– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

En 1918, tras el armisticio de Compiègne, la Primera Guerra Mundial llegó a su fin. Al año siguiente, en 1919, las potencias vencedoras firmaron el Tratado de Versalles con la promesa de que nunca más el mundo se vería envuelto en un conflicto tan devastador.

Entre las disposiciones se incluyó el control de la producción y comercialización de armamento, porque las naciones sabían que no se podía hablar de paz mientras existieran fábricas dispuestas a inundar de rifles y municiones cualquier rincón del planeta a cambio de dinero.

Han pasado más de cien años desde aquel acuerdo, y aunque la historia ha demostrado que la paz fue más aspiración que realidad, lo cierto es que esa lógica sigue vigente: no se puede combatir la violencia si al mismo tiempo se alimenta con armas que circulan sin control. La paradoja es que hoy, el país que se erige como el gran promotor de la paz, la democracia y la seguridad global, es también el mayor exportador de violencia en forma de fusiles, pistolas y municiones: Estados Unidos.

Cuando se habla de seguridad, de fronteras o de políticas migratorias, el discurso político estadounidense suele repetirse como una fórmula de manual. Se construye una narrativa donde se exalta el poder militar, se habla de control fronterizo y se impulsa una política de mano dura, mientras se omite un detalle crucial: gran parte del problema de la violencia que afecta a países vecinos proviene del propio territorio estadounidense, a través de la producción y exportación de armamento de alto poder.

Las cifras son contundentes. El diputado Jesús Valdés Peña, presidente de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo de la Cámara de Diputados, señaló que cerca de 500 mil armas ingresan cada año de manera ilegal a México a lo largo de tres mil kilómetros de frontera. Esto significa que, en los últimos diez años, han entrado aproximadamente cinco millones de armas, en su mayoría procedentes de Estados Unidos; esto lo compartió en el foro Tráfico de Armas en México: Efectos Sociales y Económicos, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

El legislador destacó que un punto fundamental es entender que este flujo no ocurre por casualidad ni por deficiencia de los países receptores, sino porque existe una estructura legal y económica al norte que lo permite.

La industria armamentista estadounidense es una de las más poderosas del mundo. No solo por la producción destinada a sus propias fuerzas armadas, sino por la venta al público en un mercado interno regulado de manera laxa, donde el derecho a portar armas se defiende con fervor casi religioso.

Miles de tiendas, armerías y ferias de armas ofrecen rifles de asalto, pistolas automáticas y municiones a quien pueda pagarlas, sin que existan controles efectivos que garanticen que estas no circulen fuera de sus fronteras.

No es casualidad que armas fabricadas y comercializadas legalmente en Arizona, Texas o Nevada aparezcan luego en escenas de violencia en México. Mucho se ha dicho sobre cómo el Ejército de Estados Unidos está muy por encima del mexicano debido a su capacidad tecnológica y armamentista; ahora bien, imaginen lo que significa que estas armas puedan ser accesibles más allá de sus fronteras, multiplicando los escenarios de riesgo y desestabilización.

Estados Unidos suele presentar políticas de seguridad y control fronterizo como medidas para proteger la estabilidad regional. Sin embargo, lo que rara vez se reconoce es que una parte central de la violencia que afecta a la región está vinculada directamente a su incapacidad —o falta de voluntad— de regular eficazmente el flujo de armas desde su territorio. Resulta paradójico que, mientras el discurso oficial insiste en proteger la seguridad interna y reforzar las fronteras, la misma frontera sea un colador por donde cruzan sin mayor obstáculo armas de alto poder.

El problema de fondo es que, mientras el gobierno estadounidense trate estos temas únicamente desde la perspectiva de propaganda política, nunca se avanzará hacia una solución integral. Se requiere reconocer que la violencia no surge únicamente de las tensiones internas de los países vecinos, sino también del flujo de armamento que se produce, distribuye y permite en Estados Unidos.

Por esto, una estrategia real debería incluir medidas estrictas para regular la venta de armas en su territorio, cooperación efectiva para frenar su circulación ilegal y, sobre todo, un reconocimiento honesto de que la seguridad compartida implica responsabilidades compartidas.

La contradicción no es fortuita ni ingenua: es parte de un esquema deliberado. En Washington saben que el discurso de la “mano dura” y del “control fronterizo” resulta rentable en las urnas, pero esa narrativa electoral evita enfrentar el verdadero origen del problema.

La raíz no está en migrantes ni en traficantes aislados, sino en un complejo entramado de intereses: una industria armamentista que factura miles de millones y unas leyes permisivas que permiten la exportación y circulación de armas casi sin control.

Mientras esas estructuras permanezcan intactas, la violencia será un negocio tan lucrativo como inevitable, y las promesas políticas seguirán reduciéndose a parches mediáticos que no solucionan nada de fondo y continuaremos atrapados en un círculo vicioso en el que Estados Unidos, de manera consciente o inconsciente, alimenta escenarios de violencia más allá de sus fronteras, al tiempo que mantiene dentro de ellas un relato de seguridad y estabilidad.

No se trata de una incapacidad técnica, sino de una ausencia de voluntad política. Lo que hace más de un siglo quedó claro en Versalles —que no puede hablarse de paz mientras se sostiene el negocio de la guerra— hoy parece diluirse en los pasillos del Capitolio en Washington DC.

Y mientras tanto, cada rifle que cruza la frontera funciona como un recordatorio brutal: la verdadera política exterior de Estados Unidos no se escribe en tratados ni en discursos, sino en la silenciosa exportación de armas y en la contradicción de predicar estabilidad mientras se siembra el caos.

– Por Redacción Conciencia Pública

Los dos gigantes latinoamericanos, Brasil y México, reforzarán su relación bilateral con la firma de una serie de acuerdos en materia de comercio, salud, agricultura, energía e industria.

Durante la visita oficial del vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin al frente de una delegación a la Ciudad de México este jueves 28 de agosto, ambos gobiernos dejaron claro que no buscan, por ahora, un tratado de libre comercio integral, sino avanzar en convenios sectoriales que permitan resultados concretos y de corto plazo.

Entre los compromisos alcanzados destaca la modernización de tratados económicos complementarios y la apertura de auditorías sanitarias a 14 frigoríficos brasileños, requisito indispensable para que la carne de ese país pueda ingresar al mercado mexicano.

Funcionarios de la Secretaría de Economía subrayaron que este paso representa un avance importante en la diversificación de importaciones, en un momento en que la seguridad alimentaria ocupa un lugar central en la agenda nacional.

En el terreno de la salud, se firmaron declaraciones conjuntas para fortalecer la cooperación regulatoria y el desarrollo de vacunas y medicamentos. Ambas naciones buscan robustecer sus sistemas de producción farmacéutica, intercambiar investigación y mejorar la regulación sanitaria, con miras a responder de manera coordinada a futuras emergencias sanitarias.

Otro de los ejes principales fue la energía. Brasil ofreció su experiencia en biocombustibles, especialmente etanol y biodiésel, mientras México mostró interés en replicar parte de ese modelo para avanzar en metas de transición energética. Las delegaciones también discutieron posibles inversiones conjuntas en energías limpias y proyectos de innovación tecnológica en este sector.

La industria automotriz y la producción de baterías para vehículos eléctricos estuvieron igualmente sobre la mesa. Empresarios y autoridades coincidieron en que tanto México como Brasil pueden complementarse en las cadenas de valor de la electromovilidad, lo que representaría nuevas oportunidades de inversión y empleo en ambas economías. La empresa Embraer también promovió acercamientos en materia aeroespacial y de defensa.

“Estamos construyendo un nuevo momento en la relación entre Brasil y México, con resultados prácticos y de beneficio mutuo”, expresó el vicepresidente Alckmin al cerrar el encuentro empresarial que reunió a más de 350 representantes de compañías de ambos países. Por su parte, la Secretaría de Economía reiteró que la estrategia de México pasa por acuerdos específicos que no requieren la aprobación del Mercosur, lo que permitirá avanzar con mayor rapidez.

Con estos pasos, México y Brasil, las dos economías más grandes de América Latina, buscan profundizar una relación que históricamente ha tenido avances limitados.

Los acuerdos sectoriales abren la puerta a mayor comercio agrícola, cooperación tecnológica e inversiones en industrias estratégicas, lo que podría marcar un nuevo capítulo en la integración regional.

– Por Redacción Conciencia Pública

En los últimos días, los mercados internacionales han encendido las alarmas ante la posibilidad de que dos de las principales economías de Europa, Francia y el Reino Unido, puedan necesitar ayuda externa para enfrentar sus problemas financieros.

Aunque hasta ahora no existe un rescate formal en marcha, los rumores han provocado nerviosismo entre inversionistas de Europa y todo el mundo, caídas bursátiles y un aumento en el costo de financiamiento de ambos países.

En el caso de Francia, el gobierno del primer ministro François Bayrou atraviesa un momento político delicado. Su administración presentó un plan de ajuste cercano a los 44 mil millones de euros y convocó a una votación de confianza para el próximo 8 de septiembre.

A esta tensión política se sumaron las declaraciones del ministro de Finanzas, Eric Lombard, quien advirtió que el país podría llegar a necesitar asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) si la situación se complica. Aunque después matizó sus palabras, la señal ya había impactado a los mercados.

Los inversionistas reaccionaron de inmediato: los bonos franceses subieron de rendimiento, lo que significa que al país le costará más endeudarse, y la bolsa registró caídas. Analistas consideran que la combinación de una deuda pública elevada con inestabilidad política eleva el riesgo de que Francia enfrente dificultades serias para financiarse en el corto plazo.

El Reino Unido vive un escenario distinto, pero igualmente preocupante. La prensa británica y algunos economistas han recordado episodios del pasado, como el rescate del FMI en 1976, para advertir que el país podría volver a enfrentarse a una situación similar.

Aunque por ahora no hay planes oficiales de ayuda internacional, la discusión se ha intensificado debido a problemas estructurales en sectores clave de la economía.

Un ejemplo es el caso de Thames Water, la empresa de agua más grande del Reino Unido, que enfrenta una grave crisis financiera. El gobierno británico se ha visto obligado a diseñar planes de rescate para evitar que colapse un servicio básico, lo que ha abierto el debate sobre la capacidad del Estado para sostener más cargas de este tipo en medio de una economía frágil.

A esto se suma la presión que enfrentan las finanzas públicas británicas: el déficit es más alto de lo previsto, los costos de financiamiento han aumentado y la incertidumbre política pesa sobre la credibilidad del gobierno. En los últimos días, columnas en medios influyentes han planteado la pregunta de si Londres podría verse empujado a buscar apoyo externo, aunque de momento se trata más de especulación que de una realidad inmediata.

En conclusión, tanto Francia como el Reino Unido atraviesan turbulencias financieras que han encendido alertas dentro y fuera de Europa. Si bien los rumores de un rescate del FMI podrían parecer exagerados por ahora, lo cierto es que los mercados ya han castigado a ambos países y los próximos meses serán decisivos.

El desenlace dependerá de la capacidad de sus gobiernos para recuperar la confianza, aplicar ajustes dolorosos y mantener la estabilidad política en medio de una creciente desconfianza ciudadana.