JALISCO
Sigue confrontación Alfaro-UdeG: La pasión del rector Villanueva fue lo que llamó la atención
Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El histórico edificio del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara recibía en sus instalaciones a diferentes periodistas y escritores, participantes en el foro “Los desafíos de la libertad de expresión hoy”.
Ese miércoles 22 de septiembre, el rector de la UdeG después de saludar en su discurso a los presentes, dijo: “A todos nuestros amigos, a la comunidad universitaria y el público que nos acompaña, muchas gracias por acompañarnos en este importante e interesante foro que viviremos el día de hoy, y a nombre de la Universidad de Guadalajara celebro el hecho de que hoy estemos reunidos aquí académicos, periodistas, mujeres, hombres, ciudadanas y ciudadanos de diversos orígenes geográficos y también intelectuales, todos con agendas, trayectorias, ideas políticas e ideas de mundo diversas, con el propósito único de discutir; en un momento más, abordaré aquello que venimos a discutir y que es un tema urgente y preocupante, pero antes, quiero detenerme en este mero hecho, el de discutir, en México, en Jalisco, en Guadalajara, en esta Universidad, no sólo tenemos derecho si no estamos obligados a discutir, a expresar nuestra opinión y escuchar la de los demás, por divergentes que sean, de cualquier conocimiento hasta ahora establecido, de cualquier autor o corriente teórica, de cualquier autoridad y de cualquier nivel de Gobierno, a contrastarla con otras, a debatir, a producir conocimiento qué, es lo que resulta de la confrontación de ideas y argumentos”, el discurso de Ricardo Villanueva continuaría como mero acto protocolario.
Después del Rector, Mario Vargas Llosa tomaría la palabra y hablaría de libertad de expresión y de política.
El protocolo se cumplía y una vez declarada inaugurado el foro, el equipo operativo empezaba a poner sillas para los primeros participantes.
A las 10:05 de la mañana, un post colocado en las redes sociales del Gobernador de Jalisco le daría otro ritmo al foro que organizaba la UdeG.
«Los resultados pesan mucho más que los caprichos y la Universidad de Guadalajara es mucho más que un grupo político. Por eso, aunque nos cierren las puertas con candado seguiremos entregando obras como esta, en la preparatoria de #Juanacatlán».
«Escucha y comparte este video», se podía leer en las redes sociales de Enrique Alfaro y venía acompañado de un video donde además del gobernador, aparecían el secretario de Obras Públicas, David Zamora y la presidenta municipal de Juanacatlán, Adriana Cortés.
En el video el gobernador de Jalisco decía que, se había invitado y avisado oportunamente al rector Ricardo Villanueva, para que estuviera en la entrega de las obras de remodelación del plantel escolar, cuya inversión fue de 11.2 millones de pesos. Y sin embrago, la preparatoria permanecía cerrada con candados.
“La verdad es que, me hubiera gustado hacer el recorrido y entregarla, a que la vean por dentro, pero resulta que, aunque se le corrió la invitación al rector, lo que hizo el rector fue mandarnos cerrar con candados la preparatoria, con vigilancia privada y no nos dejaron pasar, pero déjenme decirles, que independientemente de esa actitud, nosotros vamos a seguir apoyando a la Universidad Guadalajara. Estas son las obras que callan bocas. Estas son las obras que demuestran nuestro compromiso con la Universidad de todos los jaliscienses y ese compromiso pesa mucho más que los caprichos de una sola persona”, decía Enrique Alfaro, en el video que duraba 2 minutos 55 segundos.
POSICIONES CONTRASTANTES
Ese mensaje en redes sociales de Enrique Alfaro contrastaba con lo que cuarenta y ocho horas antes había dicho en su rueda de prensa semanal:
“Bueno, vi al rector hace unos días, echamos una platicada, este, creo que hay un espacio como siempre de dialogo, lo cual creo que es positivo, los demás temas pues creo que están ya establecidas ya las definiciones, pero también con la apertura para hacia adelante seguir platicando y ver qué ruta podemos encontrar, para atender los, las preocupaciones que tiene el rector. Por lo pronto eso, se restableció la comunicación, lo cual me da gusto y vamos a seguir platicando, de ese y de muchos otros temas… fue una buena platica, sobre todo insisto, se pudo restablecer la comunicación directa, que yo creo, a lo mejor soy a la antigüita, pero, creo que es mejor hablar de frente no en las redes…”, había asegurado el gobernador de Jalisco.
Antes de las 12 del mediodía, la conferencia de prensa donde se pensaba participaría Mario Vargas Llosa, era suspendida y en su lugar salía el rector Ricardo Villanueva a contestar las preguntas de los reporteros que ahí nos encontrábamos, con un pésimo sonido ambiental, por cierto. El rector dijo: “Le sugerí al secretario general de Gobierno (Enrique Ibarra) que reprogramáramos la inauguración de una obra, en la cual no le regateamos crédito al Gobierno del Estado, que ha invertido a través de la Secretaría de Infraestructura, a la presidenta municipal (Adriana Cortés) , que ha sido una incansable luchadora por la preparatoria, no le regateo ningún crédito. Creo que lo correcto es que lo inauguremos todos juntos.
A mí lo que me parece incorrecto es que, si el rector de la Universidad tuvo la cortesía de ir a Palacio de Gobierno a informar por qué no podía estar, el gobernador quiera inaugurar una obra de la UdeG, donde también algo tuvo que ver en una prepa de la Universidad, y que quiera inaugurar sin el anfitrión. Yo nunca iría a la casa de nadie si el anfitrión me dijo ‘quiero recibirte, pero no puedo estar’ ”, dijo en un tono mesurado Ricardo Villanueva.
Y aclaró respecto al cierre con candados del edificio: “ojalá que el Gobierno de Jalisco hubiera puesto candados en todas las primarias y secundarias del Estado, para que no estuvieran como están (saqueadas) después de la pandemia ”.
Cerraba sus comentarios Ricardo Villanueva diciendo: “Pensé que ya era bastante con el deterioro de la racionalidad y de la alta política, pero no sabía también que se dejarían de respetar los acuerdos básicos de etiqueta”.
Tal vez, pensando en su discurso, el rector de la Universidad de Guadalajara decidió discutir más a mutuo propio que, esperar a dar la respuesta vía institucional por medio de la oficina de prensa de la UdeG, se calentó pues, y le contestó a Enrique Alfaro.
Después de esos comentarios en redes sociales, la tensa calma ha cubierto el tema UdeG – Gobierno de Jalisco, no se ha hablado más del tema, no ha habido más tuitazos, mensajes en redes sociales.
Luego de la improvisada rueda de prensa del rector de la UdeG, las mesas de dialogo siguieron siendo la participación más comentada de los 2 días, la de Julio Astillero, quien en su momento de participación fue muy claro en sus críticas a los organizadores del foro, ante un Héctor Aguilar Camín que hacía más las veces de participante que de moderador. Julio Astillero señaló: “Agradezco la presencia de todos, de todas, y con convicción lingüística y social: todos, todas y todes.
«Lo primero que he de asentar es el desequilibrio. Me parece que la confección de este foro tiene un notable desequilibrio en cuanto a la participación de las mujeres, sean periodistas o intelectuales, de 16 ponentes, sólo 3 son mujeres, de cuatro moderadores sólo uno es mujer, he de decir pues de entrada que, el mejor periodismo mexicano independiente de los poderes crítico, está hecho por mujeres a las que rindo reconocimiento profesional».
También es evidente el desequilibrio regional en cuanto a México como país, salvo el caso de una moderadora que reside en Tijuana, Baja California y un ponente que es de Guadalajara, el resto de los participantes mexicanos tenemos nuestro mirador en la capital del país, como si no existiera la enorme diversidad regional, expresada en muchos casos justamente en cuanto a las agresiones a quienes en condiciones sumamente peligrosas ejercen el periodismo en esas partes del país.
Hay además un exclusivismo relator, el periodismo se piensa y se entiende, al menos en este foro, desde el nicho de la prensa convencional, de los medios tradicionales y corporativos, no hay lugares asignados para las nuevas expresiones comunicacionales, en particular las que despuntan desde las redes sociales.
En México, con calidades desiguales e incluso en varios casos con proclividades partidistas, se desarrolla un enorme esfuerzo de información y debate en programas difundidos por internet, como una alternativa ante la cerrazón y la esclerosis justamente de muchos de esos medios impresos de radio y televisión que van quedando anclados en el pasado.
Agrego a esta lista de desequilibrios los correspondientes a dos de los cuatro moderadores: Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, figuras rectoras de dos de los principales grupos intelectuales del país, confrontados con y por el poder presidencial, sin que se hubiera abierto este espacio aquí, a la participación de otras corrientes intelectuales, lo cual podría prefigurar junto con la anfitrionía internacional y local de este evento, una disposición sesgada a emitir juicios tachados de parcialidad sobre la libertad de expresión en México.
He hecho esta relatoría de confecciones sin equilibrios, ni suficientes contrapesos, porque creo que ella ayuda a ir entendiendo lo que se ha vivido en México durante largas décadas, en México durante el largo periodo corruptor del priismo y sus secuelas en dos administraciones panistas, el ejercicio del periodismo convencional en sus vertientes informativas y de intelectualidad opinante ha estado mayoritariamente asociado a los poderes político y económico, siempre con grandes beneficios para empresarios dueños de esos medios, directivos, columnistas, articulistas y comentaristas”, señalaba Julio Astillero ante un moderador que se retorcía incómodo y unos asistentes al paraninfo que ocasionalmente asentían con la cabeza las afirmaciones del periodista.
Esa parte del discurso de Julio Astillero es la que mejor define el programa del foro “Los desafíos de la libertad de expresión hoy”, donde los únicos periodistas locales fueron los reporteros que llegaron a cubrir el evento, para los demás, así como para el resto de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, fue un evento más de la Universidad de Guadalajara que no llamó la atención.
En Twitter: @DEPACHECOS
-A título personal, por Armando Morquecho Camacho
En la Argentina de los años 70 y 80, las Madres de Plaza de Mayo desafiaron el silencio de la dictadura, marchando con pañuelos blancos y fotos de sus hijos desaparecidos, exigiendo verdad y justicia en un país roto por el miedo.
En 2025, Jalisco vive un eco de esa lucha: más de 15,000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, han dejado un vacío que atraviesa los hogares de Guadalajara, Zapopan y los rincones más remotos de Los Altos.
Como aquellas madres argentinas, las buscadoras de Jalisco caminan con retratos en el pecho, enfrentando burocracia, estigma y dolor, exigiendo que sus seres queridos regresen, vivos o al menos con un nombre.
Esta tragedia, lejos de ser solo una cifra, es un grito que resuena en un estado orgulloso de su historia y cultura, pero incapaz de sanar a sus familias, y que a su vez nos enfrenta con una verdad dolorosa: la búsqueda de los desaparecidos no es solo una tarea institucional, sino un reflejo de nuestra humanidad.
Jalisco enfrenta una crisis que desgarra el alma de sus comunidades; en materia de desaparecidos es el estado más golpeado de México. Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco concentran la mayoría de los casos, pero lugares como Lagos de Moreno también sufren esta realidad.
La impunidad, con un 94% de casos sin resolver, según Data Cívica, agrava el dolor de las familias. Colectivos como Por Amor a Ellxs denuncian la lentitud de las fiscalías, la escasez de recursos para las búsquedas y el estigma que culpa a las víctimas, acusándolas de estar “en algo turbio”. En 2024, las fosas clandestinas halladas en El Salto y Tonalá, con más de 30 cuerpos, revelaron la magnitud de la tragedia.
La sociedad jalisciense, atrapada entre el miedo y la resignación, muestra signos de despertar: marchas y hashtags como #NiUnoMás reflejan un clamor creciente, aunque fragmentado. Esta crisis no es solo un problema de búsqueda; es un drama humano que exige una respuesta socialmente integral, desde encontrar a los ausentes hasta sanar a quienes los buscan.
El impacto de las desapariciones trasciende las cifras. Cada persona ausente deja una herida abierta en su familia y su comunidad, un recordatorio de la fragilidad de la vida en Jalisco. Las madres buscadoras, como las de Luz de Esperanza, recorren cerros y lotes baldíos con picos y palas, cargando no solo el peso de la incertidumbre, sino la indiferencia institucional y el juicio social.
Casos como el de los tres jóvenes desaparecidos en Santa Anita en 2023 han marcado barrios enteros, donde el silencio se impone por temor a ser señalados. Según el INEGI, el 71% de los jaliscienses se siente inseguro, y la percepción de abandono institucional profundiza esta fractura.
En colonias como Oblatos, hablar de desaparecidos es tabú; en zonas como Providencia, la clase media parece desconectada de esta realidad. Las familias enfrentan no solo la pérdida, sino la falta de apoyo psicológico para sobrellevar el trauma. Sin embargo, las redes sociales están rompiendo el silencio, con videos y publicaciones que dan voz al dolor colectivo. Esta tragedia nos pregunta cómo hemos permitido que la ausencia se normalice, dejando a las familias solas en su duelo.
Las causas de esta crisis son profundamente estructurales. La burocracia en las instituciones, la falta de coordinación entre niveles de gobierno y la escasez de recursos son obstáculos insalvables para muchas familias. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, creada en 2018, enfrenta críticas por su lentitud y falta de personal capacitado. Según México Evalúa (2024), Jalisco destina solo el 0.8% de su presupuesto a la búsqueda de desaparecidos, una cifra irrisoria frente a la magnitud del problema.
La estigmatización social agrava la situación: las víctimas son frecuentemente juzgadas, lo que desincentiva las denuncias y aísla aún más a las familias. La ausencia de tecnología forense y una base de datos efectiva, como en el caso de las fosas no identificadas, perpetúa la incertidumbre.
A esto se suma una sociedad abrumada, donde la indiferencia se ha convertido en un mecanismo de supervivencia. Sin un enfoque integral que priorice no solo la búsqueda, sino el acompañamiento emocional y social de las familias, Jalisco seguirá atrapado en un ciclo de dolor y olvido.
La solución a esta tragedia exige una respuesta socialmente integral, donde el gobierno asuma su responsabilidad no solo en encontrar a los desaparecidos, sino en sanar a las familias y comunidades afectadas. Jalisco necesita fortalecer la Fiscalía Especializada con más recursos y personal capacitado, implementar tecnología forense avanzada y crear un sistema de alerta inmediata para casos recientes.
Pero más allá de la logística, urge un programa estatal de acompañamiento psicológico, con terapeutas especializados que apoyen a las familias en su duelo prolongado. Los colectivos, como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, deben ser aliados en la toma de decisiones, aportando su experiencia para diseñar políticas públicas efectivas. Una campaña estatal de sensibilización podría combatir el estigma, fomentar la denuncia y reconectar a la sociedad con esta causa.
El modelo de Coahuila, donde la colaboración con colectivos ha mejorado la identificación de restos, muestra un camino posible. La ciudadanía también tiene un rol: organizarse, participar en marchas, apoyar a los colectivos y exigir un gobierno que priorice la vida y la dignidad. Si Jalisco quiere sanar, nuestras autoridades tienen el reto de transformar el dolor en acción, devolviendo rostros a los nombres y esperanza a los corazones.
Jalisco no puede seguir siendo un estado donde los desaparecidos son solo estadísticas. Cada ausencia es una deuda con nuestra humanidad, un recordatorio de que hemos fallado como sociedad. Las Madres Buscadoras, como las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, nos enseñan que la esperanza persiste, pero necesitan nuestro apoyo. Es hora de que Jalisco escuche, actúe y devuelva la dignidad a quienes buscan, no solo con búsquedas, sino con un abrazo colectivo que sane. Porque mientras un solo rostro falte, todos estamos incompletos.
-Por Mario Ávila
Por la realización del trabajo periodístico “Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos”, Miriam Ramirez, egresada de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), recibió el galardón Gabo 2025, en el marco del Festival en honor del escritor Gabriel García Márquez, en Bogotá, Colombia.
Se trata de un trabajo realizado entre la Unidad de Periodismo de Investigación y Datos de El Universal, donde ella labora, en colaboración con The Washington Post y Lighthouse Reports.
El trabajo ganador aborda, a través de un análisis forense, datos oficiales y testimonios sobre la migración en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos; revela cómo la militarización agrava los riesgos y criminaliza la movilidad humana.
Analiza también las políticas migratorias restrictivas que provocan hechos como el que entre 2017 y 2023, mil 107 personas murieron ahogadas al querer cruzar al lado estadounidense.
La integrante del consejo rector del Premio Gabo, Luz Mely Reyes, entregó el galardón a Miriam Ramírez, originaria de Mazatlán, Sinaloa, quien pronunció un mensaje en la recepción junto al equipo mexicano del diario El Universal.
“Queremos dedicar este premio a las personas migrantes que han perdido la vida cruzando el Río Bravo: a quienes murieron sin nombre, sin despedida y sin justicia. Este trabajo nació de la urgencia de no dejarlos en el olvido, de no permitir que sus muertes sean una cifra más en una política de contención de una frontera cada vez más militarizada y militarizante”, dijo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.
-Opinión, por Pedro Vargas Ávalos
En los tiempos actuales y sobre todo en las grandes ciudades, es sustancial el servicio de coches de alquiler. Estos son denominados por lo general como “taxis” y su sinónimo es “carro o coche de sitio”.
El uso común de llamarlos “taxis” es porque originalmente su nombre es el de “taxímetro”, palabra compuesta de las palabras griegas «taxis» (orden o tarifa) y «metron» (medida), es decir, ese es el aparato que mide o debería medir el precio del servicio de transporte prestado por el coche que maneja el taxista, también conocido como conductor de taxis, es decir, el chofer del vehículo de alquiler.
El vocablo «taxímetro» ya casi no se usa, solo la apócope taxi y en algunos lugares, el término “libre”. Aquel aparato es un dispositivo que calcula la tarifa de un viaje basándose en la distancia recorrida, el tiempo transcurrido y si es nocturno o diurno. Por lo tanto, la palabra «taxi» se refiere al vehículo que utiliza ese dispositivo para determinar el costo del servicio.
La vida moderna exigió que las prestaciones de transporte particular se multiplicaran, y así surgieron las plataformas estilo Uber o DiDi. En estas, quien requiere ser trasladado a determinado lugar, llama a la central telefónica de la compañía que prefiere y luego se le informa el precio del traslado pedido, el nombre del conductor y los datos del auto que prestará el servicio.
El pago puede realizarse en efectivo o por tarjeta de crédito. Ordinariamente, estos automóviles son de modelo reciente, con aire acondicionado y un conductor presentable en lo físico y su indumentaria. En los “libres” eso no suele ser igual, dejando bastante que desear.
Los centros de transporte son puntos donde es prioritario obtener el servicio de transporte particular, o en su caso el de tipo colectivo para las personas que no pueden o no quieren pagar más allá de lo que el transporte público cobra oficialmente. Uno de esos parajes son los aeropuertos.
En nuestro país, todo aeródromo cuenta con carros de sitio y, por lo general, no pueden prestar ese servicio las plataformas o taxis que se ubican en las ciudades. En pocas palabras, los que manejan la concesión del servicio aeroportuario de taxis gozan de un monopolio. Y esta clase de estructuras se caracteriza porque explotan un servicio o producto específico y es controlada por una sola empresa u organización.
El artículo 28 de nuestra máxima ley, precisa en su párrafo inicial: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas…” y luego agrega en un parte del segundo párrafo, que “la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento… de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”. Más claro ni el agua.
Ahora pasemos a reseñar que el servicio desde el aeropuerto (en el caso nuestro, el de Guadalajara) está en manos de una empresa particular. Este organismo con la complacencia de autoridades de toda índole, impiden que una persona pueda solicitar un servicio de transporte particular, a una plataforma de taxis o a los mismos taxistas que operan en algún municipio de Jalisco. Pero de igual manera funciona este servicio en las terminales aéreas del país.
Estos consorcios controladores del transporte del aeropuerto no cumplen con los principios, no tan solo constitucionales que ya anotamos, sino con los que plantean los especializados en el ramo, para mejorar su prestación, pues al no tener competidores, poco les importa mejorar su actividad.
En cuanto al precio que se les debe pagar, no es libre (por lo tanto, lo del taxímetro es una ficción), ya que imponen severas tarifas que forzosamente debe cubrir todo derechohabiente. Luego viene lo peor: no existe la capacidad para brindar un pronto transporte cuyo coste ya fue pagado con anticipación.
Cuando se arriba a la terminal aérea tapatía, si no se tiene un pariente o amigo que acuda para llevarnos a nuestro destino, en vistas del pésimo servicio público que existe, hay que recurrir a los taxis “oficiales” del aeropuerto, y allí a veces nos indican: el tiempo de espera puede ser de una hora.
Durante el aguante correspondiente, consultados algunos viajeros, testimonian que a ellos les ha tocado esperar hasta más de dos horas, por lo que, si abordamos el respectivo coche en una hora o menos, ya es un ventajoso logro.
Consecuencia de lo anterior son los comentarios constantes: ¿por qué el gobierno federal permite que se perjudique a las personas de esa manera? Sobre todo, considerando que es totalmente anticonstitucional lo que hacen los operadores de ese servicio de transporte.
Preguntado alguno de los choferes de tales unidades sobre si los dueños de las unidades en que trabajan son políticos, contestan temerosos “que quizás sí”.
Tal como se estila en toda la república, no sería nada raro que picudos personajes que medran agraviando a la ley y al público estén metidos en este asunto, y claro está, con la condescendencia del gobierno.
La cuestión es que el espacio de los aeródromos es de competencia federal, y por lo tanto esta autoridad protege, contra el interés del pueblo, a los empresarios de los taxis aeroportuarios. Y las multas para el conductor que se atreva a desafiar tal medida son colosales, pues llegan hasta los 54 mil pesos. Por su parte, la Guardia Nacional, muy quisquillosa, está con los ojos abiertos para no permitir que se preste el servicio dentro del área que les corresponde vigilar.
En una reciente protesta frente a la Secretaría de Gobernación, en la capital de la nación, una persona allí presente manifestó: “Pedimos y exigimos que los usuarios tengan la libertad de elegir si toman un viaje por aplicación o un taxi; monopolizan todo”. (El Universal, 19/09/2024). Lo que fundamentalmente se exige es que haya piso parejo para todo taxista, y ello irá en beneficio de la población.
Ojalá que la máxima autoridad de la federación tome cartas en el asunto y acabe con este monopolio de los taxis aeroportuarios, con lo cual salvaguardará la Constitución que los prohíbe, protegiendo -como es su obligación- a los mexicanos y visitantes, que son millones en las terminales aéreas nacionales.
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Gana Miriam Ramírez, egresada del CUCiénega, el premio Gabo 2025
