NACIONALES
The black list
Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Lo que algunos definían como “política ficción” se ha tornado en una realidad.
La “lista de Marco”, puede llamarse la “lista del Narco “y ha dejado de ser una “leyenda urbana”. Marco Rubio, secretario de Estado (homónimo de un inolvidable amigo periodista y locutor) confeccionó una “black list” o lista negra, mediante la cual se expone -según ese listado- el contubernio que hay entre criminales…de todos los ámbitos, raleas, partidos, dependencias y sectores.
Apenas se ha medio publicado la primera parte. Se dice que hay más de lo que exhibe la lista inicial que alude a 44 personajes de la política, la administración, militares, vigentes y/o en retiro que, afirma, están ligados a los cárteles criminales ya como beneficiarios de sus tropelías, como cómplices, beneficiarios o protectores.
The black list, era considerada un mito. Otra ocurrencia (dijeron los eruditos de kermés) del gobierno norteamericano para presionar al mexicano que se ha hecho de la vista gorda en lo referente a los delitos que rodean a los facinerosos.
¿Por qué se tildó a la mencionada lista como improbable, inviable o de plano una mentira? Porque Marco Rubio, el secretario de Estado, no ha vociferado sobre ella; tampoco ha fanfarroneado y mucho menos alertado a los implicados.
Es, dicen los entendidos, un “trabajo de inteligencia”, que se puede traducir como de espionaje, cooperación de “fuentes anónimas” (ya ni tanto…algunas están cruzando la frontera bajo el esquema de “protección de testigos”) y de intervención de “soplones”, algunos pagados, otros no.
El morbo que ha despertado the black list en México va “in crescendo”. Surgió misteriosamente hace unas semanas; se decía que era una falacia; que era -en términos mexicanos- un “petate de muerto”, para espantar a quienes estuvieran enredados con esas mafias.
La “lista de Marco” aseguran informaciones “no oficiales” tiene bases jurídicas. Usa a la Ley Patriótica- de seguridad interior de USA- para fundamentarla. También se apoya en la controvertida Ley de Designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs por sus siglas en inglés) y, por supuesto que en el marco legal de la OFAC que es la Office of Foreign Assets Control.
Al estilo de este gobierno norteamericano, esa black list se maneja de manera discrecional.
El Departamento de Estado, Justicia, CBP, HSI y OFAC otorgan autonomía a agencias estadounidenses para actuar contra el crimen sin informar ni cooperar judicialmente con México.
La “Black List” de Trump genera enojo y temor en México, mientras la presidenta Sheinbaum admite desconocer su propósito, ante la inacción frente a los cárteles, considerados por Trump el mayor problema del país.
¿Cómo se destruye esa afirmación de algunos “entendidos” que consideraban o consideran, una ficción la existencia de la lista de marras y su aplicación?
Con los hechos. La cancelación de las visas norteamericanas a la gobernadora de Baja California y su cónyuge, así como a la familia de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, son los primeros actos oficiales del gobierno de EEUU emanados de dicha Black List.
Se afirma en los sótanos de los rumores, que además de los citados gobernadores y gobernadora, también tienen su expediente los de Nuevo León y señora; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Alfonso Durazo, de Sonora; Layda Sansores, de Campeche y, por supuesto y con subrayado doble, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.
Estas suposiciones que cobran cada día más consistencia, cual, si fueran lista de malos deseos y mala leche, exhiben nombres como los de Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Mario Delgado, Clara Luz Flores, incluso el de Enrique Alfaro Ramírez, así como cuatro o cinco militares, NN, y, por supuesto, Manuel Barttlet Díaz.
En el ámbito municipal, The Black List alcanza a los alcaldes de Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Ciudad Juárez, San Luis Río Colorado
Todos estos nombres, que conste, sólo son -hasta ahora- especulaciones, suposiciones, quizá perversidad de quienes los propagan, pero ¿cómo saber si son o no verdaderas esas acusaciones, si no hay pronunciamientos oficiales del gobierno norteamericano y menos del gobierno mexicano?
Otra constante en estos rumores es la aseveración de que personajes ligados a los negocios sucios de los malandrines operaron en toda la república como mecenas de todos, sí todos, los candidatos de Morena.
Cada día crecen los rumores sobre una “Black List” que señala la infiltración de mafias en gobiernos, según Donald Trump, sin que el gobierno mexicano desmienta estas acusaciones.
Por ello, urge se aclare si es verdad o mentira, aquí no importa el cristal con que se mira, lo que ha producido en nuestro país esa Black List que ha resultado más vista y misteriosa que la serie de televisión.
– Por Francisco Junco
Habitantes de Tepoztlán salieron a las calles este viernes para protestar afuera de la vivienda del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.
La casa, valuada en casi 12 millones de pesos, fue señalada por los vecinos como un ejemplo de cómo las tierras comunales han sido vulneradas por intereses políticos y económicos.
Los inconformes recordaron que la zona donde se ubica la propiedad es considerada terreno comunal y, por tanto, no puede ser vendida ni traspasada sin el aval de la asamblea de comuneros.
“Aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, expresó uno de los manifestantes en un video que circuló en redes sociales.
El predio, de aproximadamente mil 200 metros cuadrados, generó controversia desde finales de agosto, cuando se reveló que Fernández Noroña lo adquirió a crédito. Aunque el legislador buscó minimizar el tema, sus confrontaciones con periodistas que difundieron la información alimentaron aún más la polémica.
Durante la protesta, los colonos colocaron carteles en los alrededores de la vivienda y advirtieron que no permitirán que se pasen por alto los derechos agrarios de Tepoztlán.
También exigieron revisar el procedimiento mediante el cual se realizó la transacción, señalando que cualquier compra sin autorización de la asamblea resulta ilegal.
El reclamo coincidió con el cierre del periodo de Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que en esa misma semana fue asumido por Laura Itzel Castillo.
Para los manifestantes, el hecho de que un representante popular esté involucrado en una operación cuestionada representa una contradicción con su papel como legislador.
Hasta el momento de la manifestación, Fernández Noroña no había ofrecido una postura oficial frente a las demandas de los colonos.
Los habitantes, por su parte, anunciaron que continuarán con acciones de presión y aseguraron que la defensa de sus tierras comunales no está sujeta a partidos ni coyunturas políticas, sino al respeto
NACIONALES
Sugiere la diputada Dolores Padierna al PRI, relevar con suplentes, a «Alito» y agresores
– Por Mario Ávila
En un intento de bajar el nivel de hostilidad que se respira en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sugirió a los militantes del PRI, que sean los diputados y senadores suplentes, sustituyan en el cargo al presidente Alejandro Moreno «Alito» y a los cuatro legisladores del tricolor que agredieron el miércoles al presidente, Gerardo Fernández Noroña.
La legisladora, que fue el personaje más cercano a Fernández Noroña en el momento de la agresión, ya que desempeña el papel de secretaria de la Mesa Directiva, relató en tribuna el odio que se veía en el rostro y en el puño de Alejandro Moreno, cuando embestía al presidente del Senado, por lo que nunca dudó en intervenir y se mantuvo en medio de ambos.
Decidí meterme -dijo-, para tratar de evitar que el presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores.
Y es que desde que comenzó la sesión el día de ayer -abundó- había una intentona de parte de las bancadas de la derecha, de agredir, de irrumpir como lo han estado haciendo, pero ese día con mayor razón, vi el odio, el intento de agredir con fuerza y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de La Unión y decidí interponerme para que no pasara a mayores.
Desde la tribuna, en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, Dolores Padierna, lanzó un exhorto a la PGR para que haga la investigación pertinente y cumpla con su responsabilidad.
Pero a la vez anticipó que en la Cámara de Diputados, a través de su grupo parlamentario harán un llamado al Comité de Ética y ante la Comisión de Decanos, para que analice el caso «porque no puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en el Congreso».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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