NACIONALES
AMLO vs derechos fundamentales
Opinión, por Iván Arrazola //
Se podrá estar de acuerdo o no con la forma de gobernar de López Obrador, se podrán apoyar o no sus políticas, inclusive se podrá diferir sobre su concepción del país, pero indudablemente es un hecho que el presidente de México es el político con mayor influencia de los últimos tiempos, su gran popularidad y el respaldo en las urnas dan cuenta del trabajo que ha realizado a lo largo de su administración, el control de más de dos tercios del territorio nacional y mayorías absolutas en las dos cámaras son reflejo de la fuerza política del presidente.
Quizás por esas razones no sorprende el comportamiento del presidente en las últimas semanas, desde que la alianza Va por México anunció el método para elegir a su candidato para encabezar el Frente Amplio, el presidente no ha dejado de descalificar al bloque opositor, pero sobre todo no ha dejado de atacar a la que se considera la más popular de las candidatas a encabezar el Frente opositor, Xóchitl Gálvez.
La situación parece llegar a un punto límite cuando el presidente anuncia que dará a conocer los contratos de las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez, denunciado presuntos actos de corrupción, acto seguido el presidente publica una liga en su cuenta de twitter con los contratos, lo que evidentemente sorprende ya que un funcionario público y sobre todo tratándose del presidente no tendría que dar a conocer información de un particular. Ha sucedió en otros casos, como con el periodista Carlos Loret de Mola, en el que el presidente dio a conocer los ingresos del periodista y las propiedades que posee.
Las señales que se envían desde Palacio Nacional son ominosas en varios sentidos, en primer lugar, la violación a los derechos fundamentales de una ciudadana, su derecho a la privacidad y su derecho a la protección de sus datos personales, se ven vulnerados simplemente porque el presidente decide revelar supuestos actos de corrupción.
La premura con que revela la información, las solicitudes a una organización no gubernamental para que investiguen el caso, lo que muestran es que el presidente pretende desacreditar a una ciudadana insinuando que hay actos de corrupción sin investigar ni llegar al fondo del asunto.
Por otra parte, el presidente pone en riesgo el proceso electoral del 2024, utilizar el espacio de las conferencias mañaneras para atacar a una de las posibles candidatas de la oposición, exhibe el desconocimiento del presidente sobre su rol como jefe de Estado o simplemente lo evade al considerar que las instituciones encargadas de frenar su intervencionismo en el proceso electoral difícilmente le podrán imponer sanciones drásticas, más allá de bajar las conferencias mañaneras de YouTube o conminarlo a que deje de atacar a los futuros candidatos.
La intromisión del presidente en el proceso electoral es un hecho que tendrá que analizar el árbitro electoral al momento de calificar la elección presidencial. Las palabras del presidente, la utilización de los espacios de comunicación institucional para denostar a una de las contendientes en el proceso electoral, debe de llevar a una revisión cuidadosa ya que el presidente está afectando la equidad en la contienda, lo que inclusive obligaría a revisar si la elección se tendría que anular ante el abierto intervencionismo del presidente de la República.
En diferentes ocasiones el presidente ha señalado que le interesa cuidar la investidura presidencial, por la forma en la que está concluyendo su mandato es claro que parte del legado de López Obrador será el abierto intervencionismo en el proceso electoral no solo del lado de la oposición, también dentro de su partido en donde él fijó las reglas del proceso sucesorio, la violación de los derechos de ciudadanos incomodos al régimen y el uso de información privada para intimidar opositores.
Por otra parte, este comportamiento del presidente debe de llevar a la reflexión dentro de las instituciones gubernamentales y en los propios medios de comunicación, sobre si se debe de permitir y tolerar el abuso de poder de la máxima figura política del país sobre opositores o periodistas, y sobre la necesidad de advertir que el presidente está violando de manera abierta y reiterada la ley, al final se trata de ciudadanos que tienen derechos y de un político que está abusando de su poder. En México la violación de los derechos de la ciudadanía es sistemática, inclusive hay casos más graves y dolorosos que lo que ocurre con Gálvez, pero su caso debe de servir para que las autoridades respeten los derechos de la ciudadanía y de no hacerlo tanto las leyes como la sociedad pongan un freno al abuso.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
– Por Mario Ávila
Con el propósito de abreviar tiempos, México cancela la solicitud de extradición del ex jefe policiaco de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, vinculado a la organización criminal de La Barredora, y admite la determinación del Gobierno de Paraguay, de expulsar de su territorio al presunto delincuente, quien ya vuela rumbo a México.
Hernán «N» es trasladado a México desde Paraguay y será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en el Edomex, una vez que llegue al país, según lo informó a través de sus redes sociales el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Esta captura se logró gracias al trabajo coordinado del gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la SRE y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay.
El traslado de Hernán “N” a nuestro país se realiza con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra, contando con la colaboración y el apoyo de la presidencia de la República del Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país.
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
Entregan la presea “La Paz hecha a mano”
