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NACIONALES

AMLO no hará lo que hizo Zedillo: La corte y la austeridad republicana

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Durante toda su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido, salvo singulares excepciones, muy dúctil con el poder ejecutivo, y casi desdeñada por el poder legislativo. Solo en los tiempos actuales, cuando llegó al gobierno federal un partido de izquierda, ha adoptado una actitud que los ministros integrantes de la SCJN (así como los miembros de la oposición) aseguran, se debe a que ahora si son independientes totalmente, en relación a los otros dos poderes constitucionales.

En el primer tramo del sexenio presente, entre el entonces presidente de la SCJN y el primer mandatario nacional, había cierta corriente de afinidad, y no pasó a mayores la antedicha separación de poderes. Pero tras la elección de la abogada Norma Leticia Piña Hernández, para presidir el alto tribunal a que nos referimos, la relación del poder judicial encarnado por la SCJN, y los poderes legislativo y ejecutivo, se han agriado. Y de tal situación, se han valido los impugnadores de la Cuarta Transformación (4T), para generar loas al Poder Judicial federal (PJF) y llevar agua a su molino, aduciendo que cada paso que da la corte, es para salvaguardar el equilibrio de poderes.

Los jaloneos con diputados y senadores de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, que es gobernante, también son frecuentes. A tal grado que como afirma la periodista Carmen Morán Breña, “La disputa de leyes y decretos en el terreno judicial se ha disparado durante el sexenio provocando una judicialización extrema de la vida parlamentaria que tensa el equilibrio institucional”.

Por lo que ve al primer magistrado, Andrés Manuel López Obrador, a cada acción de la Corte, como cuando ésta echó para atrás la primera parte del llamado Plan B, y luego cuando más recientemente, la SCJN reprobó la segunda parte de ese paquete de leyes con matiz electoral, afirmó que tal Tribunal estaba al servicio de los conservadores, de los antiguos detentadores del poder: “El Poder Judicial está podrido”, se publicó el 8 de mayo pasado. Y el inmediato 29, tras la marcha del “INE no se toca” difundió Forbes: “Ya marchamos por el voto; por el INE, pero la que está defendiendo el voto y al INE es Norma Piña y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por eso estamos aquí reunidos” (José Ángel Gurría).

Lo anterior no es raro, porque poco tiempo antes, había reprochado a la SCJN por declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con tal motivo, precisó que ocho ministros actuaban con el estilo del ex presidente Felipe Calderón, -autoexiliado en España- apoyando con ello un modelo de seguridad estilo del exfuncionario narco calderonista, ya condenado por ello en Estados Unidos, Genaro García Luna.

La excesiva judicialización registrada en este sexenio, alcanza la friolera de 809 controversias constitucionales debatidas (casi el doble de las que hubo en el período de Vicente Fox, cuando fueron 414) y además, 572 acciones de inconstitucionalidad. La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Laura Valencia, explica que ello se debe a “Los muchos decretos mediante los que se gobierna…, y también las iniciativas de ley han pasado por la Suprema Corte”.

Ante tal situación, el mandatario y los suyos, se han fijado en los elevados salarios de los ministros de la SCJN, que como lo demuestran estudios comparados de Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo: el ingreso de los jueces superiores mexicanos, son mayores que el de otros países. El profesor de Derecho Julio Ríos (del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM) reconoce que tales ingresos, rebasan al promedio de ministros de muchas naciones, y concluye: “No es que eso esté mal, pero sí es un poco alto”. Esa opinión es al revisar que los ministros cobran más que el presidente, lo que es algo inconstitucional: 137.000 pesos de AMLO, frente a 284.500 pesos de cada miembro de la SCJN, a excepción de su presidenta que gana mucho más, según los datos oficiales publicados.

Por lo anterior, el tabasqueño anunció en una mañanera que pediría información a la SCJN del porqué, si tanto afirman salvaguardar la Constitución, no se ceñían a lo que ordena la Ley Suprema con motivo de los sueldos en la administración pública federal, en la cual el artículo 127 constitucional, señala que nadie debe percibir más alta paga que el presidente de la república.

Debido a esto, la Secretaría de Gobernación informó que su titular (Luisa María Alcalde Luján) solicitó, en base a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Suprema Corte un “informe” sobre las acciones que ha realizado el Poder Judicial Federal para “cumplir con el mandato del artículo 127 de nuestra Constitución Federal”, en el cual, claramente se establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República”. (Twitter, 27 junio 2023).

El pleno de la Corte, acordó que se contestara al requerimiento anterior por medio del secretario de acuerdos del organismo, ya que la titular de Gobernación no tiene ni facultades ni el nivel para solicitar tal información a la presidenta de la SCJN, amén de que la Ley que alude la funcionaria no es aplicable. Pero como un esfuerzo para fortalecer el diálogo entre Poderes, y en aras de rendir cuentas a la sociedad, le enviaron el oficio respuesta con fecha 3 de julio. En dicho escrito, invocando a la misma Carta Magna, se dice que los ingresos de los altos servidores del Poder Judicial Federal, no pueden ser disminuidos (art. 94) y que de acuerdo al dispositivo 123, a cada trabajo corresponde salario igual.

En esa respuesta podemos encontrar varios tópicos para tener en cuenta. Lo primero es el clasismo, que implica calidades o categorías, al valorar a la secretaria de Gobernación como inferior al rango de los ministros de la Corte, lo cual conforme a la democracia y la igualdad republicana que deben imperar, ya no son o al menos, no deberían ser vigentes. Lo segundo, es de que, si bien no deben rebajarse las percepciones a los ministros durante su ejercicio, hay que tener en cuenta que, por ética y conciencia social, deberían ajustarse al principio constitucional de no ganar más que el presidente de la república.

Y finalmente, al mencionar a su favor el artículo 123 que estipula, que a igual trabajo igual ingreso, esa disposición es para los asalariados, y en ella no entran altos empleados de confianza ni servidores públicos de elevado rango, por lo que al recibir su nombramiento los ministros, deben sujetarse al articulo 127 vigente, y no irse al de igualdad de trabajo que es para el apartado A del artículo 123, y en todo caso, jamás para funcionarios de la magnitud de los ministros de la SCJN. A este paso, jamás se podrá poner en vigencia el artículo 127, pues cuando no es uno son varios los que perciben el viejo y desmesurado sueldo.

Por lo anterior es que muchos ciudadanos exigen que se actúe como Zedillo en 1994: se quite de un plumazo a todos los ministros y se reinicie nueva etapa de la SCJN. Se recordará que Ernesto Zedillo, de 26 ministros, dejó a la Corte con solo once. El presidente AMLO ya se pronunció al respecto, sosteniendo que no es igual a sus antecesores neoliberales, por lo que mejor exhorta a los ciudadanos para que en 2024, voten masivamente y le den a la alianza “Juntos Hacemos Historia” de MORENA y aliados, una victoria suficiente para lograr (es el plan C) las tres cuartas partes del Congreso de la Unión, y así poder modificar de fondo al Poder Judicial federal.

Concluyendo: la ciudadanía tendrá la palabra en junio de 2024, para si considera, se hagan reformas profundas al poder judicial, para que este se adscriba a la austeridad republicana y los principios democráticos, o en su caso, si no lo evalúa de esa manera, se permitirá que las cosas sigan como están, con una Corte elitista, ajena al pueblo, muy dada a la flema y habituada a la seductora buena vida.

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ENTREVISTAS

Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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ENTREVISTAS

Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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JALISCO

Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones

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FUEGO CRUZADO

“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”

MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL

“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”

CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO

CIERTO O FALSO

“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG

“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?

PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN

VOZ ALTA

Cirugía mayor a la metrópoli

¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?

PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.

Golpe al género masculino

La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.

PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.

Pleitos en Morena

En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.

BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.

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Tendencias

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