JALISCO
Una deuda pendiente de Andrés Oppenheimer
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Hace más de dos décadas, en una conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en San Juan, Puerto Rico, escuché al periodista argentino y premio Pulitzer Andrés Oppenheimer abordar el flagelo del narcotráfico que azotaba a Estados Unidos. Su tesis era contundente: los capos mexicanos y latinoamericanos dominaban el negocio de las drogas en el país de las barras y las estrellas.
Pero una pregunta me inquietaba: ¿qué papel jugaba la corrupción en Estados Unidos, donde los grandes narcotraficantes parecían operar en las sombras, sin los reflectores que en México o Colombia señalaban a figuras como Pablo Escobar, Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo, entre otros.
En el turno de preguntas, planteé mi duda: si en América Latina los capos tenían “fecha de caducidad” una vez señalados, ¿por qué en Estados Unidos la prensa, incluidas las investigaciones periodísticas, rara vez identificaba a los líderes del narcotráfico? Oppenheimer no esquivó la cuestión: “La corrupción debe ser muy grande”, respondió. Explicó que las drogas ingresan por aire, mar o tierra, y para circular hasta los consumidores requieren complicidades de agentes antidrogas, fiscales, jueces y autoridades. Sin esa red de encubrimiento, el negocio colapsaría.
Añadió una observación incisiva: para los legisladores estadounidenses, era más fácil culpar a los gobiernos de países productores, acusándolos de proteger cárteles, que enfrentar a los actores locales que manejan la distribución y el lavado de dinero. Esta narrativa, señaló, convertía a los estadounidenses en víctimas de “villanos” extranjeros, un enfoque que Oppenheimer exploró en su libro Crónicas de héroes y bandidos (1998), donde retrataba las dinámicas de poder en América Latina con agudeza y humor.
Intrigado, le pregunté cuándo escribiría sobre los capos estadounidenses, esos nombres que el periodismo rara vez destapa. “Es un gran tema”, reconoció, prometiendo abordarlo en el futuro. Años después, en otra reunión de la SIP, lo volví a encontrar y le recordé su deuda con los lectores. Con evasivas, dijo que el libro seguía pendiente. Aquella promesa, lamentablemente, no se ha cumplido.
La anécdota revela una verdad incómoda: el narcotráfico no es solo un problema de los países productores. En Estados Unidos, la opacidad que rodea a los grandes distribuidores sugiere una red de complicidades que el sistema prefiere no iluminar. Mientras en México o Colombia los capos son perseguidos con nombres y apellidos, en el norte los responsables operan en un silencio que protege intereses poderosos.
Oppenheimer, con su olfato periodístico, lo entendió, pero su reticencia a profundizar en el tema deja un vacío en el análisis de un negocio que cruza fronteras.
Una verdad a medias es una deuda con la justicia
La reflexión de Oppenheimer, aunque incisiva, quedó incompleta. El narcotráfico es una cadena global donde todos los eslabones—productores, distribuidores, consumidores y encubridores—comparten responsabilidad. En 2025, con el fentanilo y otras drogas sintéticas agravando la crisis en Estados Unidos, la pregunta sigue vigente: ¿quiénes son los capos que operan desde las sombras del poder? El periodismo, como el de Oppenheimer, tiene el deber de señalarlos, no solo de narrar las historias de “héroes y bandidos” del sur. Mientras esas verdades permanezcan ocultas, la lucha contra las drogas será una batalla a medias, y la justicia, una promesa incumplida.
LA HIPOCRESÍA DE WASHINGTON
¿Quién los entiende? Primero el gobierno norteamericano que encabeza el presidente Donald Trump declara terroristas a cárteles mexicanos y luego negocian con Ovidio Guzmán. En efecto, este gobierno que encabeza el magnate inmobiliario ha elevado la retórica al designar como «organizaciones terroristas» a seis cárteles mexicanos, incluido el Cártel de Sinaloa, en febrero de 2025.
Esta medida, presentada como una estrategia para combatir el narcotráfico y la violencia transnacional, se tambalea ante la revelación de un acuerdo que permitió a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, negociar su declaración de culpabilidad por narcotráfico a cambio de la protección de 17 de sus familiares en suelo estadounidense.
La contradicción es flagrante: ¿cómo puede Washington calificar a los cárteles como terroristas, prohibiendo cualquier trato con ellos, mientras facilita la entrada de familiares de un líder criminal bajo un supuesto «criterio de oportunidad»?
Esta doble moral no es nueva en la política exterior de Estados Unidos. La designación de cárteles como terroristas, que implica sanciones drásticas como el congelamiento de activos y la prohibición de vínculos comerciales, busca proyectar una imagen de mano dura contra el crimen organizado.
Sin embargo, la negociación con Ovidio Guzmán, confirmada por el secretario de Seguridad mexicano Omar García Harfuch, revela que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está dispuesto a flexibilizar su postura cuando le conviene, priorizando la obtención de información sobre redes criminales por encima de sus propios principios. Este pacto, que incluyó el traslado de Griselda López Pérez, exesposa de «El Chapo», y otros 17 familiares a través de la garita de San Ysidro, se realizó sin notificar al gobierno mexicano, lo que constituye una afrenta a la soberanía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido transparencia, recordando que Estados Unidos «ha dicho que no negocia con terroristas». Su reclamo pone en evidencia la incoherencia de una política que etiqueta a los cárteles como amenaza global, pero permite acuerdos opacos que benefician a figuras clave del narcotráfico. La designación de «terroristas» no solo complica la cooperación bilateral, al abrir la puerta a posibles intervenciones unilaterales en México, sino que también parece ser una herramienta política para justificar negociaciones selectivas que sirven a los intereses estadounidenses, como el combate al tráfico de fentanilo, mientras ignoran el impacto en la estabilidad de México.
– Por Francisco Junco
Después de más de veinte años de espera, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo promovido por el diputado federal Alberto Maldonado Chavarín, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) instrumentar las acciones necesarias para indemnizar a la Comunidad Indígena de Mezquitán, en el municipio de Zapopan, Jalisco, por la ocupación de sus tierras en la construcción y ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
El documento legislativo recuerda que “en 2004 la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró un convenio con la comunidad indígena de Mezquitán para ocupar 26-93-22.80 hectáreas de sus tierras”, con el compromiso de cubrir una indemnización que nunca se cumplió.
Ante esa omisión, la comunidad emprendió procesos legales que derivaron en sentencias favorables por parte de los tribunales agrarios, mismas que no habían sido ejecutadas hasta ahora.
En su exposición de motivos, Alberto Maldonado y el grupo de legisladores firmantes sostienen que: “los diputados federales del grupo parlamentario de Morena, especialmente quienes representamos a Jalisco, solicitamos cumplir con las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios, bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios”.
En el documento legislativo, añaden, la resolución busca que “se haga justicia a esa comunidad y se concluya el proceso de indemnización que por más de 21 años ha quedado pendiente, afectando la dignidad, el patrimonio y los derechos de la Comunidad Indígena de Mezquitán”.
El punto de acuerdo aprobado por la cámara establece en su parte resolutiva que “la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias de los juicios agrario y de amparo, a fin de garantizar las indemnizaciones a favor de la comunidad indígena de Mezquitán, municipio de Zapopan, Jalisco, evitando con ello mayor afectación a su patrimonio y a sus derechos colectivos”.
Con este acuerdo, el Congreso federal reconoce formalmente la deuda histórica con la comunidad y respalda el derecho de los pueblos originarios a la reparación del daño.
En palabras del propio documento legislativo, la resolución se inscribe “bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios, eje primordial de la Cuarta Transformación”.
La Secretaría de Administración, a través del oficio SA/1241/2025, confirmó la “liberación de recursos correspondientes a la indemnización en favor de la comunidad indígena de Mezquitán”, en cumplimiento a lo instruido por el Poder Legislativo. En dichos documentos se reitera que el procedimiento se ejecutó “de conformidad con el marco jurídico y presupuestal vigente, atendiendo lo establecido por los órganos legislativos competentes”.
El caso de Mezquitán representa un precedente de reparación y justicia para las comunidades originarias del estado. Como se consigna en el propio acuerdo legislativo presentado por el diputado Alberto Maldonado, “la atención a las comunidades indígenas es una obligación moral y legal del Estado mexicano, que debe garantizar la justicia y la reparación a quienes han sido históricamente postergados”.
– Por Mario Ávila
Con una sesión solemne, en la que se develó una inscripción en el muro de honor del Cabildo municipal, con fecha “12 de octubre de 1925”, el Gobierno de Guadalajara se sumó a la celebración por los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
En el acto, Karla Planter Pérez, rectora General de la deG , agradeció el acto del Gobierno Municipal de Guadalajara para inscribir la fecha de la refundación de la institución con letras doradas, e indicó que entre la universidad y la ciudad existe un vínculo natural forjado a lo largo de muchas décadas. “Una, sin la otra, no se pueden entender”, sentenció.
La grandeza de Guadalajara -dijo-, reclama una universidad que brille por la excelencia de su quehacer, que desarrolle las innovaciones tecnológicas necesarias para acompañar el desarrollo de nuestra urbe, que contribuya desde la ciencia, a la solución de los grandes problemas de la ciudad y, por supuesto que, desde el cultivo del arte, acompañe el esplendor estético de la capital de Jalisco”.
Expuso que después de la refundación, la educación dejó de ser un privilegio para algunos cuantos y se convirtió en un derecho para todas las personas.
“Los más necesitados, los hijos de la cultura, del esfuerzo, los más pobres, los campesinos, los artesanos, los que habían estado excluidos, por primera vez, tuvieron la posibilidad, no solo de soñar en las personas que querían convertirse, sino en verdaderamente acceder a esa realidad. La educación fue también una base sustancial para construir justicia social y eso fue lo que logró también la refundación de la Universidad de Guadalajara”, planteó.
Por su parte, el gobernador del Estado, Pablo Lemus, reflexionó sobre lo que querría el primer fundador de la universidad, Fray Antonio Alcalde, para el futuro y crecimiento de la institución.
“Lo que querría es que la rectora general y su servidor y todos, trabajemos para seguir creciendo la red universitaria y, si hablamos del legado de Fray Antonio Alcalde, creo, apreciada rectora, que el día que grabamos aquel mensaje juntos en el Hospital Civil para anunciar esta inversión conjunta entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco, para la creación de la primera red, diría mundial, de hospitales escuela, que será aquí en Jalisco, Fray Antonio Alcalde esbozó una gran sonrisa desde el cielo”.
Mencionó que en estos 100 años se tendría que hablar forzosamente de Raúl Padilla López y cómo, a través de la red universitaria, cambió la lógica de miles de jóvenes que ya no tuvieron que salir de sus regiones o municipios para estudiar.
En su oportunidad, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó el ambiente de colaboración, confianza y trabajo que existe entre la Universidad de Guadalajara y el Estado, y que ha llevado a que hoy día la casa de estudios tenga un presupuesto constitucional.
En la develación, estuvieron presentes además, la diputada Martha Estela Arismendi, presidenta del Congreso del Estado; la magistrada de la Sexta Sala en Materia Penal, Ruth Gabriela Gallardo, en representación del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco; así como integrantes del Consejo General Universitario.
– Por Mario Ávila
Un legado duradero en obras de infraestructura, dejará para Jalisco el Mundial de Fútbol 2026, el tercero a realizarse en la historia del estado, toda vez que la tierra del mariachi y del tequila, ya fue sede en el Mundial de 1970 y de 1986.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó: «Estamos realizando una transformación urbana con nuevas líneas de transporte público y espacios que quedarán como patrimonio para las próximas décadas”.
Por su parte, el presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega Campbell, resaltó la importancia del partido de la Selección Mexicana en Guadalajara, programado para el 18 de junio, como clave en el ánimo del equipo.
“Ese partido será fundamental para que nuestra selección se sienta en casa. Contamos con un gran apoyo de los clubes locales y autoridades”, subrayó Sisniega.
En un encuentro efectuado a 241 días del arranque del Mundial en Casa Jalisco, se anunció el nombramiento de Lorena Ochoa, como Embajadora del Mundial, quien expresó su entusiasmo por representar a Jalisco en un evento de tal magnitud.
“Es un honor ser embajadora de este Mundial. Sé que Jalisco será una de las sedes más importantes, no solo en México sino en toda Norteamérica”, dijo la ex golfista.
Por su parte el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, detalló que se conformó un fideicomiso tripartita entre el gobierno del Estado y los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, con recursos etiquetados exclusivamente para la organización del evento, garantizando transparencia y beneficio económico para la entidad.
Añadió que se proyecta una derrama económica significativa durante el periodo del Mundial, especialmente en los sectores turísticos y comerciales.
En su oportunidad, la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó el FIFA Fan Festival (Fan Fest), que tendrá lugar en el corazón del Centro Histórico tapatío. Este espacio reunirá a miles de aficionados y aficionados que podrán disfrutar de transmisiones en vivo, actividades culturales y gastronómicas.
“Estas instalaciones estarán en el corazón de Guadalajara, una de las ciudades más bonitas del país. Queremos que cada rincón respire historia, cultura y tradición”, afirmó Delgadillo.
Se prevé la asistencia de más de siete mil personas diarias al Fan Fest, que estará diseñado para vivir el Mundial a Otro Nivel, en un entorno seguro, festivo e incluyente.
– Por Mario Ávila
Las tres líneas del Tren Ligero, se vieron afectadas por el cese momentáneo del servicio, a causa de la decisión de un joven suicida que se arrojó está tarde a las vías en la estación El Refugio de la Línea 1.
Un joven de 20 años de edad decidió tomar una mala decisión, cuando se arrojó al paso del tren ligero, lo que ocasionó la suspensión del servicio en la Línea 1, pero también impactó en el caso en las líneas 2 y 3 por la cercanía del hecho con las estaciones en las que se transborda entre ellas.
Y aunque el fatal suceso ocurrió en la estación ubicada en el cruce de las avenidas Federalismo y Herrera y Csiro, las estaciones Universidad y Juárez de Línea 2 y Ávila, Camacho, de la línea 1 y 3 del tren eléctrico lucieron abarrotadas tras la suspensión temporal del servicio.
Una vez que las autoridades ministeriales y los servicios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo, paulatinamente se fue regularizando el servicio de transporte.
Asesinan a Gaby Mejía, ex alcaldesa de Cuauhtémoc y regidora de Colima
Logran pago a la Comunidad Indígena de Mezquitán
Celebra el talento local con subasta de arte
MC exige rendición de cuentas real de la Guardia Nacional
