NACIONALES
2024: El año en que todo cambió
Opinión, por Iván Arrazola //
El año 2024 marca un punto clave para reflexionar sobre la naturaleza del cambio político en México. ¿Estamos frente a un auténtico cambio de régimen, o simplemente presenciamos una nueva concentración de poder, similar a otras tantas que han ocurrido a lo largo de nuestra historia política?
Si hablamos de un cambio de régimen, estamos ante un proceso en el que se establecen nuevas reglas del juego político, diseñadas para atender las demandas de la ciudadanía y mejorar la eficiencia institucional del país. Este tipo de transformación implicaría reformas estructurales en áreas clave, como el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia gubernamental, y la construcción de un sistema democrático más incluyente y funcional.
En este caso, el cambio no sería meramente simbólico, sino sustancial, con un impacto tangible en la vida diaria de los ciudadanos y en la dinámica del poder político.
Por otro lado, si lo que ocurre es una simple concentración de poder, estaríamos ante un fenómeno que México ha experimentado en múltiples ocasiones: un cambio superficial, disfrazado de transformación, pero que en el fondo perpetúa las prácticas clientelistas y centralistas. Bajo este escenario, las «nuevas reglas» serían diseñadas para beneficiar exclusivamente al grupo político en el poder, consolidando su control sobre las instituciones y restringiendo el espacio para la competencia democrática y la participación ciudadana.
El verdadero desafío radica en determinar si los cambios impulsados hasta ahora tienen el potencial de transformar profundamente las condiciones de un país que demanda con urgencia justicia y servicios públicos más eficientes. La capacidad de estas reformas para responder a las necesidades de la ciudadanía, será el indicador clave para evaluar si el cambio político en curso es sustancial o meramente superficial.
Consideremos un ejemplo: la elección judicial programada para junio de 2025. Uno de los principales desafíos será lograr que la ciudadanía responda al llamado del gobierno y participe en este proceso, votando por los miembros del Poder Judicial. Desde ahora, el panorama se vislumbra complicado, ya que este tipo de elección carece del atractivo de otros procesos electorales, como la elección presidencial, que tradicionalmente movilizan a una mayor parte del electorado.
A esto se suma un obstáculo adicional: las restricciones impuestas al Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar esta elección. Estas incluyen limitaciones presupuestales y operativas que afectan directamente su capacidad para garantizar un proceso electoral eficiente, transparente y confiable. Esta situación plantea una paradoja significativa para el gobierno: mientras promueve la idea de democratizar el Poder Judicial, simultáneamente restringe los recursos del organismo encargado de llevar a cabo esta tarea.
Más allá de estos problemas logísticos, surge una pregunta central: ¿logrará la renovación del Poder Judicial cumplir con las expectativas de transformación que la sociedad demanda? Esto incluye cuestiones fundamentales como un acceso más amplio y equitativo a la justicia, la garantía de una justicia pronta y expedita, y la construcción de un sistema judicial menos corrupto y más eficiente.
La elección de jueces por voto popular no solo implica un cambio en los mecanismos de designación, sino también un desafío estructural para un sistema judicial que históricamente ha enfrentado problemas de opacidad, corrupción y desigualdad.
¿Serán estas elecciones un paso hacia un Poder Judicial más transparente y cercano a la ciudadanía, o simplemente una maniobra simbólica que no resuelve los problemas de fondo? La verdadera disyuntiva radica en determinar si la elección de jueces es simplemente un mecanismo diseñado para que las instancias gubernamentales controlen los perfiles que participarán en la contienda
Por otro lado, se han implementado medidas para blindar los programas sociales mediante una reforma constitucional y aumentar el salario mínimo. Sin duda, estas acciones son necesarias para atender problemas apremiantes; sin embargo, surge una pregunta crucial en relación con los programas sociales: ¿la cantidad de recursos destinada a este propósito afecta negativamente a otros sistemas esenciales, como los de educación y salud, que también requieren recursos? Esta situación podría interpretarse como un intento de fortalecer un sistema clientelista más que de garantizar una distribución equilibrada de los recursos.
En cuanto al aumento del salario mínimo, aunque representa un avance necesario para mejorar las condiciones laborales, no necesariamente está acompañado de la certeza de que las decisiones económicas actuales sean las más adecuadas. Factores como los gastos en obras inconclusas y la falta de certidumbre para los socios comerciales plantean riesgos para la estabilidad económica del país. Estas inconsistencias podrían debilitar la confianza en el manejo económico, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la inversión y el desarrollo.
Al final, el riesgo latente es que todo cambie, pero todo siga igual. Esta es una realidad común en la política cuando los cambios no son cuidadosamente planificados y responden únicamente a la coyuntura política de un grupo que busca conservar el poder a cualquier costo.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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