JALISCO
Una deuda pendiente de Andrés Oppenheimer
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Hace más de dos décadas, en una conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en San Juan, Puerto Rico, escuché al periodista argentino y premio Pulitzer Andrés Oppenheimer abordar el flagelo del narcotráfico que azotaba a Estados Unidos. Su tesis era contundente: los capos mexicanos y latinoamericanos dominaban el negocio de las drogas en el país de las barras y las estrellas.
Pero una pregunta me inquietaba: ¿qué papel jugaba la corrupción en Estados Unidos, donde los grandes narcotraficantes parecían operar en las sombras, sin los reflectores que en México o Colombia señalaban a figuras como Pablo Escobar, Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo, entre otros.
En el turno de preguntas, planteé mi duda: si en América Latina los capos tenían “fecha de caducidad” una vez señalados, ¿por qué en Estados Unidos la prensa, incluidas las investigaciones periodísticas, rara vez identificaba a los líderes del narcotráfico? Oppenheimer no esquivó la cuestión: “La corrupción debe ser muy grande”, respondió. Explicó que las drogas ingresan por aire, mar o tierra, y para circular hasta los consumidores requieren complicidades de agentes antidrogas, fiscales, jueces y autoridades. Sin esa red de encubrimiento, el negocio colapsaría.
Añadió una observación incisiva: para los legisladores estadounidenses, era más fácil culpar a los gobiernos de países productores, acusándolos de proteger cárteles, que enfrentar a los actores locales que manejan la distribución y el lavado de dinero. Esta narrativa, señaló, convertía a los estadounidenses en víctimas de “villanos” extranjeros, un enfoque que Oppenheimer exploró en su libro Crónicas de héroes y bandidos (1998), donde retrataba las dinámicas de poder en América Latina con agudeza y humor.
Intrigado, le pregunté cuándo escribiría sobre los capos estadounidenses, esos nombres que el periodismo rara vez destapa. “Es un gran tema”, reconoció, prometiendo abordarlo en el futuro. Años después, en otra reunión de la SIP, lo volví a encontrar y le recordé su deuda con los lectores. Con evasivas, dijo que el libro seguía pendiente. Aquella promesa, lamentablemente, no se ha cumplido.
La anécdota revela una verdad incómoda: el narcotráfico no es solo un problema de los países productores. En Estados Unidos, la opacidad que rodea a los grandes distribuidores sugiere una red de complicidades que el sistema prefiere no iluminar. Mientras en México o Colombia los capos son perseguidos con nombres y apellidos, en el norte los responsables operan en un silencio que protege intereses poderosos.
Oppenheimer, con su olfato periodístico, lo entendió, pero su reticencia a profundizar en el tema deja un vacío en el análisis de un negocio que cruza fronteras.
Una verdad a medias es una deuda con la justicia
La reflexión de Oppenheimer, aunque incisiva, quedó incompleta. El narcotráfico es una cadena global donde todos los eslabones—productores, distribuidores, consumidores y encubridores—comparten responsabilidad. En 2025, con el fentanilo y otras drogas sintéticas agravando la crisis en Estados Unidos, la pregunta sigue vigente: ¿quiénes son los capos que operan desde las sombras del poder? El periodismo, como el de Oppenheimer, tiene el deber de señalarlos, no solo de narrar las historias de “héroes y bandidos” del sur. Mientras esas verdades permanezcan ocultas, la lucha contra las drogas será una batalla a medias, y la justicia, una promesa incumplida.
LA HIPOCRESÍA DE WASHINGTON
¿Quién los entiende? Primero el gobierno norteamericano que encabeza el presidente Donald Trump declara terroristas a cárteles mexicanos y luego negocian con Ovidio Guzmán. En efecto, este gobierno que encabeza el magnate inmobiliario ha elevado la retórica al designar como «organizaciones terroristas» a seis cárteles mexicanos, incluido el Cártel de Sinaloa, en febrero de 2025.
Esta medida, presentada como una estrategia para combatir el narcotráfico y la violencia transnacional, se tambalea ante la revelación de un acuerdo que permitió a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, negociar su declaración de culpabilidad por narcotráfico a cambio de la protección de 17 de sus familiares en suelo estadounidense.
La contradicción es flagrante: ¿cómo puede Washington calificar a los cárteles como terroristas, prohibiendo cualquier trato con ellos, mientras facilita la entrada de familiares de un líder criminal bajo un supuesto «criterio de oportunidad»?
Esta doble moral no es nueva en la política exterior de Estados Unidos. La designación de cárteles como terroristas, que implica sanciones drásticas como el congelamiento de activos y la prohibición de vínculos comerciales, busca proyectar una imagen de mano dura contra el crimen organizado.
Sin embargo, la negociación con Ovidio Guzmán, confirmada por el secretario de Seguridad mexicano Omar García Harfuch, revela que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está dispuesto a flexibilizar su postura cuando le conviene, priorizando la obtención de información sobre redes criminales por encima de sus propios principios. Este pacto, que incluyó el traslado de Griselda López Pérez, exesposa de «El Chapo», y otros 17 familiares a través de la garita de San Ysidro, se realizó sin notificar al gobierno mexicano, lo que constituye una afrenta a la soberanía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido transparencia, recordando que Estados Unidos «ha dicho que no negocia con terroristas». Su reclamo pone en evidencia la incoherencia de una política que etiqueta a los cárteles como amenaza global, pero permite acuerdos opacos que benefician a figuras clave del narcotráfico. La designación de «terroristas» no solo complica la cooperación bilateral, al abrir la puerta a posibles intervenciones unilaterales en México, sino que también parece ser una herramienta política para justificar negociaciones selectivas que sirven a los intereses estadounidenses, como el combate al tráfico de fentanilo, mientras ignoran el impacto en la estabilidad de México.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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