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Alianzas estratégicas para mejorar la justicia

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Opinión, por Luis Enrique Villanueva Gómez //

Más de un año ha pasado desde la fecha en que se acordó por los órganos de gobierno del Poder Judicial del Estado de Jalisco el cierre de actividades jurisdiccionales en nuestra entidad, por motivo de la presencia e incremento de casos de COVID-19 los órganos jurisdiccionales cerraron sus puertas, esta dinámica se mantuvo de manera constante por lo menos en los primeros nueve meses de la pandemia.

Durante este periodo, las instituciones públicas se vieron en la necesidad de implementar en la medida de sus posibilidades acciones tendientes a dar continuidad a las actividades ordinarias; sin embargo, debe de reconocerse que este proceso no fue igualitario entre las funciones del Estado. La impartición de justicia sin duda se vio afectada en gran medida por la lenta modernización y la poca innovación tecnológica que hemos enfrentado en por lo menos dos décadas.

Como lo he mencionado en anteriores colaboraciones, Jalisco se encuentra en los últimos lugares en materia de justicia digital, pero eso no debe ser condicionante para trabajar de la mano de los diferentes sectores público, privado y social; por el contrario, es una excelente área de oportunidad para generar alianzas estratégicas que nos permitan avanzar hacia la construcción de una mejor y más moderna función jurisdiccional.

Es de reconocer la labor que el Magistrado Presidente Dr. Daniel Espinoza Licón ante la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y la Embajada de los Estados Unidos de América para gestionar el apoyo de 5 millones de dólares en equipamiento, equivalente a poco más de 100 millones de pesos, esta cantidad representa el 5.42% del presupuesto aprobado para Poder Judicial del Estado en el Presupuesto de Egresos 2021 de Jalisco.

Para lograr una inversión casi equivalente a la gestión descrita, que considere solamente dinero público, sería cercana a la suma conjunta de los presupuestos totales del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales y del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para este 2021. De ahí la relevancia de presentar proyectos viables y con resultados medibles.

El reto de impulsar la modernización en los procesos jurisdiccionales va de la mano sin duda de la reanudación total de actividades en el Supremo Tribunal de Justicia y en el Consejo de la Judicatura, y la necesaria reactivación económica en Jalisco. Si bien, los indicadores oficiales del comportamiento de la pandemia son alentadores, al igual que el avance del programa de vacunación, esto no debe confundirse con una falsa tranquilidad; las autoridades sanitarias e investigadores han señalado que la enfermedad continúa y que no se debe bajar la guardia con respecto de las medidas sanitarias. Por lo tanto, nada será como antes de marzo de 2020.

La construcción de una agenda de modernización en la administración e impartición de justicia es una tarea estratégica en atención a la relevancia social, cultural y económica del Poder Judicial, como se ha señalado por diferentes actores y colectivos, es tiempo de trabajar para sentar las bases de un Poder Judicial eficaz, eficiente, moderno, innovador, transparente y a la altura de los retos presentes y futuros de nuestro Estado.

(*) Magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez

Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

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Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México

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Por Francisco Junco

El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.

La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.

Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.

El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.

El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.

Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.

Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.

Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.

Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.

“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.

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INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial

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Por Francisco Junco

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.

“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.

Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.

Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.

Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.

“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.

Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.

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Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal

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Por Francisco Junco

Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.

El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.

La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.

El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.

Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.

Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.

También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.

Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.

Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.

Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.

En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.

De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.

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Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay y vuela rumbo a México

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– Por Mario Ávila

Con el propósito de abreviar tiempos, México cancela la solicitud de extradición del ex jefe policiaco de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, vinculado a la organización criminal de La Barredora, y admite la determinación del Gobierno de Paraguay, de expulsar de su territorio al presunto delincuente, quien ya vuela rumbo a México.

Hernán «N» es trasladado a México desde Paraguay y será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en el Edomex, una vez que llegue al país, según lo informó a través de sus redes sociales el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Esta captura se logró gracias al trabajo coordinado del gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la SRE y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay.

El traslado de Hernán “N” a nuestro país se realiza con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra, contando con la colaboración y el apoyo de la presidencia de la República del Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país.

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