AMLO vs derechos fundamentales

Opinión, por Iván Arrazola //

Se podrá estar de acuerdo o no con la forma de gobernar de López Obrador, se podrán apoyar o no sus políticas, inclusive se podrá diferir sobre su concepción del país, pero indudablemente es un hecho que el presidente de México es el político con mayor influencia de los últimos tiempos, su gran popularidad y el respaldo en las urnas dan cuenta del trabajo que ha realizado a lo largo de su administración, el control de más de dos tercios del territorio nacional y mayorías absolutas en las dos cámaras son reflejo de la fuerza política del presidente.

Quizás por esas razones no sorprende el comportamiento del presidente en las últimas semanas, desde que la alianza Va por México anunció el método para elegir a su candidato para encabezar el Frente Amplio, el presidente no ha dejado de descalificar al bloque opositor, pero sobre todo no ha dejado de atacar a la que se considera la más popular de las candidatas a encabezar el Frente opositor, Xóchitl Gálvez.

La situación parece llegar a un punto límite cuando el presidente anuncia que dará a conocer los contratos de las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez, denunciado presuntos actos de corrupción, acto seguido el presidente publica una liga en su cuenta de twitter con los contratos, lo que evidentemente sorprende ya que un funcionario público y sobre todo tratándose del presidente no tendría que dar a conocer información de un particular. Ha sucedió en otros casos, como con el periodista Carlos Loret de Mola, en el que el presidente dio a conocer los ingresos del periodista y las propiedades que posee.

Las señales que se envían desde Palacio Nacional son ominosas en varios sentidos, en primer lugar, la violación a los derechos fundamentales de una ciudadana, su derecho a la privacidad y su derecho a la protección de sus datos personales, se ven vulnerados simplemente porque el presidente decide revelar supuestos actos de corrupción.

La premura con que revela la información, las solicitudes a una organización no gubernamental para que investiguen el caso, lo que muestran es que el presidente pretende desacreditar a una ciudadana insinuando que hay actos de corrupción sin investigar ni llegar al fondo del asunto.

Por otra parte, el presidente pone en riesgo el proceso electoral del 2024, utilizar el espacio de las conferencias mañaneras para atacar a una de las posibles candidatas de la oposición, exhibe el desconocimiento del presidente sobre su rol como jefe de Estado o simplemente lo evade al considerar que las instituciones encargadas de frenar su intervencionismo en el proceso electoral difícilmente le podrán imponer sanciones drásticas, más allá de bajar las conferencias mañaneras de YouTube o conminarlo a que deje de atacar a los futuros candidatos.

La intromisión del presidente en el proceso electoral es un hecho que tendrá que analizar el árbitro electoral al momento de calificar la elección presidencial. Las palabras del presidente, la utilización de los espacios de comunicación institucional para denostar a una de las contendientes en el proceso electoral, debe de llevar a una revisión cuidadosa ya que el presidente está afectando la equidad en la contienda, lo que inclusive obligaría a revisar si la elección se tendría que anular ante el abierto intervencionismo del presidente de la República.

En diferentes ocasiones el presidente ha señalado que le interesa cuidar la investidura presidencial, por la forma en la que está concluyendo su mandato es claro que parte del legado de López Obrador será el abierto intervencionismo en el proceso electoral no solo del lado de la oposición, también dentro de su partido en donde él fijó las reglas del proceso sucesorio, la violación de los derechos de ciudadanos incomodos al régimen y el uso de información privada para intimidar opositores.

Por otra parte, este comportamiento del presidente debe de llevar a la reflexión dentro de las instituciones gubernamentales y en los propios medios de comunicación, sobre si se debe de permitir y tolerar el abuso de poder de la máxima figura política del país sobre opositores o periodistas, y sobre la necesidad de advertir que el presidente está violando de manera abierta y reiterada la ley, al final se trata de ciudadanos que tienen derechos y de un político que está abusando de su poder. En México la violación de los derechos de la ciudadanía es sistemática, inclusive hay casos más graves y dolorosos que lo que ocurre con Gálvez, pero su caso debe de servir para que las autoridades respeten los derechos de la ciudadanía y de no hacerlo tanto las leyes como la sociedad pongan un freno al abuso.