Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó un decreto que marcará un antes y un después en la historia política y administrativa de México. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el documento consuma la extinción de siete órganos autónomos de ámbito federal y 32 estatales dedicados a la transparencia.

Bajo el amparo de una reforma constitucional de «simplificación orgánica», las funciones de estas entidades pasarán a depender de dependencias del Ejecutivo, mientras sus recursos se dirigirán al Fondo de Pensiones del Bienestar.

La reforma elimina organismos emblemáticos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. En el caso de Coneval, por ejemplo, sus funciones pasarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La justificación del Poder Ejecutivo Federal se centra en la optimización de recursos y en la promesa de un modelo más eficiente. Los fondos ahorrados por la extinción de los órganos autónomos se destinarán al fortalecimiento del sistema de pensiones, una de las banderas de la administración actual. Sin embargo, detrás de esta narrativa de ahorro y bienestar social se esconde un mensaje que apunta hacia una preocupante centralización del poder.

La desaparición de estos organismos genera diversas preguntas sobre el futuro de la transparencia, la regulación económica y la garantía de derechos fundamentales. Estos entes fueron creados como contrapesos al poder presidencial, asegurando que decisiones claves se tomaran con independencia y especialización. Con su eliminación, se corre el riesgo de que estas funciones sean absorbidas por instancias que carecen de la autonomía necesaria para actuar sin presiones políticas.

El caso del INAI es particularmente ilustrativo. Durante más de dos décadas, este instituto permitió a los ciudadanos acceder a información clave sobre corrupción, derechos humanos y gestión pública. Expedientes como los relacionados con Ayotzinapa, Odebrecht y La Estafa Maestra fueron revelados gracias a su labor. Ahora, aunque los derechos de acceso a la información y protección de datos personales permanecen reconocidos en la Constitución, su ejercicio pleno parece cada vez más incierto.

Desde una perspectiva política, la medida de Sheinbaum no puede desvincularse del contexto más amplio de su administración. Este decreto es parte de una estrategia que busca concentrar el poder en el Ejecutivo, desarticulando los contrapesos institucionales que han sido fundamentales para la consolidación democrática del país.

La extinción de organismos como el INAI o la Cofece también envía un mensaje claro a los sectores privado y social: las decisiones en materia de regulación y transparencia ahora estarán bajo el control directo del gobierno. Esto podría desalentar la inversión, debilitar la competencia económica y abrir la puerta a decisiones opacas que beneficien a ciertos intereses políticos.

Otro impacto preocupante es la pérdida del conocimiento técnico y la experiencia acumulada en estos organismos. Miles de trabajadores especializados enfrentan la incertidumbre de despidos o reubicaciones en un aparato gubernamental que no necesariamente está preparado para absorber sus funciones. Este vacío de conocimiento podría tener consecuencias graves en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y educación.

En su comunicado respecto al tema de su desaparición, el INAI reafirmó su compromiso de trabajar hasta el último día para garantizar los derechos que dieron origen a su creación. Además, hizo un llamado a la sociedad para que continúe exigiendo transparencia y protección de datos personales como herramientas fundamentales para una democracia de calidad.

La sociedad civil también tiene un papel crucial en este escenario. La demanda ciudadana será clave para que los derechos a la información y a la privacidad no se conviertan en letra muerta. El reto es inmenso: sin instituciones especializadas que sirvan como mediadoras entre el gobierno y los ciudadanos, la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas dependerá en gran medida de la organización y movilización ciudadana.

La desaparición de los órganos autónomos representa un cambio profundo en el diseño institucional de México. Si bien la promesa de simplificación y ahorro puede resultar atractiva en el corto plazo, las implicaciones de largo plazo podrían socavar los avances democráticos logrados en las últimas décadas.

El gobierno señala que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales seguirán vigentes y serán tutelados por un nuevo modelo institucional. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre las leyes secundarias necesarias para asegurar estos derechos, ni sobre el diseño que adoptará la futura estructura de garantía.

El reto para la administración de Sheinbaum será demostrar que esta centralización del poder no está destinada a consolidar un control absoluto, sino a fortalecer un gobierno más eficiente y transparente. Sin embargo, la ausencia de mecanismos claros que garanticen la independencia de las nuevas instancias genera dudas fundadas sobre la verdadera naturaleza de esta reforma.

Desde una perspectiva política, este movimiento revela una tensión entre la austeridad republicana y la necesidad de mantener instituciones robustas e independientes. Si bien los recursos obtenidos podrían ser destinados a programas sociales, la desaparición de estos órganos podría costar caro a la credibilidad democrática de México.

La crónica de esta decisión no termina con la publicación en el DOF. La historia se escribirá en los días, meses y años por venir, en cómo la sociedad y el gobierno aborden este cambio sin precedentes. Porque en política, como en la vida, las decisiones que centralizan el poder siempre tienen consecuencias; y en el caso de México, estas aún están por revelarse.

En X @DEPACHECOS

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Una vez acomodadas las calabazas en la carreta, lo menos que podemos esperar los ciudadasnos es que nuestras autoridades, municipales, estatales y federales, superen la mediocridad y ofrezcan mejores y más eficaces formas de gobernar. No será muy difícil averiguar quién o quiénes estarán pensando sólo en su carrera política, quien en los huesos futuros y quién en la verdadera naturaleza de la política, como propiciadora del bien común.

Da muy mala espina que los legisladores, federales y estatales estén en manos de un único partido. Al no tener contrapeso real, las facciones mayoritarias pueden hacer y deshacer lo que les venga en gana, siempre “en nombre del pueblo” al que algunos tildan de sabio, lo que es muy, pero muy cuestionable.

Si algo se ha manipulado hasta la saciedad es a la sociedad cuando, por fórmulas matemáticas convenencieras, creadas por políticos, se le obliga a aceptar como “legítimas” las decisiones de un puñado de sátrapas que, cínicamente, se consideran la única, la verdadera e inmaculada “voz” del pueblo.

Si en verdad hubiera espíritu político de beneficio social, los politicastros que nos gobiernan deberían haber propiciado la democracia representativa en todos y cada uno de los órganos de gobierno y con entereza, rectitud, honradez y honestidad (que parece lo mismo, pero no es igual) abandonar la codicia de gobernar con una visión única, totalitaria, dictatorial.

Los mexicasnos sabemos lo que significa tener gobiernos desequilibrados, en todos los sentidos posibles. Hemos padecido la dictablanda (Vargas Llosa dixit) del PRI; hemos sufrido el totalitarismo de un partido hegemónico, que no permitía la mínima voz discordante; que no titubeó en destruir al equilibrio sano… generador de progreso y equidad, así como de asnificar al grueso de la población con propaganda subliminal o abiertamente en los medios de información.

Tras años de lucha de algunos partidos y librepensadores de oposición, así como de ciudadasnos organizados para generar equilibrios con los gobernantes, se creía superada la prueba que prevaleció alrededor de 70 años con los colores de México y las siglas del PRI.

Es cierto, nada ni nadie es perfecto. Tanto el hegemónico partido, hecho gobierno o viceversa, así como los partidos de oposición, tienen y tendrán defectos, pero los electores siempre esperan que sean los mínimos, pero parecen los mismos.

La reversa también es cambio, canturreaban los golondrinos de la grilla cuando los gobiernos fueron de “los conservadores”. Se aludía a la ideología pues se consideraban retrógradas algunas medidas gubernamentales más que nada.

Hoy día, la regresión es la agresión a todo, cuando menos una gran parte de lo que los ciudadasnos, englobados dentro o fuera de los partidos políticos, lograron a fuerza de mazazos sociales. Los “progresistas” han dado muestras de ir al revés. Su reloj, como el de Penélopri, se paró en los felices años de totalitarismo y caciquismo emanado de la Revolución.

No sólo MORENA añora esa etapa; los demás partidos, en pleno siglo 21, maniobran para lograr la sospechosa y amañada unanimidad que, invariablemente, conduce al estancamiento nacional.

¿Cómo es que la sociedad mexicana permite o ha permitido este regresar al pasado sin pensar en el futuro? ¿Cómo es que el partido en el poder en nombre de 35 millones de votantes se apropia de la voluntad de 120 millones de personas? Lo peor… ¿cómo es que sigue adelante esta manera maniquea de manejar al país sin que se frene el daño que, indefectiblemente se hace a las formas democráticas de gobernar?

Y si, como dicen los espirituales, “como es arriba es abajo”, en Jalisco no cantamos mal las rancheras. Tenemos un congreso local muy a modo para que el gobernador proponga lo que se le venga en gana y sus diputados, que no del pueblo, lo aprueben.

Con esa perspectiva política, poca es la esperanza de acceder a los gobiernos democráticos que tanto nos han vendido con palabrería los verdaderos detentadores del poder en nuestro país: los partidos políticos. Mismos que tienen en su ADN al sistema que el PRI ejerció en sus 70 años de poder. Mientras siga esa manera de actuar, seguiremos esperando un cambio verdadero, una transformación que no sea ficticia.

Bioética, por Omar Becerra //

El fentanilo, un opioide sintético de potencia extraordinaria, ha castrado una sombra alargada sobre la salud pública a nivel mundial. Su fácil acceso, su bajo costo y su alta potencia adictiva lo han convertido en una de las drogas más peligrosas de nuestro tiempo.

México, desafortunadamente, se ha visto inmerso en esta crisis, enfrentando un aumento significativo en el número de muertes por sobredosis y un desafío complejo para las instituciones de salud y seguridad.

El consumo de fentanilo en México ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Su presencia se ha extendido a todas las regiones del país, infiltrándose en todos los estratos sociales. Las razones detrás de este fenómeno son múltiples y complejas, entre las que destacan, la produccion y tráfico.

México se ha convertido en un importante productor y distribuidor de fentanilo, lo que ha generado un aumento significativo en el número de muertes por sobredosis. Los carteles de la droga han encontrado en esta sustancia una fuente de ingresos altamente lucrativa, debido a su fácil producción y a la alta demanda en el mercado estadounidense, tambien el consumo.

El consumo de fentanilo se ha extendido a todos los sectores de la sociedad, desde jóvenes hasta adultos mayores. La facilidad de acceso y el bajo costo de esta droga la han convertido en una alternativa atractiva para aquellos que ya consumen otras sustancias o que buscan experimentar nuevas sensaciones, esto trae consigo un impacto en la salud grave.

Las sobredosis de fentanilo han causado un aumento en la demanda de servicios de salud, lo que ha puesto bajo presión a los sistemas de salud pública. Las consecuencias de estas sobredosis son devastadoras, tanto para los individuos como para sus familias y comunidades.

Aquí es en donde aparecen distintos aspectos bioéticos complejos, que desafían los sistemas de salud y las instituciones sociales.

Teniendo los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo garantizar el derecho a la salud de las personas que consumen fentanilo, al tiempo que se combaten los efectos negativos de esta droga? ¿Cómo equilibrar el deseo de ayudar a las personas que sufren de adicción con la necesidad de proteger a la sociedad de los efectos del consumo de fentanilo?¿Hasta qué punto el Estado puede intervenir en las decisiones de las personas sobre su propio cuerpo y su salud?¿Cómo abordar las desigualdades sociales que contribuyen al consumo de drogas, como la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia?

Para enfrentar esta crisis, es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario que incluya:

1. Prevención: Implementar programas de prevención del consumo de drogas en escuelas y comunidades, fomentando la educación sobre los riesgos del fentanilo y promoviendo estilos de vida saludables.
2. Tratamiento: Ampliar el acceso a tratamientos para la adicción al fentanilo, como la terapia de reemplazo de opioides y la terapia cognitivo-conductual. Es fundamental ofrecer servicios de tratamiento accesibles y de alta calidad, que permitan a las personas superar su adicción y reintegrarse a la sociedad.
3. Reducción de daños: Proporcionar servicios de reducción de daños, como agujas limpias y pruebas de drogas, para reducir los riesgos asociados al consumo de fentanilo. Estas medidas pueden salvar vidas y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.
4. Aplicación de la ley: Combatir el tráfico de fentanilo y desmantelar las redes criminales involucradas en este delito. Es necesario fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley para combatir el tráfico de drogas y reducir la oferta de fentanilo.
5. Investigación: Fomentar la investigación sobre el fentanilo y sus efectos en el organismo. La investigación científica es fundamental para desarrollar nuevas terapias y estrategias de prevención.

La crisis del fentanilo en México representa un desafío complejo que requiere una respuesta integral y coordinada. Es fundamental abordar esta problemática desde una perspectiva bioética, reconociendo la dignidad y los derechos de todas las personas involucradas. Al mismo tiempo, es necesario adoptar medidas efectivas para prevenir el consumo de fentanilo, tratar a las personas que sufren de adicción y combatir el tráfico de esta droga.

La solución a esta crisis no es sencilla y requerirá de la colaboración de todos los actores involucrados, desde el gobierno hasta la sociedad civil. Es fundamental invertir en programas de prevención, tratamiento y reducción de daños, así como en la investigación científica. Solo a través de un enfoque integral y multidisciplinario podremos enfrentar este desafío y construir un futuro más saludable para todos.

La bioetica es una disciplina muy importante para poder salir de esta crisis de drogas en nuestro pais.