupos: personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual (LGBTTIQ+) jóvenes y personas residentes en el extranjero. En caso de no incluir a alguien de dichos grupos en las listas de representación propocinal, el partido político deberá postular a las personas de estos grupos para diputaciones por mayoría relativa, en cualquiera de sus cinco distritos electorales más competitivos.

Pero luego viene el asunto de los municipios, aquí las candidaturas a la presidencia municipal en ocho demarcaciones deberán ser exclusivamente femeninas. Estos son: Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.

Lo anterior se definió luego de identificar municipios en donde nunca ha sido electa una mujer para presidir el cabildo. De esos 49 se revisó donde no hay posibilidad de reelección al cargo; esto es en 16 demarcaciones y se ordenaron del más al menos poblado y eligieron la mitad: los ocho municipios con mayor población dentro del listado y de acuerdo al censo 2020 del INEGI.

Ante todas estas maromas cuantitativas y cualitativas y en las que reitero, desde mi punto de vista, quienes dirigen el IEPC Jalisco se han excedido en sus atribuciones, todas estas propuestas: ¿nos garantizarán mejores gobernantes?, ¿una clase política más preparada que realmente responda a las expectativas de quienes la eligen?

El 50% de mujeres y el 50% de hombres, así como la inclusión de grupos vulnerables en puestos de elección popular, ¿son garantía de mejores gobiernos?