– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay batallas políticas que no se libran con discursos, sino con recetas médicas y hojas de hospital. Y pocas son tan reveladoras del rostro real del poder como la que hoy enfrenta al Gobierno de Jalisco y al modelo federal del IMSS-Bienestar.

De un lado, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, morenista, lanza un exhorto “urgente y prioritario” para que el estado se adhiera al sistema federal de salud. Del otro lado, el gobernador Pablo Lemus Navarro, emecista, responde con un portazo político: “No, gracias, yo a esa fiesta no voy”.

El intercambio, que podría parecer una disputa técnica sobre medicamentos y hospitales, es en realidad un duelo de ideologías, de proyectos de nación, y —como casi siempre— de egos.

En el Congreso de Jalisco, Ochoa Ávalos tomó la tribuna con una frase que resonó más allá de los muros: “La salud no puede ser rehén de los intereses políticos.” Denunció lo que ya es una verdad a voces: el desabasto de medicamentos en hospitales estatales, el endeudamiento de familias con pacientes oncológicos y la ineficiencia del sistema local de compras.

Con cifras en mano, la legisladora recordó que el propio Gobierno del Estado reconoció que solo el 24% de los medicamentos oncológicos provienen de la federación, mientras el 76% restante corre a cuenta del erario jalisciense. En tres años, dijo, se han gastado más de 160 millones de pesos en compras de emergencia, sin que haya transparencia sobre a quién se compró, cómo se licitó o quién rindió cuentas.

No es un asunto menor. En un país donde la salud pública ha sido el botín favorito de las burocracias, hablar de transparencia equivale a destapar un cajón con demasiados esqueletos.

Ochoa pidió tres cosas: que Jalisco se adhiera de inmediato al Pacto Federal del IMSS-Bienestar; que el Ejecutivo rinda un informe pormenorizado de los gastos en medicinas; y que se establezca coordinación permanente con la Federación para evitar más muertes por desabasto.

Pero en política —y en Jalisco más que en ningún otro lugar— los buenos propósitos rara vez viajan solos.

El gobernador Pablo Lemus Navarro, empresario de origen y político por accidente, no tardó en responder. Desde el Palacio de Gobierno, con la serenidad del que ya tiene la respuesta antes de escuchar la pregunta, declaró que no firmará el convenio con el IMSS-Bienestar.

Su argumento: “la Federación solo garantiza el 24 % de los medicamentos; sus clínicas están en mal estado y sus médicos mal pagados”.
A eso añadió una pregunta con filo: “¿Estaría dispuesta la Universidad de Guadalajara a entregar su red de Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar?”

Era un golpe calculado. Porque si algo duele en el imaginario jalisciense es tocar al Hospital Civil de Guadalajara, esa institución centenaria que ha sido refugio de pobres, campo de batalla política y símbolo de autonomía universitaria.

Lemus convirtió la defensa de la soberanía sanitaria en una bandera de orgullo local. Dijo que Jalisco tiene un modelo propio, con 82% de abasto general y 85% en segundo nivel, y que lo reforzará con una Red de Hospitales-Escuela impulsada junto con la Universidad de Guadalajara.

En 2026, prometió, comenzará la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta; en 2027, el Hospital Civil del Sureste, en Zapotlán el Grande. El mensaje era claro: Jalisco no necesita tutela.

Lo que Lemus no dijo —o prefirió no subrayar— es que el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), con el que el estado mantiene convenios, establece que la federación debe cubrir el 70% del suministro de medicamentos especializados. Y que, según sus propios datos, apenas ha cumplido con el 4%, luego ampliado a 24% tras presiones locales.

En otras palabras, Jalisco sigue pagando la mayor parte del costo, pero también conserva el control político del sistema. En el tablero del poder, eso se llama equilibrio… o cálculo.

Mientras el debate estatal se enciende, el contexto nacional no ofrece mejores noticias. Las quejas contra el IMSS-Bienestar se han multiplicado en los estados que ya firmaron el pacto. Tamaulipas y Oaxaca registran denuncias por hospitales insalubres y paros de personal. En Chiapas y Veracruz, trabajadores protestan por recortes de prestaciones y la incertidumbre sobre sus jubilaciones.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en Durango aumentaron las quejas por la falta de pensiones y la prestación incompleta de servicios médicos. La lista de motivos es larga y deprimente: desabasto, infraestructura deficiente, caos administrativo, precarización laboral, deudas, bloqueos presupuestarios.

El IMSS asegura que el 81 % de las quejas ya fueron atendidas. Pero incluso sus propios reportes reconocen que el modelo sufre una transición jurídica frágil y falta de solvencia presupuestal. La pregunta es inevitable: ¿se puede construir un sistema de salud universal sobre cimientos burocráticos carcomidos?

Entre los extremos del debate – la fe federal y la soberbia local – se esconde el ciudadano. Ese paciente que espera turno en un hospital público donde falta lo mismo una jeringa que una esperanza.

En Guadalajara, las familias de niños con cáncer siguen organizando colectas. En Zapotlán, los hospitales saturados improvisan camas con camillas. En la costa, el mar sigue más cerca que los medicamentos.

Ambos discursos —el de Ochoa y el de Lemus— presumen de buenas intenciones. Pero el primero olvida los fracasos de la centralización, pues omite que en los estados gobernados por su partido el IMSS-Bienestar arrastra la misma crisis que promete resolver; el segundo ignora los límites del aislamiento.

La diputada confía en un sistema federal que todavía no cura sus propias heridas. El gobernador defiende un modelo estatal que no garantiza equidad ni cobertura universal. En el fondo, uno y otro se disputan el relato de quién cuida mejor al pueblo, no necesariamente su salud.

Hay algo profundamente revelador en la frase de Lemus: “No gracias, yo a esa fiesta no voy”. El gobernador, que se jacta de tecnócrata, se permite ironizar sobre un programa que atiende, con todos sus defectos, a los que no tienen seguridad social. Su “no gracias” no es solo una postura política, es una declaración de clase.

El resultado es un país fragmentado en sistemas de salud que compiten entre sí: unos por recursos, otros por legitimidad. Y mientras, los funcionarios debaten porcentajes, las farmacias públicas siguen vacías.

La disputa por la salud pública no es, entonces, una diferencia de modelos; es una guerra por el control político del bienestar. El gobierno federal quiere una bandera nacional que presuma justicia social; el gobierno estatal quiere conservar un timón de un sistema que da votos, contratos y visibilidad.

Entre ambos se extiende una realidad que ni los comunicados ni las ruedas de prensa alcanzan a maquillar. México vive una crisis sanitaria estructural, donde el acceso a una medicina depende del código postal.

Pero en el fondo, la pelea por el IMSS-Bienestar no es sobre medicamentos ni presupuestos: es sobre quién manda en el cuerpo del pueblo. Y en Jalisco, por ahora, ese cuerpo sigue enfermo… de política.

En X @DEPACHECOS

FUEGO CRUZADO

“La reforma a la Ley de Amparo busca garantizar pronta actuación frente al lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados que no quieren pagar los impuestos”.

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

“Otro día negro para la República. El partido único de estado cada día más cerca”.

RICARDO SALINAS PLIEGO / PROPIETARIO DE TV AZTECA

Su reacción ante la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Amparo

CIERTO O FALSO

«Claro que no. Imagínense entregar la Red de Salud Estatal o los Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar. Sería un error histórico para las y los jaliscienses. Nosotros vamos a trabajar en fortalecer nuestro propio sistema de salud y, muy importante: construir la primera Red Nacional e Internacional de Hospitales-Escuela junto con la Universidad de Guadalajara».

PABLO LEMUS / GOBERNADOR DE JALISCO

“Cuentan que en estos días hubo un rompimiento entre emecistas. Para más señas, el ahora diputado federal Hugo Luna, tan cercano a Enrique Alfaro, tuvo fuerte discusión con Bernardo Fernández, jefe de gabinete de Verónica Delgadillo. Motivo: poner fin a la concesión a la empresa Sulo, por el manejo de los llamados puntos limpios”. ¿Será?”

CÚPULA DE MURAL

VOZ ALTA

Premio a la generosidad

El próximo miércoles el Banco de Alimentos de Guadalajara que preside José Luis González Íñigo entregará en el Teatro Degollado el Premio a la Generosidad en Jalisco edición 2025 y algo muy significativo es que el Congreso del Estado instituirá el 8 de octubre de cada año como “El Dia de la Generosidad en Jalisco”, lo que alentará la generosidad como una característica notable del jalisciense. El galardón busca honrar la labor incansable de organizaciones de la sociedad civil y benefactores individuales que combaten la inseguridad alimentaria y promueven el bienestar social en la región.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÍÑIGO. El 8 de octubre quedará instituido como El Día de la Generosidad en Jalisco.

De frente al poder

Óscar Ábrego anunció el regreso de su prestigiado programa «De frente al poder», al que acudirán artistas, deportistas y mujeres y hombres de los mundos de la sociedad civil, política e industria. Por cierto, las grabaciones ya iniciaron, teniendo como locación base el famoso Salón del Bosque. Sin duda, es una buena noticia. Como profesional de la comunicación, Ábrego logró convertirse en uno de los líderes de opinión más trascendentes en espacio de los medios electrónicos. Deseamos todo el éxito a nuestro amigo y colaborador.

ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN. Su regreso a los medios electrónicos de comunicación.

Apunten a Mauro Lomelí

Al interior de Morena, en Zapopan, se empiezan a mover las piezas con miras al proceso electoral para la renovación de las autoridades en la alcaldía del municipio más rico de Jalisco, gobernado por MC en las últimas cuatro administraciones. Y una figura relevante que conoce muy bien el municipio es Mauro Lomelí, quien el pasado sábado rindió su primer informe como regidor del Cabildo. “Más territorio, menos escritorio”, es su eje basado en la cercanía con la gente, recorriendo colonias, comunidades y espacios públicos para escuchar directamente las necesidades de las y los zapopanos.

MAURO LOMELÍ. Uno de los fuertes perfiles de Morena para la alcaldía de Zapopan en 2027.

– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez

Los tapatíos ya con algunos años encima entendemos perfectamente la frase despectiva “de la calzada para allá”, muy en boga en el siglo pasado para la discriminación hacia los habitantes de los sectores del oriente, Libertad y Reforma. Luego esa discriminación se extendió a las colonias populares del sur de la ciudad y algunas de la periferia popular de los municipios conurbados a Guadalajara.

¿A qué viene el mal recuerdo? A que, durante años, muchos años, las calles que “van o vienen” hacia el oriente, han estado saturadas de automóviles.

Lázaro Cárdenas, por ejemplo, tiene varios lustros que a ciertas horas es un estacionamiento; el eje vial Javier Mina-Juárez- Vallarta, sobre todo el de Javier Mina, es una vía intransitable a todas horas del día, especialmente el tramo de la calle 56 (Juan de Dios Robledo) a la Calzada Independencia. Circunvalación Agustín Yáñez-Circunvalación División del Norte también son embudos para el tránsito.

Las entradas, o salidas, según se vaya, de las carreteras a Chapala, las de Saltillo, Tesistán, San Cristóbal de la Barranca y Zapotlanejo son nudos de tráfico de enorme magnitud, en horarios de entrada o salida de los trabajadores.

¿Qué decir de la Calzada Independencia? ¿O de Colón-Federalismo? Y Ya entrados en materia, el Anillo Periférico, especialmente el tramo del sur, son también muestras de ese botón de ineptitud de las autoridades viales, porque no funciona para los automóviles ni para el transporte público.

Así que lo que acontece en López Mateos es igual de patético. Solo que, por allá, hay bastantes fraccionamientos y asentamientos de la llamada “gente bien” y… entonces ahí sí se declara una “emergencia nacional” y se llevan al cabo juntas, reuniones, proyectos, ideotas, ideítas, ocurrencias e inventos para que “la gente bien” de Bugambilias, El Palomar, Nueva Galicia, Gavilanes, ¡o cotos muy “cotizados” y of course! el Club de Golf Santa Anita puedan transitar en sus caras máquinas -cual freeway- por la saturada ex avenida Ingenieros.

Ojo, no es un regocijo recordar la tvbobela aquella de “los ricos también lloran”, pero sí enfatizar que “nuncamente” -como dijo Bebeto-, se ha hecho siquiera una juntita para remediar el caos vial de Lázaro Cárdenas o de las entradas carreteriles de Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan Norte o el mismo Tlajomulco. Los últimos municipios tienen fraccionamientos de primer mundo, pero también de ultratumba. Y de muchas tumbas también.

Obviamente la clase trabajadora no tiene tiempo de andar en simposios, seminarios, ruedas de prensa o manifestaciones para que los gobiernos municipales, estatales y aun los federales hagan su trabajo bien y dejen de escudarse en las excusas de siempre: “hay demasiados carros”; “los camiones pesados son los que entorpecen el tránsito”; “no debieron autorizarse tantos fraccionamientos por allá, sobre todo los de los pobretones”; “no hay gobierno que pueda remediar esto porque hay ‘bien muchos’ factores en contra”.

No quiere decir que no se reconozca el problema de López Mateos; pero sí de enfatizar cómo aún en estos tiempos “hay niveles” en la problemática urbana. Mientras los líos, los embotellamientos (de los malos); la inoperancia e indiferencia hacia esta problemática en el “jodiente” de la ciudad es como dicen los de Michoacán, “tecata minuta”, la de López Mateos es “problema nacional”.

Por supuesto que también los que pertenecemos a la “perrada” utilizamos las vías mencionadas, porque no hay otras para llegar a la chamba o regresar al dormitorio en que se han convertido las casas de la clase trabajadora. Las mayorías viajan en camiones, peribuses o tren ligero, armatostes dejados de la mano del dios en turno que despacha en Palacio de Gobierno.

Abundan las ciudades dormitorio… en eso las convirtieron las nefastas autoridades del INFONAVIT, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Ixtlahuacán tanto del Río como de los Membrillos y otros municipios chaperones del tapatío.

El afán de obtener dinero de malos funcionarios públicos y, cómo fuera, son los motivos de saturar con casas en terrenos alejados del bullicio, pero no de la “falsa sociedad”.

Cualquiera con dos dedos de frente, o que sabe cuándo es “firmes” o cuándo “saludar”, entiende que las soluciones a los trastornos viales son de transporte colectivo eficiente. El Tren Ligero o Metro es indiscutible; pero lo que reclaman los “bien” de López Mateos es ¡solución vial! Porque son súbditos de su majestad el automóvil.

Es decir, no pelean soluciones de fondo sino su sacratísimo derecho a circular en coche así sea el transporte más conflictivo, contaminante e individualista.

Por derecho de antigüedad debieran atenderse primero los conflictos viales y de transporte colectivo que afectan a “la perrada”, simplemente porque es más que la “gente bien” y sus problemas tienen más antigüedad. Para ello es necesario tener gobernantes con sensibilidad social y voluntad de servicio a quienes menos tienen, tanto en recursos económicos, como en materia de eficiencia en transportación.

Mientras tanto, por lo que se advierte en este renglón donde se aprecia la ineptitud, el valemadrismo de los directores de vialidad, de planeación urbana de los alcaldes y alcaldesas municipales, seguirá la discriminación y el menosprecio hacia los habitantes de las colonias, fraccionamientos y barrios de la gente jodida, para, mañosamente, imponer la agenda de soluciones a quienes se autocatalogan como “gente bien” y que exigen su derecho a continuar con prebendas sociopolíticas por considerar que “sus” problemas de circulación vial son los transcendentes, los importantes, los únicos que deben resolverse.

– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Las recientes lluvias en el área metropolitana de Guadalajara han dejado al descubierto un panorama desolador: colonias inundadas, vialidades colapsadas, familias afectadas y un sentimiento colectivo de frustración. En el caso de Zapopan, los estragos de las precipitaciones han sido particularmente visibles, pero culpar únicamente a la lluvia es un error.

Las inundaciones, los baches, las vialidades saturadas y los servicios públicos colapsados no son la enfermedad, sino síntomas de un problema mucho más profundo y complejo: una década de inacción por parte de las autoridades para atender los problemas públicos que aquejan a la ciudadanía. Este abandono estructural ha generado una fractura en la ciudad, dividiéndola en dos realidades opuestas.

Por un lado, está la Zapopan de los discursos oficiales, la de rascacielos, desarrollos inmobiliarios de lujo y promesas de modernidad que se presume en foros. Por el contrario, está la Zapopan real, la de todos los días, la de colonias marginadas donde los baches convierten las calles en campos de guerra, el alumbrado público es deficiente y los embotellamientos son una constante que desgasta la calidad de vida de sus habitantes.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el 63.7% de los zapopanos considera que los baches son el principal problema de su ciudad. No es difícil entender por qué. Basta con recorrer avenidas para constatar que las vialidades no solo están colapsadas, sino que están en un estado deplorable. Los baches no solo representan un riesgo para los automovilistas, sino que también son un reflejo de la falta de mantenimiento preventivo y correctivo por parte de las autoridades.

A esto se suma que el 51.8% de los ciudadanos señala el mal alumbrado público como un problema crítico. Calles oscuras no solo generan inseguridad, sino que también dificultan la movilidad nocturna y perpetúan la percepción de abandono en muchas colonias.

Por si fuera poco, el 51.2% de los zapopanos identifica los embotellamientos como una de las principales trabas para su vida cotidiana porque las avenidas se han quedado atrapadas en un diseño para un volumen de tráfico que ya no corresponde a la realidad, colapsan diariamente, convirtiendo traslados cortos en odiseas de horas.

Sin embargo, el deterioro de los servicios públicos no se limita a la infraestructura vial o el alumbrado público. Las juventudes han identificado un problema que afecta directamente la calidad de vida: los desarrollos inmobiliarios de lujo proliferan sin control saturando aún más los servicios públicos que ya presentaba una deficiencia notoria, pero que ahora se agrava debido a una ciudad que crece sin control.

Pero todo esto no es casualidad, sino el resultado de un modelo de desarrollo urbano que prioriza la especulación inmobiliaria sobre las necesidades reales de la población. Mientras los fraccionamientos de lujo se multiplican, los servicios públicos que deberían sostener el crecimiento de la ciudad se ven rebasados, evidenciando una falta de planeación integral.

El desarrollo inmobiliario descontrolado es, sin duda, uno de los principales detonantes de esta crisis. En los últimos diez años, Zapopan ha experimentado un auge de construcciones que, lejos de beneficiar a la mayoría, han saturado los servicios públicos y exacerbado los problemas estructurales. Las nuevas torres residenciales y los fraccionamientos exclusivos han incrementado la presión sobre las vialidades, el suministro de agua, el drenaje y la recolección de basura.

Pese a esto, las administraciones municipales han optado por aplicar parches temporales en lugar de soluciones estructurales. Llenar de chapopote, una avenida llena de baches antes del temporal de lluvias, puede generar una buena foto para redes sociales, pero no resuelve los problemas de fondo. Estas acciones, diseñadas más para el aplauso mediático que para el beneficio real, son insuficientes frente a la magnitud del abandono acumulado.

La Zapopan real, la que vive la mayoría de sus habitantes, no aparece en los videos promocionales ni en los discursos que celebran la modernidad del municipio. Es una Zapopan donde las colonias marginadas, como Miramar, Santa Margarita o Arenales Tapatíos, enfrentan inundaciones recurrentes porque el sistema de drenaje no ha sido modernizado en décadas. En esta ciudad los ciudadanos deben sortear baches como si fueran minas en un campo de guerra, y los embotellamientos roban horas valiosas de la vida diaria. Esta es la ciudad detrás de esos videos superproducidos que vemos en las redes sociales.

Pero la inacción de las autoridades no es solo una cuestión de negligencia, sino de prioridades mal alineadas. Durante años, los gobiernos municipales han enfocado sus esfuerzos en proyectos que “venden” mediáticamente, mientras los problemas estructurales se acumulan.

La falta de una visión de largo plazo para el desarrollo urbano, combinada con la permisividad ante el crecimiento inmobiliario desmedido, ha generado un círculo vicioso: más construcciones, más presión sobre los servicios públicos, más deterioro de la infraestructura y menos calidad de vida para los ciudadanos. Este modelo no es sostenible y sus estragos comienzan a cobrar facturas muy caras tanto a la ciudadanía, como a las propias autoridades.

Para romper este ciclo, es necesario un cambio de fondo en la forma en que se gestiona el municipio. Las autoridades deben priorizar la planeación urbana integral, con un enfoque en la sostenibilidad y la equidad. Esto implica no solo reparar baches o instalar luminarias, sino invertir en infraestructura resiliente que pueda soportar el crecimiento de la ciudad.

Significa regular el desarrollo inmobiliario para que no siga saturando los servicios públicos, garantizar el acceso a vivienda digna para las nuevas generaciones y escuchar las demandas de los ciudadanos, quienes han señalado con claridad cuáles son los problemas que más los afectan.

Las lluvias seguirán cayendo, como lo han hecho siempre, pero los estragos que causan no son inevitables. Son el resultado de una década de decisiones equivocadas y de una visión cortoplacista que ha privilegiado la apariencia sobre la sustancia. Zapopan merece una gestión que enfrente los problemas de raíz, que reconozca la complejidad de sus desafíos y que trabaje para construir una ciudad donde todos sus habitantes, puedan vivir con dignidad.

La lluvia no es una enfermedad; la inacción, sí.