JALISCO
Presenta Claudia Delgadillo plan para el «cambio verdadero»: Ofrece construir 2 nuevos hospitales civiles y 2 nuevas líneas del tren
Por Francisco Junco //
Con el ahorro de dos mil 100 millones de pesos, que se pueden generar en la administración pública, la candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, se comprometió, de llegar a la gubernatura del estado, a la construcción de dos hospitales civiles, además de la ampliación de las líneas del Tren Ligero.
“Vamos a modificar la tendencia de gasto, para ligarla hacia infraestructura y servicios para el desarrollo de todas las personas. Estaremos implementando un programa inmediato de orden y austeridad en el gasto público. Todos nosotros nos vamos a reorganizar con las funciones de los servidores públicos y diferentes entes públicos, lo que estará generando ahorros por más de 2,100 millones de pesos, con un menor número de funcionarios de alto nivel”, justificó.
Y agregó que reorganizará los compromisos financieros del pago de deuda, para ir teniendo mayor disponibilidad de recursos de inversión y resolverá “la crisis terrible” en la que tienen al Instituto de Pensiones.
“Construiremos dos nuevos Hospitales Civiles en distintas regiones del estado, que servirán también para formar a las y los nuevos médicos. Vamos a equipar el Sistema de Atención Médica de Urgencias en el estado, con ambulancias nuevas y personal capacitado para salvar vidas. Vamos a reacondicionar y equipar el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, para que atienda a las mujeres en condiciones dignas”, prometió la candidata de Morena.
Respecto a las líneas del Tren Ligero, aseguró que se ampliarán la Línea Uno para llegar a las Mesas Coloradas en Zapopan, la línea Dos hasta Tonalá y la línea Tres hasta Tesistán. Además “presentar los proyectos para dos nuevas líneas de Tren Ligero, aquí en Zona Metropolitana. La línea Cinco, que irá desde la Nueva Central Camionera hasta el Estadio Akron, corriendo por la avenida Lázaro Cárdenas. La línea Seis irá desde la Expo Guadalajara hasta el Aeropuerto”.
También dijo que se realizarán los estudios técnicos “y lo que se necesite” para tener una solución integral del transporte público “y soluciones viables para que el vehículo privado, esté solamente, tal vez, ahí esperando en esa estación, que los va a trasladar de manera muy rápida a su origen de trabajo o al destino al que ustedes quieran acudir. El ingreso al sur de nuestra ciudad, la avenida López Mateos se estará ampliando y estaremos construyendo en este estudio, si nos marca, que va a ser una línea alta, desde las Outlet hasta la Glorieta Colón, así se va a hacer, tal cual nos lo esté indicando el estudio técnico que vamos a hacer. También vamos a hacer el ingreso que viene por la avenida Vallarta, que ahora muchos de ustedes salen, duran hasta dos horas para poder ingresar aquí a Zapopan, eso no lo duden, esas calles ahora van a ser de cuatro carriles, eso sin dudarlo y el primer día se estará trabajando para que esto así suceda”, prometió la candidata de la Cuarta Transformación, arrancando el aplauso de los presentes.
Y es que, la candidata de la coalición conformada por Morena, Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro, convocó a más de 600 especialistas y académicos de la Universidad de Guadalajara, para que, en diferentes materias, como seguridad, movilidad humanista, desarrollo compartido, medio ambiente, igualdad sustantiva, educación, estado de derecho y división de poderes, emitan sus opiniones y propuestas para ser incluidas en el Plan para el Cambio Verdadero.
Fue el miércoles 20 de marzo, bajo el escenario del Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, que se presentó con algunos de estos especialistas para dar a conocer los resultados y propuestas concretas del plan de trabajo, que de verse favorecida por el voto este próximo 2 de junio, implementará en su gobierno.
“Quiero agradecer a las y los expertos que el día de hoy me han acompañado y que nos han ayudado para delinear esta gran ruta, para hacer frente a los desafíos que enfrenta, que tenemos aquí en nuestro estado. Ellas y ellos, junto con decenas de especialistas, se han sumado a este movimiento, han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para ayudarnos a construir las propuestas”, señaló la morenista.
César Omar Avilés, director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la UdeG, quien coordinó los trabajos de los especialistas para la elaboración de la propuesta de Morena, aseguró que, la ciencia y la investigación, son muy importantes, pero, de nada sirven si los líderes políticos y los gobiernos, que son quienes toman las decisiones, ignoran las explicaciones, las advertencias y las sugerencias que emanan de la comunidad académica y científica.
“La ciencia existe para resolver los problemas en las calles y en el campo, no sólo para estar almacenados en bibliotecas. La investigación es para aliviar enfermedades, para disminuir la desigualdad y la pobreza, para frenar el cambio climático, para garantizar agua limpia y suficiente para todas las personas, para disminuir la contaminación y la violencia en las ciudades».
«Para eso es la ciencia. Por eso, la verdad es que, sólo se logra con un diálogo activo entre la academia, la política, sus actores y el gobierno. Y por eso, claro que nos llenamos de entusiasmo cuando, hace unas semanas, recibimos comunicación de Claudia Delgadillo, quien nos explicó su visión de construir una sólida propuesta de gobierno con base en evidencia científica”, señaló el académico.
Dante Haro, doctor en derecho con especialidad en administración de Justicia y Seguridad Pública, quien coordinó el eje de seguridad, justicia y derechos humanos, apuntó, tras presentar un diagnóstico de la inseguridad, que se propone generar relaciones, no violentas, que transformen conflictos de manera pacífica en la sociedad, lo que implica retos para los tres niveles de gobierno junto con los ciudadanos.
“Generar una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, construir paz mediante la mediación vecinal, modificaciones de la reforma a la ley de cultura de paz, la creación del Consejo Ciudadano e intersecretarial de cultura de paz, instalación de un observatorio de violencia social y paz, y que haya investigación para la paz. Esto, desde luego, es un resumen de las múltiples recomendaciones que se han hecho, y esperemos, candidata Claudia (Delgadillo), que realmente se convierta estas propuestas en políticas públicas para crear un Jalisco que todos queremos”.
Al tomar la palabra, la candidata de Morena, aseguró que, el Plan para el Cambio Verdadero en Jalisco, fue construido desde la inteligencia colectiva y múltiples aportaciones de académicos y científicos, y se comprometió a generar un gobierno abierto, que esté construyendo desde la pluralidad, repitiendo este ejercicio de escuchar lo que la sociedad tiene que aportar.
“Porque sé que ustedes, como la mayoría de todas las personas, están cansadas de este estilo de liderazgo que cree tener la verdad y cree tener la razón, y la última palabra es esa conversación que tenemos con toda nuestra gente en el Estado. Ustedes, como muchísimas otras personas, están hartos de quienes están ahora en esos espacios y están sentados en esas sillas. Ellos dejaron de escuchar a nuestra sociedad y se ciegan ante los reclamos más sensibles que hace cada una de nuestras comunidades en este bonito estado”.
“Nuestra forma de conducirnos será diferente, este ejercicio es muestra de ello. Creemos que el gobierno debe ser abierto y permanecer atento a las voces de todos los sectores, hasta el último día de un mandato. Que debe construir desde lo colectivo, desde una pluralidad y se deben escuchar todas las voces”, apuntó.
Explicó que los objetivos centrales del Plan para el Cambio Verdadero son combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno, abatir la pobreza, lograr la mejor educación en el país, de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; garantizar un acceso efectivo a la salud y construir condiciones para vivir en paz.
Para cerrar la presentación, Claudia Delgadillo aseguró que este esfuerzo de los académicos, no culmina aquí. Esta es la primera fase que integra la visión de los especialistas, y subrayó que, el Plan para el Cambio Verdadero de Jalisco, es un plan vivo, “nadie puede saber mejor que ustedes qué le duele a Jalisco y cómo podemos resolver esa problemática”.
“Tengo la certeza de que nadie sabe más que ustedes en cada uno de los temas que lastiman hoy a nuestro bello estado. Muchas gracias por aceptar el estar siempre y trabajar en cada uno de los temas, que ustedes nos presentaron y que serán una realidad, y los vamos a impulsar con todas las fuerzas, todas las ganas y todas las certezas, para que a Jalisco le vaya mejor. Seguiremos escuchando al pueblo de Jalisco. Por ello, les invito a enviar su diagnóstico y propuestas de solución”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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