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JALISCO

Un año sin Raúl Padilla: Autonomía plena de la UdeG, su principal herencia

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Por Mario Ávila //

En la recta final de su rectorado en 1994 Raúl Padilla López conquistó para la Universidad de Guadalajara la autonomía política, con las reformas legales que le concedían libertad plena para la designación de su nuevo rector.

Con su ausencia voluntaria hace un año le dio también a la máxima casa de estudios de Jalisco, la posibilidad de conquistar también la autonomía financiera, acordada recientemente por el gobernador Enrique Alfaro y el rector Ricardo Villanueva, con el aval del Poder Legislativo del Estado al aprobar el Presupuesto Constitucional para la UdeG.

Estos hechos, bien podrían considerarse como la principal herencia de Padilla López, en opinión de un estudioso de la historia de la UdeG, el regidor de Guadalajara, Luis Cisneros Quirarte, autor del libro “Las Entrañas del León Negro” y la amiga cercana, la también regidora tapatía, Celia Fausto Lizaola.

Sin embargo ambos funcionarios públicos, en el marco del primer aniversario luctuoso de Padilla López, aseguraron que la mejor muestra de la estabilidad institucional que en la que dejó Padilla López a la UdeG, se habrá de mostrar en la elección del siguiente rector, trámite que según los regidores, se habrá de efectuar el año entrante sin sobresaltos y en unidad entre los universitarios.

Para el regidor Cisneros Quirarte, Raúl Padilla López “también tuvo la habilidad para generar equilibrios entre los propios grupos al interior de la propia Universidad y con la renovación que se habrá de dar en el año entrante por la rectoría, lejos de generarse una disputa encarnizada por el vacío que deja su figura, lo que observo yo es que dejó sentadas las bases para que se institucionalice lo que sus críticos le cuestionaron en vida, que todas las decisiones giraban en torno a su persona”.

Se le reconoce, además -abundó-, haber sido un factor de estabilidad política dentro de la propia UdeG, una vez que desplazó a la vieja guardia y gestó una nueva generación que dejó las armas y las pistolas, como herramienta de lucha política y empezó a ver en las maestrías y en los doctorados la clave del ascenso político y administrativo en la universidad.

Y si bien -abundó- controló y centralizó el poder y la toma de decisiones en la UdeG, permitió la estabilidad en las sucesivas alternancias en la rectoría, aunque sin duda él fue el último factor de decisión en cada una de las elecciones de rector y ahora la universidad enfrenta una prueba de fuego, ya que en su ausencia en el próximo año será la primera vez que se habrá de decidir quién será el próximo rector o rectora de la universidad en su ausencia. Sin embargo, el propio Raúl ya dejó establecidas las bases de este reparto de responsabilidades, de espacios de poder y decisión al interior de la universidad, en una forma equilibrada que seguramente permitirá que transite la universidad en calma en el siguiente proceso sucesorio.

Justamente de cara al relevo en la rectoría que se efectuará en los primeros meses del año entrante, el regidor Luis Cisneros expuso: “No veo que surja un hombre fuerte en la universidad como lo fue él, sin embargo, veo liderazgos que se equilibran entre sí, como el del rector Ricardo Villanueva, el ex rector Trinidad Padilla López, el ex rector Tonatiuh Bravo Padilla y Alfredo Peña, quien en la conducción de los movimientos estudiantiles, ya cede en el relevo generacional a César Barba”.

“Y ahora, creo que el reto de la universidad es ya no tanto en torno al surgimiento de un nuevo liderazgo, sino cómo estos liderazgos que ya existen y que están equilibrados entre sí, procesan quién habrá de ser el siguiente rector y la primera decisión más importante es si ya llegó el momento para que la UdeG tenga una rectora y en su caso quién habrá de ser».

«Si será una de las generaciones que construyeron el ‘padillismo’, como pudiera ser la maestra Ruth Padilla, o bien alguno de los liderazgos que instituyeron la FEU como es la diputada con licencia, Mara Robles o incluso una de las nuevas opciones, en donde yo observo que la rectora del CUAltos, Karla Alejandrina Planter Pérez, está siendo valorada por diferentes actores universitarios como una posibilidad de ser la primera rectora general de la UdeG», dijo.

«O bien si se conserva un perfil masculino, que corresponda más bien a la línea del ascenso jerárquico de la estructura en el organigrama de la universidad, por lo que le correspondería al secretario General de la Universidad, Guillermo Gómez Mata, que ratificaría el relevo generacional; porque habremos de recordar que su padre fue secretario general cuando el propio Raúl Padilla era rector, además de haber sido presidente de la FEG. Las otras dos opciones serían el propio Alfredo Peña, de la vieja guardia y César Barba, coordinador del SEMS».

PADILLA LÓPEZ Y SUS DOS MOMENTOS HISTÓRICOS

Luis Cisneros, politólogo por la UdeG y maestro en Filosofía Política, habla así, a un año de la ausencia física de Raúl Padilla López: “Yo creo que el mejor reconocimiento a su legado como jefe político del Grupo Universidad de Guadalajara, como universitario y como político, es la recientemente aprobada reforma constitucional para garantizar el presupuesto al Alma Mater de Jalisco».

«Creo que si bien se dio un contexto complejo de lucha política entre el Grupo Universidad y el Gobierno del Estado, el hecho mismo que derivado de su voluntaria ausencia física abriera al posibilidad de este reencuentro entre la UdeG y el Gobierno del Estado, es prueba patente del peso histórico de este personaje”.

Detalló que hay dos momentos clave en la historia contemporánea de la Universidad de Guadalajara, que no se explican sin el rol protagónico que jugó Raúl Padilla. “Una, en el último año de su rectoría en 1994 cuando derivado de sus gestiones políticas y de su alcance nacional logró en ese momento doblar al gobernador interino Carlos Rivera Aceves, para obligarlo a reconocer la autonomía universitaria reformando la Ley Orgánica en términos que desde entonces permiten a la universidad a elegir a sus propias autoridades, particularmente al Rector”.

Dicen las crónicas -recuerda-, que fue necesaria la intervención del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, José Córdoba Montoya, quien directamente por instrucciones del presidente Carlos Salinas de Gortari, dio la orden a quien era el gobernador de Jalisco, para darle ese reconocimiento, pese a las resistencias que la clase política local del PRI tenía en ese entonces respecto a esa reforma.

Y el segundo momento -advierte-, es este, que de manera póstuma, a partir de una reforma que se había trabajado de manera conjunta entre el Gobierno del Estado y la propia universidad, en vida de Raúl Padilla, que se vio trastocada con la alianza que el propio Padilla y Alfaro gestionaron entre el Grupo UdeG y Movimiento Ciudadano, y que se rompió al darse la decisión del grupo universitario de crear su propio partido, Hagamos. El hecho de que Raúl Padilla en el contexto de la enfermedad crónico degenerativa que padecía y que mermaba sus facultades, haya tomado la decisión última que tomó, lo hizo a sabiendas de que de esa manera también distendía los conflictos políticos que la estatura política que él había logrado de alguna manera dificultaba.

Y remató su comentario diciendo: “En el caso de Raúl Padilla, estamos ante el personaje político más trascendente de la historia de Jalisco en los últimos años, estamos ante un gigante de la política, ante el personaje más virtuoso, en términos de la habilidad política como la entiende Maquiavelo en ‘El Príncipe’, que tiene que ver con la habilidad, con ser un hombre que antepone la razón de Estado ante las razones personales y que en ese sentido estamos hablando de un hombre que muy joven vivió la tragedia familiar, que supo sobreponerse a la muerte temprana de un padre (a los 18 años de edad) y desde ahí construyó su propio legado siendo presidente de la FEG a los 23 años, que supo lograr generarse su propio espacio dentro de la FEG y llegar a la rectoría de la UdeG a una edad muy temprana, es decir a los 35 años de edad».

«Con esa juventud, incluso aspiró a ser gobernador de Jalisco, que fue la frontera que se le vedó y ya después, como grupo, trató de empujar proyectos para la alcaldía tapatía, que también se vieron frustrados en la persona de su primo Leobardo Alcalá y posteriormente con Ricardo Villanueva, ambos por el PRI”.

UN PERSONAJE IRREMPLAZABLE

“No, no hay quien lo pueda reemplazar”, dijo tajante el también escritor, Luis Cisneros Quirarte, quien sin embargo, ponderó lo que ha hecho el reciente rector de la UdeG, Ricardo Villanueva.

Sin duda -dijo-, ha realizado una gran labor de liderazgo institucional y político, hay que reconocérselo, supo asumir su rol con inteligencia emocional, porque en su momento, cuando fue más ríspida la ruptura con el alfarismo, respaldó al lado de la universidad, pero mantuvo los canales de comunicación que posteriormente permitieron restablecer el reencuentro con el gobierno del Estado.

Además -abundó-, Ricardo Villanueva ha sabido respetar los equilibrios internos dentro de la Universidad, con los actores históricos como son Trino Padilla, Tonatiuh Bravo y el propio Alfredo Peña; pero al mismo tiempo ha sabido conectar con la propia base estudiantil, ha sabido ser un rector cercano a los estudiantes y presente en la opinión pública; sin embargo ha tenido la virtud de no querer ser el siguiente Raúl Padilla, primero, porque sabe que es una estatura muy difícil de alcanzar y segundo porque sabe que ya no son los tiempos que la universidad necesita un hombre fuerte como lo tuvo desde su fundación con liderazgos muy firmes como José Guadalupe Zuno, Carlos Ramírez Ladewig, Álvaro Ramírez Ladewig y finalmente con Raúl Padilla López, él sabe que se acabó la época de los hombres fuertes y hoy se abre un espacio más institucionalizado, aunque sigue habiendo liderazgos fuertes, no hay uno que se imponga sobre los otros y tampoco hay la intención de hacerlo.

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ENTREVISTAS

Fuerte cabildeo para aumentar tarifas del SIAPA: ¿Es para el mantenimiento o para nuevos fraccionamientos?

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Por Mario Ávila //

La propuesta de incrementar un 12.5% la tarifa del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para 2025, impulsada por la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, ha desatado controversia. Según el doctor Javier Hurtado González, expresidente del Colegio de Jalisco y politólogo, este ajuste no estaría destinado a mejorar la infraestructura ni la calidad del servicio del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sino a financiar la expansión de redes para abastecer a los nuevos fraccionamientos del denominado “cártel inmobiliario”.

Hurtado cuestiona la justificación oficial del aumento, que habla de necesidades como el mantenimiento de tuberías, la mejora en la calidad del agua y la solución a los cortes de suministro. “Están metiendo otras cosas”, afirma. “Tengo la sensación, aunque podría equivocarme, de que nos hacen pagar a los contribuyentes cautivos las redes nuevas y los costos de instalación para llevar agua a estos desarrollos inmobiliarios”. Para el académico, los usuarios cumplidos terminan subsidiando a los morosos y cubriendo gastos que deberían recaer en los constructores.

Una deuda que ahoga al SIAPA
El SIAPA arrastra una deuda de 17,900 millones de pesos, un monto que, según Hurtado, se triplicó durante el gobierno de Enrique Alfaro (2018-2024). Cuando Aristóteles Sandoval entregó la administración en 2018, la deuda rondaba los 6,000 millones. Esta escalada, explica Hurtado, es producto de una baja eficiencia recaudatoria, la existencia de grandes deudores y la resistencia de usuarios que dejan de pagar como protesta por un servicio deficiente. “El consumidor normal muchas veces no paga porque no recibe agua en la cantidad ni calidad requerida, y así crece la deuda”, señala.

El incremento propuesto del 12.5% generaría unos 650 millones de pesos, apenas el 4% de la deuda total. Hurtado lamenta que los usuarios responsables no solo paguen por los morosos, sino que también asuman los costos de ampliar la red para nuevos fraccionamientos. “Que se lo cobren a los desarrolladores”, sentencia, al tiempo que denuncia la opacidad en las cuotas de conexión, donde recursos a menudo no llegan a las arcas del SIAPA debido a prácticas corruptas.

Javier Hurtado

Un organismo politizado
Hurtado, quien acompañó a Sandoval en reuniones del SIAPA, apunta a un problema estructural: aunque el organismo es teóricamente intermunicipal, en la práctica funciona como una extensión del Poder Ejecutivo. “El director no lo eligen los ayuntamientos, lo nombra el gobernador”, explica. Esto convierte al SIAPA en un “botín político”, con designaciones que priorizan lealtades sobre profesionalismo. Ejemplo de ello, recuerda, fue el gobierno de Emilio González Márquez, cuando familiares del entonces gobernador ocuparon cargos clave sin experiencia técnica.

Esta politización, según Hurtado, explica en parte la deuda impagable y la ineficiencia. “Ponen negociantes, no profesionales, y el SIAPA siempre ha sido visto como una agencia de colocaciones para el gobernador en turno”, critica. La falta de autonomía municipal agrava el problema, ya que las decisiones suelen reflejar los intereses del gobierno estatal o del municipio con mayor peso, como Guadalajara.

Perspectiva legislativa
La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, defiende el aumento del 12.5% como un primer paso para rescatar al SIAPA. Argumenta que las tarifas no se han actualizado en años y que el rezago en pagos ha generado un “círculo vicioso” de mala calidad y falta de inversión. Cárdenas estima que el organismo requiere 8,000 millones de pesos anuales durante tres décadas para garantizar el suministro, además de promover financiamiento público-privado para proyectos hídricos estratégicos.

No obstante, Hurtado ve con escepticismo la viabilidad del aumento, dado el respaldo que la bancada de Morena parece ofrecer a Movimiento Ciudadano. “Morena está jugando una posición de comparsa del gobierno en turno”, asegura, sugiriendo una falta de oposición crítica que podría facilitar la aprobación del ajuste sin un debate profundo.

Acciones pendientes
El tema del aumento quedó en suspenso, pues el Congreso entró en receso del 11 al 28 de abril. Sin embargo, el viernes 11 de abril se aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Estatal del Agua, el SIAPA, la Secretaría de Salud y la COPRISJAL analicen la calidad del agua en pozos y plantas potabilizadoras de la ZMG. Este paso, aunque necesario, no aborda directamente la deuda ni las acusaciones de Hurtado sobre el desvío de recursos hacia el sector inmobiliario.

Conclusión
El incremento del 12.5% a la tarifa del agua en la ZMG plantea un dilema: ¿es una solución para rescatar al SIAPA o una carga más para los usuarios en beneficio de intereses privados? Las críticas de Javier Hurtado señalan una verdad incómoda: mientras la deuda del organismo crece y la politización persiste, los ciudadanos cumplidos pagan el precio de un sistema ineficiente. La transparencia en el uso de los recursos y un cobro justo a los desarrolladores inmobiliarios son pasos urgentes para devolverle al SIAPA su propósito: servir a la población, no a los privilegios de unos pocos.

¿QUIENES DEFIENDEN EL AUMENTO A LA TARIFA DEL SIAPA?

La propuesta de incrementar la tarifa del agua potable del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en un 12.5% para 2025 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha sido defendida principalmente por los siguientes actores:

  1. Fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Jalisco:
    • La bancada de MC, impulsa el aumento como una medida necesaria para rescatar al SIAPA de su crisis financiera, que arrastra una deuda de 17,900 millones de pesos. Argumentan que la actualización tarifaria permitirá financiar infraestructura, mejorar el servicio y enfrentar el rezago en mantenimiento.
  2. Diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso:
    • Cárdenas ha sido una de las voces más visibles en defensa del ajuste. En abril de 2025, afirmó que las tarifas no se han actualizado en años, lo que ha generado un “círculo vicioso” de mala calidad en el servicio y falta de recursos. Según ella, el aumento del 12.5% es un primer paso para garantizar el suministro a largo plazo, estimando que el SIAPA requiere 8,000 millones de pesos anuales durante tres décadas para ser sostenible. También aboga por financiamiento público-privado como complemento.
  3. Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus:
    • Aunque Lemus no ha liderado directamente la defensa del aumento, su administración respalda la propuesta a través de instancias como la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA). Funcionarios estatales han señalado que el incremento es crucial para evitar el colapso financiero del SIAPA y mejorar la infraestructura hídrica en la ZMG.
  4. Algunos alcaldes de la ZMG:
    • Presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, como Juan José Frangie (Zapopan) ha apoyado indirectamente el ajuste al participar en foros donde se discute la crisis del SIAPA. Su respaldo se centra en la necesidad de recursos para mantener el servicio en municipios con alta demanda.
    • Contexto y matices
  • Consenso legislativo: Según el politólogo Javier Hurtado González, la bancada de Morena en el Congreso ha mostrado una postura complaciente, actuando como “comparsa” de MC, lo que facilita la posible aprobación del aumento. Esto-esto es, no se han registrado críticas públicas destacadas de Morena contra el incremento, lo que sugiere un apoyo tácito o falta de oposición significativa.
  • Apoyo implícito de organismos empresariales: Aunque no hay declaraciones directas, cámaras como la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) suelen respaldar medidas que estabilicen servicios públicos, ya que benefician el desarrollo económico. Es probable que apoyen el aumento si se traduce en mejor infraestructura hídrica.

Críticas y falta de oposición clara

Mientras que el académico Javier Hurtado ha criticado el aumento, argumentando que beneficia al “cártel inmobiliario” más que a los usuarios, no se identifican figuras específicas que lideren una defensa opuesta en el debate público. La falta de una resistencia organizada puede deberse al receso legislativo (del 11 al 28 de abril de 2025) o a la percepción de que el tema es políticamente sensible, lo que limita posturas públicas en contra antes de que se retome en el Congreso.

APOYA CICEJ AUMENTO A LAS TARIFAS DEL SIAPA

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) respalda la propuesta de incrementar un 12.5% las tarifas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para 2025 en la Zona Metropolitana de Guadalajara, conforme la posición asumida por su presidenta Mirna Aideé Avilés.

El incremento, ha argumentado la presidenta del CICEJ, permitirá lasostenibilidad financiera del organismo, que enfrenta una deuda de 17,900 millones de pesos y requiere recursos para cubrir costos operativos, mantenimiento, administración y rehabilitación de la infraestructura hidráulica existente, incluyendo amortizaciones y depreciaciones de activos.

El CICEJ argumenta que las tarifas actuales no son suficientes para atender las necesidades del SIAPA, como la renovación de la red de distribución, la mejora del abasto y la reducción de la mala calidad del agua, considerando que el organismo tiene un presupuesto de 1,200 millones de pesos para infraestructura en 2025. Sin embargo, esta postura ha generado críticas, con algunos sectores, como usuarios en redes sociales, acusando al colegio de avalar el aumento sin justificar plenamente la calidad del servicio actual.

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JALISCO

Un comienzo con luces y sombras de Lemus en tragedia de desaparecidos

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La crisis de desapariciones en México, y particularmente en Jalisco, es una herida abierta que refleja la descomposición del tejido social y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia con gobernantes que han evadido su responsabilidad, minimizando el grave problema.

La llegada de Pablo Lemus al Gobierno de Jalisco despierta una mezcla de esperanza y escepticismo en un estado que carga con la vergüenza de ser líder nacional en desapariciones, con más de 15,000 personas perdidas en las sombras.

Lemus ha dado pasos iniciales que, al menos en el discurso, reconocen la gravedad del problema, algo que su predecesor, Enrique Alfaro, evitó con frases desafortunadas que culpaban a las víctimas, culpando a los medios de magnificar el problema.

La creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobada en octubre de 2024 y jefaturada por Edna Montoya Sánchez, es una señal de intenciones. Promete centralizar esfuerzos, integrar tecnología forense y coordinarse con colectivos de buscadores, como Guerreros Buscadores de Jalisco. Reuniones con líderes como Indira Navarro, quien ha encontrado más fosas que muchas fiscalías, muestran una apertura que contrasta con el cerco de la administración anterior.

Sin embargo, las promesas no son nuevas. En 2018, Alfaro también anunció una “estrategia integral” que nunca llegó a puerto. La secretaría de Lemus, aunque bien intencionada, nace con dudas: el presupuesto de 65 millones 200 mil pesos se ve muy bajo si se trata de enfrentar y buscar solución al principal problema de Jalisco.

¿Evitará la burocracia que asfixia a la Comisión de Búsqueda? El anuncio de mesas de trabajo con la Universidad de Guadalajara y la FEU es positivo, pero suena a eco de iniciativas pasadas que se diluyeron en foros sin impacto.

Más preocupante es la falta de claridad sobre cómo enfrentará a la criminalidad tan poderosa en la entidad. Su respaldo a la investigación federal sobre el campo de entrenamiento y supuesto crematorio en el Izaguirre Ranch de Teuchitlán en marzo de 2025 sugiere disposición a colaborar con la Federación, pero delegar responsabilidades no basta en un estado donde la complicidad local es un secreto a voces.

Recursos, pero con condiciones

Jalisco no es cualquier estado. Con un presupuesto de 174 mil millones de pesos en 2024 y una economía pujante, Lemus tiene los medios para marcar una diferencia, pero solo si los usa con audacia. Puede transformar la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, hoy un elefante blanco, con investigadores capacitados y libres de nexos con el crimen.

Puede invertir en un Centro Regional de Identificación Humana, como el de Coahuila, para procesar los restos de las más de 1,000 fosas clandestinas halladas en el estado desde 2018. Puede, también, liderar un esfuerzo legislativo que garantice derechos a las familias de los desaparecidos, desde permisos laborales hasta fondos de reparación, algo que estados como Chihuahua han implementado con éxito.

Un plan sin excusas

Si Pablo quiere ser recordado como el gobernador que enfrentó la crisis de desaparecidos, debe actuar con medidas concretas y medibles, no con discursos. Primero, dotar a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de al menos 500 millones de pesos anuales, suficientes para contratar forenses, analistas de inteligencia y equipo de geolocalización. Esta secretaría debe rendir cuentas trimestrales, con metas claras: localizar 1,000 personas vivas o restos identificados en dos años. Los colectivos, que han hecho el trabajo del Estado, deben tener un asiento permanente en su consejo asesor, no solo reuniones protocolarias.

Auditar la Fiscalía Estatal y la Comisión de Búsqueda. Casos como el de Teuchitlán, donde colectivos hallaron restos ignorados por las autoridades, son una bofetada a la confianza ciudadana. Depurar a funcionarios corruptos o negligentes es impostergable.

Crear un fondo estatal de 100 millones de pesos para las familias de los desaparecidos, cubriendo asistencia psicológica, legal y económica, como lo pidió Blanca Yolanda, cuyo caso sigue sin respuesta desde 2024.

Las buscadoras, como Indira Navarro, necesitan escoltas en zonas de riesgo, tras episodios como la emboscada de Tlajomulco en 2023 que dejó seis policías muertos. Quinto, impulsar una campaña estatal que use estadios, escuelas y medios para educar y movilizar. Los Charros de Jalisco podrían dedicar juegos a las víctimas, y los artistas locales, como Alejandro Fernández, podrían sumarse a un mensaje de unidad.

El papel de la sociedad

La sociedad también tiene un rol. He visto cómo la indiferencia ciudadana perpetúa estas tragedias. Lemus debe convocar a los jaliscienses a romper el silencio, denunciando anónimamente fosas o apoyando a colectivos. Pero no puede cargar solo con la responsabilidad: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que dirige Luz del Carmen Godínez, designada en los tiempos del gobernador Enrique Alfaro, que ha sido tibia en el tema de los desaparecidos, debe asumir una actitud responsable y comprometida con las víctimas y un rol más protagónico, ya que se requiere su voz a favor de la justicia y poner un alto a esta tragedia que tanto dolor ha ocasionado entre las familias jaliscienses.

Pablo tiene mucho por hacer y sin duda este tema de los desaparecidos es su principal desafío: si logra resolverlo pasará a la historia como el mejor gobernador de los nuevos tiempos, un gobernador comprometido y responsable. Eso es lo que anhelan los jaliscienses, que hable menos y actúe con más determinación, con metas y resultados tangibles y medibles.

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JALISCO

Verónica Delgadillo y el «Pacto Limpia Guadalajara»: El reto es la sostenibilidad a largo plazo

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Por Raúl Cantú //

La gran apuesta de la alcaldesa de Guadalajara es “Pacto Limpia Guadalajara”, un programa que presentó en días pasados desde la Canaco Guadalajara y que tiene como punto medular la corresponsabilidad ciudadana como una estrategia integral para abordar la crisis de recolección de basura y transformar a la ciudad en un modelo de limpieza y sostenibilidad.

La alcaldesa tapatía recordó que desde el 16 de diciembre pasado se dio como plazo tres meses para estabilizar el servicio de recolección de basura, luego de decidir no renovarle el servicio de concesión de recolección de desperdicios sólidos a la empresa Caabsa Eagle, que tenía tres décadas de prestar el servicio de aseo público en Guadalajara.

La segunda etapa de Limpia Guadalajara arranca con el programa Escuadrones de la Limpieza, un grupo conformado por 30 trabajadores operativos, a bordo de una camioneta de tres toneladas, con la cual se harán labores de limpieza, bacheo en frío, hidrolavado, borrado de graffitti, recolección de basura, y mantenimiento de áreas verdes.

Serán once escuadrones divididos en cada una de las comunidades de Guadalajara.

Los dos primeros escuadrones que entrarán en operación serán los de la Comunidad Centro y Alameda. En dos meses estarán habilitados el resto.

El Pacto Limpia Guadalajara fue firmado por 50 liderazgos de diversos sectores empresariales, culturales, integrantes de organizaciones ambientales, deportistas, medios de comunicación, partidos políticos y sindicatos, entre otros.

“La agenda de la limpieza está íntimamente relacionada con la de seguridad (…) los espacios sucios y abandonados, además de hacernos sentir inseguras e inseguros”, acotó.

“Una Ciudad limpia es altamente competitiva, una ciudad en el abandono no tiene la posibilidad de atraer inversión que genera riqueza, derrama económica y que, además, genera desarrollo y buen empleo”.

Los logros registrados en estos últimos tres meses los destacó la presidenta municipal en esta reunión en la Canaco Guadalajara ante cientos de invitados, vecinos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, rectores de las universidades públicas y privadas, activistas, deportistas, líderes sindicales, representantes de organizaciones religiosas, partidos políticos, y funcionarios públicos de diversos órdenes de gobierno quienes cerraron filas en torno a una causa común en Guadalajara: la limpieza de la ciudad.

Los logros destacados fueron los siguientes:

Reducción de reportes: En el primer cuatrimestre de Limpia Guadalajara (diciembre 2024-marzo 2025), los reportes por fallas en recolección cayeron un 70%, de 10,166 (último cuatrimestre de Caabsa) a 1,717. Esto refleja una mejora significativa en cobertura y eficiencia.

  • Operatividad: En abril de 2025, el servicio opera al 95% de cumplimiento, según Delgadillo, aunque reconoce que algunas colonias, como Lomas de Huentitán y Hermosa Provincia, aún enfrentan rezagos.
  • Estabilización parcial: Aunque el plazo de tres meses para estabilizar el servicio (dado el 16 de diciembre de 2024) venció en marzo de 2025, Delgadillo afirmó que la ciudad está cerca de garantizar horarios fijos para las rutas, mejorando la predictibilidad para los ciudadanos.
  • Reconocimiento laboral: La alcaldesa cambió la narrativa de “los de la basura” a “los de la limpieza”, destacando la labor de los trabajadores y asegurando que el OPD protege sus derechos laborales, a diferencia de las condiciones precarias bajo Caabsa.

Críticas y desafíos

  1. Expectativas vs. realidad:

Aunque los reportes han disminuido, usuarios en redes sociales señalan que colonias periféricas aún enfrentan acumulación de basura ocasional. La promesa de una ciudad “sin basura en las calles” para el Mundial de 2026 (Guadalajara será sede del FIFA Fan Festival) parece ambiciosa frente a los retos logísticos.

La transición inicial fue caótica, con irregularidades en diciembre de 2024 debido a la falta de experiencia municipal tras 30 años de concesión.

  1. Falta de sanciones claras:

La propuesta de apercibimientos para quienes ensucien la ciudad ha generado dudas. Posts en X preguntan si habrá multas o detenciones, pero Delgadillo no ha especificado medidas punitivas, lo que podría limitar el impacto de la campaña de concientización.

  1. Costo financiero:

La adquisición de camiones y la creación del OPD representaron una inversión significativa, y algunos regidores de oposición, como Juan Alberto Salinas (Morena), han cuestionado la transparencia en la gestión de recursos. Acusaciones de que el municipio asumió pasivos laborales de Caabsa (480 empleados) sin claridad han avivado el debate.

  1. Participación ciudadana:

Aunque el pacto involucra a diversos sectores, críticos argumentan que la corresponsabilidad no debe eximir al gobierno de su obligación principal. La frase “todas las manos son bienvenidas” podría interpretarse como una transferencia de responsabilidad a los ciudadanos si los escuadrones no cumplen.

  1. Sostenibilidad a largo plazo:

La reducción de residuos requiere cambios estructurales, como incentivos al reciclaje y regulación de empaques, que no se han detallado. Sin estas medidas, el programa podría quedarse en acciones superficiales, como limpieza reactiva.

Fortalezas del programa

  • Liderazgo proactivo: Delgadillo asumió un riesgo político al terminar con Caabsa, una decisión que ningún predecesor se atrevió a tomar. La creación del OPD y los escuadrones demuestra una visión integral que combina infraestructura, organización y comunidad.
  • Énfasis cultural: La campaña de corresponsabilidad apela al orgullo tapatío, un enfoque emocional que puede movilizar a la ciudadanía. La inclusión de líderes vecinales y sectores diversos fortalece la legitimidad del pacto.
  • Resultados iniciales: La caída del 70% en reportes y la operatividad al 95% son logros tangibles en un contexto de transición compleja.

Debilidades:

  • Plazos optimistas: La estabilización en tres meses no se cumplió del todo, lo que podría erosionar la confianza si persisten fallas en colonias marginadas.
  • Falta de profundidad en sostenibilidad: El programa se centra en limpieza inmediata, pero no aborda con claridad la gestión de residuos a largo plazo, como la reducción de plásticos o la creación de plantas de reciclaje.
  • Riesgo político: La percepción de que el gobierno carga la responsabilidad a los ciudadanos podría generar rechazo, especialmente si los escuadrones no mantienen el ritmo inicial.

Oportunidades:

  • La preparación para el Mundial de 2026 ofrece un incentivo para acelerar mejoras, visibilizando a Guadalajara internacionalmente.
  • La colaboración con municipios como Zapopan (relleno de Picachos) y la propuesta de Pablo Lemus para una Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos podrían escalar el modelo a nivel regional.

Amenazas:

  • La deuda del SIAPA (17,900 millones de pesos) y la presión por financiar servicios públicos podrían limitar los recursos para Limpia Guadalajara.
  • La politización del tema, con críticas de Morena y otros partidos, podría complicar el consenso necesario para sostener el programa.

Los desafíos

El Pacto Limpia Guadalajara de Verónica Delgadillo es una apuesta ambiciosa para transformar la gestión de residuos en la ciudad, combinando infraestructura propia, organización comunitaria y un cambio cultural.

Los escuadrones de la limpieza, la creación del OPD y la reducción de reportes son avances significativos, pero el éxito dependerá de mantener la eficiencia, aclarar sanciones y profundizar en estrategias de sostenibilidad.

Frente a una ciudadanía escéptica tras décadas de promesas incumplidas, Delgadillo debe demostrar que su visión no es solo un triunfo político, sino un cambio real para las tapatías y tapatíos.

Con el Mundial de 2026 en el horizonte, el programa tiene el potencial de convertir a Guadalajara en un referente, pero solo si supera los retos operativos y logra que la corresponsabilidad sea un esfuerzo compartido, no una carga desigual.

EL APOYO DE LÍDERES AL PACTO LIMPIA GUADALAJARA

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, firmó el acuerdo.

“El sector empresarial no es, ni puede ser ajeno a esta realidad. Somos parte activa de la dinámica urbana y, por tanto, también somos corresponsables de su bienestar”, afirmó.

El Rector de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, Abraham Mendoza, expresó que con la firma de este acuerdo también se fortalecen aspectos de civismo como un valor compartido, así como una educación con sentido de pertenencia y hábitos que integran el saber con el hacer. Anunció que la comunidad universitaria se sumará con talento de investigación y en campo.

“Queremos que nuestros estudiantes participen en programas de voluntariado, de servicio social, porque entendemos que educar también es involucrarse y que se trabaja en el territorio”, expresó.

Sofía Chávez, representante de Casa CEM, afirmó que Guadalajara tiene la oportunidad de lograr una gestión integral de residuos.

 

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